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Teo Contratos 3a Parte

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Oscar Guerra Becerra

on 30 September 2016

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PENA CONVENCIONAL. CUAL ES LA OBLIGACION PRINCIPAL EN LA. La interpretación auténtica, lógica y sistemática de las disposiciones legales rectoras de la cláusula penal, en relación con su objeto y naturaleza jurídica, conduce a determinar necesariamente que el concepto "obligación principal", utilizado en el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, se refiere a cada obligación concreta por cuyo posible incumplimiento se pacta la pena convencional, y en modo alguno a la obligación que se estime de mayor importancia, económica o de cualquier otra índole, entre todas las contraídas en un contrato. Las razones específicas que conducen a dicho criterio son las siguientes: 1. De lo dispuesto en el artículo 1840 del citado ordenamiento sustantivo, se advierte que la pena convencional es una prestación pactada para el caso de que cierta obligación no se cumpla, o no se cumpla de la manera convenida. Su objeto esencial, según lo explican magistralmente los autores del Código Civil para el Distrito Federal de 1870, en la parte expositiva, consiste en indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan con la falta de cumplimiento de la obligación, y por esto se fija como límite máximo el valor de la obligación principal, porque si pudiera exceder de éste, se halagaría con un incentivo poderoso al acreedor, para obstaculizar el cumplimiento o ser moroso al exigirlo, por lo menos, con el ánimo de obtener el importe de la pena, que implicaría no sólo una justa indemnización, sino también una considerable ganancia, o bien resultaría un pacto estéril, si no se cumple, o un gravamen realmente insoportable. En dicha parte expositiva se ve que invariablemente se identificó a la obligación principal con la obligación incumplida. Por otra parte, el objeto descrito de la cláusula penal ha continuado hasta nuestros días, sin variación en la legislación vigente, y esto lleva a la situación siguiente: si no se identificara a la obligación principal con la que por incumplimiento da lugar a la pena convencional, se desvirtuaría absolutamente la finalidad de ésta, porque admitiría la posibilidad de que una pena convencional excediera en valor o cuantía a la obligación cuyo incumplimiento la generó, contrariando así el fin perseguido con la institución. Verbigracia, si un arrendatario incumpliera con el deber adquirido de sustituir el calentador de agua por uno nuevo, cuyo precio no excediera de mil nuevos pesos, y por eso estuviera fijada una pena de tres mil nuevos pesos, siendo la prestación contractual de mayor importancia, el pago de la renta mensual de cuatro mil nuevos pesos, con el criterio que no se admite por este tribunal, sería válida esa estipulación y, consecuentemente, contravendría el objeto explicado, al proporcionar al acreedor, no sólo lo máximo que pudiera obtener con el cumplimiento de la obligación, sino una jugosa ganancia, ajena totalmente a los propósitos de la institución; en cambio, si como obligación principal se entiende la sustitución del calentador, lo convenido al respecto sería nulo, en lo que excediera al valor de este mueble más la mano de obra y materiales para su instalación, logrando así inobjetablemente que el arrendador fuera compensado por lo que perdió con el incumplimiento, sin propiciar una injusta ganancia. 2. Del contenido del artículo 1841 del Código Civil, se desprende el carácter accesorio de la pena convencional, y por tanto, que su existencia, validez y subsistencia siguen la suerte de la obligación con la que se le vincula. Por esto, el precepto dice que la nulidad del contrato importa "la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél", con la sola aclaración de que en este texto, la palabra contrato está usada como sinónimo de la obligación que sirve de base a la cláusula penal, siguiendo con esto una antigua costumbre de los legisladores y los autores. Este carácter accesorio acogido en la ley, permite explicar con claridad que en una disposición inmediata posterior se use el concepto "obligación principal", entendiéndose éste en oposición al de "obligación accesoria" dado a la pena, en seguimiento de una de las clasificaciones tradicionales de las obligaciones, que distingue entre principal y accesoria. 3. En todos los artículos relativos a la cláusula en comento, se regula únicamente la relación existente entre la obligación incumplida y la de pagar la prestación convencional por el incumplimiento, sin involucrar para nada alguna situación distinta. Por ejemplo, en el artículo 1840, donde se establece la posibilidad de pactar esa modalidad; en los artículo 1844 y 1845, referentes a la modificación de la pena por incumplimiento parcial de la obligación; o en el 1846, donde se dispone que no se puede exigir el cumplimiento de la obligación (incumplida) y el pago de la pena, sino una sola de estas prestaciones, por regla general. Esta constante haría ilógico que cuando a la palabra "obligación" se le agrega la voz "principal", se le diera un significado diferente al de la obligación incumplida, porque con ello se rompería la uniformidad, sin ninguna explicación ni necesidad, e inclusive se alteraría la armonía de las normas y el objeto de la institución regulada, como ya se vio. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 4974/93. Equipos Básicos, S. A. de C. V. 21 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. Amparo directo 2434/94. Adán Gutiérrez y González. 19 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 4374/94. Impceco, S. A. de C. V. y otras. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Marcela Hernández Ruiz. Amparo directo 4574/94. Ignacio Rocha González. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger. Amparo directo 5334/94. María Esther Villalobos Herrera. 27 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas, en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley. Secretario: Carlos Arteaga Alvarez.

1o.- La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos es el peso, con la equivalencia que por ley se señalará posteriormente.

Entre las partes
Rebus sic stantibus
Teoría
de los
Contratos

Efectos del Contrato
1.- Entre las partes.


2.- Frente a terceros.
Pacta sunt servanda
Pacta sunt servanda
Excps: Estipulación a Favor 3° (1748), Promesa de
porte fort
(1675).
¿Causahabientes? ¿Herederos en relación con OyD del de
cujus
?
Res inter alios acta
Los pactos deben cumplirse (1675, 1676 y 26 de la CVSDT)
Principio de relatividad: "Los contratos sólo obligan a las partes" (1675 y 34 de la CVSDT)
(Principios de los contratos)
APARIENCIA JURÍDICA
. CUANDO DICHA TEORÍA SE UTILIZA INTENCIONALMENTE HACIA TERCEROS, PUEDE PRODUCIR EFECTOS LEGALES EN FUNCIÓN DEL CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS DE REPRESENTACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES..
Si alguien

ostenta
la representación de una sociedad mercantil, aduciendo ser representante necesario o contractual, administrador, funcionario, mandatario, o gerente general,
y con ello se genera en terceros una convicción
de que efectivamente dicha persona tiene una representación suficiente con una apariencia de legitimidad,
esos actos aparentes, en caso de ser puestos en duda, pueden dar lugar a considerar y resolver (según las peculiaridades de cada asunto) que la apariencia fue suficiente para lograr el acto jurídico pretendido
, caso en el cual no podría alegarse que, quien actuó en la supuesta "representación aparente", en realidad no tenía facultades para obligar a su representada; de este modo la teoría de la apariencia jurídica en el campo de la representación, se manifiesta cuando un supuesto representante o un representante con facultades insuficientes genera en terceros la idea, convicción o sensación de que se está actuando con quien sí cuenta con las facultades que dice tener para intervenir en nombre de otro, de lo que se sigue que, si en realidad esas personas no cuentan con la representación de la que se jactan u ostentan o no la tienen de modo suficiente, entonces, para que los terceros no sean sorprendidos posteriormente aduciéndose que en realidad las facultades de dicho representante eran insuficientes, debe considerarse, en la medida de lo posible, si el acto de representación aparente fue eficiente para los objetivos pretendidos. Es decir, por virtud de la citada teoría, en caso de duda, y
para evitar ejercicios fraudulentos o confusiones
, debe resolverse siempre que sea posible, por reconocer la eficiencia de los actos desarrollados en ejercicio de la representación aparente; estos conceptos deben ser utilizados prudentemente y con sentido práctico en función de cada caso concreto y no llevados al extremo de estimar que, quien no cuente con ningún tipo de representación respecto de alguien, celebre actos en su nombre, obligándolo y obteniendo beneficios por causa del ejercicio de esa supuesta representación o generando perjuicios al supuesto representado; pero, reconociendo a la mencionada teoría, como un criterio de solución (considerado incluso por la jurisprudencia) y no aplicar, en todo caso, un criterio inflexible de preferir y exigir siempre la perfección en materia de representación; el método valorativo de referencia, así como la aplicación práctica de la señalada teoría se contiene en varios criterios jurisprudenciales y aislados del Alto Tribunal, destacando, entre otros, los de rubros: "ACCIÓN DE USUCAPIÓN EJERCITADA POR EL COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR (TITULAR REGISTRAL). SU PROCEDENCIA.", "REPRESENTACIÓN. LA RECONOCIDA ENTRE LAS PARTES AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO, CONVENIO O ACUERDO DE VOLUNTADES DE CUALQUIER ESPECIE, NO PUEDE DESCONOCERSE POSTERIORMENTE EN EL DESARROLLO DE LA MISMA RELACIÓN JURÍDICA (PRINCIPIO RES INTER ALIOS ACTA).", "PERSONALIDAD. NO PUEDE DESCONOCERSE EN UNA ETAPA CONTENCIOSA LA QUE EXPRESAMENTE FUE ACEPTADA AL FORMALIZAR UN CONTRATO.", "REPRESENTANTES DE LAS PARTES, PERSONALIDAD DE LOS, CUANDO NO PUEDE DESCONOCERSE.", "REPRESENTANTE LEGAL. LO QUE SABE COMO PERSONA FÍSICA TAMBIÉN LO CONOCE CON AQUEL CARÁCTER.", "MANDATO, SITUACIÓN DEL TERCERO QUE CONTRATA CON EL ADMINISTRADOR CUANDO ÉSTE OBRA EXCEDIÉNDOSE EN LAS FACULTADES CONTENIDAS EN ÉL." y "SUBROGATARIO DEL FISCO, DERECHOS DEL.".- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.- Amparo directo 788/2011. Ferretería Euzkadi, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles. Época: Décima Época .- Registro: 2005901 .- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito .- Tipo de Tesis: Aislada .- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II .- Materia(s): Civil.- Tesis: II.3o.A.133 A (10a.).- Página: 1612.
Los contratos se perfeccionan
por el mero consentimiento
Obligan a lo pactado
Rebus sic stantibus
(deben reunirse los requisitos de
existencia y de validez)
(y a las consecuencias que son conformes con la equidad, BF, costumbre, uso o ley)
Su cumplimiento no queda al arbitrio de las partes

Consenso
-
Mutuo Disenso
.
Excps: Arrend Indet (2371), Comodato s/plazo (2408), Mandato (2494)
Teoría de la Imprevisión. Equidad?
(Mientras las circunstancias sigan igual)
Código civil del D.F.
ARTÍCULO 1796.- los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo siguiente.
Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean mas onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el
equilibrio
entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente articulo
.

ARTICULO 1796 BIS.- en el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior,
se tiene derecho de pedir la modificación
del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los treinta días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que está fundada.
La solicitud de modificación no confiere, por si misma, al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato.
En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un termino de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia. dicha acción deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes.
Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el articulo anterior, la parte demandada podrá escoger entre: I) La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato según lo determine el juez; o II) La resolución del contrato en los términos del siguiente artículo.
Código civil de San Luís Potosí

ARTICULO 1633.1. En los contratos unilaterales o bilaterales con prestaciones periódicas o continuas, el consentimiento y la voluntad de las partes se entienden otorgados en los
términos, condiciones y circunstancias existentes en el momento de su celebración.

ARTICULO 1633.2. Si en cualquier momento de la ejecución de los contratos a que se refiere el articulo anterior varían, por acontecimientos extraordinarios que no se hayan previsto por las partes al momento de su celebración, las condiciones generales del medio en que debería darse cumplimiento a lo pactado, la parte afectada
podrá demandar la nulidad relativa del contrato, o bien, una reducción equitativa y justa
en razón a la alteración imprevista manifestada, ya que de pretender exigirse el cumplimiento en los términos aparentes de lo convenido, se actualizaría una prestación
excesivamente onerosa y carente de equidad
, la cual de ninguna manera estaría respondiendo a la causa original del contrato celebrado, ni a la voluntad, ni consentimiento real de las partes.

ARTICULO 1633.3. Se entiende por acontecimientos extraordinarios, aquellas alteraciones imprevisibles que sobrevengan por
hechos o circunstancias que alteren la situación económica del país o del estado de San Luís Potosí, de tal manera que de haber sabido el deudor se iban a manifestar en perjuicio de lo pactado por él, no se habría obligado
, ni convenido en la forma y términos en que lo hizo.
CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA. De acuerdo al contenido de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil para el Distrito Federal
(Vigentes antes de la reforma)
, que vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar las condiciones originales en que se estableció un contrato sino, en todo caso, el sistema seguido en el Código Civil referido adopta en forma genérica la tesis
pacta sunt servanda
, lo que significa que
debe estarse a lo pactado entre las partes
, es decir, que los contratos legalmente celebrados
deben ser fielmente cumplidos
, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos. Amparo directo 246/98. Martha Irene Bustos González. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José David Cisneros Alcaraz . Amparo directo 1284/98. Industrias Cormen, S.A. de C.V. 11 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: José David Cisneros Alcaraz. Amparo directo 29/2001. Gustavo Parrilla Corzas. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Enrique Villanueva Chávez. Amparo directo 427/2001. Dachi, S.A. de C.V. 22 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox. Amparo directo 2/2002. Restaurante Villa Reforma, S.A. de C.V. y otros. 25 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Enrique Villanueva Chávez. Época: Novena Época. Registro: 186972. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C. J/14. Página: 951.
Interpretación de los
contratos
Concepto
Dos sistemas
Subjetivo:
Nuestro Código
Dos momentos de la voluntad:
Real (interna); y
Declarada (externa).
Interpretación
integral

Más conducta y usos y costumbres (1732-1735)
Si imposible con las reglas anteriores:
Si sobre objeto principal y hay duda sobre intención
El contrato es nulo (1737)
Reglas
Intención (se desprende y se prueba)
Objetivo:
Términos empleados
Si términos claros y congruencia,
literalidad
de las cláusulas (1731)
Si no congruencia entre
voluntad real y declarada.
Si contenido ambiguo, contradictorio, incierto.
INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS.
OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SERVIRSE DE LAS REGLAS QUE SEAN IDÓNEAS
PARA ESE PROPÓSITO, DISPUESTAS POR EL LEGISLADOR, EN CUANTO PUEDAN APOYAR RAZONABLEMENTE LA DECISIÓN INTERPRETATIVA ASUMIDA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1851 al 1857 del Código Civil Federal, cuando surge una controversia sobre el significado que debe asignarse a una palabra, o conjunto de palabras que integran una frase o un párrafo, empleadas por las partes en un contrato, aunque la interpretación a la que de inmediato se acude es a la que proporciona a simple vista el texto, en cuanto se refiere a las palabras utilizadas por los contratantes, la determinación del sentido y alcance de lo pactado no puede sujetarse únicamente a la literalidad de las cláusulas, acudiendo a un método gramatical (con mayor razón si en torno a ello surgen las interpretaciones discrepantes), sino que
es deber del juzgador elegir la regla o reglas interpretativas que sean idóneas para ese propósito, dispuestas por el legislador, en cuanto puedan apoyar razonablemente la decisión interpretativa asumida
, en cuyo caso deberá optar por la regla o reglas que, de acuerdo a las características propias del caso, sea conducente y admita justificar suficientemente una determinada interpretación del contrato, y excluir cualquier otra interpretación posible, que no tenga el mismo apoyo argumentativo. DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 7/2011. Pegaso PC-S, S.A. de C.V. 17 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sánchez López. Secretario: Alberto Albino Baltazar.
USOS Y COSTUMBRES
MERCANTILES. VALIDEZ DE SU EMPLEO EN LA INTERPRETACIÓN DE CONTRATOS MERCANTILES. En el Código de Comercio no existe un conjunto de bases para proceder a la interpretación de los contratos mercantiles, ni tampoco alguna normativa al respecto en alguna otra ley mercantil, por lo menos de aplicación general para todos los contratos mercantiles. En cambio,
en el Código Civil Federal
sí existe un conjunto de reglas para la interpretación de los contratos, y por extensión a todos los actos jurídicos. Dentro de este conjunto, el
artículo 1856
de dicho ordenamiento general, dispone expresamente que el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, por lo cual
cabe la posibilidad de invocar la costumbre
y las prácticas mercantiles, porque por disposición expresa y directa del artículo 2o. del Código de Comercio, a falta de previsiones en la legislación mercantil es aplicable la preceptiva del Código Civil Federal. Amparo directo 89/2009. Xtra textil, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Murillo Morales.
CONTRATOS. PARA SU INTERPRETACIÓN CUANDO NO SE ADVIERTA DE MANERA EXPRESA LA VOLUNTAD DE LAS PARTES,
DEBE ATENDERSE A LA INTENCIÓN
DE ELLAS AL CONTRATAR. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 78 del Código de Comercio y 1851 a 1857 del Código Civil Federal, cuando los términos en los que las partes pactaron las obligaciones no son claros,
se debe atender a los factores objetivos que se deduzcan de la conducta desplegada
por las partes contratantes
antes, durante y en la ejecución
del contrato
, con la finalidad de determinar
la verdadera intención
de los sujetos, para encuadrar su intención en alguna figura de las previstas en la ley, pues ello permitirá establecer las obligaciones y derechos de cada una de las partes, lo que a la postre, va a determinar la procedencia de la acción intentada o en su caso de las excepciones que se hagan valer, con la finalidad de dar certeza jurídica a los contratantes, sin que ello atente contra la autonomía de la voluntad, pues al contrario la complementa a fin de dar seguridad a las partes del contrato, pues la naturaleza de los contratos no depende de la designación que éstas hagan de ellos, sino de los hechos y actos ejecutados por ellas, que es lo que permite apreciar la verdadera intención que tuvieron al contratar. Amparo directo 66/2008. Antoniano González Dávila, Medina Mora, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.
CONTRATOS.
SI
NO SE ENCUENTRAN REDACTADOS EN TÉRMINOS CLAROS Y AL HACER SU INTERPRETACIÓN EXISTE
DUDA SOBRE LA INTENCIÓN
DE SUS PARTICIPANTES
TENDRÁ PREEMINENCIA
LA DETERMINACIÓN DE
LO ESTIPULADO EN CONJUNTO
EN EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE CONFORME A SU NATURALEZA, OBJETO Y EFECTOS SOBRE LA
CONDUCTA ASUMIDA
POR LOS CONTRATANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El artículo 110 del Código Civil para el Estado de Sonora, correlativo del numeral 1851 del Código Civil Federal, establece que en los casos en que un contrato no se encuentre redactado en términos claros y deje duda sobre la intención de sus participantes tendrá preeminencia la voluntad de los contratantes sobre la expresión material, es decir, que para su interpretación debe atenderse a la
intención evidente
del autor o autores del acto, pues según los dispositivos en cita, prevalece la determinación de la voluntad del autor o autores derivada de lo pactado sobre lo expresado con su conducta. Lo anterior es así, toda vez que en el capítulo IV, título tercero, libro primero, artículos 111 a 116 del Código Civil de la entidad, se establecen diversas reglas para interpretar los actos jurídicos (entre ellos los contratos), de las que deriva que se rigen por lo estipulado en conjunto en el acto jurídico de que se trate, conforme a su naturaleza, objeto y efectos, y no a la conducta que asuma el autor o autores del acto, es decir, al desenvolvimiento que haga de las obligaciones contraídas en el contrato. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 921/2005. José Jesús Avelino Robles Valencia. 10 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio Gustavo Núñez Rivera. Secretaria: Raquel Nieblas Germán.
CONTRATOS. INTERPRETACIÓN.
LA CONDUCTA QUE OBSERVAN LAS PARTES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ES ELEMENTO FUNDAMENTAL
. La conducta observada por las partes
antes, durante y en la fase de ejecución
del contrato, posee un valor relevante como medio de su interpretación, en razón del
principio de coherencia y continuidad
del contrato. Para acudir a dicho medio, es necesario que los actos de las partes tengan relevancia en relación con la voluntad contractual que de ellas ha de deducirse y con el sentido del contrato. Es menester, además, que esos actos sean comunes, o que, si se ejecutan por una sola parte, exista la aceptación expresa o tácita de la otra.
Este "comportamiento interpretativo" arroja luz sobre la verdadera intención de los contratantes respecto a los alcances que quisieron dar al compromiso
a cuyo cumplimiento quedaron sujetos. Acorde con ello, el artículo 1851 del Código Civil del Distrito Federal, contenido dentro del apartado de interpretación de los contratos, establece en su segundo párrafo, que: "Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.". Este precepto confirma la superioridad del elemento intencional, que ha de prevalecer sobre las palabras y sobre lo cual la conducta de las partes durante la vigencia del contrato es una valiosa fuente de interpretación. Amparo directo 5224/2001. Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Secretaria: Leticia Araceli López Espíndola. Amparo directo 10244/2002. Miguel González Larriba. 20 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Ramiro Ignacio López Muñoz. Amparo directo 4044/2003. Banco Nacional de México, S.A. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 15584/2003. Sergio Linares Van Hasselt. 19 de enero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. Amparo directo 16284/2003. Linda Yasmín Rich Rodríguez. 2 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretaria: Carmina S. Cortés Pineda.
(Principio de coherencia y continuidad)
Si gratuito, menor sacrificio del benefactor (1737, 18, 19, 20)
Si oneroso, reciprocidad, equilibrio (1675 in fine, 1737, 18, 19, 20)
Declaración unilateral de la voluntad
Oferta pública (Policitación)
Promesa de recompensa
Concurso con promesa de recompensa

Estipulación a favor de 3° (¿Es DUV?)

Documentos civiles.
Obligaciones del promitente
1. Vender (dar, hacer, no hacer), según ofreció
2. Entregar la recompensa (lo prometido)
Si varios:
1° en tiempo o repartir
Si indivisible, sorteo
3. Entregar recompensa (prometido) al ganador
Perfeccionamiento
Oferta: Cuando se acepta.
Recompensa: Cuando se acepta y se gana
Concurso: Cuando se compite y se gana.
Ventas comerciales
(46, 48, 50 LFPC)
Revocación
Antes de la aceptación y con la misma publicidad que la oferta, recompensa o concurso (1743).
En su caso, pagar gastos erogados.
Si plazo, respetarlo (1744).
Oferta pública
Conceptos (1740, 1741)
Oferta de compra?
De otras conductas de dar o hacer?
Oferta de recompensa
Concurso con promesa de recompensa
(1740-1747)
ARTÍCULO
46
.- Para los efectos de esta ley, se consideran promociones las prácticas comerciales consistentes en el ofrecimiento al público de bienes o servicios:
I. Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio iguales o diversos, en forma gratuita, a precio reducido o a un solo precio;
II. Con un contenido adicional en la presentación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido;
III. Con figuras o leyendas impresas en las tapas, etiquetas, o envases de los productos o incluidas dentro de aquéllos, distintas a las que obligatoriamente deben usarse; y
IV. Bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares.
Por "oferta", "barata", "descuento", "remate" o cualquier otra expresión similar se entiende el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad a precios rebajados o inferiores a los normales del establecimiento.
ARTÍCULO
48
.- En las promociones y ofertas se observarán las siguientes reglas:
I. En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; dicho volumen deberá acreditarse a solicitud de la autoridad. Si no se fija plazo ni volumen, se presume que son indefinidos hasta que se haga del conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios de difusión, y
II. Todo consumidor que reúna los requisitos respectivos tendrá derecho a la adquisición, durante el plazo previamente determinado o en tanto exista disponibilidad, de los bienes o servicios de que se trate.
ARTÍCULO
50
.- Si el autor de la promoción u oferta no cumple su ofrecimiento, el consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, aceptar otro bien o servicio equivalente o la rescisión del contrato y, en todo caso, tendrá derecho al pago de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la promoción u oferta y su precio normal, sin perjuicio de la bonificación o compensación a que se refiere el artículo 92 TER de esta ley.
ARTÍCULO
92 TER
.- La bonificación … no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha bonificación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios.
Estipulación a favor de tercero
Concepto (1748)
Partes
Perfecionamiento y modalidades
(1749, 1750)
Revocación
Sólo puede el estipulante; y
Sólo mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla
Relaciones:

De cobertura

De
valuta
Promitente

Estipulante

Tercero o beneficiario
(1750, 1751)
(1751)
¿Otros actos de DUV?
Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles;
Oferta a persona determinada;
Promesa abstracta de deuda;
Etc.
Gestión de negocios
Concepto
El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio (1776)
Requisitos
Intromisión
personal
en asuntos ajenos;
Intromisión
espontánea
(no mandato, acto jurídico, ley); y
Obrar conforme los
intereses del dueño
.
Obligaciones del
Gestor
1.-
Obrar conforme intereses del dueño y llevar la gestión
personalmente.

I. Actuar con diligencia (1777)
Responsabilidad:
a) Menor, si evitar daño. Sólo dolo o culpa grave (1778)
b) Mayor, si vs voluntad del dueño. Aunque no haya dolo (1779)
c) Caso fortuito, si operaciones arriesgadas o interés propio (1780)
d) Solidaria, si delegación o 2 o más gestores (1781)
Obligaciones del
Gestor
2.-
Avisar
al dueño y
esperar su decisión.
a) Tan pronto como sea posible (1782)
b) No formalidad del aviso (1782)
c) Si imposible aviso, continuar con gestión hasta concluir (1781)
Administración (y/o defensa) espontánea de asunto(s) patrimonial(es) ajeno(s), sin encargo del interesado y sin obligación legal.
(1776 y sigs)
GESTIÓN DE NEGOCIOS Y EL MANDATO, NATURALEZA JURÍDICA DISTINTA DE LA. Son de naturaleza jurídica diferente la gestión de negocios y el
mandato
, pues este último
es un contrato
y como tal requiere de la existencia del concurso de voluntades de los contratantes para que el mandante contraiga las obligaciones que su ejercicio implica, de donde resulta que la eficacia de las acciones derivadas de ese contrato está condicionada a la comprobación del vínculo jurídico existente entre el mandante y el mandatario; mientras que para la existencia de la
gestión de negocios
, se requiere que una persona, sin tener mandato y sin estar obligada legalmente, se encargue de un asunto que esté momentáneamente abandonado por su dueño, por encontrarse ausente o impedido para atenderlo personalmente, pues se trata de una institución que
tiene su fundamento en un principio de

solidaridad social
. Amparo directo 207/82.-Inmobiliaria Aguigón, S.A.-4 de noviembre de 1983.-Unanimidad de cuatro votos.-Ponente: Gloria León Orantes.-Secretario: Marco Antonio Rivera Corella. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, P.R. SCJN. Página: 153. Tesis: 233. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
Obligaciones del
Dueño del negocio
1.- Si
ratificación:
a) Efectos de mandato (1784, 1786).
b) Mandato: actos jurídicos, contrato, retribución (2442, 2445).
Obligaciones del
Dueño del negocio
2.- Si no ratificación
a) Si beneficios:
I) Responder de gastos, equivalente a ventajas (1787)
II) Cumplir obligaciones contraídas por gestor (1783)
III) Pagar gastos e intereses legales (1784)
IV) Si vs su voluntad, gastos hasta beneficios (1785)
b) 3° puede exigir DyP a gestor (1681, 2°)
Casos especiales
Alimentos
a) Alimentos (4 Constit, 293, 299)
b) Obligación alimentaria (286 y sigs)
c) Deudas (307)
d) No acto de beneficencia (1788)
Gastos funerarios
a) Proporcionados conforme con la condición de la persona y usos de la localidad (1789).

b) Por quien tenía la obligación alimentaria (286 y sigs).
Concepto
Requisitos
Generalidades
1. No hay deuda (
indebitum
)
2. Se pagó a diferente “acreedor”
3. Acreedor (
accipiens
) recibe pago de diferente “deudor” (
solvens
)
Requisitos
1. Existencia de un pago (1948 1°).
2. Que sea indebido (no había obligación).
Indebitum
:
Objetivo. No hay relación.
Subjetivo. No es con esa persona.
3. Que se efectúe por error.
Supuestos
Entrega de un bien o prestación de un servicio.
Enajenación del bien entregado
Buena fe de 3° y Oneroso:
No reivindicación vs 3°.
Restitución del $ o cesión de acción p/obtenerlo (1767
in fine
).

Mala fe enajenante y 3°:
Reivindicación vs 3°.
Más DyP de uno u otro (1765).

Buena fe enajenante y donación:
No subsiste donación.
Reivindicación.
Responden de menoscabo o pérdida (1768).
Acción
El que realizó el “pago” puede “repetir”
contra el adquirente (26 CPC)
Enriquecimiento
sin causa
Es de equidad natural que nadie se enriquezca a costa de otro y sin derecho (Pomponio)

Hay muchos casos de enriquecimiento injusto



El más común:
pago de lo indebido
(1762)
Pago
de lo indebido
1.-Empobrecimiento (disminución del activo)
2.- Enriquecimiento (aumento del activo)
3.- Relación de causalidad (un mismo suceso los produce)
4.- Ausencia de causa (derecho del acreedor u obligación del deudor
(de causa jurídica) (contractual o extracontractual)
PAGO DE LO INDEBIDO. DIFERENCIA CON EL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO O
SIN CAUSA
. Conforme al artículo 1882 del Código Civil del Distrito Federal, para que se actualice el
"enriquecimiento
ilegítimo" o
"sin causa"
, debe determinarse la relación que existe entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, lo que lleva a analizar, como
elementos
lógicos de la acción, los siguientes: 1. Que haya
empobrecimiento
de un patrimonio; 2. Que exista
enriquecimiento
de otro; 3. Que medie
relación de causa a efecto
entre el primero y el segundo; y 4. Que no exista una
causa jurídica
que justifique ese desplazamiento patrimonial, esto es atendiendo al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación; por otra parte, respecto al pago de lo indebido debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1883 del ordenamiento jurídico invocado, que establece que "Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla ...", de donde se desprende que
"el pago de lo indebido"
, contenido en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo III, que se refiere al enriquecimiento ilegítimo como fuente de las obligaciones,
se constituye en especie de este último, con características propias
, las que se traducen en que, mientras para que se actualice el enriquecimiento ilegítimo no debe existir una causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, atento al principio de que el provecho obtenido por las partes no puede autorizar a ninguna de ellas a quejarse de haber enriquecido a la otra por un acto de su libre y espontánea determinación, el pago de lo indebido
descansa en la existencia de una obligación o causa, y en un error de hecho o de derecho sobre el cumplimiento de dicha obligación
, quedando comprendido dentro de dicho concepto, además del de ausencia de la deuda, el de la obligación extinguida y el del débito ilícito. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3813/98. Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple. 11 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Ramón Montes Gómez. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. IX, Abril de 1999. Página: 579. Tesis: I.3o.C.167 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
A DEUDOR ALIMENTARIO NO PROCEDE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES ENTREGADAS A ACREEDOR, POR PENSIÓN ALIMENTICIA (23/marzo/2011). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que
no procede la devolución de las cantidades descontadas a la persona que proporciona pensión alimenticia provisional (deudor), aún cuando el que las recibió (acreedor) no haya demostrado en el juicio la necesidad de recibirlas
. Lo anterior, precisaron los ministros, en virtud de que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del que recibe dichos alimentos, ya que éstos fueron entregados por medio de una resolución judicial. Así, la Sala resolvió una contradicción de tesis entre dos tribunales que estaban en desacuerdo respecto a si deben reintegrarse al deudor alimentario las cantidades entregadas al acreedor, por concepto de pensión alimenticia provisional, al haberse configurado un enriquecimiento ilegítimo, cuando no se condena al deudor a pagar dicha pensión de manera definitiva. Los ministros consideraron que es improcedente dicha devolución,
en virtud de que los alimentos decretados de manera provisional

participan de las características de orden público
e interés social de la pensión alimenticia definitiva y, por lo mismo, no deben ser reintegrados al deudor alimenticio, aún cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos. Ello, indicó la Sala, si se considera que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del que recibe dichos alimentos. Finalmente, los ministros subrayaron que no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo, pues
para que éste se configure es indispensable que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique.
(1763 1°)
1.- Entrega de un bien
(
Buena fe
):
a) Restituir el bien y responder de su menoscabo o pérdida (1763 1°).
Excepto: (1770).
Si lo enajenó, restituir precio o ceder la acción para hacerlo efectivo (1767).
b) Abono de gastos necesarios y retiro de mejoras útiles (1769).

(
Mala fe
):
a) Además del a), entregar frutos y pagar DyP.
b) Si dinero, pagar interés legal (1764 1°, 2263).
c) Frutos o intereses hasta que se recobre el bien (1764 2°).
2.- Prestación de un servicio
(Buena fe):
Equivalente de la prestación (lo “enriquecido”) (1763 2°).
(Mala fe):
Precio corriente de la prestación (1763, 2°).
Concepto
(1753)
Diferencias con los títulos de crédito
Obligaciones de: Dar, hacer, no hacer;
No tanto formalismo;
Ilimitados.
Especies
A la orden (nominativos?).
Al portador.
Transmisión
(1754, 1757)
a) ¿LGTyOC?

b) Aplicación actual.
Documentos
Civiles
Documentos civiles:
Características
Incorporación
Autonomía
Literalidad
1. Endoso

2. Tradición
¿Derogación?
In rem verso

Subsidiaria (169 LGTOC)

Efecto restitutorio/indemnizatorio

Prescribe: 1 año desde conocimiento del error y 5 desde el pago (1773).
Carga de la prueba
Regla gral. Quien lo hizo (279, 280-I y II CPC).

Si se niega haberlo recibido y el pago se prueba, error y mala fe se presumen (1771, 435 CPC)
"Cláusula" que se entiende implícita en un contrato para que en el supuesto de ocurrir un evento imprevisible que afecte gravemente al deudor para cumplir con su obligación, le permita "rescindirlo"
Requisitos
a) Contratos de "tracto sucesivo"
b) Circunstancias imprevistas.
c) Ajenas la voluntad de las partes
d) "Excesiva" desproporción (onerosidad).
¿Equidad?
¿Nuestro Código?
(En Roma: “Lo hecho entre unos
no puede perjudicar ni producir derechos para otros”)
Construcción del sentido
Intención evidente
(1731, 2do párrafo
y 1732)
Promesa de recompensa
Concurso con
promesa de recompensa
Evitarle un perjuicio
Concepto
(1776)
El que sin mandato y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los interese del dueño
Generarle un beneficio
Evitarle un perjuicio
Generarle un beneficio
Fuente de obligaciones
PRINCIPIO GENERAL:
"El que afirma esta obligado a probar"
Se desprende de la naturaleza de la afirmación
no de la redacción con que se afirme
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