Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ley No. 200-04 Libre acceso a la información pública

No description
by

Paula Mendez

on 28 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ley No. 200-04 Libre acceso a la información pública

Ley No. 200-04
Libre acceso a la información pública
Ley No. 2-04
Libre acceso a la informacion publica
Ley No. 200-04

Artículo 1.
-
Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, incluyendo:

a)

Organismos y entidades de la administración pública centralizada;
b)
Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito
Nacional y los organismos municipales;
c)
Organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado;
d)
Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado;
e)
Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal;
f)
Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto
Nacional para la consecución de sus fines;
g)
El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas;
h)
El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.

1.
Solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

2.
Acceder a información contenida en actas y expedientes de la administración pública, así como estar informado periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas.

3.
Buscar, solicitar, recibir y difundir información perteneciente a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplan funciones públicas y obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia.

4.
Recibir la información sencilla y accesible sobre los trámites y procedimientos necesarios para agotar la solicitud de las informaciones que requieran, solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la entidad o persona de que se trate.

5.
Recibir la información en el tiempo fijado, en el formato existente y por la vía acordada en el formulario de solicitud.

6.
Acceder a la información de forma gratuita, en tanto no requiera la reproducción de la misma.

7.
Ser notificado oportunamente y por escrito sobre limitaciones y excepciones para hacer disponible la información solicitada y el fundamento legal de la denegatoria.

8.
Recurrir a las autoridades jerárquicas superiores del ente u órgano de que se trate a fin de resolver de forma definitiva la denegación de la información solicitada, cuando ésta se debe a razones de reserva o confidencialidad o cuando no esté conforme con la decisión adoptada.

9.
Obtener un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo en los casos en que el organismo o la persona a quien se haya solicitado la información, no ofrezca ésta en el tiempo establecido para ello o, cuando el órgano superior jerárquico no fallare el recurso interpuesto en el tiempo establecido.

En cumplimiento a la Ley 200-04, el acceso a la información se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.
Todo ciudadano/a tiene derecho a:


Esta ley fue promulgada el 28 de julio de 2004 y su reglamento el 25 de febrero de 2005. A partir de esta fecha es cuando se inicia su aplicación.

Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a solicitar y recibir información efectiva, veraz y oportuna sobre todos los actos y actividades de los organismos y entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, incluyendo los poderes Legislativo y Judicial, y a los órganos e instituciones privadas que reciben recursos provenientes del Presupuesto General del Estado.


Los expositores coincidieron en señalar que los cabildos son los que presentan mayor dificultad al momento de rendir cuentas de su ejecución presupuestaria.

Vigencia
Cabildos Morosos


Asimismo, explicaron que aunque existe la “percepción” de que en la actualidad hay más corrupción administrativa, la realidad no es así.

Indicaron que debido al fácil acceso a las informaciones, gracias a la ley, en la opinión pública se manejan más datos sobre las instituciones estatales y su manejo administrativo, lo que genera esa atmósfera.


La ley estipula un plazo no mayor de 15 días para que las instituciones entreguen la información requerida por los ciudadanos. Este plazo podrá prorrogarse en forma excepcional por diez días, en los casos que medien circunstancias que hagan difícil reunir los datos solicitados. Hay precedentes de instituciones obligadas mediante sentencia a entregar información.
Percepcion
Plazos
Qué solicita la gente
La OAI de la Procuraduría fue la primera en abrirse. Se usó como piloto en el 2006. Desde 2012, recibe unas 300 solicitudes por año, siendo las principales informaciones sobre nómina y drogas. "Estas oficinas empoderan a la ciudadanía con relación al poder de la información. Muchas veces se podía tener el tabú de que a una institución no se podía acceder o pedir una información", dice Stalin Polanco, su director.

La OAI de la Cámara de Diputados es una de las más activas. Recibió 6,176 solicitudes desde su fundación en 2007 hasta 2013. Sin embargo, Catalina Olea, su encargada, se queja de que muchos se enfocan en requerir datos salariales o de un tema que se ventile en la prensa en el momento, y no profundicen en aspectos como la ejecución presupuestaria. "El objetivo de la ley no es saber cuánto gana alguien, sino ver si se está pagando realmente para funcionarios que vayan a hacer una labor eficiente", dice.

Una encuesta realizada en abril pasado por el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia, a 350 estudiantes y gremialistas laborales, arrojó que 141 han solicitado información, y de ese número, 47 % fue nómina pública y 30 % declaración jurada de bienes.


Cuántas cumplen

En 2012, Participación Ciudadana realizó su sexto monitoreo de aplicación de la Ley 200-04, y de 52 instituciones evaluadas, solo tres obtuvieron la máxima calificación de 90 en el cumplimiento general de la legislación: Contrataciones Públicas, la Procuraduría y la Superintendencia de Pensiones.
Una evaluación más reciente, hecha para mayo de 2014 por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en base al proyecto de estandarización de Portales de Transparencia, concluyó que solo cuatro de 138 instituciones cumplen con el 100 % de los requerimientos de transparencia activa, es decir, con lo relativo a presupuesto, compras, nóminas y otros datos.

Estas son: la Administradora de Riesgos Laborales, la Contraloría General, la Dirección de Contabilidad Gubernamental y la Tesorería de la Seguridad Social. Otras 22 alcanzan una calificación entre 90.19 y 98.57.

"Las oficinas de Acceso a la Información Pública vienen a llenar un espacio importante porque te abren unas estructuras en todas las instancias públicas", asegura Berenice Barinas, encargada de Transparencia Gubernamental.

La gente hace uso o sabe de su
derecho a buscar información
De 350 encuestados por el Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia, sobre el conocimiento y aplicación de la Ley 200-04, el 67 % dijo que no conoce la legislación.
Los encuestados fueron estudiantes de la UASD, O&M, UTESA, UCSD, PUCMM y representantes de gremios laborales. El 75 % se mostró partidario de que la ley se promueva en las escuelas y las comunidades.

Para el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, Miguel Franjul, la ley sigue siendo una "ley de lujo". "O mejor dicho ‘uno de los secretos mejor guardados' en nuestro país, y aunque parezca una hipérbole incómoda, no lo es. Percibo que un porcentaje muy bajo de la ciudadanía la conoce y que por ello ha sido insuficiente su uso".

El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, aseguró en junio que la difusión de la ley llegará a los niveles de educación Básica y Superior. Este compromiso lo manda el decreto 486-12 que crea la Dirección que preside.

Paula Mendez

Loammy Alvarez
Melissa Reyes
GRACIAS
Full transcript