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GRUPO 4: DERECHO AL LIBRE TRANSITO

PARTE DEL EXAMEN FINAL DEL CURSO DE CONSTITUCION Y DERECHOS HUMANOS
by

Alejandro Ureta Tasayco

on 6 July 2013

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Transcript of GRUPO 4: DERECHO AL LIBRE TRANSITO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA
PROFESOR:
SALUTINIANO ANTERO HUAMANI
INTEGRANTES:
•ALIAGA DIAZ YESENIA
•SAPALLANAY RASHUAMAN JANETH SULEMA
•URETA TASAYCO JHONATAN ALEJANDRO
•VILLEGAS ALVARADO LLAKELINE ROSITA
"DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO"
El trabajo realizado hace un recuento desde el surgimiento del derecho al libre tránsito en la constitución de 1828 con la mar, hasta lo descrito en la actual constitución (1993)
Todos recordamos el pasado jueves 25 de octubre del 2012 en donde la parada se convirtió en un campo de batalla en el que reinó el caos, debido a que la alcaldía había ordenado colocar bloques de cemento para impedir el paso de los camiones; lo que la gente lo interpretó como una violación a su derecho del libre tránsito. En estos dias el Poder Judicial decidió dejar al voto la decisión de ejecutar o no el controvertido fallo judicial del juez Malzon Urbina, a favor de los comerciantes del exmercado mayorista de La Parada, tras realizar unaa audiencia judicial sobre este caso.
INTRODUCCIÓN
HISTORÍA Y ANTECEDENTES
•CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA 1828
Dada por el Congreso General Constituyente el día 18 de marzo de 1828.
EL CIUDADANO JOSÉ DE LA MAR, Presidente de la República.
•TÍTULO NOVENO DISPOSICIONES GENERALES Art. 154º.- Todo peruano puede permanecer o salir del territorio de la República, según le convenga, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero, y guardando los reglamentos de policía.
.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA PERUANA 1834
•Dada por la convención nacional el día 10 de junio de 1834 el presidente luis Jose Orbegoso.
•TÍTULO NOVENO GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

Art. 148º.- Todo peruano puede permanecer o salir del territorio de la República según le convenga, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero, y guardando los reglamentos de policía.
Art. 149º.- Ningún peruano puede ser expatriado sin previa condenación judicial, ni obligado a mudar de domicilio sin ella.
.CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA DEL PERÚ 1979
•Dada el 12 de Julio de 1979 Fernando Belaunde Terry, Presidente Constitucional de la República
CAPITULO I DE LA PERSONA:

Artículo 2: A elegir libremente el lugar de su residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razón de sanidad. A no ser repatriado ni separado del lugar de su residencia sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993
Dada el 29 de diciembre 1993 por Alberto Kenya Fujimori Fujimori, Presidente Constitucional de la República del Perú.
CAPITULO I: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 2.- inciso 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
CONCEPTOS CLAVES
2.Libertad.
(Del lat. libertas, -ātis).
Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.



4. Territorio.
(Del lat. territorum).
Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.
LEGISLACIÓN RELACIONADA AL TEMA
LEGISLACIÓN NACIONAL
LEGISLACIÓN EXTRANJERA
RESTRICCIONES
1. Razones de sanidad.
2. Mandato judicial.
3. Por aplicación de la ley de extranjería: se trata de la expulsión de los extranjeros que incumplen las normas de ingreso o permanencia en el país, por los causales contenidas en D.L. 703 “Ley de Extranjería del Perú” (art. 63, 64) Ley N° 27840 “Ley de Asilo” y R.M. 0548-95-IN del 09 de mayo de 1995, que establece los procedimientos para la aplicación de sanciones que infrinjan la Ley de Extranjería.
Ley de Extranjería (D.L. 703)
“Art. 63.- La cancelación de la Permanencia o Residencia, procederá:
1. Por realizar actos contra la Seguridad del Estado, El Orden Público Interior, la Defensa Nacional.
2. Por no disponerse de los recursos económicos que permitan solventar los gastos de permanencia o residencia en el territorio nacional.
3. Por haber sido sentenciado por un Tribunal peruano a pena de prisión o pena mayor, al obtener su libertad”
Art. 64. La expulsión del país procederá:
1. Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional.
2. Por mandato de la autoridad judicial competente.
3. A quien se le haya dado salida obligatoria o cancelándose su permanencia o residencia y no haya abandonado el territorio nacional.
La Constitución Política establece en su
artículo 2° inciso 11 lo siguiente:
“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
(…)
11. A elegir su lugar de residencia, a
transitar por el territorio nacional y a
salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de
extranjería.
(…).”
La libertad de tránsito forma parte de lo
que se conoce como la primera generación
de derechos. Tal es así, que su reconocimiento constitucional se remonta a la Constitución de 1826 la misma que disponía en su
artículo 144º que “[t]odo peruano puede
permanecer o salir del territorio de la República, según le convenga, llevando consigo
sus bienes, pero guardando los reglamentos
de policía, y salvo siempre el derecho de tercero.”
INSTITUCIONES RELACIONADAS AL TEMA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
la Defensoría del Pueblo se encuentra facultada para investigar la posible afectación del derecho fundamental al libre tránsito por el uso de enrejados u otras medidas similares en las vías públicas, adoptadas por grupos de vecinos en la ciudad de Lima, y que en ocasiones han contado con autorización de las municipalidades distritales. De ser el caso se propondrán medidas correctivas a las autoridades públicas competentes.
EL PARLAMENTO ANDINO
Los ciudadanos andinos tienen derecho a movilizarse libremente en la Subregión, en calidad de turistas, trabajadores, prestadores de servicios o inversionistas subregionales.
Los ciudadanos andinos tenemos derecho:
A ser admitidos e ingresar libremente en el territorio de los demás países de la CAN, en calidad de turistas, sin necesidad de visa y con la sola presentación de nuestro documento nacional de identidad.
A movilizarnos libremente como trabajadores, con nuestras familias, previo registro en la Oficina de Migración Laboral correspondiente.
A que se nos facilite el libre tránsito y nuestra presencia temporal, como personas naturales o jurídicas, para la prestación de servicios en los demás países andinos.
A que se nos autorice el ingreso y permanencia, por el tiempo que sea necesario, como promotores, inversionistas y ejecutivos de las empresas multinacionales andinas.
ONU

 Artículo 13º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 Artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.
Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.
OEA
La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el crecimiento sostenible en América.

Artículo VIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
. El tribunal fue creado por el artículo 33b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para salvaguardar los derechos consagrados por la Convención.

 Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la
legislación de cada Estado y los convenios internacionales.
En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.
Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
CONCLUSIONES
Reconocer que la movilidad es un derecho humano y que en tal medida debe ser reconocida, garantizada y protegida como parte de las libertades de la persona humana tal como se realiza en el caso de otros procesos de integración como la UE.
• En aplicación del carácter supranacional de la normativa andina, es una obligación de los Estados armonizar las políticas nacionales y poner en ejecución las iniciativas desarrolladas en el marco de la CAN.
Existe un compromiso muy loable en relación al impulso y aprobación del Plan Andino de Desarrollo Humano para las Migraciones. Sin embargo, este documento se encuentra en el plano de la cooperación, limitando los avances actuales a decisiones que no implican una sesión de soberanía a favor de estructuras supranacionales y que pueden quedarse en buenas intenciones tal como pasó con la Carta Andina de Derechos Humanos.
Es de vital importancia conocer todos nuestros derechos, en este caso hemos visto uno de ellos que es el derecho de la libertad de tránsito, conocerlo significa hacerlo respetar, por ejemplo cuando queremos ir a la playa y nos niegan la entrada; como conocemos nuestro derecho a la libertad de tránsito, entonces podemos denunciar a las personas responsables de negarnos la entrada ya que los bienes públicos, del estado lo podemos usar todos, con lo cual se evidencia nuestro derecho a la libertad de tránsito.



























El derecho a la libertad de tránsito, nos permite transitar libremente por todo el interior del país, y también salir de nuestro territorio con una gran facilidad, por ejemplo cuando estamos saliendo de viaje de lima a Trujillo y nos restringen el paso estarían atentando contra nuestro derecho de libre tránsito, el cual lo haríamos valer denunciándolo en la fiscalía. Esto demuestra lo importante que es conocer este derecho.

Aunque el derecho a salir del país (emigrar) se encuentra plenamente reconocido, el ejercicio del derecho a entrar o residir (inmigrar) en los países de los que no son ciudadanos está regulado por la normativa de los Estados receptores. En efecto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) reconoce a los Estados, en el ejercicio de su soberanía, el derecho de decidir la orientación de sus políticas migratorias y, por tanto, la potestad de desarrollar las reglas de entrada, permanencia y salida de los migrantes en sus países con un único límite: el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes.

El derecho al libre tránsito solo podrá ser limitado por una autoridad pública siempre y cuando se evalué los principios de legalidad y razonabilidad que nuestro ordenamiento jurídico consagra.
Caso La Parada: juez falló a favor de comerciantes para que vuelva mercado mayorista
El magistrado Malzon Urbina emitió una resolución a favor de los comerciantes de La Parada. Allí ordena que se retiren los policías de las inmediaciones y los bloques de cemento.
Una medida controversial. El juez Malzon Urbina la Torre, del 56 Juzgado Penal de Lima, falló a favor de los comerciantes de La Parada para que retornen a sus puestos de venta mayorista, volviendo todo a hoja cero.

La resolución del juez ordena el retiro de los policías que custodian las inmediaciones de La Parada y también los bloques de cemento.
El juez argumenta que es ilegal que Villarán cambie el uso del terreno para convertirlo en un parque.
Además, alude que la Municipalidad de Lima violentó el principio de igualdad ante la ley, “discriminando a los comerciantes de La Parada”.

Por esta misma acusación, también responsabilizó penalmente al Ministerio del Interior, debido al “trato discriminatorio” ocurrido durante el traslado de La Parada al nuevo mercado de Santa Anita.
El juez tiene la razón “cuando ordena el retiro de los bloques de cemento” que impide que ingresen camiones cargados de mercancía al mercado. “No existe dispositivo alguno que faculte al Gobierno Local ni a las 1836 municipalidades del Perú para colocar bloques de cemento en la vía pública”. Esto, además, atenta contra la libertad de tránsito, atropello sensible de un Habeas Corpus.

Sin embargo, su retiro no significaría, de forma alguna, que las calles aledañas a La Parada dejen de ser zonas rígidas. Como se sabe, dicha condición impide que vehículos se estacionen o descarguen mercancía en ellas.
Las dos únicas normas constitucionales del ámbito iberoamericano que no reconocen expresamente el derecho a la libre circulación y residencia son las Constitución políticas de Cuba y Puerto Rico.

Por razones políticas obvias, el texto constitucional cubano no recoge el derecho a la libre circulación y residencia en su carta de derechos. No obstante, en su art. 34, el texto normativo reconoce a los extranjeros residentes en el territorio de la República una equiparación a los nacionales en el disfrute de sus derechos, de modo similar a otras constituciones anteriormente mencionadas. En el mismo artículo se indica que la ley establecerá los casos y la forma en que los extranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.
OJO!!!!!!!!
GRACIAS
Transitar.

(De tránsito).Ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos.
 Libertad de transitar: es la posibilidad
de circular libremente y establecer libremente su residencia o domicilio.
 Libertad de residencia: es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y se refiere a la facultad de quienes se encuentran legalmente dentro de un Estado de escoger su lugar de residencia.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
Este derecho se encuentra también reconocido por los artículos 12 ° y 13
° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 22
° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El primer supuesto explícito tiene que ver con el hecho de que ninguna persona
puede ser restringida en su libertad individual, salvo que exista un
mandato formal emitido por una autoridad judicial competente.
El segundo supuesto parte de que el derecho de locomoción sólo le corresponde
a los nacionales o extranjeros con residencia establecida, y supone que quien
sin pertenecer a nuestro Estado, pretende ingresar, transitar o salir libremente
de su territorio, se expone a ser expulsado bajo las consideraciones
jurídicas que impone la ley de extranjería.
El tercer supuesto explícito tiene que ver con otra situación perfectamente
justificada. Como resulta evidente, por razones de sanidad también puede verse
restringido el derecho de tránsito, esencialmente porque, en tal hipótesis, de lo
que se trata es de garantizar que el ejercicio de dicho atributo no ponga
en peligro derechos de terceros e incluso derechos distintos de la misma
persona que intenta el desplazamiento.
Un cuarto supuesto explícito tiene que ver con las situaciones excepcionales
que la misma norma constitucional contempla bajo la forma de estados de
emergencia o de sitio y que suelen encontrarse asociados a causas de extrema
necesidad o grave alteración en la vida del Estado, circunstancias en las que
resulta posible limitar en cierta medida el ejercicio de determinados atributo
s personales, uno de los cuales resulta siendo el derecho de tránsito o de
locomoción. Dentro de dicho contexto debe precisarse que lo que resulta
limitable o restringible no es el ejercicio de la totalidad del derecho o los
derechos de todos los ciudadanos, sino de aquellos aspectos estrictamente
indispensables para la consecución de los objetivos de restablecimiento a los
que propende el régimen excepcional, para efectos de lo cual ha de estarse
a lo determinado por referentes tan importantes como la razonabilidad
y la proporcionalidad..

La Cuarta Sala Penal Superior para Reos Libres de Lima revocó la sentencia emitida por el juez Malzon Urbina La Torre, a favor de los comerciantes de La Parada, en abril último.

En este sentido, el resguardo policial y los bloques de cemento se mantendrán en las calles adyacentes al ex mercado mayorista de La Parada, impidiendo el tránsito de vehículos pesados hacia o desde ese centro de abastos.

Pues, al revocar el fallo, la orden del juez Urbina para que la Municipalidad de Lima retire los bloques de cemento, en un tiempo perentorio de 48 horas, quedó sin efecto.

En el hábeas corpus, los comerciantes denunciaban la presunta vulneración al debido proceso, el derecho de inviolabilidad de domicilio, la existencia de actos perturbatorios que impiden el ejercicio del comercio al interior del mercado y la afectación al derecho a la libertad individual.
Pero para el tribunal superior el acto de la donación fue un hecho anterior que no tiene relación con el accionar municipal a partir del 25 de octubre del 2012, y no es un tema que deba tratarse o verse en una demanda de hábeas corpus.


En este sentido, la Sala considera que la sentencia del juez Malzon es incongruente, lo que éste habría intentado es corregir en las resoluciones de integración que emitió en los días posteriores a su fallo.
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