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Copy of Fundamentos Constitucionales de la Responsabilidad

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on 26 February 2014

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Fundamentos Constitucionales de la Responsabilidad
Información de la asignatura
Trazar algunos de los fundamentos constitucionales de la responsabilidad tanto civil como del Estado
A MANERA DE INTRODUCCIÓN
“La vida en sociedad comporta para toda persona un doble riesgo permanente: dañar y ser dañado. El daño es, por cierto, un fenómeno inherente al ser humano, a partir de la lesión a su integridad psico-física, siguiendo con el menoscabo de su patrimonio, hasta llegar a otras manifestaciones más sutiles, más refinadas o complejas de la lesión a derechos o a intereses suyos. " F.H.
Surge entonces la pregunta de si la reparación de los daños sufridos en la convivencia social, es o no una exigencia de tipo constitucional
I. RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSTITUCIÓN
El principio "alterum non laedere" (No causar daño al otro): la más importante regla de las que gobiernan la convivencia humana”.
II. Responsabilidad del Estado y Constitución
Introducción
III. Responsabilidad del Estado en Colombia
Introducción
Conclusión
Fundamento Constitucional
Objetivos
- Subrayar la importancia de varios preceptos constitucionales, en especial, el principio de dignidad humana y primacía de los derechos fundamentales y explorar los posibles efectos del mismo en los regímenes de responsabilidad.
- Determinar si la reparación de los daños sufridos en la convivencia social es o no una exigencia de tipo constitucional.
- Recalcar cómo la mayor parte de las instituciones civiles, como la responsabilidad por ejemplo, no pueden ser correctamente consideradas ni usadas con sustracción de los principios y normas constitucionales
Programa
Introducción
I. RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSTITUCIÓN
1. El principio "alterum non laedere"
2. Fundamentos de la obligación de responder
3. Breve reseña histórica de la responsabilidad
4. Funciones de la Responsabilidad civil
5. Principios constitucionales de la responsabilidad
II. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y CONSTITUCIÓN
1. Funciones de la responsabilidad del Estado
2. Origen y evolución de la responsabilidad del Estado
3. Fundamentos doctrinales y constitucionales
4. Doble dimensión de la responsabilidad del Estado
III. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN COLOMBIA
1. Evolución jurisprudencial
2. Fundamentos constitucionales en la C.P. 1886
3. La Responsabilidad del Estado en la C.P. 1991: fundamento constitucional
Fundamentos de la obligación de responder
¿porqué se debe responder cuando se causa un daño?
La explicación tradicional del fundamento de la responsabilidad civil:
- “en el principio de justicia que impone la necesidad de restablecer el estado anterior a la lesión causada injustamente”, o
- en que “la sanción jurídica de la conducta lesiva responde a una elemental exigencia ética ...”,
Breve reseña histórica
En los primeros tiempos de la humanidad no puede hablarse de responsabilidad civil
El imperio de la fuerza debe haber sido el primer instrumento de incipiente orden
Esta venganza era un derecho primitivo que luego fue usado, aunque nos parezca extraño, para limitar las relaciones entre los miembros de los clanes
El derecho romano
El derecho romano: mayor legado a la humanidad
La Ley de las XII Tablas
La ley Aquilia (la expresión responsabilidad aquiliana como sinónimo de responsabilidad civil extracontractual.
Debe su nombre al tribuno Aquilio quien realizó el plebiscito, según cuenta Ulpiano
Derecho el francés
El gran mérito del derecho francés fue haber separado casi por completo la responsabilidad civil de la responsabilidad penal.
Establecer un principio general de responsabilidad civil con existencia propia.

Funciones de la responsabilidad
1. Demarcatoria
2. Compensatoria
3. Distributiva
4. Preventiva
5. Admonitoria
6. Sancionatoria
Demarcatoria
Línea divisoria entre el deber de reparar y el ámbito de libertad de actuación de las personas
Compensatoria
La función compensatoria, también llamada resarcitoria o indemnizatoria, es para algunos autores la única función o la más importante de la responsabilidad civil
Distributiva
El establecimiento de una regla de responsabilidad objetiva
Preventiva
Actuación ex ante de que el daño ocurra, de evitación de que el perjuicio suceda.
Disuadir la realización del daño por el temor legítimo de la sanción
Admonitoria
Advertir, prevenir, reprender
Sancionatoria
la función de castigar es totalmente ajena al derecho civil.
En algunos casos la responsabilidad civil cumple una función sancionatoria.
La influencia de la Constitución en la responsabilidad civil
De la Constitución hacía la responsabilidad: determinar si la exigencia de tutela de los derechos de la personalidad y de los derechos inviolables contenidos en la C.P. se pueden satisfacer con los instrumentos de la acción aquiliana (acción general de resarcimiento de daños)
Determinar si los principios consagrados en la C.P. le sirven al juez en su tarea de determinar los intereses merecedores de tutela resarcitoria
Función de la Responsabilidad
El principio de legalidad y el de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen los dos grandes soportes estructurales del Derecho Administrativo: como derecho garantizador de las posibles extralimitaciones del poder.
La responsabilidad protege al individuo frente a los daños causados por la Administración Pública en la amplia actividad que esta desarrolla.
Frecuentemente, el instituto de la Responsabilidad administrativa es concebido como exclusivo del derecho administrativo, sin embargo, existen una serie de vertientes de la institución que le atañe directamente al derecho constitucional.
La responsabilidad administrativa tiene un fuerte asidero en el derecho constitucional (principios, valores, preceptos, jurisprudencia), incluso muchas de sus aristas no pueden ser comprendidas sin acudir a ese nivel supremo del ordenamiento jurídico. Las grandes cabezas del derecho administrativo se encuentran en el derecho constitucional

El principio de legalidad y el de responsabilidad patrimonial del Estado constituyen los dos grandes soportes estructurales del Derecho Administrativo: como derecho garantizador de las posibles extralimitaciones del poder.
La responsabilidad protege al individuo frente a los daños causados por la Administración Pública en la amplia actividad que esta desarrolla.
Frecuentemente, el instituto de la Responsabilidad administrativa es concebido como exclusivo del derecho administrativo, sin embargo, existen una serie de vertientes de la institución que le atañe directamente al derecho constitucional.
La responsabilidad administrativa tiene un fuerte asidero en el derecho constitucional (principios, valores, preceptos, jurisprudencia), incluso muchas de sus aristas no pueden ser comprendidas sin acudir a ese nivel supremo del ordenamiento jurídico. Las grandes cabezas del derecho administrativo se encuentran en el derecho constitucional .

El papel de la responsabilidad como principio constitucional del Estado de derecho se refiere: sumisión del Poder al Derecho.
Sumisión comprende:
El control de legalidad de los actos de los órganos que ejercen el poder –interdicción de la arbitrariedad-
La obligación de resarcir los daños causados por la actividad ilegal
Hauriou: Que el Poder Público “actúe, pero que obedezca la ley, que actúe, pero que pague el perjuicio”.
Responsabilidad, entonces, cumple una función dual:
Garantía consagrada a favor de los particulares para lograr el resarcimiento del perjuicio causado
Mecanismo de control del Poder, para asegurar un mejor funcionamiento del Estado.

Origen de la Responsabilidad
El principio «the king can do not wrong (el rey no puede hacer ilícito): punto de partida en el proceso de afirmación de la responsabilidad del Estado. Precisamente la irresponsabilidad del soberano, es común a todos los ordenamientos.
La construcción del instituto de responsabilidad del Estado se ha construido paso a paso, a golpe de leyes (por vía legislativa) o decisiones jurisprudenciales.
La responsabilidad del Estado, bajo las mas diversas modalidades, es producto innovador de la aplicación inteligente de los principios generales del derecho en Francia a finales del siglo XIX.
Mediante el reconocimiento de la responsabilidad directa y objetiva del Estado se da un paso fundamental en la historia de las relaciones entre gobernantes y gobernados, administración y administrados.

Primera fase: se caracteriza por una absoluta irresponsabilidad del Estado, congruente con una responsabilidad personal de los funcionarios públicos por actos ilícitos (culpables, negligentes o dolosos). Esta responsabilidad personal se fundamenta en el criterio subjetivo de la culpabilidad, que no puede imputarse al Estado como persona jurídica, rigiéndose por las normas del derecho privado. También la atribución de responsabilidad al Estado resultaba incompatible con la soberanía.


Segunda fase: responsabilidad subsidiaria del Estado limitada a los actos ilícitos de sus funcionarios y autoridades y fundamentada en el criterio de la culpabilidad. Mediante ella, se aplican al ámbito del derecho público las normas que sobre responsabilidad rigen en el derecho privado.

Tercera fase: viene determinada por una responsabilidad directa y objetiva del Estado, con independencia de la ilicitud o licitud de los actos.
Este proceso evolutivo de ruptura con el principio de irresponsabilidad patrimonial del Estado va a ser común a todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, si bien con diferencias referidas a la vía o cauce que se sigue para su ruptura –jurisprudencial o legal-, o al grado de extensión o desarrollo.
Se rompe la concepción de que «soberanía» y «responsabilidad» eran ideas incompatibles e irreconciliables.

La última etapa de la evolución histórica de la Responsabilidad del Estado fue sintetizada por Hauriou:
«Hay dos correctivos de la prerrogativa de la administración que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto del poder público puede formularse en estos dos brocardos: que actúe, pero que obedezca la ley; que actúe, pero que pague el perjuicio»
Estos son los dos pilares fundamentales del Estado de Derecho y del derecho administrativo: el principio de legalidad y el principio de responsabilidad del Estado.
Entonces, el principio general de responsabilidad de rango constitucional es pieza fundamental del Estado de Derecho y se convierte en la piedra angular para el desarrollo legislativo de un sistema de responsabilidad objetiva y directa.



Fundamentos Doctrinales
Han sido varias las teorías que han pretendido justificar el deber del Estado de reparar o resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares, gobernados o administrados, con motivo del desarrollo de su actividad o funcionamiento.

1. Igualdad o proporcionalidad de las cargas:

Los ciudadanos no deben sufrir unos más que otros las cargas impuestas en el interés de todos, de donde resulta que los daños excepcionales, los accidentes que el poder público causa a los particulares, debe ser indemnizado por el presupuesto que esta formado por las contribuciones de toda la colectividad.
Cuando el Estado ejecuta un acto que perjudica a un habitante haciéndole sufrir un daño injusto con respecto a los demás ciudadanos, está obligado a indemnizar ese daño para no romper el principio de equidad, de igualdad, que ampara a todos los habitantes.


2. Teoría del bien común
El fundamento de la responsabilidad es el bien común; es decir, el bien de toda la comunidad y ella no puede encontrarse plenamente satisfecha si un miembro o un grupo sufre daños producidos por la actividad de la administración, por lo tanto le corresponde indemnizar los perjuicios que ocasione.

3. Teoría de la solidaridad humana
Los cimientos de la responsabilidad del Estado deben buscarse en el principio de la solidaridad humana que es precisamente el que informa e impone ayuda recíproca a todos los individuos que constituyen la colectividad. Acto de justicia distributiva.

Otras teorías:
Principio de la responsabilidad por riesgo
Enriquecimiento ilegítimo
Principio de equidad
Principio del particular sacrificio

Todas postulan el valor de la justicia como argumento fundante.

Doble dimensión de la responsabilidad del Estado
Lesión antijurídica: integridad patrimonial
Puede afirmarse que el punto cardinal en el que descansa el instituto de la responsabilidad del Estado, hoy en día, no será más la culpa o ilicitud de la actuación administrativa del Estado o sus agentes, sino el derecho a la integridad patrimonial de los particulares, que sirve como justificación a la indemnización debida cuando se ha producido una lesión en los derechos o bienes del individuo que éste no tenía la obligación jurídica de soportar.
Teoría denominada de la lesión antijurídica, formulada por García de Enterría.
Se desplaza el elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la situación de quien sufre el perjuicio, siempre y cuando no tenga el deber jurídico de soportarlo.

La responsabilidad del Estado aparece en el centro de la concepción constitucional de la Administración Pública como una consecuencia de la cláusula del Estado Social de Derecho.
Pero, ¿cuales son las finalidades de la responsabilidad?
La primera función de la responsabilidad consiste en reparar un perjuicio.
Es la primera y más constante finalidad de la institución, que está en la misma esencia de la noción indemnizatoria.
Puede haber responsabilidad sin culpa, pero no responsabilidad sin perjuicio, sin lesión: «El daño es la razón de ser de la responsabilidad».
Pero en segundo lugar, la responsabilidad constituye un elemento de orden de la propia Administración a la que contribuye a modelar. El sistema de responsabilidad pública no puede sino reflejar la propia organización administrativa, pero al mismo tiempo la condiciona.

Tanto es así, que el modo de imputar la responsabilidad por el funcionamiento de un servicio público influye necesariamente sobre el modo de gestionar en el futuro ese servicio.
Aquí aparece la función más profunda de la responsabilidad en el Estado social de Derecho. Lejos de constituir, como regla, un freno a la acción de la Administración se coloca en el centro de la concepción constitucional de la Administración Pública, se erige como pilar fundamental del Derecho Administrativo, que nació como garantía de los administrados pero también para propiciar una Administración transformadora y gestora de los servicios e intereses públicos, es el correlato de los principios que sirven de fundamento a la función administrativa, a la que la propia Constitución se refiere en el artículo 209.
Pero eso la responsabilidad tiene, entonces, una doble condición como garantía y pieza fundamental del Estado de Derecho: garantía de los administrados y elemento de orden y control de la Administración Pública (calidad, eficiencia, eficacia…).

Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.
Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada -en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial.
La evolución jurisprudencial está marcada por la dualidad de jurisdicciones encargadas de proferir fallos sobre la responsabilidad del Estado: Las responsabilidad declarada por la C.S.J. y la declarada por el Consejo de Estado.

Evolución de la Responsabilidad
PRIMERA ETAPA: jurisprudencia de la C.S.J. y comprende un período que va desde 1896 hasta 1938. El fundamento para reparar los perjuicios causados como consecuencia de la actividad del Estado en los principios esenciales que gobiernan la responsabilidad civil extracontractual de los particulares tipificados en el Código Civil, especialmente en el régimen de responsabilidad indirecta por el hecho ajeno, consagrado en los artículos 2347 y 2349 del C.C., que se fundamenta en las nociones clásicas del derecho romano: «culpa in vigilando» y la «culpa in eligendo».
Para la Corte, el Estado resultaba obligado a indemnizar los daños causados como consecuencia de la actividad de sus agentes, por haber incurrido en culpa, tanto en la vigilancia como en la elección de los mismos.
Responsabilidad de carácter indirecto.

SEGUNDA ETAPA: Corresponde también a la jurisprudencia de la C.S.J. y va desde 1938 hasta 1941. Se modifica su doctrina sobre el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual del Estado. El fundamento sigue estando en el Código Civil, sin embargo, se considera que el Estado debe responder no en forma indirecta por el hecho de sus agentes, sino en forma directa como cualquier persona jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2341 del C.C.
Se trata de un régimen de responsabilidad subjetivo bajo el sistema de la culpa probada; a diferencia del régimen previsto para la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno, que establece el sistema de culpa presunta, el cual resulta más favorable para la víctima del daño.

TERCERA ETAPA: Se caracteriza por un cambio importante en la doctrina de la C.S.J. a partir de 1941, cuando se inicia un proceso tendiente a construir una teoría autónoma de la responsabilidad del Estado, independiente del derecho privado, que había predominado en las dos primeras etapas.
La obligación de indemnizar por parte del Estado los perjuicios causados va a tener su fundamento con la debida prestación de los servicios públicos a cargo de la administración; surge así por primera vez en la jurisprudencia colombiana la noción de falla o falta del servicio como fundamento de la responsabilidad estatal. (Antecedente fallo Blanco de 1873 Francia).
Artículo 16 constitución 1886. «deberes sociales del estado», prestar servicios públicos eficientes.

CUARTA ETAPA: Doctrina construida y elaborada en forma sistemática por el Consejo de Estado, quien a partir de 1964 asume la competencia plena y general para conocer todos los casos de responsabilidad del Estado contractual y extracontractual.
Se consolida y se extiende la noción de falla del servicio a todos los servicios públicos administrativos, sin que se encuentren antecedentes en materia de error judicial o de responsabilidad del estado-legisaldor.
Se avanza en la cobertura de la responsabilidad, aunque la falla del servicio continua siendo el fundamento principal, y casi único, en la práctica, de la responsabilidad.

Fundamento constitucional en la CP de 1886
Pues bien, en ausencia de un canon constitucional que consagrara un principio general de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado como la C.S.J. consideró que el artículo 16 de la Carta Política de 1886 constituía la norma básica que obligaba al Estado a responder e indemnizar los daños causados a los particulares como resultado de su actividad pública.
«Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».
Rechazar las normas de derecho privado para fundar la responsabilidad del Estado.
«En la Constitución Nacional se echaron las bases de las ideas analizadas y en el C.C.A. se desarrollaron ampliamente, estructurándose así un sistema jurídico autónomo y congruente sobre responsabilidad del Estado, que hizo inoperante, en estas materias, la reglamentación del derecho privado» (C.E., 1960)

Responsabilidad en la CP de 1991
El sistema de reparación de daños está tanto implícitamente como de manera expresa en la propia Constitución.
Son varias las normas constitucionales que sirven para inferir el principio de responsabilidad de los poderes públicos:
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar la efectividad de principios, derechos…(Art.2)
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos…(Art. 2)
La función administrativa está al servicio de los intereses generales…(209).
Pero las Constitución contiene varias disposiciones sobre la responsabilidad de autoridades o funcionarios.
Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación de sus funciones (Art.6)
El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes (Art. 59)
En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de una persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta…(Art. 91).
Ningún acto del presidente (…) tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento administrativo (…) quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables (Art. 115).
La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva (Art. 124).
El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores…(Art. 133)
Conceder (…) amnistías o indultos… En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar (Art. 150-17)

El presidente de la República o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes (Art. 198)
La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes (Art. 210)
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario (Art. 211)
El presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o conmoción interior (214-5)
El presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas… (215).

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deben quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita (336)
Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley (…) decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas…privadas del ejercicio de una actividad lícita (Art. 365).
La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de servicios públicos domiciliarios… (367)

Norma rectora
Art. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas…
Carácter esencial del principio constitucional de la Responsabilidad del Estado: La responsabilidad como pieza clave y esencial del Estado social y democrático de derecho.
La función básica del instituto de responsabilidad es la reparación o resarcimiento de las lesiones antijurídicas causadas a un administrado (víctima o damnificado) en su esfera patrimonial o extrapatrimonial por un ente público en el ejercicio de sus funciones.
La responsabilidad administrativa junto con la jurisdicción contenciosa administrativa son las piezas claves de un Estado constitucional para la defensa de los administrados frente a las prerrogativas y privilegios formales y materiales Estado.

El nuevo fundamento de la responsabilidad está radicado ahora en la noción de “daño antijurídico”:
Fundamenta en la noción de Estado social de derecho
Especial salvaguarda de los derechos y libertades
Efectividad del principio de solidaridad
Principio de igualdad de todos ante las cargas públicas
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución, ampliamente desarrollado por vía jurisprudencial, y se configura por la concurrencia de tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, una actuación imputable al Estado y una relación de causalidad.
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