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Personas dominicanas y haitianas expulsadas VS República Dominicana

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Javier Bergaño

on 5 June 2015

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Personas dominicanas y haitianas expulsadas
VS República Dominicana (Agosto 28 de 2014)

Antihaitianismo en República Dominicana
Entre 1930 y 1961, República Dominicana atravesó la dictadura militar de Rafael Trujillo quien promovió el antihaitianismo y ordenó la Masacre del Perejil ocurrida en 1937. En dicha masacre se asesinó a gran número de haitianos (cifra que va de los mil a los doce mil muertos) y la estrategia de identificación de los mismos era su imposibilidad de pronunciar la r suave de perejil, así como su vinculación a los ingenios azucareros.

Aunque el Estado dominicano niega la continuidad del antihaitianismo, diversos informes de ONG y de organizaciones de derechos humanos denuncian los sistemáticos actos discriminatorios contra los haitianos en República Dominicana por parte de sus ciudadanos pero también de sus autoridades. De hecho el Estado ya había sido condenado por la Corte Interamericana en un caso de antihaitianismo.
Primera sentencia condenatoria contra República Dominicana por antihaitianismo (Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana en 2005)
En 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosica contra República Dominicana. En este se demandaba la violación al derecho de nacionalidad porque la administración dominicana se negaba a registrar a las niñas como ciudadanas del país al considerarlas, a pesar de haber nacido en su territorio, nacionales de Haití debido a que sus parientes provenían de allí. Dicha coyuntura ponía en riesgo la educación de las niñas.
Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana en 2005
La Corte decide fallar en 2005 a favor de Yean y Bosica al argumentar que el Estado Dominicano estaba vulnerando los derechos a la igualdad y no discriminación, a la nacionalidad, a la adopción de medidas de protección, a la personalidad jurídica y al nombre de las accionantes, según lo establecido en la Convención Americana. Por tanto, debía adoptar un procedimiento para que los niños dominicanos de ascendencia haitiana accedieran al certificado de nacimiento y a la educación gratuita.

Hasta la fecha se han realizado cuatro supervisiones de cumplimiento de la sentencia (2007, 2009, 2010 y 2011). En la última se encontró que República Dominicana no ha cumplido aún con dos de las once obligaciones impartidas por la Corte Interamericana para revertir la situación expuesta: (1) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas y (2) adopción de medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana, mediante la declaración tardía de nacimiento.

Recursos de interés
Documental El precio del azúcar
(sobre la situación de los haitianos en República Dominicana)
Una isla, dos países
República Dominicana y Haití son dos países que habitan una misma isla conocida como La Española y comparten una frontera de 360 kilómetros. El primero es de habla hispana y el segundo es francoparlante aunque popularmente se pronuncia el criollo haitiano.

Ambos países han atravesado procesos históricos similares, como la trata de esclavos (traídos desde África), las intervenciones estadounidenses y las dictaduras militares. Sin embargo, las realidades socioeconómicas son muy disímiles porque los dominicanos tienen una renta media mientras los haitianos cuentan con una renta baja.


Haitianos en República Dominicana
La migración masiva de haitianos a República Dominicana se dio a inicios del siglo XX con la consolidación de los ingenios azucareros y la necesidad de contar con mano de obra no calificada dispuesta a realizar arduos trabajos por poco salario. Se calcula que fueron alrededor de 100 mil los haitianos que emigraron para desempeñarse como braceros. De esta manera se consolidaron los bateyes como comunidades compuestas principalmente de haitianos migrantes.

Actualmente la industria azucarera en República Dominicana ha perdido fuerza pero no ha disminuido la migración (forma e informal) de haitianos hacia ese país. Se calcula que hay entre 900 mil y un millón 200 mil haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana.

Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos
En la Comisión
Excepciones preliminares
El Estado dominicano presentó tres excepciones:

1. Falta de agotamiento de recursos internos: para el momento en que se presentó la petición aún quedaba el recurso de amparo. (Desestimado por la Corte ante falta de claridad sobre cómo operaría ese recurso)

2. Incompetencia de la Corte por
ratione temporis
: algunas de las presuntas violaciones ocurrieron antes de que el Estado dominicano aceptara la jurisdicción de la Corte. (Admitido parcialmente por la Corte señalando qué casos sí entran en su competencia)

3. Incompetencia de la Corte por
ratione personae
: los miembros de una de las familias afectadas no fueron identificados desde el inicio del proceso y aparecen hasta el informe de fondo de la Comisión. (Desestimado por la Corte ya que el procedimiento se adecuó a lo reglamentado)
Hechos
Familia Sensión:
Ana Virginia Nolasco (nacida en Haití) y sus dos hijas nacidas en República Dominicana fueron detenidas en 1994 y trasladadas a Haití por autoridades dominicanas. Antonio Sensión (nacido en República Dominicana), esposo y padre de las detenidas, solo pudo reencontrarse con su familia ocho años después.

Rafaelito Pérez Charles
nació en República Dominicana y cuenta con cédula de ese país. El 24 de julio de 1999, mientras se dirigía a su lugar de trabajo, fue detenido por autoridades dominicanas y expulsado a territorio haitiano.

Familia Medina:
William Medina (nacido en República Dominicana) y Lilia Jean Pierre (nacida en Haití) tienen tres hijos y los registran en República Dominicana. En noviembre de 1999, autoridades dominicanas se presentan al domicilio de la familia y los conducen primero a una cárcel y después a territorio haitiano. El Estado dominicano procedió a suspender todos sus documentos de identidad aduciendo que los habían obtenido ilegalmente.

Hechos
Familia Fils-Aimé:
Janise Midi (nacida en Haití) es expulsada a territorio haitiano el 2 de noviembre de 1999 en compañía de su esposo Jeanty Fils-Aimé y sus tres hijos (todos ellos sin lugar de nacimiento ni nacionalidad certificados). La detención de Fils-Aimé se dio en el espacio público por parte de autoridades dominicanas que posteriormente fueron a su casa para llevarse al resto de su familia en un camión.

Bersson Gelin
, de quien no pudo establecerse lugar de nacimiento ni nacionalidad, fue retenido por autoridades dominicanas el 5 de diciembre de 1999 mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Posteriormente fue llevado a territorio haitiano y separado de su hijo.

Familia Jean:
Víctor Jean (nacido en República Dominicana) y Marlene Mesidor (nacida en Haití) tienen un hijo nacido en Haití y tres nacidos en República Dominicana. La mujer y los hijos nacidos en República Dominicana no contaban con documentación de ese país. La familia fue detenida en su domicilio en diciembre del año 2000 y expulsada a territorio haitiano.

Normatividad en conflicto
La Constitución de República Dominicana 1994 establecía el
ius solis
, según el cual toda persona nacida en el país tendría derecho a la nacionalidad. En el 2010 se realizó una reforma constitucional en la que se exceptuó de este derecho a los hijos de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente. A partir de esta modificación, se han generado sentencias constitucionales adversas a los haitianos y sus hijos nacidos en territorio dominicano. El Estado, por tanto, argumenta dar cumplimiento a su normatividad interna cuando realiza procesos de regularización de la población inmigrante.
Fallo
El Estado dominicano es internacionalmente responsable por la violación de los siguientes derechos establecidos en la Convención Americana:
Reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3)
Nacionalidad (artículo 20)
Nombre (artículo 18)
Identidad, libertad personal (artículo 7)
Circulación y residencia (artículo 22.1, 22.5 y 22.9)
Garantías judiciales (artículo 8.1)
Protección judicial (artículo 25.1)
Protección a la familia (artículo 17.1)
Protección de la honra y de la dignidad en relación con la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar (artículo 11.2)
Derechos del niño (artículo 19)
Por otro lado, el Tribunal desestima la violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5.1) y a la propiedad privada (artículo 21.1)
Cumplimiento de Sentencia
Sin supervisión de cumplimiento
Por lo reciente de la sentencia, la Corte aún no ha realizado un informe de supervisión. Sin embargo, el Estado dominicano se ha opuesto públicamente al fallo y a la competencia de la Corte.

“El Gobierno de la República Dominicana rechaza la Sentencia del 28 de agosto de 2014 Serie C, número 282 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerarla extemporánea, sesgada e inoportuna,” señaló Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia, en un comunicado público.

Retiro de la competencia de la Corte
Percepciones internacionales sobre la posición de República Dominicana
• Para Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, es cuestionable la legitimidad mundial de la decisión de República Dominicana porque en el artículo 62 de la Convención Americana (ratificada por el país en 1997) se acepta la jurisdicción de la Corte a través de una declaración que para efectos del presente caso se realizó en un acto de poder ejecutivo.

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la sentencia TC/0256/14 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, en la cual se declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos.
Contexto previo del tema
La petición inicial se realizó el 12 de noviembre de 1999. Estuvo a cargo de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos.

La Comisión abrió el caso el 8 de mayo del año 2000, bajo el número 12.271. El Informe de Admisibilidad se realizó el 13 de octubre de 2005 y el Informe de Fondo se emitió el 29 de marzo de 2012. En sus conclusiones, la Comisión consideró responsable al Estado dominicano. El 12 de abril de 2012, fue notificado el gobierno dominicano.
El 12 de julio de 2012, la Comisión sometió el caso a la Corte considerando que “existían una serie de impedimentos para que los migrantes haitianos pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano”. Destacó además cuatro situaciones:
1. Impedimentos para conceder nacionalidad a personas nacidas en República Dominicana a pesar del principio ius solis (derecho del suelo)
2. El Estado dominicano no demostró un proceso de repatriación vigente
3. Las presuntas víctimas no contaron con asistencia jurídica y en general no se dio el debido proceso.
4. La expulsión no solo generó el desarraigo sino el desmembramiento de los lazos familiares.
la Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22.1, 22.5 y 22.9 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley), y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma.
En los asuntos previos el Estado dominicano presentó observaciones sobre la calidad de algunas de las víctimas del caso y sobre algunos hechos considerados parte del proceso a último momento o que no debían examinarse por inconsistencias en los testimonios de las víctimas. La Corte desestimó estos argumentos.
Contexto

La Corte se refiere a la situación de pobreza que atraviesan los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, así como a los constantes tratos discriminatorios contra ellos en los que participan las autoridades dominicanas, las dificultades para la obtención de documentos de identidad y las expulsiones sistemáticas (la Oficina del Alto Comisionado de la ONU estima en 30.000 los inmigrantes expulsados anualmente de territorio dominicano por motivo de raza, idioma o nacionalidad). Estas situaciones constituyen un contexto violatorio de la Convención.
Argumentos de las víctimas
Las víctimas aducen que sus detenciones y expulsiones se realizaron de forma arbitraria porque a algunas de ellas ni siquiera les dieron la oportunidad de presentar sus documentos de identidad legales. Además fueron retenidos en sus domicilios sin mediar la orden de un juez.

Sobre los nacidos en República Dominicana, las víctimas argumentan que no puede trasladarse el carácter de residencia ilegal de los padres a los hijos que son dominicanos. Además, para la fecha en que ocurrieron las expulsiones, la mayoría de las víctimas eran menores de edad, lo que constituye una violación a los derechos de la niñez.
Además de ser expresa la poca voluntad estatal en acatar la sentencia, el Gobierno de República Dominicana decidió denunciar el tratado por el que admite la competencia de la Corte para evitar demandas futuras. Así:

• El Tribunal Constitucional de República Dominicana tiene la pretensión de retirarse de la Corte al sustentar que la membresía firmada en febrero de 1999, por el entonces presidente Leonel Fernández, no fue ratificada por el Congreso y por tanto las sentencias de la Corte no son vinculantes.

• La institucionalidad del país dominicano sustenta que la sentencia de la Corte del 28 de agosto de 2014 es una violación a la soberanía de la nación dominicana porque no tomó en consideración que la constitución haitiana expresa que los hijos de haitianos son haitianos sin importan el lugar donde nazcan.

• Para la sociedad dominicana la sentencia de la Corte solo se puede considerar como una injerencia exterior en asuntos internos que el país ya está resolviendo.


INFORME: sobre la violencia contra las mujeres migrantes haitianas, en tránsito y desplazadas, en la frontera dominico-haitiana.

Leer en: http://www.obmica.org/images/Publicaciones/Libros/Petrozziello%20Wooding%202011%20Fanm%20nan%20fwontye%20Violencia%20contra%20mujeres%20migrantes%20haitianas.pdf
Bibliografía
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014). Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005). Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr. Última vez visto: 25 de mayo de 2015.

3. Ordovás, Javier (2014). República Dominicana rechaza la sentencia del CIDH. Periódico Aleteia. Tomado de: http://www.aleteia.org/es/politica/articulo/republica-dominicana-rechaza-la-sentencia-del-cidh-5318548104675328

4. Organización CPAL SOCIAL (2014). CIDH condena sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana: La vergüenza y El peor de los muros. Tomado de: http://www.cpalsocial.org/520.html

5. Periódico Noticias Sin (2014). Senado dominicano rechaza sentencia CorteIDH contra el país. Tomado de: http://www.noticiassin.com/2014/10/senado-dominicano-rechaza-sentencia-corteidh-contra-el-pais/

6. Salgar, Daniel (2014). El retiro de República Dominicana de la Corte IDH carece de sustento. Periódico el Espectador. Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-retiro-de-republica-dominicana-de-corte-idh-carece-d-articulo-526464

7. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011). Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Tomado de: http://www.corteidh.or.cr. Última vez visto: 25 de mayo de 2015.

Conclusiones
En el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas, la Corte demuestra la importancia de una instancia supranacional que vele por los derechos humanos. Como se vio el racismo y la xenofobia hacia los haitianos obedecen a prácticas sistemáticas de la institucionalidad dominicana que han continuado sin importar las denuncias realizadas por diferentes organizaciones.
Conclusiones
El Sistema Interamericano requiere de un mecanismo que le permita evaluar situaciones sistemáticas y generalizadas como en el presente caso. Al respecto cabe mencionar la figura de estado de cosas inconstitucional empleada por la Corte Constitucional Colombiana para hacer frente a situaciones que no pueden circunscribirse a particularidades por su impacto generalizado en determinado grupo poblacional.
Conclusiones
El caso dominicano refleja los retos que tiene el Sistema Interamericano ya que el país ha desacatado parcialmente la sentencia condenatoria previa por antihaitianismo y ha manifestado públicamente su intención de renunciar a la competencia de la Corte para incumplir la sentencia de 2014. ¿Cómo garantizar la permanencia del Sistema si todos los países acuden a la misma estrategia?
Medidas de reparación definidas por la Corte

1. La sentencia es una forma de reparación.

2. Medidas de restitución (facilitar identificación de las víctimas, cesar las investigaciones contra ellas y propiciar su residencia en territorio dominicano).

3. Medidas de satisfacción (publicar el resumen de la sentencia en un diario nacional y en el sitio web del Estado).

4. Garantías de no repetición (capacitación a funcionarios públicos para evitar racismo y garantizar el debido proceso, reformar el derecho interno que legaliza la discriminación y facilitar los procesos de identificación).

5. Indemnizaciones, costas y gastos y reintegro de gastos.
Farly López Díaz y Javier Bergaño Arenas - Derechos Fundamentales y DIH - Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín - Mayo de 2015
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