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ACCIONES CONSTITUCIONALES

CLASE I
by

CESAR DOMINGUEZ

on 20 August 2016

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Transcript of ACCIONES CONSTITUCIONALES

ACCIONES CONSTITUCIONALES EN LA CONTRATACIÒN ESTATAL
MANIFESTACIONES
DEL
ESTADO.
PARTE INTRODUCTORIA
Sobre las Acciones en general.
ACCIONES / CONSTITUCIONALES
Palabra EQUIVOCA => varias acepciones o significados.
Indica conceptos de contenido sustancial.
(Se refiere a
los derechos)
Identifica el derecho que se quiere proteger, usando el nombre del respectivo derecho.
Identifica la rama del derecho a que pertenezca el derecho o la relación jurídica de que se trate
Acciones civiles, laborales, penales, disciplinarias, administrativas, constitucionales, etc.
Acción posesoria, acción contractual,
En algunas materias se refiere al derecho mismo incorporado.
Derecho societario => acción es una unidad en que se divide el capital social.
Indica conceptos de contenido procesal
Petición para poner en movimiento la jurisdicción del Estado
Acciones públicas: que buscan proteger a la comunidad.
Acciones privadas: protegen intereses privados o de un grupo determinado.
acciones declarativas, acciones ejecutivas, acciones indemnizatorias, acciones resolutivas, acciones cautelares, acciones de extinción, prescripción, caducidad.
Actos y Hechos
De los particulares=> Derecho Privado: entre partes.
Derecho Público: actividad pública y de interés público.
Actos:
manifestaciones de la voluntad de la administración.
Ej: Contratos adminsitrativos, Resoluciones de pensión, etc.
Hechos:
acontecimientos que no dependen de la voluntad de la administración, pero que tienen efectos jurídicos.
Ej. Un accidente de vehículo estatal que lesiona derechos a terceros.

Operaciones:
aco adiministrativo + la ejecución el mismo.
Ej: La administración toma la decisión de disolver una manifestación y de hecho lo hace (ejemplo ddo por libardo rodríguez - derecho administrativo general y colombiano)
Omisiones.

Abstención
de la administración para actuar, cuando debía hacerlo.
Ej: Caso carrusel de la contratación en Bogotá. Acusaron de omisión a SM, pues
debió actuar y no lo hizo.
Vías de Hecho.
Irregularidad grosera de la administración. Actúa por fuera del ordenamiento o hace un uso indebido de sus atribuciones o de las normas.
Aspectos constitucionales.
Derechos de Rango Constitucional.
Acciones Constitucionales.
Protección y Efectividad de los Derechos Constitucionales.
Cosntitucionalización del Derecho.
Derechos de 1a, 2a, 3a Generación.

1a Generación. Derechos
Individuales, civiles y políticos
, relacionados con el principio de libertad. Exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada.

Teoría de los Derechos Fundamentales.

2a. Generación.
Derechos económicos, sociales y culturales,
relacionados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos.

3a. Generación.
Derechos Colectivos y del ambiente
. Relacionados con el Principio de Solidaridad.
.
Como
normas
del derecho constitucional tienen su lugar en el nivel más alto del mismo sistema, y su objeto son derechos de elevadisima abstracción y las mas grande importancia. (...) ellas son normas jurídicas y como
tales son aplicables exactamente de la misma manera que todas las demás.
Teoría de Robert Alexy.
1) Teoría de las Reglas.
Estrecha y Rigurosa
Teoría
de los
Derechos
Fundamentales.
su peculiaridad solamente consiste en que
protegen frente al Estado
determinadas posiciones del ciudadano
descritas en abstracto
.
Según la teoría estrecha y rigurosa, las normas que garantizan los derechos fundamentales no se distinguen esencialmente de otras del sistema jurídico.
2) Teoría de los Principios.

Amplia y Comprehensiva (Holística)
Según esta teoría
los derechos fundamentales

no se agotan en el precepto normativo.
Cuando la
aplicación de
textos legales y/o normas
del derecho civil
condujera a la
restricción de un derecho fundamental
, siempre se
exige
que tenga una
PONDERACION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN COLISIÓN
.
CONCLUSIONES
:

1. Derechos fundamentales: además de
regla
son valores o
principios
.

2. Los valores o principios iusfundamentales no valen únicamente en la relación ciudadano - Estado, sino que se
irradia a todos los ambitos del derecho
.
Así los derechos fundamentales se vuelven
ubicuos
.
3. Una colisión de valores o principios sólo se resuelve mediante la ponderación.
Cfr. Test de Igualdad o de Razonabilidad: T-422/92, M.P.: Eduardo Cifuentes: primera sentencia en tratar el tema. C-093/2001, M.P.: Alejandro Martínez Caballero:
Recoge e integra
los modelos preexistentes del
test de igualdad
[
proporcionabilidad
(modelo europeo) -
niveles de intensidad
(modelo norteamericano)] en un nuevo método que reuniera las ventajas de cada uno.
QUÉ TENEMOS AQUÍ? Sistema combinado.

1. Derechos fundamentales explícitos.:
Constitución. Art.11 a 41.
art. 44 y 50: Derechos de los niños son de superior entidad que las de los demás.

2. Bloque de Constitucionalidad: Normas de contenido supranacional, que traten de derechos humanos y en especial: la vida, integridad personal; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; la protección de la familia; los derechos del niño, al Habeas Corpus, entre otros (ver mapa)

3. Doctrina Constitucional y Probable. C-083 de 1995. M.P. Carlos Gaviria. Demanda del Artículo 8 Ley 153 de 1887.
Doctrina Constitucional Integradora:

Art.8 Ley 153 de 1887:

No hay ley aplicable. Vacío Normativo.
Se hace una interpretación directa de la Constitución.

Se hace una aplicación directa de la constitución al caso concreto.

ES OBLIGATORIO Y SOLO LO PUEDE HACER LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Doctrina Constitucional Interpretativa.:

Art. 4 Ley 153 de 1887:

No hay vacío normativo.

Se hace una interpretación de la norma al caso concreto.

ES UN CRITERIO O PAUTA AUXILIAR.
LA HACEN TODOS LOS JUECES.
Doctrina Probable

Jurisprudencia en general: Art. 10 Ley 153 de 1887.

Tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho.

Los jueces PODRÁN aplicarla en casos análogos. C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Esa Sentencia señala que el término "podrán" está condicionado por un sistema de precedentes fuerte, no simplemente indicativo .

La acepción de este término es positiva, es decir, para que sí se aplique la jurisprudencia, y no en un sentido negativo de abstenerse de usarla.
Acciones Constitucionales. Clasificación:

1. Acción de responsabilidad de los servidores públicos.

2. Acciones de responsabilidad civil objetiva, penal, administrativa en general.

3. Acción de Desinvestidura.

4. Acción de inconstitucionalidad.

5. Excepción de inconstitucionalidad.

6. Acción de Tutela.

7. Acciones populares.

8. Acciones de grupo.

9. Acción de cumplimiento.
ACCIONES CONSTITUCIONALES EN DETALLE
1. Acción de responsabilidad de los servidores públicos.
2. Acciones de responsabilidad civil objetiva, penal, administrativa en general.
3. Acción de Desinvestidura.
4. Acción de inconstitucionalidad.
5. Excepción de inconstitucionalidad.
6. Acción de Tutela.
7.Acciones populares.
8. Acciones de grupo.
9.Acción de cumplimiento.
Acción de responsabilidad de los servidores públicos:

disciplinarias, fiscales, penales, etc

Art. 6.

Supuestos de la norma:

a. Parte de la desconfianza del servidor público.

b. No deja que el funcionario sea proactivo. Funcionario "perezoso".
1.
R
esponsabilidad patrimonial.: Art. 90. C.P. y Ley 678 de 2001.


N
aturaleza jurídica: medio idóneo para que la administración obtenga el reintegro del monto que ha debido de pagar a modo de indemnización por los daños antijurídicos que haya causado un agente público
.
C
ONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011)
Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00323-02(39419)
Actor: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Demandado: HERNANDO TRUJILLO POLANCO Y JAIME RUBIO NOVAL
Referencia: ACCION DE REPETICION
Requisitos de procedibilidad:

1. Que la entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños antijurídicos que con su acción u omisión ha causado a un particular;

2. Que se encuentre claramente establecido que el daño antijurídico se produjo como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex-funcionario público;

3. Que la entidad condenada efectivamente haya pagado la suma de dinero fijada por el juez contencioso en la sentencia de condena.
Elementos de la acción de repetición:

1. La calidad de agente del Estado y la conducta desplegada como tal, determinante del daño causado a un tercero, la cual hubiere generado una condena o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de un acuerdo conciliatorio, transacción o cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

2. La existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto;

3. El pago realizado por parte de la Administración;
4. y La calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa.
C-619 de 2002
Referencia: expediente D-3873
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º parágrafo 2º y el artículo 53 (parcial) de la
Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
Actor: Carlos Mario Isaza Serrano
Magistrados Ponentes: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Los tres primeros se ha reconocido son de carácter objetivo.

Por su parte la calificación de la conducta del agente de gravemente culposa o dolosa, es de carácter subjetivo, por lo tanto, se debe analizar con base en la norma vigente en la fecha de presentación de la demanda, siendo estos los artículos 177 del C.P.C. 77 y 78 del C.C.A. (art.3 num 7 Ley 1437 de 2011)
2. Acciones de responsabilidad civil objetiva, penal, administrativa en general.
ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.
Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Acción de Desinvestidura.
Art. 183.
Desarrollado por la Ley 144 de 1994.


1. Esta es decretada por el Consejo de Estado (Sección Quinta)

2. Causales:
a. violación del régimen de inhabilidades,

b. de incompatibilidades,
c. conflicto deintereses,

d. indebida destinación de recursos públicos,
e. tráfico de influencias,

f. por inasistencia injustificada a 6 plenarias en las que se voten PL, AL, o MC.
g. por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días,

h. por violación a los topes máximos de financiación de las campañas.
CASO PIEDAD CÓRDOBA Y SU DESTITUCIÒN COMO SENADORA
(cc) image by nuonsolarteam on Flickr
FUNCIÓN DISCIPLNARIA:

*SON SENADORES SERVIDORES PÙBLICOS?

* SON RE`PONSABLES POR SUS ACTUACIONES?

*CUÁL ES EL LÍMITE?

*SE PUEDE JUZGAR A LOS CONGRESISTAS POR SUS ACTUACIONES.

*INVIOLABILIDAD DE LAS OPINIONES DE LOS CONGRESISTAS
C-1174/04 FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD

(EN ESTE CASO PATRIMONIAL - ACCIÒN DE REPETICIÓN)

i) Todos los servidores públicos, los Senadores y Representantes están sometidos a la Constitución y a la Ley;

ii) que si bien para garantizar la independencia del Congreso en el cumplimiento de sus funciones la Constitución ha establecido mecanismos como la inviolabilidad de los votos y opiniones de sus miembros (art. 185 C.P.) o previsto un fuero especial para el juzgamiento de los delitos que puedan llegar a ser cometidos por ellos (art. 186 C.P.)
ello no comporta que sus actuaciones independientemente de cuáles ellas sean queden sustraídas de cualquier tipo de control;


iii)
que el ámbito de la inviolabilidad establecida en el artículo 185 superior se refiere exclusivamente a los votos y opiniones que emitan los congresistas en ejercicio de sus funciones,
las cuales evidentemente no se limitan a dichos votos y opiniones62;

iv) que además
no pueden
considerarse amparadas por dicha inviolabilidad las actuaciones que el Congresista adelante
por fuera de sus funciones
y

v) que en consecuencia por fuera del ámbito preciso de la inviolabilidad establecida en el artículo 185 superior los Senadores y Representantes
bien pueden llegar a causar un daño que deba ser resarcido por el Estado y respecto del cual pueda caber eventualmente, de llegar a cumplirse las condiciones señaladas en la ley, la acción de repetición.
Acción de inconstitucionalidad.

Art. 237, 241 y 242.

1) En cabeza de la Corte Constitucional.

Por vicios de forma:

Sólo
Actos Legislativos.
Por vicios de fond
o: Leyes y Decretos Leyes.
Consejo de Estado:

Decretos Reglamentarios.
Excepción
de inconstitucionalidad.

Art. 4.
Puede ser aplicada por los Jueces y los Funcionarios Adminstrativos con Funciones Jurisdiccionales (Superintendencias, por ejemplo, Ministerio de la Protección Social)

Ver Sentencias C-119 de 2008 M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-760 de 2008 M.P.: Manuel José Cepeda.
Ley 1437 de 2011.
Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-634 de 2011, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta,
junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de
manera preferente
, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia
. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad
.
Body
Body
Body
C-122 de 2011. M.P.:
Juan Carlos Henao.
Se pronuncia sobre la demanda de incosntitucionalidad del parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso)

Sistema de control de constitucional mixto: concentrado y difuso.
Concentrado (Art. 241)
En cabeza de la Corte Constitucional cuando medie solicitud de acción pública de constitucionalidad o por función propia del control previo (ej. leyes estatutarias)
Difuso. Art. 4.
"cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución." (C-122 de
2011)
Lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto.

INCLUIDA LA CORTE CONSTITUCIONAL
Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución.
ANALISIS DEL CASO
Para el presente caso, cómo entiende Usted que hay una sentencia de constitucionalidad que avala la constitucionalidad de la norma que se pretende invalidar?
Cómo operaría la excepción en el tema administrativo?
No sucede lo mismo con la presunción de legalidad de que goza toda norma?
En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional
no desaparece del sistema jurídico
y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son
inter partes
, solo se aplican para
el caso concreto
y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución. Por este hecho una norma que haya sido exceptuada por cualquier autoridad judicial, administrativa o por un particular cuando tenga que aplicar una norma, puede ser demandada ante la Corte Constitucional que ejercerá el control de constitucionalidad y decidirá en forma definitiva, de manera abstracta, general y con efectos erga omnes si la norma exceptuada es constitucional o no.
Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que las excepciones de inconstitucionalidad que profieren las autoridades judiciales, administrativas o los particulares cuando tengan que aplicar una ley, no elimina la posibilidad que tiene la corporación de realizar el control de constitucionalidad de determinado precepto.
CONSEJO DE ESTADO
SECCION TERCERA
Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil uno (2001).
Radicación número: 73001-23-31-000-1999-2966-01(18210)
Actor: CIRO ERNESTO SABOGAL CORREA
Demandado: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE IBAGUE
Preguntas a desarrollar
Considera Ustede que hay o no lugar a inaplicar una norma por inconstitucional a un caso concreto, así hay ade por medio una sentencia de constitucionalidad favorable?
El papel de intérpete de la norma que have la Corte Constitucional o el Consejo de Estado cuando analiza la constitucionalidad o la legalidad de la norma frente a la consitución, lo have de manera general y abstracta. Entonces, qué pasa con la excepción de incosntitucionalida is esta es para casos concretos?
ANALIZAR FALACIA EN LA ARGUMENTACIÓN
DEL CONSEJO DE ESTADO
Aspectos generales.
Es una acción constitucional de orígen legal.
ACCIONES POPULARES
Artículo 1005 Código Civil:ARTICULO 1005. <ACCIONES POPULARES O MUNICIPALES>. La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.


Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costas del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad. (subrayas fuera del texto)
Objeto: La protección de bienes de uso público.
Acción concreta: intervenir sobre los bines públicos hacia un interés de los usuarios del mismo
Recompensa por interesarse en los bines públicos: una suma de dinero y en caso de que se condene a resarcir con una multa, le corresponde la mitad
.
Posteriormente tuvo desarrollo legal, para materias espcíficas, como: a) protección del consumidor (Decreto 3466 de 1982); b) espacio público y medio ambuiente (Ley 9 de 1989); c) protección del ambiente rural y de os recursos naturales (ley 45 de 1990 - Decreto 663 de 1993)
ARTICULO 88
Desarrollo Legal
.
Ley 472 de 1998
DEFINICIÓN: Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.
Medios procesales
.
¿Cuál es el procedimiento?
Procedencia
Naturaleza
Trámite preferecial??
Jurisdicción
Competencia
Antes de la Ley 472 de 1998: procedimiento abreviado, en dos instancias. Art. 15 Ley 446 de 1998.
Establecido en los artículos 17 y siguientes Ley 472 DE 1998
Contra toda
acción u omisión de las autoridades publicas
o de los
particulares
que
hayan violado o amenacen violar
los derechos e intereses colectivos.
Es de naturaleza preventiva. No es requisito la existencia del daño
No es acción subsidiaria
Es pública
No se necesita ser afectado para poder interponerla.
Las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente,
EXCEPTO
el recurso de
Habeas Corpus
, la Acción de
Tutela
y la Acción de
Cumplimiento.
La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo:
Con ocasión del ejercicio de aquellos actos u omisiones de las entidades publicas.
Con ocasión del ejercicio de aquellos actos u omisiones de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas.
La jurisdicción ordinaria civil conoce de aquellas acciones u omisiones que no conoce la jurisdicción contenciosa administrativa.
Primera instancia: los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito
En
segunda instancia
:
la competencia corresponderá a la
sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo
o a la
Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial
al que pertenezca el Juez de primera instancia
Regla General de Competencia:
Será competente
el juez del lugar de ocurrencia de los hechos
o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
Objeto: protección de los derechos e intereses colectivos
Se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible
características:
Preventivo
Correctivo
No significa que haya habido perjuicio.
Si hay algún perjuicio
, no es la acción popular la indicada sino la de
grupo.
Cesar el peligro, amenaza, vulneración o agravio de los D.C.
Evitar el daño
Derechos que ampara
¿Qué son derechos colectivos?
Los derechos colectivos o de tercera generación, son todos aquellos relacionados con el
mejoramiento y mantenimiento de la buena calidad de vida
, aquellos derechos cuyo disfrute
no
corresponde a un
titular determinado y concreto
,
sino
que a
TODOS
corresponde, y por ende
cualquiera puede solicitar su protección
dado el interés que todos tienen en su conservación y mantenimiento, y cuya vulneración genera conflictos de carácter colectivo.
Derechos e intereses colectivos.
a) El goce de u
n ambiente sano, d
e conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;

b) La
moralidad administrativa;


c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;

d) El goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
;

e) La defensa del
patrimonio público;


f) La defensa del
patrimonio cultural de la Nación;

g) La
seguridad y salubridad públicas
;

h) El acceso a una
infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública;

i) La
libre competencia económica
;

j) El
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportun
a;

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos;

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;

m) La realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
;

n) Los
derechos de los consumidores y usuarios
.

Igualmente son derechos e intereses colectivos los
definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombi
a.
Moralidad Pública
Patrimonio público
El que más se relaciona con la contratación estatal es el de la "moralidad administrativa" y la "defensa del patrimonio público"
La Sala ha reconocido que la moralidad administrativa es un
principio constitucional cuya aplicación, por parte del juez, supone un especial método de interpretación que permita garantizar, de una manera eficaz, la vinculación directa de la función administrativa con el valor de los principios generales proclamados por la Constitución.
Se trata de una tarea compleja y difícil, en tanto requiere de la
aplicación directa de dichos principios
, cuyo contenido, por esencia, es imposible de definir a priori, pues de hacerlo se correrá el riesgo de quedarse en un nivel tan general que cada persona hubiera podido entender algo distinto y dar soluciones diversas.
La moralidalidad administrativa, como todos los principios constitucionales, informa una determinada institución jurídica; por esta razón, para definir su contenido en un caso concreto es necesario remitirse a la regulación de esta última.
De lo dicho se infiere que los principios constitucionales y las instituciones jurídicas se sirven los unos a los otros, dado que aquellos constituyen la fuente de regulación de éstas y la definición del contenido de estas últimas implica regresar a dicha regulación. Esta Sala, teniendo en cuenta
la textura abierta del principio de moralidad administrativa y con la finalidad de lograr su aplicación, esbozó una solución que propone la concreción del mismo mediante ejemplos, de manera que dicha concreción se convierte en el elemento que proporciona al principio un alcance determinado en cada caso. En ese sentido cabe agregar que el derecho colectivo a la moralidad administrativa no se limita a un examen de la situación a la luz del simple texto legal, sino que debe comprender también una relación de todos aquellos valores, principios y reglas que, teleológicamente, forman parte del propio ordenamiento vigente, en cuanto determinaron y justificaron la expedición de las normas en cuestión,
al tiempo que sirven de complemento insustituible para alcanzar la recta inteligencia de las mismas y su verdadero alcance. (CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: ROBERTO MEDINA LÓPEZ. (17) de mayo de dos mil dos (2.002). Radicación número: 50001-23-31-000-2001-9289-01(AP-397) Actor: JESÚS MARIA QUEVEDO DIAZ Y OTRO. Demandado: MUNICIPIO DE ACACIAS)
La Moralidad Administrativa: A pesar de que dicho concepto no está definido en la Constitución Política ni en la Ley 472 de 1998, el literal b) del artículo 4º de la misma, lo reconoce como derecho colectivo, el cual se encuentra relacionado con el artículo 209 de la Constitución Política que señala los principios sobre los cuales se debe desarrollar la función pública, destacándose el de moralidad. En la ponencia para primer debate del proyecto que se convirtió en la Ley 472 de 1998,
se introdujo la siguiente definición de moralidad administrativa: “ Se entenderá por moral administrativa el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propios del buen funcionario”. Sin embargo, esta definición fue eliminada en el segundo debate, de acuerdo con la propuesta presentada por “Fundepúblico”, sin que exista constancia de las razones de la decisión.
Sobre el particular el Consejo de Estado ha precisado
reiteradamente que la moralidad administrativa es una norma en blanco que debe ser interpretada por el juez bajo la hermenéutica jurídica y aplicada al caso concreto conforme a los principios de la sana crítica. La moral administrativa, como principio constitucional está por encima de la diferencias ideológicas y está vinculada a que el manejo de la actividad administrativa se realice con pulcritud y trasparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan que los ciudadanos conserven la confianza en el Estado y se apersonen de él.


El funcionario público en el desempeño de sus funciones debe tener presente que su función está orientada por el interés general, el cumplimiento de la ley y el mejoramiento del servicio. Si el funcionario público o inclusive, el particular, actúan favoreciendo sus intereses personales o los de terceros en perjuicio del bien común, u omiten las diligencias necesarias para preservar los intereses colectivos, o transgreden la ley en forma burda, entre otras conductas se está ante una inmoralidad administrativa que puede ser evitada o conjurada a través de las acciones populares.
(CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.SECCION CUARTA. Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ. (31) de mayo de dos mil dos (2002). Radicación número: 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300). Actor: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Demandado: LA NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA SOCIEDAD DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA Y DEL CARIBE S.A. DRAGACOL S.A.)
Es lo que se pretende proteger en últimas. La moral administrativa es el principio que ha de proteger al patrimonio.
Una recta actuación necesariamente redunda en la correcta aplicación del patrimonio público.
“Por
patrimonio público
debe entenderse el
conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen al Estado, tanto los que se hallan en cabeza de la Nación como de las personas jurídicas estatales
… El derecho o interés colectivo a su defensa viene a ser, entonces,
la aptitud o legitimación que tienen todas las personas en Colombia para esperar que tales bienes se preserven y se apliquen a los fines que corresponden,
de modo que su tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento jurídico…”
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2004, exp. 2002-559, M.P. Rafael Ostau de Lafont Planeta. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de febrero de 2004, exp. 2002-1964, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
ACCIONES POPULARES Y CTOS ESTATATLES
Derechos invocados
Objeto de la AP
Hechos
3. El contrato de Prestación de servicios No. 0023 de 2003 se pactó por dos años, prorrogables de común acuerdo entre las partes. Desde el momento de la celebración del negocio jurídico era previsible que su
ejecución se tornaría indefinida, por la necesidad de dar continuidad a la actividad del recaudo de los impuestos
.
4. El contrato de prestación de servicios No. 0023 de 2003 se
adjudicó a través del procedimiento de contratación directa
omitiéndose el procedimiento de licitación pública.
5. A dicho contrato le fueron acomodadas algunas formalidades para ofrecer la apariencia de regularidad de la contratación directa.
Se fijó como contraprestación la suma de $5.000.000,
para acomodarlo a la
mínima cuantía
, desconociendo el estudio que había hecho el secretario de tránsito en el que aparece que l
as sumas a recaudar ascienden a los
$5.000.000.000,
y teniendo en cuenta que se pactó un porcentaje del
10 por ciento del valor recaudado
durante la gestión mensual.
Derechos e intereses colectivos descritos en los literales b), e) e i) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998
CONSEJO DE ESTADO
SECCION TERCERA
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO
Bogotá, D.C, ocho (08) de junio de dos mil once (2011)
Radicación Número: 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP) Actor: CESAR ALFONSO MENDEZ DOVAL
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA Y OTRO
Contrato de prestación de servicios profesionales para el proceso del cobro coactivo de obligaciones a favor de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, por concepto de comparendos, multas, crédito y demás obligaciones
a favor de la secretaría y demás obligaciones (sic) recuperables vía jurisdicción coactiva, incluyendo los intereses de mora y sanciones respectivas, en sus dos etapas: cobro persuasivo y cobro coactivo, de manera autónoma e independiente
1. El 29 de octubre de 2003 se celebró contrato de prestación de servicios entre el Municipio de Neiva y la Firma Unión Temporal Asesorías Jurídicas Especializadas y Consultorías, en el que el contratista se comprometió a: “
prestar los servicios profesionales para el proceso del cobro coactivo de obligaciones a favor de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, por concepto de comparendos, multas, crédito y demás obligaciones a favor de la secretaría y demás obligaciones (sic) recuperables
vía jurisdicción coactiva,
incluyendo los intereses de mora y sanciones respectivas, en sus dos etapas: cobro persuasivo y cobro coactivo, de manera autónoma e independiente”.
2. El municipio de Neiva no cumplió con las condiciones necesarias para la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales y tampoco para adjudicar directamente, esto es, teniendo en cuenta las especiales características del contratista (Intuito personae).
6.
El contrato
de prestación de servicios No. 0023 de 2003, no sólo conlleva el adelantamiento de
funciones de asesoría, sino que además implica que el contratista asuma la indelegable jurisdicción coactiva.
7. En el contrato de prestación de servicios No. 0023 de 2003, se previó que “por el simple cobro persuasivo el contratista tendría derecho a cobrar la abultada suma correspondiente al diez por ciento (10%) de lo recaudado, sin tener en cuenta que dicho porcentaje estaba previsto en la tarifa de honorarios profesionales del Colegio de Abogados del Huila y Caquetá, pero por toda la tramitación del proceso de ejecución respectivo.”
8. No se tiene conocimiento de que se hayan cumplido las funciones de asesoría, diagnóstico, etapa educacional, montaje e implementación del cobro. Sólo es visible la ejecución de la función de cobro
.
Pretensión Principal
Que se
declare la nulidad absoluta
del contrato de prestación de servicios No. 0023 de 2003 ,
por omisión del requisito indispensable de la licitación o concurso públicos para la escogencia del contratista
Decisión
PRIMERO. MODIFICASE la sentencia proferida en el proceso de la referencia el 22 de marzo de 2006 por el Tribunal Administrativo del Huila.

SEGUNDO.
DECLARANSE violados los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad Administrativa
y deniéganse las pretensiones relacionadas con los otros derechos o intereses colectivos, alegados como violados por el actor, con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.
DENIEGASE la solicitud de declaratoria de nulidad del contrato de prestación de servicios No. 0023 de 2003, celebrado entre el Municipio de Neiva y la Unión Temporal Asesorías Jurídicas Especializadas y Consultorías,
con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. Como medida para proteger los derechos colectivos conculcados, ORDENASE al organismo de control fiscal revisar si la liquidación del contrato No 0023 se hizo en debida forma y si lo reconocido obedece al pago de prestaciones ejecutadas y debidamente comprobadas. De esta revisión se remitirá una copia de la liquidación al Tribunal y se le informará si se detectan conductas que ameriten el adelanto del respectivo proceso de responsabilidad fiscal.

De igual manera, en caso de que el informe arroje que se reconocieron valores a los que no tenía derecho el contratista, en él se debe indicar a la entidad demandada los mecanismos administrativos y judiciales para recuperar tales sumas y éstos deberán ser iniciados de forma inmediata.

QUINTO. COMPÚLSENSE copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría Municipal de Neiva para lo de su competencia.
Consideraciones
1. La moralidad administrativa, entendida como
concepto jurídico indeterminado - o norma en blanco-
implica que, para establecer y determinar su
contenido y alcance, debe ser INTEGRADA POR EL OPERADOR JUDICIAL
en cada caso concreto
, de conformidad con las condiciones fácticas, probatorias y jurídicas
que rodean la supuesta vulneración o amenaza endilgada.
2. En efecto, la
moralidad administrativa
, como tantas veces se ha reiterado por la jurisprudencia y la doctrina, para el caso del ordenamiento jurídico colombiano,
presenta dos diferentes rangos normativos
: i) como
principio de la función administrativa
(art. 209 C.P.) y, ii)
como derecho de naturaleza colectiva
(art. 88 C.P.) .
I) Como
principio de la función administrativa
, debe entenderse como aquél
parámetro normativo de conducta ética
que radica, en cabeza de todos los funcionarios, servidores públicos y particulares que ejercen función administrativa,
una obligación axiológica (VALORES) y deontológica (DEBERES) de comportamiento funcional
según los postulados de la
honradez, pulcritud, rectitud, buena fe, primacía del interés general y honestidad
, sobre las cuales existe un consenso, por parte del conglomerado social, en un período de tiempo determinado.
En ese sentido, para la Sala es claro que
no toda ilegalidad supone una inmoralidad
y, en esa misma relación lógica,
no toda inmoralidad presupone, necesariamente, una ilegalidad;
en efecto, dada la connotación y estructura del principio bajo estudio, se tiene que su amplitud normativa permite inferir, con grado de certeza, que no toda conducta que trasgreda el mismo deba, necesariamente, tacharse de ilegal - en el sentido de vulneración de un precepto de dicho orden-. Es posible, por lo tanto, que ciertas acciones desconozcan fundamentos éticos o morales - en términos de la función administrativa-, pero no necesariamente constituyan el quebrantamiento de una disposición de rango legal.
En ese contexto, para la Sala resulta válido afirmar que
es posible que el operador judicial encuentre probado un desafuero en relación con los parámetros del principio de la moralidad administrativa, sin que, previamente, tenga que verificarse la violación a una norma legal positiva.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el concepto de
moralidad administrativa
, como principio de la función administrativa,
desborda necesariamente, por su textura conceptual, el marco de lo legal y lo ilegal.

Corresponderá por lo tanto, en cada caso concreto, establecer si la conducta de los servidores públicos o particulares que desempeñan función administrativa, se puede enmarcar dentro del campo ético que traza el principio objeto de análisis.
II) Ahora bien, la moralidad administrativa entendida como derecho colectivo se erige como uno de los grandes logros obtenidos con la transformación del Estado Liberal y del Estado de Bienestar de siglo XIX, en la fórmula político - jurídica Social y Democrático de Derecho, en la medida que implica un cambio de concepción política en torno al nuevo centro de legitimidad del poder público,
en tanto se abandona la idea del principio de legalidad como principal y único instrumento de legitimidad para, en su lugar, aceptar una serie de derechos no sólo de rango fundamental sobre los cuales se basamenta y estructura la organización estatal. En esa medida, el nuevo catálogo de derechos de diversas generaciones se yergue como el principal derrotero a través del cual debe ejercerse el poder público.
En esa perspectiva, la moralidad administrativa se radica en cabeza de todos y cada uno de los miembros del conglomerado social. Así las cosas, como lo reconoce Tugendhat, el sustrato de los derechos no puede ser el principio de libertad e igualdad, sino el de necesidad , dado que no todos los individuos actúan de forma autónoma y autosuficiente en la reclamación de la protección de sus derechos subjetivos (fundamentales), sociales, o colectivos. Por consiguiente,
la positivización que hace la Carta Política en relación con el derecho colectivo a la moralidad administrativa, es el reconocimiento expreso que se otorga a todos los miembros de la población para que, soliciten el respeto por los parámetros culturales, morales y éticos hegemónicos que se comparten y son aceptados - en un juicio de universalidad (imperativo categórico), en términos Kantianos - por la comunidad.
En esa medida, es válido afirmar que el derecho bajo estudio no sólo se estructura bajo el esquema clásico de un derecho subjetivo - de abstinencia- o de carácter social –prestacional-, sino que su naturaleza y fundamento son especiales y claramente diferenciables de lo que se ha definido doctrinalmente como derechos netamente subjetivos (dentro de los cuales encontraríamos a los fundamentales cimentados sobre los principios de libertad e igualdad) , y los denominados derechos sociales - que si bien parten del esquema de un derecho subjetivo, se reconoce en ellos un ingrediente adicional como lo es la posibilidad de solicitar una acción positiva por parte del aparato estatal- . Así las cosas,
el derecho colectivo a la moralidad administrativa supone una visión bifronte o dual,
respecto a la formulación y en relación con los efectos que produce su eventual amenaza o vulneración, en tanto que, como derecho o interés colectivo, su protección puede ser deprecada
en términos negativos (abstinencia de ciertas conductas), o en positivos (la realización material de un determinado acto o hecho).
Así las cosas,
la textura del derecho colectivo a la moralidad administrativa (art. 88 C.P.) permite que su protección no sólo pueda ser reclamada en contra de autoridades que cumplen función administrativa –a diferencia de su aplicación como principio de la función administrativa (art. 209 C.P.)-, sino en relación con cualquier autoridad o particular que ejerzan función pública y que, por consiguiente, a través de su actuar puedan llegar a amenazar o vulnerar el mismo
; y, de otra parte, es pertinente resaltar la posibilidad con que cuenta cualquier persona de solicitar del juez competente una medida de protección eficiente e idónea, que consista bien en un deber de abstinencia , o un actuar positivo por parte del sujeto pasivo de la respectiva acción popular, todo con el fin de hacer cesar la amenaza o violación o, en su defecto, restituir las cosas al estado anterior a dicha circunstancia.
CADUCIDAD.
no hay caducidad. habla norma que en cualquier tiempo.
ACCCIONES POPULARES Y ACCIÓN DE TUTELA.
T-734 DE 2009. Ref.: expediente T-2306903. Acción de tutela interpuesta por María Piedad Tenorio Patiño contra Operadores de Servicios del Norte S.A. E.S.P y otro. M.P.:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
requisitos demanda
Few
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Acciones de grupo.
Art. 88.
son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.
CONSEJO DE ESTADO.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA.
SUBSECCION C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 23001-23-31-000-2003-00650-02(AG). Actor: VICENTE SANCHEZ MEJIA Y OTROS. Demandado: EMPRESA COMERCIAL ELEC. S.A Y OTROS
Acciones de grupo o de clase deben ser interpuestas por un cinjunto de personas (20 al menos), que reunan condiciones uniformes respectio de una misma causa.
objeto
La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios
caducidad
CADUCIDAD. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.
competencia
jurisdiccion y competencia
Jurisdicción
Idem
De las acciones de grupo conocerán en
primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito
. En
segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia
.
Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
De las acciones de grupo conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial al que pertenezca el juez de primera instancia.
Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado o demandante, a elección de éste. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
PARAGRAFO. Hasta tanto entren en funcionamiento, los Juzgados Administrativos, de las acciones de grupo interpuestas ante la jurisdicción contencioso administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado.
ARTICULO 52. REQUISITOS DE LA DEMANDA. La demanda mediante la cual se ejerza una acción de grupo deberá reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil o en el Código Contencioso Administrativo, según el caso, y además expresar en ella:
1. El nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder legalmente conferido.
2. La identificación de los poderdantes, identificando sus nombres, documentos de identidad y domicilio.
3.
El estimativo del valor de los perjuicios que se hubieren ocasionado por la eventual vulneración
.
4. Si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, expresar los criterios para identificarlos y definir el grupo.
5. La identificación del demandado.
6. La justificación sobre la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3 y 49 de la presente ley.
7. Los hechos de la demanda y las pruebas que se pretendan hacer valer dentro del proceso.
PARAGRAFO. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, el cual debe ser determinado. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio ordenará su citación.
ARTICULO 55. INTEGRACION AL GRUPO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso,
antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo.
Quien no concurra al proceso, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia
, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.

La integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.

Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud el interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo.
Esta consideración en términos lógicos significa, que
la interpretación que se le debe dar a la Ley que desarrolle las acciones de grupo no puede ser restrictiva, sino extensiva de las actuaciones administrativas que pueden dar lugar a la generación de daños y a la consecuente responsabilidad patrimonial del Estado
. Se infiere entonces, que en el entender de la sala, la interpretación de la sentencia de primera instancia, contraviene la Constitución Política y en particular la naturaleza y esencia que ella le otorga a la acción de grupo, toda vez que,
perfectamente una acción de este tipo puede centrar su atención exclusivamente en un daño producido por un acto administrativo, y esta posibilidad, a su vez, no se puede limitar: El daño lo puede producir un acto administrativo legal, pero también uno ilegal.
( …)
En lo que respecta a la posibilidad de que en una acción de grupo se pueda analizar el daño originado en un acto administrativo ilegal, sin que esto demande, un pronunciamiento de nulidad, su solo planteamiento resulta absurdo.
(...) Una acción judicial como la de nulidad y restablecimiento del derecho, está configurada en el derecho colombiano, como una
acción de tipo material, es decir, una acción cuya finalidad es proteger intereses de carácter subjetivo,
que pueden resultar afectados con la ilegalidad de un acto administrativo que necesariamente y de manera previa, debe ser declarada por el juez de conocimiento.
La experiencia francesa de la “acción de plena jurisdicción”, de la que probablemente proviene la lógica de esta acción, ha enseñado, que cuando
un daño antijurídico es producido por un acto administrativo ilegal, debe declararse la nulidad de este, pero también y como consecuencia de lo anterior, reconocerse el pago de unos perjuicios.
Acción de cumplimiento.
Art. 87
Está consagrada constitucionalmente en Colombia y posee en su redacción un objetivo sub exámine que es el de hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.
Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.
En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.
Núcleo Esencial
.

El núcleo esencial de la acción de Cumplimiento lo constituye la expresión “hacer efectivo”, que también se reproduce en la Ley Reglamentaria del artículo 87 Superior y en virtud de ello, ese ha de ser el criterio que guíe la interpretación que se haga, tanto por el accionante como por el accionado.
Mutatis mutandi,
si se concibe que con la acción de grupo se puede y se debe conocer también de daños producidos por actos administrativos ilegales en virtud de su configuración constitucional (literal a), se debe decir, que en estos casos, el juez del conocimiento, debe declarar la ilegalidad del acto administrativo (nulidad) y luego imputar el daño alegado a esta actuación del Estado, para solo con base en ello, reconocer una indemnización de perjuicios.
Como consecuencia de lo anterior, si el juez de la acción de grupo se encuentra frente a un daño alegado por un número plural de personas, imputable a un acto administrativo ilegal, debe determinar si esto en efecto es así o no, y sólo en caso de lo primero, le resultará posible identificar y tasar los perjuicios alegados por los actores.
La declaratoria de nulidad de actos administrativos, constituye entonces un presupuesto, para aquellas acciones de grupo en que se alegan daños imputables a la ilegalidad de este tipo de manifestaciones unilaterales.
Esto requiere que se tomen los
textos
normativos
y
aun las

normas
, se
interpreten
a la luz de la
constitución
y de los p
pios generales del derecho

para cada caso en concreto.
Guastini:

Enunciado Normativo
ES DIFERENTE
a Norma

Enunciado: texto simple.

Norma: texto + interpretación.
Multiplicidad de Sentidos y Significados
Hay
tantas normas
como
interpretaciones
del texo normativo haya.

Esto depende de:

Fuentes d Derecho.
Métodos de Interpretación.
Dogmática Jurídica.
Pretención de Corrección.
Subjetividad del Intérprete.
Otras acciones populares existentes en nuestro ordenamiento, como las reguladas por el Código Civil, la ley de reforma urbana y el estatuto financiero, no desaparecen en la medida en que su trámite y procedimiento se debe sujetar a las normas generales previstas en esta ley y por tanto,
no se oponen al ordenamiento constitucional, sino que por el contrario, se multiplican para formar un amplio conjunto de instrumentos de protección de los derechos de las personas y en particular, de la comunidad.
De igual forma, es preciso manifestar que las acciones populares previstas en distintas legislaciones para la protección de los derechos colectivos, en la medida en que no violan el artículo 88 de la Constitución, ni se oponen a la ley 472 de 1998, encuadran dentro del ordenamiento jurídico y se convierten en mecanismos específicos aplicables a situaciones especiales.
SENTENCIA C-215/99
LEY 1437 DE 2011

ARTÍCULO 145. REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO.
Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales,
puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia
.


Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte
a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio.

Acto administrativo no puede anularse mediante acción popular

Las acciones populares contra actos administrativos proceden, siempre que estos amenacen o vulneren los derechos e intereses colectivos, recordó el Consejo de Estado. En esa medida,
el juez constitucional tiene la facultad de suspender la aplicación o ejecución de dichos actos, si se acredita tal vulneración o amenaza.

La Sección Primera del alto tribunal reiteró que
la nulidad de dichos actos es de competencia exclusiva del juez contencioso administrativo.
Por lo tanto, mal podría entenderse que mediante el trámite de una acción popular se pueda anular un acto administrativo.

En el caso analizado, la Sala confirmó la sentencia apelada en la que se negó la acción popular con la que se buscaba anular la licencia concedida para la construcción del tramo vial San Francisco – Mocoa (Putumayo).

En ambas instancias, la jurisdicción consideró que las entidades demandadas estaban relevadas de realizar la consulta previa, pues en el área donde se realizará el proyecto no hay presencia de comunidades indígenas ni esta fue acreditada por los accionantes
.

(Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 52001233100020100068001, ago. 15/13, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno)

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-130927-03acto_administrativo_no_puede_anularse_mediante_accion_popular_/noti-130927-03acto_administrativo_no_puede_anularse_mediante_accion_popular_.asp
SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD:
Todas son condicionadas a los cargos y los hechos que sustentan la demanda.
Las sentencias no pueden eliminar las disposiciones del ordenamiento jurídico, sino que eliminan las interpretaciones de las mismas que sean contrarias a los principios constitucionales.
Hay tantas sentencias de constitucionalidad como posibles interpretaciones del texto normativo haya.
Se pueden inaplicar vía Excepción de Constitucionalidad (Acción de Constitucionalidad) las sentencias de constitucionalidad, en el entendido que la interpretación contenida en la ratio decidendi podría, en determinadas circunstancias, violar principios constitucionales *** buscar ejemplos***
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