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ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ECUADOR - Sebastián Abad Jara

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Transcript of ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ECUADOR - Sebastián Abad Jara

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL
Justicia ordinaria

ÓRGANOS QUE IMPARTE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
Justicia administrativa
Justicia Extraordinaria
Justicia constitucional; justicia de paz; electoral;
laboral colectiva;
justicia indígena

Medios alternativos de solución de conflictos
Arbitraje y mediación
ÓRGANOS JURISDICCIONALES
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
ÓRGANOS AUXILIARES
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
La Función Judicial ecuatoriana se encuentra divida en cuatro órganos:
Clasificación conforme al artículo 177 de la Constitución de la República
Los órganos encargados de administrar justicia se dividen en:
Clasificación conforme al artículo 178 de la Constitución de la República, y al 170 del Código Orgánico de la Función Judicial

Presidente de la Corte Nacional
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
TRIBUNALES DISTRITALES
Conformación
Art. 206.- En cada provincia funcionará una Corte Provincial de Justicia integrada por el número de juezas y jueces necesarios para atender las causas, según lo resuelva motivadamente el Consejo de la Judicatura. Provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria, de acuerdo a los resultados vinculantes de los concursos de oposición y méritos. Las juezas y jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia excepto en materia contencioso administrativa y contencioso tributaria, que mantendrán la actual estructura de los tribunales distritales.
Cuando de acuerdo con los estudios correspondientes no se necesitare que en una Corte Provincial existan ocho salas, funcionarán un número menor de ellas. El Consejo de la Judicatura, asimismo, de acuerdo con las necesidades del servicio judicial de la provincia las irá aumentando progresivamente, y podrá crear más de una sala por materia.
CORTES PROVINCIALES DE JUSTICIA
TRIBUNALES Y JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
El órgano administrativo de la Función Judicial, se compone de la siguiente manera:
Clasificación conforme al artículo 178 de la Constitución de la República, y al 254 del Código Orgánico de la Función Judicial
Funciones
Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:
1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestarla de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.
3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.
4. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.
5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán con el voto conforme de cinco de sus vocales, salvo las suspensiones y destituciones que requerirán el voto favorable de siete de sus integrantes.

Consejo de la Judicatura
De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, en el art. 254.- El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos.

Los órganos autónomos de la Función Judicial, son los siguientes:
Clasificación conforme al artículo 178 de la Constitución de la República, y al 38 del Código Orgánico de la Función Judicial
Defensoría Pública
Fiscalía General del Estado
Selección
SELECCIÓN Y FUNCIONES
Los órganos auxiliares están compuestos por:
Clasificación acorde al artículo 178 de la Constitución de la República, y a los artículo 296, 312, 320, 321 322 del Código Orgánico de la Función Judicial
Notarios
En esta división no se incluye a los juzgados de paz, por razones de orden y de lograr un mayor entendimiento
Integración
Art. 432.- La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
CORTE CONSTITUCIONAL
Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia.
Elección de los Jueces de Paz
Art. 189.- [...] Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en Derecho.
JUZGADOS DE PAZ
Art. 189.- Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.
Las juezas y jueces de paz utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado. [...]

Funciones
Art. 70.- El Tribunal Contencioso Electoral tendrá, las siguientes funciones:

1. Administrar justicia como instancia final en materia electoral y expedir fallos;
2. Conocer y resolver los recursos contenciosos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y los organismos desconcentrados;
3. A petición de parte, conocer y resolver las resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral relativas a la vida de las organizaciones políticas;
4. Conocer y resolver los asuntos litigiosos internos de las organizaciones políticas;
5. Sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, las vulneraciones de normas electorales;
6. Resolver en instancia definitiva, sobre la calificación de las candidatas y candidatos en los procesos electorales;
7. Conocer y resolver las quejas que se presentaren contra las consejeras y consejeros, y demás funcionarios y miembros del Consejo Nacional Electoral y de las juntas provinciales electorales;
8. Dictar en los casos de fallos contradictorios, por mayoría de votos de sus miembros, la disposición que debe regir para el futuro, con carácter obligatorio, mientras no se disponga lo contrario;
9. Declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral, en los casos establecidos en la presente Ley;
10. Expedir las normas sobre ordenación y trámite de los procesos, así como las resoluciones y la reglamentación necesaria para su funcionamiento;
11. Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto ordinario y el extraordinario para procesos electorales;
12. Designar al Secretario o Secretaria General del Tribunal, de una terna presentada por el presidente o presidenta;
13. Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en esta ley;
14. Conocer y absolver acerca de las consultas sobre cumplimiento de formalidades y procedimiento de las remociones de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados; y,
15. Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley relacionadas con su competencia.

Sus fallos y resoluciones constituyen jurisprudencia electoral, son de última instancia e inmediato cumplimiento y no serán susceptibles de revisión.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
Art. 61.- El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral, conocer y absolver acerca de las consultas sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento de los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y dirimir conflictos internos de las organizaciones políticas.
TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LABORAL
Declinación de competencia
Art. 345.- Los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas, declinarán su competencia, siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido. A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción indígena.
JUSTICIA INDÍGENA
Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.
El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Tribunal de lo Contencioso Tributario
Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Bancos y Seguros

Superintendencia de Telecomunicaciones

Superintendencia de Comunicaciones

Servicio de Rentas Internas

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Controlaría General del Estado
De entre las más importantes instituciones administrativas que imparten justicia, se encuentran:
Funciones

Art. 184.- Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes:
1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley.
2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración.
3. Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero.
4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia.


Según el artículo 184 de la Constitución.-
Integración y selección
Art. 182 .- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley.

Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá un presidente para el período de un año. Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares. La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en Quito.

Designación
Art. 176.- El Consejo de la Judicatura realizará los concursos de oposición y méritos de las juezas y jueces con la debida anticipación a la fecha en que deben cesar en sus funciones los respectivos grupos; para que en la fecha que cese cada grupo entren a actuar quienes deban reemplazarlos.
Estructura
Funciones
Art. 199.- A la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:
1. Representar a la Función Judicial. Esta representación no deberá entenderse como la representación legal que, para fines de administración y gobierno, le corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo de la Judicatura;
2. Elaborar la agenda, convocar y presidir el Pleno de la Corte Nacional de Justicia;
3. Conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado;
4. Poner en consideración del Pleno, para su resolución, las consultas formuladas por las juezas y jueces sobre la inteligencia y aplicación de las normas;
5. Conceder licencia hasta por ocho días a los jueces y demás servidores de la Corte Nacional de Justicia; y,
6. Los demás asuntos que establezca la ley.
Selección
Salas especializadas
Integración
Salas de lo Contencioso Administrativo
Salas de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
Salas de lo Civil y Mercantil
Salas de lo Laboral
Salas de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores
Salas de lo Contencioso Tributario
Fuero de Corte Nacional
De acuerdo a la Constitución en el art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por nueve vocales (a partir del 2011 se cambió por 5) con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones seis años y no podrán ser reelegidos; para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará, de entre sus integrantes, una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente, para un periodo de tres años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros.
Integración y selección
Estructura
Presidente de la Consejo de la Judicatura
Funciones
Pleno del Consejo de la Judicatura
Integración
Dirección General del Consejo de la Judicatura
Funciones
Funciones
De acuerdo a la Constitución, en su artículo 191, se entiende por Defensoría del Pueblo a:
" [...] un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; estará representada por la Defensora Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado."

Mientras que para el Consejo de la Judicatura, en el artículo 285, es: "[...] es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República."

Mientras que para el Consejo de la Judicatura, en el artículo 281: "[...] es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República."


De acuerdo a la Constitución, en su artículo 194, se entiende por Fiscalia General del Estado como:
" [...] es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso"

Según el artículo 182 de la Constitución.-
Art. 173.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por veintiún juezas y jueces, quienes se organizarán en salas especializadas. Serán designados por el Consejo de la Judicatura para un periodo de nueve años, conforme a un procedimiento de concursos de oposición y méritos, con impugnación y control social. Se promoverá, a través de medidas de acción afirmativa, la paridad entre mujeres y hombres. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus puestos conforme a este Código.
Según el artículo 173 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 178 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 178.- La Corte Nacional de Justicia funcionará a través de la siguiente estructura:
1. El Pleno;
2. Las salas especializadas;
3. La Presidenta o el Presidente de la Corte Nacional;
4. La Presidenta o el Presidente de Sala; y,
5. Las conjuezas y los conjueces.
Según el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 198.- Las juezas y jueces titulares elegirán de su seno a la Presidenta o al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la primera quincena del periodo correspondiente, por votación escrita y secreta. Durará en sus funciones tres años. En caso de impedimento o ausencia temporal, le subrogará la jueza o juez más antiguo, de haber dos o más designados al mismo tiempo, lo será el primer nombrado. Si la ausencia es definitiva, se convocará de inmediato al Pleno para elegir nueva Presidenta o Presidente, quien únicamente completará el período.
Pleno de la Corte Nacional
Funciones
Art. 180.- Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:
1. Juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 431 inciso segundo de la Constitución;
2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de triple reiteración;
3. Dirimir los conflictos de competencia entre salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia;
4. Discutir y aprobar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia; y presentarlos por medio de su Presidenta o Presidente a la Asamblea Nacional;
5. Conceder licencia entre nueve y sesenta días a los jueces que la integran, y declararles en comisión de servicio cuando fuere del caso;
6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial;
7. Designar, en los casos previstos por la ley, los representantes de la Función Judicial ante las entidades y organismos del sector público, y ante organismos internacionales; y,
8. Ejercer las demás atribuciones que establecen la Constitución, la ley y los reglamentos.
Conformación y Quorum
Según el artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 179 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 179.- El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se integrará con sus veintiún juezas y jueces. Actuará como Secretaria o Secretario, la Secretaria o el Secretario General de la Corte. El quórum para la instalación y funcionamiento será de por lo menos doce juezas y jueces. El quórum para la toma de decisiones igualmente será de por lo menos doce votos conformes. De no alcanzarse esta votación, se tomará una nueva en la siguiente sesión; y si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzan por lo menos los doce votos, la propuesta se considerará denegada.
Según el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 183.- La Corte Nacional de Justicia estará integrada por las siguientes Salas Especializadas:
1. De lo Contencioso Administrativo;
2. De lo Contencioso Tributario;
3. De lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito;
4. De lo Civil y Mercantil;
5. De lo Laboral; y,
6. De la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.


El Pleno de la Corte Nacional de Justicia designará a las Juezas y los Jueces Nacionales que integrarán cada Sala, en el número que la necesidad del servicio de justicia lo requiera, tomando en cuenta su especialidad. Esta resolución podrá modificarse en cualquier tiempo, sin que en ningún caso, el número de jueces por Sala sea inferior a tres. El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, integrará al menos una Sala. A pedido suyo, durante el tiempo que desempeñe la Presidencia, podrá actuar en su lugar la Conjueza o el Conjuez que se designe por sorteo. Una Jueza o un Juez Nacional podrá integrar más de una Sala por necesidad del servicio de justicia, lo cual será resuelto por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, respetando el principio de especialidad. Cada Sala especializada nombrará a su Presidente o Presidenta para el período de un año, quien no podrá ser reelecto inmediatamente.


Según el artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 185.- La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo conocerá:
1. Los recursos de casación en las causas en materia administrativa;
2. Los recursos de casación en los juicios por controversias originadas en contratos celebrados entre el Estado o las instituciones del sector público y los particulares;
3. Los recursos de casación por juicios iniciados por los administrados, por inacción de la Administración en la prestación de servicios públicos o por reclamos debido a deficiente o irregular servicio, brindado por las delegaciones, concesiones o privatizaciones entregadas mediante respectivo convenio;
4. Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual;
5. Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y los autos definitivos dictados dentro de los procesos de excepciones a la coactiva en materia no tributaria;
6. Los recursos de casación en las causas por indemnización de daños y perjuicios propuestas por los particulares en contra de las instituciones del Estado; así como los recursos de casación por la responsabilidad declarada de sus servidores, o de las personas a las que por delegación o concesión se les haya entregado servicios públicos;
7. Los conflictos de competencia positivos o negativos entre autoridades o dependencias del sector público, referente a servicios públicos; y,
8. Los demás que establezca la Ley.


Art. 185.- [...] Por su parte, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario conocerá:
1. Los recursos de casación en las causas en materia tributaria incluso la aduanera;
2. Las acciones de impugnación que se propongan en contra de reglamentos, ordenanzas, resoluciones, y otras normas de carácter general de rango inferior a la ley, de carácter tributario, cuando se alegue que tales disposiciones riñen con preceptos legales y se persiga, con efectos generales, su anulación total o parcial. Dichas acciones de impugnación podrán proponerse por quien tenga interés directo, o por entidades públicas y privadas. La resolución se publicará en el Registro Oficial; y,
3. Los demás asuntos que establezca la ley.


Según el artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 186 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 186.- La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito conocerá:
1. Los recursos de casación y revisión en materia penal, incluida la penal tributaria y penal aduanera;
2. Los recursos de apelación de las sentencias en procesos penales por delitos de acción privada, que se sigan a personas sujetas a fuero de Corte Nacional, y, de la sentencia en juicio verbal sumario de liquidación de daños y perjuicios, reconocidos en causas penales en que hubieran sido imputados o acusados funcionarías o funcionarios sujetos al antes mencionado fuero. Se hallan sujetos a fuero de Corte Nacional en materia penal únicamente las autoridades, funcionarías y funcionarios que señalen la Constitución y la ley;
3. Los recursos de apelación en toda causa penal que se promueva contra las personas sujetas a fuero de Corte Nacional;
4. Los recursos de casación y de revisión en los procesos penales por delitos de función cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de su misión específica;
5. Los recursos de casación y de revisión en los procesos penales por delitos de función cometidos por los miembros de la Policía Nacional en ejercicio de su misión específica;
6. Los recursos de casación y de revisión por infracciones en materia de tránsito;
7. Las contravenciones de tránsito como de policía cometidas por personas que gozan de fuero de Corte Nacional; 8. Los demás asuntos que establezca la Ley.


Según el artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 190.- La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil conocerá:
1. Los recursos de casación y de apelación en materia civil y mercantil que no conozcan otras Salas, que establezca la ley, incluidos los recursos de casación en materia de inquilinato y de colusión;
2. Conocer en primera y segunda instancia las controversias que en asuntos civiles se incoen contra el Presidente de la República; y,
3. Los demás asuntos que establezca la ley.


Art. 191.- La Sala Especializada de lo Laboral conocerá:
1. Los recursos de casación en los juicios por relaciones laborales nacidas del contrato individual de trabajo;
2. Los recursos de casación en juicios por ejecución de convenios acerca de conflictos colectivos de trabajo, que sean motivo de reclamación por el trabajador o empleador en cuanto a sus derechos individuales o particulares; y,
3. Los demás asuntos que establezca la ley.


Según el artículo 191 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 189.- La Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y de Adolescentes Infractores conocerá:
1. Los recursos de casación en los juicios por relaciones de familia, niñez y adolescencia; y los relativos al estado civil de las personas, filiación, matrimonio, unión de hecho, tutelas y curadurías, adopción y sucesiones;
2. Los recursos de casación y revisión en los procesos seguidos contra adolescentes infractores; y,
3. Los demás asuntos que establezca la ley.


Según el artículo 189 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Fuero por delitos de acción privada
Según el artículo 194 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 194.- La Sala de lo Penal conocerá de las acciones que se sigan contra las personas sujetas a fuero de Corte Nacional de Justicia por delitos de acción privada y colusorios. Se observarán las siguientes reglas:
1. La primera instancia será sustanciada por una jueza o juez de la Sala Penal designada o designado por sorteo;
2. Los recursos de apelación serán conocidos por tres juezas o jueces constituidas o constituidos en Tribunal, designados por sorteo; y,
3. El recurso de casación será conocido por otras tres juezas o jueces de la Sala Penal, constituidos en Tribunal, designados por sorteo. En los casos de violencia intrafamiliar no se reconoce fuero especial considerando el procedimiento expedito y la intervención oportuna requerida.
Casos de fuero en materias civiles, mercantiles, de familia, de niñez y de trabajo
Según el artículo 195 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 195.- En los casos expresamente permitidos por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado en que se siguiere una acción concerniente a otros asuntos que no sean penales, de tránsito o colusorios contra los embajadores y agentes diplomáticos extranjeros, conocerá la sala especializada respectiva, con observancia de las siguientes reglas:
1. La primera instancia será conocida y resuelta por el Presidente de la Sala;
2. El recurso de apelación será resuelto por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo;
3. El recurso de casación será resuelto por otras tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo; de faltar una jueza o juez, actuará una conjueza o conjuez; y,
4. Las diligencias preparatorias serán evacuadas por la Presidenta o el Presidente de la Sala. No se admitirán a trámite diligencias preparatorias si no se precisa la vinculación que tendrá con el juicio que se va a proponer. El mismo procedimiento se observará cuando un particular proponga demanda o solicite acto preparatorio en contra de la Jefa o del Jefe de Estado.
Fuero por delitos de acción pública
Según el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 192.- La Sala de lo Penal conocerá las acciones que, por responsabilidad penal de acción pública, se sigan contra:
Presidente de la República
Vicepresidente de la República
Asambleístas
Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Jueces de la Corte Nacional de Justicia
Vocales del Consejo de la Judicatura
Defensor del Pueblo
Contralor General del Estado
Fiscal General del Estado,
Defensor Público General
Procurador General del Estado
Ministros y Secretarios de Estado
Secretario General de la Administración Pública
Superintendentes
Consejeros del Consejo Nacional Electoral
Jueces del Tribunal Contencioso Electoral
Jueces de las Cortes Provinciales
Suplentes de estas autoridades, cuando estuvieren subrogándolos. [...]
Art. 192.- [...] Se observarán las siguientes reglas:
1. Será competente para conocer la indagación previa, la instrucción fiscal y sustanciar la etapa intermedia, una jueza o juez, designada o designado por sorteo;
2. Los recursos de apelación y de nulidad serán conocidos por tres juezas o jueces constituidas o constituidos en Tribunal, designados por sorteo;
3. La etapa del juicio será conocida por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo;
4. El recurso de casación será conocido por tres juezas o jueces, constituidos en Tribunal, designados por sorteo; y,
5. Para conocer el recurso de revisión serán competentes tres juezas o jueces que no hubieren intervenido en la causa, conformados en Tribunal; de ser necesario, se designarán tantos conjueces como haga falta, por sorteo.

En estos casos de fuero de Corte Nacional, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, estarán a cargo de la o el Fiscal General del Estado. La investigación pre procesal y procesal en contra del Fiscal General, corresponderá al Fiscal General Subrogante. En los casos de violencia intrafamiliar no se reconoce fuero especial considerando el procedimiento expedito y la intervención oportuna requerida.
Conforme el artículo 181 de la Constitución de la República.-
Conforme el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 258.- El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de una impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación y Control Social. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrán fiscalizar y juzgar a sus miembros. Los Miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos.

Conforme el artículo 261 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 261.- El Consejo de la Judicatura ejercerá sus funciones a través de los siguientes componentes estructurales:
1. El Pleno;
2. La Presidencia;
3. La Dirección General; Las Direcciones Provinciales serán ejercidas por el Presidente de la Corte Provincial, conjuntamente con los Delegados que el Consejo de la Judicatura determine, de conformidad con la regulación de la materia.
Las unidades administrativas necesarias, cuya creación, organización, funciones, responsabilidades y control establecen y regulan este Código y el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, según corresponda, se encargarán de la planificación estratégica, la gestión del talento humano, la transparencia y la difusión a la comunidad de los resultados de su gestión.

Conforme el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 269.- A la Presidenta o el Presidente le corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la ley y los reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno;
2. Elaborar el orden del día; convocar y presidir las sesiones del Pleno, y supervisar el cumplimiento de las resoluciones;
3. Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la Judicatura a la Asamblea Nacional y someterlo a consideración de aquel;
4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas y demás documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y resoluciones de carácter normativo interno expedidos por el Pleno;
5. Suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial;
6. Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la Función Judicial, con organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos últimos no contemplen asuntos que tengan el carácter de tratados o instrumentos internacionales; y,
7. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos.
Funciones
Conforme el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 264.- Al Pleno le corresponde:
1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores Distritales, a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial;
2. Remover libremente a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones regionales, directores administrativos nacionales y directores provinciales;
3. Aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del plan estratégico de la Función Judicial; [...]

[...] 8. En cualquier tiempo, de acuerdo con las necesidades del servicio de la Función Judicial:
a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente.
b) Establecer o modificar la sede y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juezas y jueces de primer nivel; excepto la competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias;
c) En caso de que, del informe técnico correspondiente, aparezca que existe en forma transitoria en determinada rama de la actividad judicial o en una localidad un número muy alto de causas sin despacho, podrá crear salas o juzgados temporales que funcionarán por el periodo de tiempo que señalará o hasta que se despachen las causas acumuladas; en estos casos se procederá al nuevo sorteo de causas para asignarlas a estas salas o juzgados temporales; y,
d) Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las cuales funcionarán de forma desconcentrada. [...]
[...] 10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Etica de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;
11. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestación escrita o multa a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de la Corte Nacional de Justicia;
12. Conocer los recursos que se dedujeren contra las sanciones disciplinarias impuestas por las direcciones regionales a las abogadas y a los abogados por las infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con este Código; [...]
[...] 9. Fijar y actualizar:
a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de los servicios notariales;
b) las tasas por servicios administrativos de la Función Judicial;
c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares necesarios en la tramitación de causas, así como organizar el sistema pericial a nivel nacional. El monto que se cobren por estas diligencias judiciales o procesales podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura en la forma que establezca la resolución que para el efecto se dictará por esta entidad; y sistematizar un registro de los peritos autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización suficiente;
[...] 13. Conocer los informes que presentaren: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y resolver sobre sus recomendaciones;
14. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros, o absolverles si fuere conducente. Si estimare, que la infracción fuere susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las impondrá; y,
15. Emitir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial cuando le sean consultados por la Función Legislativa o Ejecutiva.
[...] 4. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial;
5. Rendir, por medio de la Presidenta o el Presidente del Consejo, el informe anual ante la Asamblea Nacional;
6. Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación según la Constitución. En el caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general de la Función Judicial;
7. Nombrar, previo concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social, a las notarias y los notarios, y evaluar los estándares de rendimiento de los mismos, en virtud de lo cual podrá removerlos de acuerdo lo establecido en este Código; [...]
Conforme el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 262.- El Pleno se integrará con sus cinco Miembros o por quienes les sustituyeren. Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o impedimento de ambos, por el Miembro que designe el Pleno. Actuará como Secretaria o Secretario del Pleno, la Secretaria o el Secretario del Consejo o quien le sustituyere.
Art. 280.- A la Directora o al Director General le corresponde: 1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, administrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, evaluación, formación profesional y capacitación continua, en el ámbito de su competencia;
2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; 3. Autorizar el gasto de la Función Judicial, excepto de los órganos autónomos, y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
4. Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coactivo para recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial, con arreglo al trámite establecido en la ley.

5. Definir y ejecutar los procedimientos para el mejoramiento y modernización de la Función Judicial, para la selección, concursos de oposición y méritos, permanencia, disciplina, evaluación y formación y capacitación de las servidoras y servidores de la Función Judicial, en el ámbito de su competencia;
6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras judicial, fiscal y de defensoría pública, así como para los servidores de los órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente y homologada entre sí;
7. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a las directoras o a los directores regionales, a las directoras o a los directores provinciales y a las directoras o a los directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidores y servidoras de la Función Judicial. La resolución de suspensión será susceptible de apelación para ante el Pleno del Consejo de la Judicatura;
8. Presentar informe al Pleno del Consejo, anualmente, o cuando este lo requiera; y,
9. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. El Director General podrá, por simple oficio, delegar sus funciones a los servidores de la Función Judicial, cuando lo considere necesario.
Conforme el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 286.- A la Defensoría Pública le corresponde:
1. La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en este código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón de su situación económica o social;
2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente;
3. La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación del tribunal, jueza o juez competente;
4. Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el reglamento respectivo, se constate que la situación económica o social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría Pública;
5. Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará la orientación a los intereses de la persona defendida;
6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas;
7. Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría Pública.
8. Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el reglamento que dicte el Defensor Público General;
9. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública;
10. Establecer los estándares de calidad y normas de funcionamiento para la prestación de servicios de defensa pública por personas o instituciones distintas de la Defensoría Pública y realizar evaluaciones periódicas de los mismos. Las observaciones que haga la Defensoría Pública son de cumplimiento obligatorio;
11. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales en la Defensoría Pública; y,
12. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.
Art. 287.- El Defensor Público es la máxima autoridad y la representación legal de la Defensoría Pública corresponderá a quien sea designado como tal en el ámbito de sus competencias. Para ejercer la máxima autoridad se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política;
2. Tener título de abogada o abogado, legalmente reconocido en el país, y conocimientos en gestión administrativa; y,
3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años. La designación de esta autoridad corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se hará de conformidad al procedimiento que establecen los artículos 209 y 210 de la Constitución de la República. La persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional. El período de funciones será de seis años, sin posibilidad de reelección. Cumplido el período, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. No podrá ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, salvo la docencia universitaria que la ejercerá fuera de horario de trabajo.
Según el artículo 287 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Selección
SELECCIÓN Y FUNCIONES
Funciones
Según los artículos 195 y 282 de la Constitución de la República y del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.
Art. 283.- El Fiscal General del Estado es la máxima autoridad y la representación legal de la Fiscalía General del Estado corresponderá a quien sea designado como tal en el ámbito de sus competencias. Para ejercer la máxima autoridad se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación política; 2. Tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y conocimientos en gestión administrativa; y, 3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años. La designación de esta autoridad corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se hará de conformidad al procedimiento que establecen los artículos 209 y 210 de la Constitución de la República. La persona designada se posesionará ante la Asamblea Nacional. El período de funciones será de seis años, sin posibilidad de reelección. Cumplido el período, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo. No podrá ejercer su profesión ni ocupar otra función pública o privada, salvo la docencia universitaria que la ejercerá fuera de horario de trabajo.
Según el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 282.- A la Fiscalía General del Estado le corresponde:
1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal;
2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las indagaciones previas en las etapas del proceso penal;
3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria;
4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y tratados internacionales;
5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia médico legal;
6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones, al personal de la Policía Judicial;
7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial;
8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre profesionales en la Fiscalía General del Estado;
9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal; y,
10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.
Según el artículo 429 de la Constitución de la República.-
Selección de los Jueces
Art. 434.- Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. En la integración de la Corte se procurará la paridad entre hombres y mujeres.
Prerrogativas
Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las siguientes atribuciones:
1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante.
2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado. [...]

Estructura interna
Art. 188.- Para el cumplimiento de sus funciones la Corte Constitucional estará organizada internamente de la siguiente manera:
1. Pleno de la Corte Constitucional.
2. Sala de admisión.
3. Sala de selección de procesos constitucionales.
4. Salas de revisión de procesos constitucionales.
5. Presidencia.
6. Secretaría General.
7. Órganos de apoyo.
8. Centro de Estudios Constitucionales.

Presidente de la Corte Constitucional
Funciones
Según el artículo 193 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-
Art. 193.- Son funciones de la Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional las siguientes:
1. Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la Corte Constitucional.
2. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno.
3. Elaborar y presentar para aprobación del Pleno el proyecto de presupuesto de la Corte Constitucional.
4. Designar a las y los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional, conforme los reglamentos internos.
5. Establecer conjuntamente con la o el Secretario de Gestión Institucional la planta de personal de la Corte Constitucional.
6. Aprobar las bases de la convocatoria de los concursos públicos para el ingreso de las y los funcionarios de la Corte Constitucional.
7. Decidir las cuestiones que afecten al funcionamiento interno de la Corte Constitucional, no señaladas por esta Ley.
8. Delegar las funciones que considere necesarias conforme el reglamento.
9. Conformar comisiones especiales.
10. Ejercer funciones que le correspondan como jueza o juez.
11. Las demás que establezca esta Ley y el reglamento.


Pleno de la Corte Constitucional
Se entiende a pleno, de acuerdo al artículo 189 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a la reunión de todas las juezas y jueces de la Corte Constitucional conforma el Pleno de la Corte.
Funciones
Según el artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-
Art. 191.- Funciones.- Corresponde al Pleno de la Corte Constitucional:
1. Elegir con por lo menos cinco votos de sus integrantes a la Presidenta o Presidente, y la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Corte Constitucional.
2. Ejercer las funciones de control constitucional previstas en la Constitución de la República y en la presente ley, de la siguiente manera:
a) Ejercer el control abstracto de constitucionalidad del sistema jurídico.
b) Resolver sobre los informes y las consultas que se formulen en desarrollo del control concreto de constitucionalidad.
c) Resolver sobre las sentencias de unificación en el caso de las acciones de protección, extraordinaria de protección, incumplimiento, hábeas corpus, hábeas data y acceso a la información pública.
d) Resolver sobre las acciones extraordinarias de protección de derechos en contra de decisiones de la justicia ordinaria e indígena.
e) Ejercer las funciones previstas en los artículos 129, 130, número 1; 134, número 4; 145, número 5; 148; y, 436, número 7 de la Constitución de la República.
3. Organizar las salas de admisión, selección y revisión de conformidad con lo establecido en esta ley.
4. Designar al Secretario General, al Secretario Técnico Jurisdiccional y al Secretario de Gestión Institucional, conforme los candidatos propuestos por el Presidente de la Corte Constitucional. El Pleno podrá devolver las candidaturas si no son idóneas.
5. Tramitar y resolver las excusas obligatorias de las juezas y jueces de la Corte Constitucional.
6. Aprobar el presupuesto de la institución conforme el proyecto presentado por la Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional.
7. Ejercer la función disciplinaria respecto de la actuación de las juezas o jueces de la Corte Constitucional y sancionar de conformidad lo establecido en esta ley.
8. Expedir, interpretar y modificar a través de resoluciones los reglamentos internos necesarios para el funcionamiento de la Corte Constitucional.
9. Preparar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que sean de competencia de la Corte Constitucional, previa su presentación a la Asamblea Nacional, así como ejercer la potestad normativas establecidas en el numeral 10 del artículo 436 de la Constitución.
10. Las demás que establezca la ley y los reglamentos internos y las demás no atribuidas a los demás órganos.

Selección
Según el artículo 435 de la Constitución de la República.-
Art. 435.- La Corte Constitucional elegirá de entre sus miembros, a una Presidenta o Presidente y a una Vicepresidenta o Vicepresidente, quienes desempeñarán sus funciones durante tres años, y no podrán ser reelegidos de forma inmediata. La Presidenta o Presidente ejercerá la representación legal de la Corte Constitucional.


Funciones de los jueces
Art. 194.- Las juezas y jueces de la Corte Constitucional desempeñarán las siguientes funciones:
1. Formar parte del Pleno de la Corte Constitucional con derecho a voz y voto.
2. Formar parte de las diferentes salas de la Corte Constitucional conforme lo establecido en la presente ley.
3. Realizar la sustanciación de las causas y elaborar los proyectos de sentencias que profiera la Corte Constitucional.
4. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional.
5. Las demás funciones delegadas por el Pleno o la Presidenta o Presidente de la Corte Constitucional.
6. Cumplir con el plan estratégico y los planes operativos anuales de la Corte Constitucional.
7. Las demás que establezca esta Ley y los reglamentos internos de la Corte Constitucional.
Según el artículo 194 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-
Salas de admisión, selección y revisión
Según los artículos 197, 198, 199 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-
Sala de admisión
Sala de selección
Sala de revisión
Art. 199.- Salas de revisión.- Para efectos de la revisión de sentencias de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y resoluciones de medidas cautelares, la Corte Constitucional tendrá salas de revisión de procesos, compuestas, cada una, por tres juezas o jueces designados para cada caso por el Pleno, de manera rotativa y al azar. Cada una de estas salas estará presidida por una de las tres juezas o jueces de la respectiva sala.
Art. 198.- Sala de selección.- Para efectos de la selección de sentencias en materia de garantías jurisdiccionales y las resoluciones de medidas cautelares, la Corte Constitucional tendrá una Sala de Selección compuesta por tres juezas o jueces que actuarán mensualmente de manera rotativa.
Las decisiones de la Sala de Selección serán discrecionales y no cabrá ningún recurso contra ellas.

Art. 197.- Sala de admisión.- La Corte Constitucional contará con una Sala de Admisión encargada de calificar y admitir la procedencia de acciones constitucionales en los casos y términos establecidos en la ley. Esta sala estará integrada por tres juezas o jueces constitucionales, que actuarán mensualmente de manera rotativa.
La Sala de Admisión deberá realizar un análisis exhaustivo de la demanda en las acciones extraordinarias de protección y de cumplimiento para determinar el estricto apego a los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en esta Ley.

Según el artículo 432 de la Constitución de la República.-
Según el artículo 188 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.-
Según el artículo 434 de la Constitución de la República.-
Según el artículo 436 de la Constitución de la República.-
[...] 5. Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias.
6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. [...]


De acuerdo con el artículo 171 de la Constitución de la República.-
Art. 343.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio o consuetudinario, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. No se podrá alegar derecho propio o consuetudinario para justificar o dejar de sancionar la violación de derechos de las mujeres.
De acuerdo con el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
De acuerdo con el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Integración
Art. 474.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará compuesto por cinco vocales: el inspector del trabajo, quien lo presidirá, dos vocales designados por el empleador y dos por los trabajadores. Los suplentes serán dos por cada parte.
No podrán ser vocales del tribunal quienes tuvieren interés directo en la empresa o negocio, o en la causa que se tramita. En caso de transgresión, el culpable será sancionado con las penas establecidas para el prevaricato.
El tribunal nombrará, de fuera de su seno, al secretario, mientras lo haga, actuará en tales funciones la persona designada por la autoridad que conoce del pliego.

Según el artículo 474 del Código de Trabajo.-
Designación de los vocales
Art. 473.- En caso de que las partes o alguna de ellas no designare los vocales que le corresponda, o de que los nombrados no se posesionaren, la designación será hecha por la autoridad que conozca del asunto.

Según el artículo 473 del Código de Trabajo.-
Funciones
Abstrayendo la idea de estos artículos, los tribunales serán competentes para la solución de los conflictos colectivos en caso de no ponerse de acuerdo en los términos del contrato colectivo o al no ponerse de acuerdo, dentro de la mediación obligatoria después de la presentación de un pliego de peticiones por parte de los trabajadores.
Según los artículos 224, 225, 470 y 472 473 del Código de Trabajo.-
Conforme al artículo 189 de la Constitución de la República.-
Conforme al artículo 189 de la Constitución de la República.-
De acuerdo a nuestra Carta Magna:
Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.
En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley.


Conformación del Tribunal Arbitral
Art. 16.- […] el director del centro de arbitraje enviará a las partes la lista de árbitros, para que de común acuerdo designen en el término de tres días los árbitros principales y el alterno que deban integrar el tribunal. […]
Las partes, de común acuerdo, podrán designar árbitros de fuera de la lista presentada por el respectivo centro.
Las partes podrán acordar expresamente y por escrito que sea un solo árbitro el que conozca de la controversia. Este árbitro tendrá su alterno.
Si las partes no efectuaren la designación de alguno o varios árbitros o no se pusieren de acuerdo en ella, la designación se hará por sorteo, para lo cual el director del centro de arbitraje notificará a las partes a fin de que, en la fecha y hora que se señale y ante el presidente del centro de arbitraje, se efectúe el sorteo […]
Tratándose de arbitraje independiente, las partes designarán en el convenio arbitral al árbitro o árbitros principales y al alterno que deban integrar el tribunal.
Si las partes no se pusieren de acuerdo para nombrar todos los árbitros, los designados, una vez posesionados, nombrarán a los que faltaren.
En el evento de que el árbitro o árbitros independientes no aceptaren o no se posesionaren de su cargo y los árbitros posesionados no se pusieren de acuerdo en el nombramiento de los árbitros que faltaren, cualquiera de las partes podrá pedir la designación de éstos al director del centro de arbitraje más cercano al domicilio del actor. Dicha designación se la hará conforme a lo establecido en el presente artículo.


Arbitraje
Mediación
Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias.
Según el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación.-
Según el artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación.-
Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.


Según el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación.-
Procedencia de la mediación
Art. 46.- La mediación podrá proceder:
a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación. [...]
b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,
c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. [...]


Según el artículo 46 de la Ley de Arbitraje y Mediación.-
Defensoría del Pueblo
De acuerdo a la Constitución, en su artículo 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior.

Funciones
Defensor del Pueblo
Selección
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.-
Art. 3.- El Defensor del Pueblo será elegido por el Congreso Nacional en Pleno con el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de sus miembros, para un período de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez.
Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, a más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 de esta Ley, las siguientes:
a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del Pueblo;
b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional;
c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la institución;
d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de cada año;
e) Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 de la Constitución Política de la República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo;
f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por personas jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando el Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario;
g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad;
h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos;
i) Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los derechos humanos;
j) Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular;
k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, con criterios que constituirían doctrina para la defensa de los derechos humanos;
l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales de actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;
m) Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo cumplimiento de los mismos;
n) Representar al país en los foros internacionales sobre las materias de su competencia;
o) Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, contra las violaciones de derechos humanos que sufran los ecuatorianos residentes en el exterior, mediante la utilización de las vías diplomática o judicial internacional;
p) Informar anualmente al Congreso Nacional sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo. Los informes, también podrán ser presentados, en cualquier momento cuando la gravedad del caso lo exija o el Congreso Nacional lo requiera; y,
q) Las demás que establezcan la Constitución Política de la República y la Ley.


Funciones de la Defensoría del Pueblo
Según el artículo 215 de la Constitución de la República.-
Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes:
1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.
3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas

Según el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.-
Es importante señalar lo mencionado en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Art. 10.- En cada provincia existirá una representación de la Defensoría del Pueblo, a cargo de un comisionado que, en la respectiva circunscripción territorial, y por delegación del Defensor del Pueblo, tendrá las funciones, deberes y atribuciones que el titular le encomiende.
Los comisionados deben reunir los mismos requisitos que para ser ministros de las Cortes Superiores de Justicia, con excepción el referente a la carrera judicial.

De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 296.- El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia. El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e imparcial

Ingreso al servicio notarial
Según el artículo 298 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 298.- El ingreso al servicio notarial se realizará por medio de un concurso público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control social, y con el procedimiento establecido en este Código, que será dirigido por la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, sin perjuicio de que la formación inicial esté a cargo de la Escuela de la Función Judicial. Las disposiciones contenidas en este Código relativas a la convocatoria, calificación, selección, impugnación, formación inicial y nombramiento para el ingreso a las diferentes carreras de la Función Judicial, se aplicarán en lo que sea pertinente al ingreso al Servicio Notarial. Los concursos no podrán privilegiar la experiencia frente a la preparación académica y la evaluación de desempeño.
Duración del cargo
Según el artículo 300 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 300.- Las notarias y los notarios permanecerán en el ejercicio de sus funciones seis años, y podrán ser reelegidos por una sola vez. Quienes hubieren sido reelectos podrán, libremente, participar en los concursos que se abran respecto de otras notarías, cuando concluya su segundo período.
Deberes de los notarios
Según el artículo 301 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 301.- El servicio notarial es permanente e ininterrumpido. Para cumplir sus funciones, cuando el caso amerite o las partes lo requieran, podrá autorizar los actos o contratos fuera de su despacho notarial. También son deberes de las notarias y notarios:
1. Presentar su relación de gastos así como el presupuesto de gastos ordinarios y extraordinarios ante el Consejo de la Judicatura.
2. Declarar bajo juramento los valores cobrados por los servicios prestados en forma mensual y depositar en la cuenta única del Tesoro Nacional lo que exceda del monto máximo que le sea permitido percibir por el desempeño de la función notarial que no podrá ser superior al señalado en el artículo 304. La falsedad en las declaraciones tributarias o el ocultamiento en la inscripción o registro de bienes muebles o inmuebles, será motivo de destitución, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.
Depositarios
Casos de intervención
Según el artículo 314 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 314.- Las depositarias y los depositarios judiciales intervendrán en los embargos, secuestros de bienes y otras medidas legales y se harán cargo de éstas en la forma que conste en el acta respectiva
Designación
Según el artículo 313 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 313.- Si la jueza o juez, por circunstancias especiales, considera conveniente, podrá nombrar como depositaria o depositario al mismo poseedor del bien embargado o secuestrado. En los demás casos se estará a lo que dispongan las leyes pertinentes.


Síndicos
Designación
Según el artículo 320 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 320.- Son deberes y atribuciones de la síndica o el síndico:
1. Representar judicial y extrajudicialmente a la masa de acreedores, activa y pasivamente;
2. Practicar las diligencias conducentes a la seguridad de los derechos y a la recaudación de los haberes de la quiebra, insolvencia o concurso preventivo, y liquidarlos según las disposiciones de ley;
3. Llevar los libros de ingresos y egresos debidamente documentados; depositar diariamente, en el banco correspondiente, las cantidades que recaude; y remitir, cada seis meses, a la jueza o al juez de la causa y a la dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, un informe de sus actividades, con el detalle del movimiento contable, bajo pena de destitución; y,
4. Los demás que establezcan la ley y los reglamentos
Martilladores
De acuerdo al Código Comercio, en su artículo 104.- Los martilladores son oficiales públicos encargados de vender públicamente, al mejor postor, productos naturales, muebles y mercaderías sanas o averiadas, u otros objetos de lícito comercio, por causa de quiebra, remate voluntario, u otra que designe la Ley. La Corte Superior de cada Distrito nombrará uno o más Martilladores para cada Cantón, aplicando las disposiciones relativas al nombramiento de Notarios, debiendo fijar el monto de la caución personal o hipotecaria que deba rendir, previamente al desempeño de dicho cargo.



Régimen legal aplicable
Según el artículo 321 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 321.- En cuanto a los requisitos para su designación, sus deberes y atribuciones, prohibiciones y cauciones se estará a lo señalado en este Código, al Código de Comercio y demás disposiciones legales y reglamentarias. Las infracciones a las prescripciones de estos cuerpos legales serán sancionadas de conformidad con las prescripciones de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Obligaciones
Según el artículo 106 del Código de Comercio.-
Art. 106.- Son obligaciones del Martillador:
1.- Ejecutar las ventas por si mismo en la forma que determina la Ley y los Reglamentos del caso;
2.- Organizar un almacén para la exhibición de las especies que deban venderse durante los días anteriores a la fecha de la venta, y por lo menos durante ocho horas diarias, en todos los días hábiles; y,
3.- Publicar un Boletín diario o bisemanal, según el Reglamento que expida la Corte Superior de Cada Cantón, en el que se hará conocer al público las especies que van a venderse, con determinación de su valor, la fecha y hora del remate
Liquidadores
Funciones
Según el artículo 322 del Código Orgánico de la Función Judicia
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Art. 322.- Las liquidadoras y los liquidadores de costas tendrán a su cargo la liquidación de las costas y los costos procesales, comprendidos intereses y cualquier indemnización respecto de la obligación principal. Se prohíbe expresamente que actúe como liquidadora o liquidador de costas una servidora o servidor judicial. La trasgresión a esta norma constituirá falta disciplinaria cuya gravedad será graduada por la autoridad sancionadora.
Art. 219.- Les corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso tributario:
1. Conocer y resolver las controversias que surgen entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, responsables o terceros por actos que determinen las actuaciones tributarias o que establezcan responsabilidades de las mismas o por las consecuencias que se deriven de las relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de las leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario;
2. Conocer de las impugnaciones que presenten los contribuyentes o interesados directos contra todo acto administrativo de determinación tributaria proveniente de la administración tributaria nacional, seccional o de excepción; inclusive de todo acto administrativo que niegue peticiones de compensación o facilidades de pago, niegue recursos de revisión, imponga sanciones por incumplimiento de deberes formales o niegue reclamos de pago indebido;
3. Conocer de las acciones de prescripción de créditos tributarios, intereses y multas, iniciadas contra la administración tributaria nacional, seccional o de excepción; [...]

Según el artículo 219 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Atribuciones y deberes

Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Art. 217.- Corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo contencioso administrativo:
1. Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la administración pública y los particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos o hechos no tuvieren carácter tributario;
2. Supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos, y la potestad reglamentaria de la Administración no tributaria, como también las acciones judiciales que se incoen por su inactividad;
3. Conocer y resolver las impugnaciones que se propusieren en contra de los reglamentos, resoluciones y más actos normativos de rango inferior a la ley, en materia no tributaria, provenientes de las instituciones del Estado que integran el sector público;

Según el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Atribuciones y deberes

Conforme al artículo 61 del Código de la Democracia.-
Conforme al artículo 70 del Código de la Democracia.-
[...] 3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la Constitución.
4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo. [...]

[...] 7. Dirimir conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución.
8. Efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción, cuando impliquen la suspensión de derechos constitucionales.
9. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.
10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley.



Conjueces
Numero y cantidad
Art. 200.- El Consejo de la Judicatura, en coordinación con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, determinará el número de conjuezas y conjueces que sean necesarios para la Corte Nacional de Justicia y la sala especializada a la cual serán asignados. Las conjuezas y los conjueces serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidades que las juezas y jueces. Desempeñarán sus funciones a tiempo completo y con dedicación exclusiva.
Funciones
Según el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 201 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 201.- A las conjuezas y a los conjueces les corresponde:
1. Reemplazar, por sorteo, a las juezas y jueces en caso de impedimento o ausencia;
2. Integrar, por sorteo, el Tribunal de tres miembros para calificar, bajo su responsabilidad, la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos que corresponda conocer a la sala especializada a la cual se le asigne y para conocer y resolver las causas cuando sea recusada la sala por falta de despacho;
3. Organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fin de que los utilicen en sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fin de ponerlos a conocimiento del Presidente de la sala para que los eleve hasta el Pleno de la Corte; y,
4. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.

Según el artículo 206 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Fuero de Corte Provincial
La Corte Provincial podrá "conocer, en primera y segunda instancia, toda causa penal y de tránsito que se promueva contra las personas que se sujetan a fuero de corte provincial."
Y los funcionarios que gozan de este fuero tuvieron que haber incurrido en infracciones cometidas con ocasión del ejercicio de sus funciones, y estos son:
Gobernadores
Gobernador Regional
Prefectos
Alcaldes
Intendentes de Policía
Jueces de los tribunales y juzgados
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Comandante General del Ejército
Comandante General de la Marina
Comandante General de la Fuerza Aérea
Comandante General de la Policía.

Según el numeral 2 del artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

En estos casos de fuero de Corte Provincial, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, estarán a cargo de las o los Fiscales Provinciales
Funciones
Art. 208.- A las salas de las cortes provinciales les corresponde:
1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad y los demás que establezca la ley;
2. Este numeral se refiere al fuero que será explicado más adelante;
3. Conocer en segunda instancia los asuntos colusorios;
4. Actuar como tribunal de instancia en todos aquellos casos en los que la ley así lo disponga;
5. Dirimir la competencia que surja entre juezas o jueces de territorio y entre éstos y judicaturas especiales del mismo; y la de cualquiera de los anteriormente nombrados con las juezas y jueces o con las judicaturas especiales de otro territorio. En este último caso, el conocimiento corresponde a la Corte Provincial a cuya provincia pertenece el tribunal o juzgador provocante;
6. Conocer, en única instancia, las causas para el reconocimiento u homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a la materia, corresponderá a la Sala Especializada. En caso de existir dos salas, se establecerá la competencia por sorteo. Una vez ejecutoriada la sentencia que declare el reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la ejecución de la misma corresponderá al juzgador de primer nivel del domicilio del demandado, competente en razón de la materia;
7. Recibir las dudas de las juezas y jueces de su distrito sobre la inteligencia de la ley y enviarlas a la Corte Nacional de Justicia con el informe correspondiente; y,
8. Las demás que establezcan la Constitución, la ley y los reglamentos

Según el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Salas especializadas
Art. 209.- El Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de salas de una Corte Provincial, hará la distribución y precisará la competencia por razón del territorio, la materia y del grado de cada una de ellas. Si se crearen nuevas salas, el mismo Consejo hará la redistribución que corresponda.

Según el artículo 209 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Presidente de la Corte Provincial
Art. 210.- La Presidenta o el Presidente de la Corte Provincial será elegida o elegido de entre las juezas y jueces, en la primera quincena del año correspondiente, por votación escrita, secreta y por mayoría de votos. Durará dos años en sus funciones. De existir más de una sala, la elección se efectuará de forma alternativa entre las diversas salas. Los Presidentes de las Cortes Provinciales no integrarán ninguna sala. El Consejo de la Judicatura regulará el sistema de reemplazo de la vacante producida en la sala del Presidente elegido. Concluido su periodo se reintegrarán a su sala de origen


Según el artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

Art. 212.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o el Presidente de Corte Provincial:
1. Elaborar el orden del día, convocar y presidir las sesiones del Pleno de la Corte;
2. Representar protocolariamente a la Corte Provincial;
3. Supervisar la instrucción fiscal en los casos de fuero de Corte Provincial, garantizando los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal; y,
4. Las demás que establezca la ley
Según el artículo 212 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones
[...] 4. Conocer de las acciones que propongan contra las registradoras y los registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto o contrato, y las acciones subsiguientes contra tales funcionarias y funcionarios para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal negativa; 5. Conocer de las acciones directas del pago indebido propuestas contra la administración nacional, seccional y de excepción; 6. Conocer de las acciones de pago por consignación que se propongan contra la administración tributaria nacional, seccional o de excepción; 7. Conocer de los recursos de queja que se propusieren contra las autoridades tributarias; 8. Conocer de las excepciones al procedimiento de ejecución; 9. Dirimir la competencia entre autoridades tributarias, conforme el Art. 80 del Código Tributario, si el conflicto surge entre autoridades tributarias de su jurisdicción o entre éstas y las de otro territorio, en cuyo caso conocerá el tribunal que ejerza jurisdicción en el territorio de la autoridad provocante; y, 10. Los demás asuntos que establezca la ley

4. Conocer y resolver las demandas que se propusieren contra actos, contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o producidos por las instituciones del Estado que conforman el sector público y que afecten intereses o derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas; inclusive las resoluciones de la Contraloría General del Estado, así como de las demás instituciones de control que establezcan responsabilidades en gestión económica en las instituciones sometidas al control o juzgamiento de tales entidades de control. Igualmente conocerán de las impugnaciones a actos administrativos de los concesionarios de los servicios públicos y de todas las controversias relativas a los contratos suscritos por los particulares con las instituciones del Estado;
5. Conocer de las acciones de prescripción de créditos fiscales no tributarios que propongan contra la administración nacional, regional, municipal o de las demás personas jurídicas que integran el sector público;

6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual;
7. Conocer las demandas que se propongan contra los actos administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Director General y los Directores Provinciales;
8. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, en las que se reclame la reparación de las violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia de la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos;

9. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las que se reclame la reparación de los daños y perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal;
10. Conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación de posturas; así como también las acciones de nulidad del remate, los reclamos de terceros perjudicados y tercerías;
11. Conocer de las impugnaciones efectuadas por los titulares de la administración pública respecto de actos lesivos al interés público y que no puedan ser revocados por la propia administración;
12. Conocer de las impugnaciones a las declaraciones de ruina y órdenes de ejecución de obras de conservación, reforma y rehabilitación de inmuebles;
13. Conocer de las impugnaciones a sanciones administrativas firmes contra las servidoras y los servidores públicos, emanadas de las instituciones del Estado que conforman el sector público, cuando tales cuestiones de personal no se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de servidoras y servidores públicos; salvo lo dispuesto en normas especiales;
14. Conocer y resolver las causas que instaure la Administración para repetir las indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes dentro de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad declarada de sus servidores o de las personas que por delegación, concesión o privatización, se les haya entregado servicios públicos; y,
15. Los demás asuntos que establezca la ley.
Jueces de lo Civil y Mercantil
Art. 239.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de lo civil y mercantil que determine el Consejo de la Judicatura.
Residirán en la localidad que señale el Consejo de la Judicatura, el mismo que fijará la circunscripción territorial en que tenga competencia. En caso de no establecer esta determinación se entenderá que es cantonal.

Según el artículo 239 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 240.- Son atribuciones y deberes de las juezas y los jueces de lo civil:
1. Conocer y resolver en primera instancia los asuntos contenciosos y de jurisdicción voluntaria cuyo conocimiento no esté atribuido a otra autoridad;
2. Conocer y resolver, en primera instancia, todos los asuntos de materia patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que corresponda conocer privativamente a otras juezas y jueces;
3. Conocer de la indemnización de daños y perjuicios, derivados de delitos cuando en el juicio penal no se hubiese deducido acusación particular;
4. Conocer en primera instancia de los juicios colusorios; y,
5. Los demás asuntos determinados por la ley.


Según el artículo 239 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones
Jueces de Inquilinato y Relaciones Vecinales
Art. 242.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de inquilinato y relaciones vecinales que determine el Consejo de la Judicatura, el cual fijará la sede y la circunscripción territorial en que ejercerán su competencia. Si no se determina el ámbito territorial, tendrán competencia cantonal.
Según el artículo 242 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 243.- Corresponde a la jueza o juez de inquilinato y relaciones vecinales conocer y resolver de las demandas, reclamaciones y actos preprocesales derivados de relaciones del arrendamiento, subarrendamiento y comodato de toda clase de inmuebles en los perímetros urbanos y de locales para la vivienda, vivienda y taller y vivienda y comercio en los perímetros rurales, del anticresis de locales para vivienda, vivienda y comercio y vivienda y taller, así como de las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal, y las demás demandas y reclamaciones sometidas a su competencia de acuerdo con la ley.
Según el artículo 243 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones
Jueces del Trabajo



Art. 237.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces del trabajo que determine el Consejo de la Judicatura, el cual señalará el ámbito de su competencia y el lugar de su sede. De no determinarse el ámbito territorial, tendrán competencia distrital.



Según el artículo 237 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

Art. 238.- Corresponde a las juezas y los jueces del trabajo conocer y resolver, en primera instancia, los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad.
Según el artículo 238 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones
Jueces de Familia, Niñez y Adolescencia


Art. 233.- En cada cantón existirá una judicatura de familia, mujer, niñez y adolescencia, conformada por juezas y jueces especializados de conformidad con las necesidades de la población.



Según el artículo 233 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

Art. 234.- Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas:
1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean también las notarías y notarios;
2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley que las regula; [...]
Según el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones

[...] 3. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión;
4. Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores; y,
5. Las demás que establezca la ley.
Jueces Únicos o Multicompetentes
Art. 244.- El Consejo de la Judicatura, podrá crear juzgados únicos o multicompetentes, preferentemente en cantones o parroquias rurales apartados. Residirán en la localidad que señale el Consejo de la Judicatura, el cual fijará la competencia territorial correspondiente.
Según el artículo 244 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 245.- Las juezas y los jueces únicos o multicompetentes dentro de la circunscripción territorial que el Consejo de la Judicatura determine conocerán de todas las materias.
Según el artículo 245 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Funciones
Tribunales Penales
Competencia

Art. 221.- Los Tribunales Penales son competentes para:
1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de acción penal pública, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo prescrito en la Constitución de la República y demás leyes del país;
2. Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea propuesto; y,
3. Realizar los demás actos procesales previstos en la ley.
Jueces especializados
Jueces penales ordinarios
Según el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

Art. 225.- Las juezas y jueces de lo penal, además de las competencias atribuidas en el Código de Procedimiento Penal, son competentes para:
1. Garantizar los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal, conforme a las facultades y deberes que le otorga la ley;
2. Practicar los actos probatorios urgentes;
3. Dictar las medidas cautelares personales o reales;
4. Sustanciar y resolver los delitos de acción privada;
5. Sustanciar y resolver el procedimiento abreviado;
6. Conocer y resolver, en primera instancia, las causas por ilícitos tributarios, incluidos los aduaneros de su jurisdicción;
7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; y,
8. Los demás casos que determine la ley.

Jueces penales de lo Militar y Policial
Art. 227.- Las juezas y los jueces penales de lo militar y de lo policial sólo conocerán de las materias que les están asignadas en la Constitución y demás leyes especializadas.
Para que surta efecto el fuero penal militar o policial, deberán concurrir estos requisitos:
1. Que la persona imputada haya cometido el delito en ejercicio de sus funciones específicas; 2. Que este delito esté tipificado en los respectivos códigos penales militar y policial como delito de función; 3. Que la persona imputada se encuentre en servicio activo.
Para el juzgamiento de infracciones comunes, serán siempre competentes las juezas y jueces penales ordinarios.
Jueces de Adolescentes Infractores
Art. 228.- Son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencias y resoluciones de primera instancia en todos los asuntos relativos a adolescentes infractores y los demás que determine la ley. En cada distrito habrá, por lo menos, una jueza o juez especializado en adolescentes infractores.
Jueces de Garantías Penitenciarias
Jueces de Tránsito
Art. 229.- Son competentes para conocer, sustanciar y dictar sentencia, según sea el caso, en los procesos por infracciones de tránsito de acuerdo a la ley de la materia.
Art. 230.- En los distritos en donde funcionen establecimientos penitenciarios, habrá por lo menos una jueza o un juez de garantías penitenciarias con asiento en la ciudad donde tenga su sede la Corte Provincial de Justicia.
La jueza o el juez de garantías penitenciarias tendrá como función principal el brindar amparo legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios, a cuyo efecto visitarán los establecimientos penitenciarios cada mes y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que les presente las internas o los internos o las funcionarias o funcionarios o empleadas o empleados. [...]
Funciones
Jueces de Violencia contra la Mujer y Familia
Según el artículo 221 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 224 del Código Orgánico de la Función Judicial.-

Art. 224.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de lo penal ordinarios que determine el Consejo de la Judicatura, el cual señalará la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta determinación se entenderá que es distrital. Conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, según sea el caso, en los procesos penales que les asigna la ley.

Según el artículo 227 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 228 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Según el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
[...] Serán competentes para:
1. Conocer, sustanciar y dictar las resoluciones, según sea el caso, en cumplimiento de condenas impuestas por la comisión de un delito de acuerdo a la ley de la materia; 2. Supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a las y los condenados o a las funcionarias o a los funcionarios del sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control;
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja, libertad controlada, conmutación, régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier otra modificación de las condenas impuestas por la comisión de delitos. Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicionada, pre libertad y medidas de seguridad de los condenados;
4. Conocer de las impugnaciones a las resoluciones administrativas en la ejecución de las penas, dictadas de conformidad con el Código de Ejecución de Penas;
5. Ejercer las funciones jurisdiccionales en materia de ejecución de penas privativas de la libertad y medidas de seguridad, previstas en la ley y reglamento que regulen lo relativo a la rehabilitación;
6. Ejercer el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades administrativas penitenciarias; y,
7. Ejercer las demás atribuciones establecidas en la ley.
Art. 232.- En cada distrito, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. [...]
Funciones
Según el artículo 232 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
[...] Serán competentes para:
1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; y,
2. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.
El Consejo de la Judicatura podrá disponer la creación de oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención integral.

Jueces de Familia, Niñez y Adolescencia
Competencia
Art. 233.- En cada cantón existirá una judicatura de familia, mujer, niñez y adolescencia, conformada por juezas y jueces especializados de conformidad con las necesidades de la población.
Según el artículo 233 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Art. 234.- Las juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes causas:
1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean también las notarías y notarios;
2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley que las regula;
3. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.
Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión;
4. Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a adolescentes infractores; y,
5. Las demás que establezca la ley.

Según el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial.-
Competencia
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