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EL PROCESO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN MÉXICO

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Teresa Morales

on 18 September 2015

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EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
ADVERSARIAL EN MÉXICO
1. INVESTIGACIÓN INICIAL
Noticia Criminal
Denuncia
Querella
Es la manifestación verbal o escrita por la que cualquier persona comunica a la autoridad competente la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delito.

Es la expresión de la voluntad de la víctima o el ofendido por un delito, hecha por sí o por medio de su representante, por la que se manifiesta su deseo o exigencia de que se ejerza la acción penal en contra de quien cometió en su agravio un hecho presuntamente delictivo.
Formación de la carpeta de investigación
Actuación del Ministerio Público
Ordenar el archivo temporal
Ordenar el no ejercicio de la acción penal
Criterio de oportunidad
Es una facultad exclusiva del Ministerio Público que le permite llegar a un acuerdo con el imputado y, según el caso, prescindir total o parcialmente de la persecución penal o bien limitar la investigación a ciertos delitos o personas, basado en razones objetivas; esto procede en ciertos casos, por ejemplo en delitos de mínima relevancia, o aquellos de mayor gravedad en los que el imputado aporta información que contribuye al esclarecimiento del delito u otros relacionados.
Criterios de oportunidad
Medios alternativos de solución
de conflictos
Salidas Alternas
Medios alternativos al procedimiento penal que sirven para solucionar conflictos, y que en el proceso tienen lugar hasta antes de la audiencia de juicio oral, lo que permite poner fin al mismo.
Inicio de la investigación
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español.
Derechos
de la víctima
u ofendido

Son los derechos de los cuales goza ésta durante el enjuiciamiento, y son los siguientes:
A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución.
A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia.
A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico.
A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico.
A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal.
A ser tratado con respeto y dignidad.
A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable.
A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna.
A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas.
A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias.
En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos.
A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad.
A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece la ley.
A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico.
A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal.
A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa.
A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran.
A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.
A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación.
A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones legales aplicables.
A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional.
A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados.
A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento.
A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite.
Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento.
A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión.
En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.
Sin detenido
Comienza la investigación para acreditar el hecho delictivo y la participación con la finalidad de formular imputación.
Se integran los medios de prueba en la carpeta de investigación.
Solicitud de citación/ comparecencia u orden de aprehensión ante el Juez.
Se ejecuta y verifica la legalidad de la detención.
Con detenido
La persona puede ser detenida en caso de:
URGENCIA
FLAGRANCIA
Se entiende que hay flagrancia cuando:
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.
Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y
III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.

Se integran los elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación ( puedo solicitar control judicial).
En un termino de 48 horas el Ministerio Público deberá poner al imputado en presencia del Juez para verificar la legal detención.
El Ministerio Público solicita Audiencia inicial
2. INVESTIGACIÓN
COMPLEMENTARIA

La Audiencia inicial
La investigación complementaria empieza con la audiencia inicial
El Juez verifica que el imputado conozca sus derechos.
El derecho a informar a alguien de su detención.
El derecho a consultar en privado con su Defensor.
El derecho a recibir una notificación escrita que establezca sus derechos establecidos y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal.
El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal.
El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas.
El derecho a que le sean proporcionadas prendas de vestir cuando sea necesario.
El derecho a recibir atención clínica cuando así lo requiera.
El Ministerio Público formula imputación
Imputado
Imputación
Es la persona contra quien aparezcan en el procedimiento penal, indicios que revelen cuando menos, su probable responsabilidad.
Es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y que se le atribuyen por existir datos de prueba de que participó en su comisión.
El imputado decide plazo para resolver su situación jurídica en ese momento, 72 hrs o 144hrs.
Si el imputado decide que en ese momento se resuelva su situación jurídica, el Juez resuelve vinculación a proceso y:
Puede determinarse
procedimiento abreviado
.
El Juez resuelve solicitud de medidas cautelares.
Si el imputado decide término:
El Juez suspende audiencia y señala fecha y hora para continuar con la vinculación a proceso.
Solicitud de medidas cautelares.
El Juez podrá imponer medidas cautelares mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.
A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:
La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe.
La exhibición de una garantía económica.
4. ETAPA DE JUICIO ORAL
Apertura de audiencia de juicio oral
Desarrollo del debate.
Juez señala objeto de juicio y acuerdos probatorios.
Alegatos de apertura.
Alegatos de apertura
Teoría del caso
Son los argumentos iníciales de las partes, Ministerio Público y Defensor, producidos en la Audiencia de Juicio Oral, donde cada parte, expresa su versión de los hechos y las pruebas que la demostrarán, así como su soporte jurídico. Se trata de un prólogo referente a la Teoría del Caso por parte de cada adversario.
Es la oportunidad que tienen tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, de exponer ante el juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión; tal y como se encuentra establecido en la tesis Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, identificada con la Tesis: 1a. CCXLVIII/2011 (9a.), visible en la página 291, de rubro SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO.
Declaración de las partes
Pruebas
Desahogo de medios de prueba admitidos en la etapa intermedia.
El Juez declara cerrado el periodo de desahogo de pruebas
Se exponen alegatos de clausura.
Alegatos finales
Alegatos de clausura
Argumento final de las partes, en la Audiencia de Juicio Oral, por medio del cual las partes exponen sus conclusiones finales y señalan como se debe resolver el asunto.
Incidentes
Sentencia
Sentencia condenatoria
Sentencia absolutoria
Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
Alegatos
Pruebas
Fijación de la pena
Ejecución
Cumplimiento
BIBLIOGRAFÍA

3. ETAPA INTERMEDIA
El embargo de bienes.
La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.
La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada.
La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares.
La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
La separación inmediata del domicilio.
La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos.
La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.
La colocación de localizadores electrónicos.
El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga.
La prisión preventiva.
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.
El Ministerio Público formula y motiva vinculación a proceso.
Vinculación a Proceso
Resolución emitida por el juez en cumplimiento de un mandato constitucional, donde se pronuncia sobre la existencia de datos provenientes de la investigación que resultan suficientes para establecer como probable que una persona intervino en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y por el cual debe seguirse un proceso penal.
Cierre de la investigación
Suspensión del proceso.
Sobreseimiento total o parcial.
Formulación de acusación.
Formulación de la Acusación
Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes.
El Ministerio Público presenta acusación ante el Juez de control
El Juez ordena notificación a las partes
Manifestación de la víctima:
Solicita reparación del daño y su monto.
Coadyuvante en el proceso.
Acusador coadyuvante.
t
Calidad que puede adquirir la víctima u ofendido dentro del proceso y que le permite actuar por sí mismo ante el Juez, para hacerle saber sobre los vicios materiales y formales del escrito de acusación del Ministerio Público y requerir su corrección, ofrecer pruebas complementarias o concretar las pretensiones de la acusación.
Ofrece medios de prueba.
Señala vicios formales de la acusación y solicita corrección.
No se manifiesta.
Se adhiere a la acusación ministerial.
Audiencia intermedia
Juez señala fecha y hora para audiencia intermedia.
Notifica a las partes de la audiencia.
Juez declara cubierta la audiencia.
Ministerio Público realiza exposición resumida de acusación.
La víctima se manifiesta.
El acusado o su defensor se manifiestan.
Incidentes
Presentación de incidentes.
Presentación de excepciones.
Acuerdos probatorios
Celebración de acuerdos probatorios.
Si hay ocultamiento de medios de prueba, el Juez lo resuelve y procede contra el responsable:
Si es el Ministerio Público, da aviso a su Superior Jerárquico.
Si es la víctima u ofendido, impone corrección disciplinaria.
Son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
Pruebas
Se ofrecen medios de prueba.

El Juez dicta auto de apertura a juicio y ordena su envió a Tribunal de Enjuiciamiento.

El Juez declara cerrada la audiencia.
El acuerdo reparatorio
La suspensión condicional del proceso
Se da entre las partes a través de la conciliación o mediación, lo valida el Juez o el Ministerio Público según la etapa procesal en que se encuentre, y
Es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o imputado, en asuntos en los que ya se dictó vinculación a proceso por delitos cuya pena no exceda de cinco años de prisión, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la victima u ofendido y que en caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal.
t
GLOSARIO
Acusador coadyuvante
. Calidad que puede adquirir la víctima u ofendido dentro del proceso y que le permite actuar por sí mismo ante el Juez, para hacerle saber sobre los vicios materiales y formales del escrito de acusación del Ministerio Público y requerir su corrección, ofrecer pruebas complementarias o concretar las pretensiones de la acusación.

Acuerdos probatorios
. Son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias accesorias con la finalidad depurar los hechos que se discutirán en la audiencia de juicio.

Acusación
. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes.

Alegatos de apertura
. Son los argumentos iníciales de las partes, Ministerio Público y Defensor, producidos en la Audiencia de Juicio Oral, donde cada parte, expresa su versión de los hechos y las pruebas que la demostrarán, así como su soporte jurídico. Se trata de un prólogo referente a la Teoría del Caso por parte de cada adversario.

Alegatos de clausura
. Argumento final de las partes, en la Audiencia de Juicio Oral, por medio del cual las partes exponen sus conclusiones finales y señalan como se debe resolver el asunto.

Acuerdo reparatorio
. Se da entre las partes a través de la conciliación o mediación, lo valida el Juez o el Ministerio Público según la etapa procesal en que se encuentre.

Criterios de oportunidad
. Es una facultad exclusiva del Ministerio Público que le permite llegar a un acuerdo con el imputado y, según el caso, prescindir total o parcialmente de la persecución penal o bien limitar la investigación a ciertos delitos o personas, basado en razones objetivas; esto procede en ciertos casos, por ejemplo en delitos de mínima relevancia, o aquellos de mayor gravedad en los que el imputado aporta información que contribuye al esclarecimiento del delito u otros relacionados.

Caso Urgente
. Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión;
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, y
III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse.

Denuncia
. Es la manifestación verbal o escrita por la que cualquier persona comunica a la autoridad competente la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delito.

Derechos de la víctima u ofendido
. Son los derechos de los cuales goza ésta durante el enjuiciamiento, y son los siguientes derechos:
A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución;
A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia;
A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un Asesor jurídico;
A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar, e incluso con su Asesor jurídico;
A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su Asesor jurídico, el Ministerio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal;
A ser tratado con respeto y dignidad;
A contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable;
A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;
A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;
A participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;
A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el idioma español;
En caso de tener alguna discapacidad, a que se realicen los ajustes al procedimiento penal que sean necesarios para salvaguardar sus derechos;
A que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad;
A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece la ley;
A intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su Asesor jurídico;
A que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal;
A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa;
A recibir atención médica y psicológica o a ser canalizado a instituciones que le proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se trate de delitos que así lo requieran;
A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares;
A solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;
A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en las demás disposiciones legales aplicables;
A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional;
A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;
A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento;
A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite;
Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;
A ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento;
A solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión, y
Los demás que establezcan el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes aplicables.
En el caso de que las víctimas sean personas menores de dieciocho años, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables.
Derechos que asisten al detenido
:
El derecho a informar a alguien de su detención;
El derecho a consultar en privado con su Defensor;
El derecho a recibir una notificación escrita que establezca sus derechos establecidos y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal;
El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal;
El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas;
El derecho a que le sean proporcionadas prendas de vestir cuando sea necesario, y
El derecho a recibir atención clínica cuando así lo requiera.

Flagrancia
. Se entiende que hay flagrancia cuando:
I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que:
a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o
b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.
Imputado
. Es la persona contra quien aparezcan en el procedimiento penal, indicios que revelen cuando menos, su probable responsabilidad.

Imputación
. Es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y que se le atribuyen por existir datos de prueba de que participó en su comisión.

Medidas Cautelares
. Son las medidas que impone el Juez por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

Procedimiento abreviado
. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, el Ministerio Público podrá solicitar procedimiento abreviado, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial de manera voluntaria y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y que además, existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación.
El beneficio del procedimiento abreviado será:
La reducción de hasta un tercio de la pena mínima en delitos dolosos; y
Hasta una mitad en delitos culposos.
Querella
. Es la expresión de la voluntad de la víctima o el ofendido por un delito, hecha por sí o por medio de su representante, por la que se manifiesta su deseo o exigencia de que se ejerza la acción penal en contra de quien cometió en su agravio un hecho presuntamente delictivo.

Salidas Alternas
. Medios alternativos al procedimiento penal que sirven para solucionar conflictos, y que en el proceso tienen lugar hasta antes de la audiencia de juicio oral, lo que permite poner fin al mismo.

Sobreseimiento total o parcial
. Se pueden presentar tres supuestos:
Desistimiento.
Que el Ministerio Público no haya recabado las pruebas necesarias.
Que se haya declarado la nulidad de pruebas que sustenten la acusación.

Suspensión condicional del proceso
. Es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o imputado, en asuntos en los que ya se dictó vinculación a proceso por delito que no exceda de cinco años de prisión, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la victima u ofendido y que en caso de cumplirse, da lugar a la extinción de la acción penal.
ALVARADO MARTINEZ, Israel.  La investigación, procesamiento y ejecución de la delincuencia organizada en el sistema penal acusatorio, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2012.
BARDALES LAZCANO, Erika, El  sistema penal acusatorio  y el juicio de amparo: casos prácticos, Ubijus Editorial; Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2014.
BENAVENTE CHORRES Hesbert e HIDALGO MURILLO, José Daniel; Manual de Derecho Procesal Mexicano. Editorial Flores, México, 2014.
CASTRO ESCARPULLI, Nicandra y LOZADA LUNA, María Teresa;  El ministerio público hacia el sistema penal acusatorio en México: guía práctica para principiantes, Editorial UBIJUS, México. D.F., 2013.
DÍAZ-ARANA Enrique, et al. Lineamientos Prácticos de Teoría del Delito y Proceso Penal Acusatorio. Editorial Straf. México, 2014.
FIERRO-MÉNDEZ, Heliodoro.  La imputación y la acusación en el sistema penal acusatorio. Bogota, D.C. : Leyer, 2013.
HIDALGO MURILLO, José Daniel.  Debido proceso penal en el sistema acusatorio. Azcapotzalco, Flores Editor y Distribuidor, México, 2011.
---------------------------------------------------  La etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio mexicano. Porrúa, Universidad Panamericana, México, 2009.
MARTÍNEZ GARNELO, Jesús,  Justicia alternativa y justicia penal para adolescentes en el sistema acusatorio. Flores Editor y Distribuidor, México, 2011.
-------------------------------------------------- y ELÍAS AZAR, Edgar.  Derecho procesal penal en el sistema acusatorio y su fase procedimiental oral: (mitos, falacias y realidades), Porrúa, México, 2011.
RAMÍREZ BASTIDAS, Raquel J.  Elementos del sistema penal acusatorio. Bogotá, D.C., Colombia, 2010. 
REYES LOAEZA Jahaziel. El Sistema Acusatorio Adversarial, a la Luz de la Reforma Constitucional. Porrúa, México 2011.
ROBLES CARRILLO, E.  Manual práctico de las audiencias en el sistema penal acusatorio, adversarial y oral. Flores Editor y Distribuidor, México, 2014.
BIBLIOGRAFIA
Se pueden presentar tres supuestos:
Desistimiento.

Que el Ministerio Público no haya recabado las pruebas necesarias.

Que se haya declarado la nulidad de pruebas que sustenten la acusación.
Procedimiento abreviado
. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, el Ministerio Público podrá solicitar procedimiento abreviado, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial de manera voluntaria y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y que además, existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación.


El beneficio del procedimiento abreviado será:

La reducción de hasta un tercio de la pena mínima en delitos dolosos; y
Hasta una mitad en delitos culposos.
Teoría del caso
. Es la oportunidad que tienen tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor, de exponer ante el juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, a fin de lograr convencerlo de su versión; tal y como se encuentra establecido en la tesis Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, identificada con la Tesis: 1a. CCXLVIII/2011 (9a.), visible en la página 291, de rubro SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. TEORÍA DEL CASO.

Vinculación a Proceso
. Resolución emitida por el juez en cumplimiento de un mandato constitucional, donde se pronuncia sobre la existencia de datos provenientes de la investigación que resultan suficientes para establecer como probable que una persona intervino en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito y por el cual debe seguirse un proceso penal.
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