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Análisis Crítico De los artículos 108-109-110-111 De la no

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alejandro bravo

on 9 April 2014

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Transcript of Análisis Crítico De los artículos 108-109-110-111 De la no

Análisis Crítico De los artículos 108-109-110-111 De la norma constitucional
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO TECNOLÓGICO DE MARACAIBO
PNF. INGENIERA EN INFORMÁTICA

CONSTITUCIÓN NACIONAL, ARTÍCULO 108
Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.
Análisis crítico del artículo 108 C.N
El artículo 108 de la Constitución venezolana establece que el Estado pondrá al servicio de la nación, toda la tecnología, materiales, centros educacionales para informar y dar conocimientos a la población, pero que los medios de prensa y difusión públicos y privados, deben colaborar en divulgar estas obras y materiales, para contribuir a la educación y enriquecimiento cultural de todos los ciudadanos. Además, el deber de los medios de comunicación para la formación ciudadana.
Por ello, sana ha sido la aspiración de los constituyentitas en relación a esa cuestión fundamental en nuestra sociedad, pero de resultados decepcionantes dado los intereses antagónicos que la mayoría de los dueños de los medios tienen respecto a esa formación. Por el contrario, su práctica ha sido de intentar aniquilar la expresión constitucional o, al menos, dejarla en letra muerta. En particular, después del golpe de Estado y el golpe petrolero del 2002, quedó claramente evidenciado el enorme papel político antinacional, especialmente de los grandes medios privados, con su más absoluto desprecio por un encuentro constructivo de nuestros ciudadanos.

CONSTITUCIÓN NACIONAL, ARTÍCULO 109
“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.”
Análisis crítico del artículo 109 C.N
Del análisis a la normativa constitucional, en su primer aparte se evidencia la consagración por primera vez en la historia de Venezuela, con toda claridad del reconocimiento de la autonomía universitaria, donde la define como un principio y jerarquía que permite a los integrantes de la comunidad universitaria (profesorado, estudiantes y egresados) dedicarse a la búsqueda del conocimiento mediante la investigación científica, humanística y tecnológica, donde el proceso del saber se equilibra entre el desarrollo social y la necesidad del profesional comprometido con su entorno como eje trasformador de la sociedad.
Además refiere el artículo que las universidades experimentales podrán lograr dicha autonomía, facilitando a las universidades trabajar conjuntamente con sus comunidades, en proyectos de investigación que reporten ingresos económicos o materiales, para el sostenimiento de las propias investigaciones, el mejoramiento de la infraestructura, y el desarrollo de todas las actividades académicas y servicios prestados; no obstante se requeriría de un sistema de rendición de cuentas exhaustivo, transparente y confiable ante el gobierno, y los actores sociales, de manera que pueda evidenciarse un verdadero compromiso de los profesionales de la educación con la calidad académica, la ética, los valores, la pertinencia social y la transformación universitaria.

En tal sentido, Con fundamento en este precepto constitucional, podríamos definir la autonomía como aquella que corresponde a dotar con un estatuto jurídico, político o simplemente diferenciado a aquellas entidades que presentan fuertes peculiaridades respecto al resto del territorio de un estado, siendo entonces la autonomía universitaria, aquella libertad particular que tienen las universidades en general tanto en su estructura y manejo, como en el patrimonio de la misma, siendo el recinto universitario parte de este patrimonio, ya que es el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a las realizaciones de actividades propias de las institución, reconocido universalmente como parte inherente y esencial de lo que es en si, la autonomía universitaria.
Ahora bien, con respecto a la violación del derecho constitucional a irrumpir en el recinto universitario irrespetando así la autonomía universitaria y la propiedad privada, dado que las universidades gozan de un estatus especial de autonomía frente a los poderes públicos; este sentenciador considera necesario señalar lo establecido en el artículo 7 de la LEY DE UNIVERSIDADES, el cual expresa lo siguiente: “Artículo 7 El recinto de las universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académica, de extensión o administrativa, propia de la institución. Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la universidad.
CONSTITUCIÓN NACIONAL, ARTÍCULO 110
“El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.”

Análisis crítico del artículo 110 C.N
La actual Constitución Nacional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde otro ángulo tenemos que el Estado Venezolano reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios de información necesarios que son instrumentos primordiales para el desarrollo económico, social político del país. De hecho el Estado destina recursos para fomentar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, pero a la vez en forma enfática garantiza el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir estas actividades estatuye expresamente que la ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía, lo que constituye una regulación más a los medios informáticos la cual está contenida en dicho artículo.

Donde reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aspiraciones y los servicios de información, a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político del país. Por lo cual, uno de los objetivos que persigue el estado según el decreto 825 y conforme al artículo 110 de dicha constitución es, incluir el uso de Internet, en el progreso social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de la eficiencia empresarial, en la calidad de los servicios públicos, económico, social, cultural y político de la República. Por otra parte, de acuerdo al Decreto 1290 el estado venezolano se compromete al financiamiento de la Tecnología para estimular el desarrollo de todos los estratos de la vida nacional. Mientras, que el Ministerio de Educación y Deportes, en su art 10 en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y diversificada. Por lo tanto, la informática educativa en Venezuela, como lo refleja la Lopna en su artículo 73, fomentara y difundirá información y materiales informativos y audiovisuales a los niños y adolescentes para la promoción de valores y la paz, sin ninguna discriminación social. El Gobierno Bolivariano ha impulsado decididamente el progreso científico y tecnológico del país bajo un concepto evolutivo de Soberanía e Independencia. La ciencia y las herramientas de la tecnología son puestas al servicio del pueblo organizado para la resolución de sus problemas. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, se busca la construcción de un nuevo paradigma científico e industrial que responda a las exigencias del nuevo modelo de patria socialista, el cual se trascienda de un sistema de generación de conocimiento tradicional, a uno en el cual confluyan las creencias y los saberes del pueblo.

CONSTITUCIÓN NACIONAL, ARTÍCULO 111
“Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.”

Análisis crítico del artículo 111 C.N
La carta magna estipula la obligación para el Estado Venezolano sobre la difusión de la cultura, la tecnología, así como la promoción del deporte y la educación física donde se consagra la tutela estatal para la protección integral del ámbito de desarrollo y bienestar social de los aspectos del deporte con eje transformador de la nueva concepción de la patria. Sin embargo, en los actuales momentos la campaña de profundización deportiva comienza a dar frutos visibles, donde el país es referente en las justas internacionales, estableciéndose la perspectiva de la generación de oro para los deportistas venezolanos, que defienden los símbolos patrios dejando los estandartes en los más altos sitiales.
Aunque , persiste aun dificultades que confrontan todavía los promotores, entrenadores y dirigentes deportivos para mantener equipos y atletas deportivos en las categorías juvenil e infantil, a ellos se les regatea hasta los implementos deportivos para que puedan desarrollar un partido de Béisbol, Kickimbol, baloncesto, voleibol, fútbol, futbolito o cualquier otro tipo de deporte en esa categoría.
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