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Rama Judicial

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by

Juan David Gonzalez Restrepo

on 5 November 2014

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Transcript of Rama Judicial

Jurisdicción Constitucional
La jurisdicción Constitucional es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución Política Colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio Nacional. Todos los jueces de la nación, independientemente de su ámbito de especialización, pertenecen a esta rama y pueden conocer en primera instancia acciones de tipo constitucional como la Tutela. La Corte Constitucional, máximo estamento de esta jurisdicción, fue creada por la actual Constitución Política, vigente desde el 7 de julio de 1991. La Corte es un organismo perteneciente a la rama judicial del Poder Público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, considerándola así como la Corte de Cierre del sistema judicial colombiano. Está Compuesta por nueve magistrados que son elegidos por el Congreso de sendas ternas enviadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Fiscalía General de la Nación
Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
Rama Judicial Colombiana
La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia; esta tarea es una función pública. Está compuesta por seis organismos: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, las Jurisdicciones Especiales y la Fiscalía General de la Nación.

Tanto los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia como los del Consejo de Estado serán nombrados según las listas que envía el Consejo Superior de la Judicatura.
Jurisdicción Ordinaria
La jurisdicción ordinaria es la encargada de resolver los litigios atinentes a los asuntos entre particulares de tipo civil, penal, laboral, agrario y de familia. En el nivel municipal por juzgados promiscuos, civiles y penales; en el nivel de circuito por juzgados promiscuos, penales, civiles, de familia, laborales, penales especializados, de menores, y de ejecución de penas y medidas de seguridad. En el nivel de Distrito Judicial por los Tribunales Superiores de Distrito en sus salas penales, civiles, laborales, de familia, agrarias o mixtas, de acuerdo con el tamaño de la demanda del servicio. En el nivel nacional la Corte Suprema de Justicia en sus salas especializadas, civil-agraria, laboral y penal.
Disposiciones Generales
Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Rama Judicial
Jurisdicción Contencioso Administrativa
Jurisdicciones Especiales
Consejo Superior de la Judicatura
Presentado Por:
Andres Fernando Cardenas M.
Juan David Gonzalez R.
Juan Fernando Hernandez C.
Juan Manuel Pinillos M.
Facultad de Derecho
Muchas Gracias
Historia de la Rama Judicial Colombiana
Artículo 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.
PARÁGRAFO. Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.
Esta jurisdicción está conformada por los siguientes órganos:
1) La corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de esta jurisdicción, integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma corporación para periodos individuales de ocho años, de listas formadas por más de cinco candidatos por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 235 de la Constitución, modificado por el artículo 1º del acto legislativo 6 de 2011, consagra como funciones generales de la Corte las siguientes:

1. Actuar como tribunal de casación.
2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.
3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.
6. Darse su propio reglamento.
7. Las demás atribuciones que señale la ley.
Sala Plena
Presidente: Dr. Luís Gabriel Miranda Buelvas
Vicepresidente: Dr. José Leónidas Bustos Martínez

Dra. Margarita Cabello Blanco
Dr. Fernando Giraldo Gutierrez
Dr. Álvaro Fernando García Restrepo
Dr. Luís Armando Tolosa Villabona
Dr. Jesús Vall de Ruten Ruiz
Dr. Ariel E. Salazar Ramirez
Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón
Dr. Gustavo Hernando Lopéz Algarra
Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz
Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno
Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas
Dr. Eugenio Fernández Carlier
Dr. Fernando Alberto Castro Caballero
Dr. José Leonidas Bustos Martínez
Dra. Patricia Salazar Cuéllar
Dra. Maria del Rosario González Muñoz
Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández
Dr. José Luis Barceló Camacho
Dr. Luís Guillermo Salazar Otero
Dr. Eyder Patiño Cabrera
Sala de Casación Civil
Presidente: Dr. Jesús Vall de Ruten Ruiz
Vicepresidente: Dr. Luís Armando Tolosa Villabona

Dra. Margarita Cabello Blanco
Dr. Álvaro Fernando García Restrepo
Dr. Fernando Giraldo Gutierrez
Dr. Luís Armando Tolosa Villabona
Dr. Jesús Vall de Ruten Ruiz
Dr. Ariel E. Salazar Ramirez
Sala de Casación Laboral
Presidente: Dr. Rigoberto Echeverri Bueno
Vicepresidenta: Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón
Dr. Gustavo Hernando Lopéz Algarra
Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz
Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve
Dr. Rigoberto Echeverri Bueno
Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas
Sala de Casación Penal
Presidente: Dr. Fernando Alberto Castro Caballero
Vicepresidente: Dr. Luís Guillermo Salazar Otero

Dr. Eugenio Fernández Carlier
Dr. Fernando Alberto Castro Caballero
Dr. José Leonidas Bustos Martínez
Dra. Patricia Salazar Cuéllar
Dra. Maria del Rosario González Muñoz
Dr. José Luis Barceló Camacho
Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández
Dr. Luís Guillermo Salazar Otero
Dr. Eyder Patiño Cabrera

La historia de la rama judicial suele estar referida a dos aspectos centrales: la independencia judicial y la función social del juez. Sin perjuicio de la versión proveniente de la tradición anglosajona, la narración histórica que más consenso suscita entre nosotros es la procedente de la Francia revolucionaria, según la cual, en los albores de la Revolución, el rol social del juez era inexistente y tampoco existía independencia judicial. La transición al nuevo régimen impuesto así lo justificaba, pues se trataba de suplir la voluntad del Rey, que todo lo podía y ordenaba, por la emergente voluntad instituida por la asamblea revolucionaria.

Muchos sucesos políticos y sociales pasaron para que el juez volviera a ser relevante socialmente. Los movimientos obreros que corrieron parejo con la revolución industrial y el desarrollo del constitucionalismo desde el inicio del siglo XX hicieron del juez un protagonista social, básicamente por dos razones: la primera fue pasar de resolver controversias individuales –que constituían la regla– a decidir conflictos colectivos, cada vez más numerosos. Por ejemplo, las reclamaciones de los sindicatos, ahora en auge.

La segunda razón provino de la instauración de los tribunales constitucionales en la Europa central de la primera posguerra, que se produjo paralela con la constitucionalización de los derechos y sus mecanismos de protección. Desde entonces, la obediencia de la ley se ha tenido que articular con la de las normas constitucionales; dicho en términos técnicos: el principio de legalidad se ha visto obligado a compartir honores con el principio de constitucionalidad. También allí tomaron significados diferentes tanto la independencia judicial, como el rol social del juez. Al hacerse visible socialmente, el juez fue objeto de duras críticas provenientes de los poderes que tradicionalmente establecen las reglas: Congreso y gobierno. (...)
Revista Semana
- Danilo Rojas Betancourth-
Politica y Rama Judicial
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
Art. 250:
1. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva a utorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.
3. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
4. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
6. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
7. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
8. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.

1. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.
2. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquel los sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial.
Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
Artículo 251:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
Artículo 252. Aun durante los Estados de Excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.


Artículo 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.


Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la rama judicial del Poder Público en Colombia. La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992.

Esta institución retoma las tareas que se realizaban en la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, y su principal función es investigar los delitos , declarar precluídas las investigaciones realizadas, sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los jueces y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, ya sea de oficio o por medio de denuncia (de estos se encarga la Justicia Penal Militar).
Fiscal General de la Nación.
Vicefiscal General
Director Nacional de Fiscalías
Directores Secciónales de Fiscalías
Fiscales de las unidades de Fiscalías
Fiscales delegados especiales
Esta Integrada Por:
*Asegurar la comparecencia de los infractores

*Medidas de aseguramiento

*Tomar medidas para el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios

*Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial

*Velar por la protección de las víctimas, testigos e interventores en el proceso
*Las funciones se realizan a través de las unidades delegadas a nivel nacional, seccional y local.

*Las unidades delegadas de fiscalías tienen competencia nacional, están compuestas por un fiscal jefe de unidad y una secretaría.

*El numero de fiscales, demás cargos y sus sedes de operación son determinados por el fiscal general.

*Las unidades delegadas nacionales están adscritas al despacho del fiscal general o a la dirección nacional de fiscalías
Realización De Funciones:
Otras Funciones:
Fiscal General De La Nación
Elección:
El fiscal general de la nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República, no podrá ser reelegido, ni elegido en ningún cargo de elección popular o como miembro de corporaciones públicas dentro de los doce meses siguientes al día de la cesación de sus funciones.
Calidades:
Las mismas exigidas para ser magistrado de la Corte suprema de Justicia (establecidas en el articulo 232 de la Constitución Política)
Periodo:
4 años, salvo que antes de su vencimiento intervenga una sanción disciplinaria de destitución por mala conducta, o llegue a la edad de retiro forzoso.
Régimen Disciplinario:
El fiscal general de la nación está sujeto al régimen previsto por los artículos 174, 175, 178 de la C.P, el Congreso de la república adelantará el proceso disciplinario, por conducto de la comisión legal de investigación y acusación de la cámara de representantes, y la comisión instructora del senado de la República
Delegación:
El Fiscal General de la Nación podrá delegar en los servidores de la fiscalía las funciones que convengan al mejor cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Secretario General
Asesorar al Fiscal General De la República

Representar

Notificar o comunicar en los términos legales

Conservar y custodiar los archivos de los actos administrativos

Participar en la elaboración del plan de capacitación de la Fiscalía
Coordinar la capacitación de los servidores de la entidad

Coordinar y evaluar los planes que desarrolle el fondo de vivienda

Dirigir y controlar el funcionamiento de las dependencias

Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General
Dependencias Adscritas al Despacho del Fiscal General de la Nación
Oficina Juridica
El Vicefiscal General y sus dependencias
Oficina de Protección y Asistencia
Centro de Información sobre Actividades Delictivas CISAD
Policía Judicial
Cuerpo Técnico de Investigaciones ( CTI )
Direcciones Seccionales
Escuela de Investigacion
Misión
Garantizar el acceso a una justicia oportuna y eficaz con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales.
Visión
Ser lideres para la administración de justicia, contribuyendo decididamente con la formulación y ejecución de la política del Estado en materia criminal, la creación de una cultura de respeto por el orden jurídico y la convivencia pacifica.
El Logo
La ficha de un rompecabezas es el símbolo adecuado para representar visualmente a la fiscalía pues trae consigo los conceptos de búsqueda, solución y respuesta, los mismos que se persiguen a través de su actividad investigativa, lo cual esta ligado íntimamente a sus valores
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación frente a la Constitución, a la sociedad, al país y a la comunidad internacional será el marco de actuación del quehacer diario de la institución.

TRABAJO EN EQUIPO
Mediante la coordinación, la cooperación y el trabajo mancomunado, se lograrán los propósitos y metas comunes definidos por la entidad. Sólo trabajando en equipo, se podrán alcanzar los resultados que de nosotros espera la sociedad.

CALIDAD
Calidad en los servidores públicos, calidad en el trabajo, calidad en el servicio, calidad en las relaciones humanas, calidad en los procedimientos. Este será una valor que inspire la gestión de la Fiscalía General de la Nación.

HONESTIDAD
El cumplimiento y respeto por la ley o la norma no es suficiente. Debe existir en la Fiscalía General de la Nación coherencia entre lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos, tanto en nuestra vida institucional como en lo personal.
RESPETO
El respeto a la ley, a los derechos de los ciudadanos, será regla de comportamiento que obligue a todos los miembros de la Fiscalía General de la Nación.

LEALTAD
La lealtad y el compromiso de los servidores públicos con la entidad y sus propósitos es un factor clave para el cumplimiento de la misión de la Fiscalía General y el fortalecimiento institucional.

EFECTIVIDAD
La Fiscalía debe lograr, a través de resultados concretos, consolidar la credibilidad y la confianza de la comunidad en la institución. El uso eficiente y eficaz de los recursos, así como el logro de los objetivos y resultados, serán responsabilidad y tarea permanente de todos los servidores públicos.

EQUIDAD
Equidad en la toma de decisiones al impartir justicia, equidad en la toma de decisiones administrativas, equidad y amabilidad en el trato con las demás personas. Este debe ser un principio rector de la administración de justicia.
Valores:
Capitulo VI
Titulo VIII
Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VII
La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de la entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y 198 juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.
Historia
El Consejo de Estado tuvo su origen en un decreto del General Simón Bolívar, expedido en la ciudad de Angostura el 30 de octubre de 1817, expedido en su calidad de Jefe Supremo de la República de Venezuela y Capitán General de sus Ejércitos y de los de la Nueva Granada. Se trataba de un órgano político administrativo, que sustituyó, en alguna medida, la representación ciudadana en los cuerpos de elección popular y contribuyó a la toma de decisiones administrativas, legislativas y de gobierno propias del Estado. Encuentra su antecedente en la institución creada con el mismo nombre en Francia en 1799, bajo la orientación de Napoleón.
Esta Conformada por:
Consejo de Estado.
Tribunales administrativos.
Juzgados administrativos.
Consejo de Estado
Conformación
Principales Atribuciones
Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que le señale la ley.

Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.

Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.

Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley.

Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.
Art. 237
Sala Plena
Se halla integrada por todos los consejeros de estado.
(27)
Elegir, en el mes de enero, Presidente y Vicepresidente de la Corporación para el período reglamentario.
Elegir Fiscal General de la Nación y todo el proceso que esto conlleva.
Seleccionar un integrante de la terna para la elección de Procurador General de la Nación y enviarlo al Senado de la República (artículo 276 Constitución).
Seleccionar y enviar al Congreso Nacional candidato integrante de la terna para la elección de Contralor General de la República (artículo 267 inciso 5 Constitución).
Resolver los conflictos de competencia que se presenten en la jurisdicción ordinaria, que no correspondan a otra sala o a otra autoridad judicial (artículos 17-3 y 18, Ley 270 de 1996).
Algunas de sus funciones son:
Sala de lo Contencioso Administrativo
Esta sala esta conformada por 23 consejeros, repartidos en cinco secciones conformadas así:
Sección primera 4 magistrados.
Sección segunda 6 magistrados.
Sección tercera 5 magistrados.
Sección cuarta 4 magistrados
Sección quinta 4 magistrados.
Algunas de sus funciones son:
Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos gubernamentales, cuya competencia no corresponda a la corte Constituciones.
Conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar la jurisprudencia de la Corporación.
Dirimir los empates que se presenten en la votaciones de las secciones.
Elaborar, cada dos años, su lista de auxiliares de la Justicia.
Resolver los recursos extraordinarios que sean de su competencia.
Decretar la pérdida de investidura de los congresistas, por las causales previstas en la Constitución Política Art.237.
Resolver asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social.
Sala de Consulta y Servicio Civil
Esta sala fue creada por la ley 19 de 1958, se halla integrada por 4 consejeros
Sus Funciones Son:
Absolver las consultas jurídicas generales o particulares que le formule el gobierno nacional.
Preparar los proyectos Ley y de Códigos que le encomiende el Gobierno nacional.
Revisar los contratos y conceptuar sobre las cuestiones jurídicas relativas al servicio civil, en los casos previstos por la ley.
Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con las empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público de méritos, en los casos especiales autorizados por la ley, para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional.
Verificar, de conformidad con el Código Electoral, que cada candidato a la presidencia de la República, reúne o no los requisitos constitucionales y expedir las correspondientes certificaciones.
Ejercer las demás funciones que le prescriban la constitución y la Ley.
Corte Constitucional
Artículo 239: La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho. Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

Artículo 240: No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

Composición de la Corte Constitucional y período de magistrados (Const. 1991, Arts. 239-240)
Funciones de la Corte Constitucional (Const. 1991, Arts. 241-244)
Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

11. Darse su propio reglamento.
Parágrafo. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.

Artículo 242: Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:
Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquéllos para los cuales no existe acción pública.

El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.

Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.

De ordinario, la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.

En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.

Artículo 243: Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

Artículo 244: La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.


Efectos de las sentencias de la Corte Constitucional
Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. (Artículo 243 de la Constitución Política.)
Integración de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional está integrada por nueve (9) Magistrados, elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de ternas que presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Suprema de Justicia y tres (3) el Consejo de Estado (Artículo 44 de la Ley 270 de 1996)
Las ternas deberán conformarse con abogados de distintas especialidades del derecho y el Senado elegirá un Magistrado por cada terna, procurando que la composición final de la Corte Constitucional responda al criterio de diversidad en la especialidad de los Magistrados.

Cuando se presente una falta absoluta entre los Magistrados de la Corte Constitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fue elegido el titular, presentar una nueva para que el Senado de la República haga la elección correspondiente.

Producida la vacante definitiva, la Corte Constitucional la comunicará de inmediato al órgano que debe hacer la postulación para que, en un lapso de quince días, presente la terna ante el Senado de la República. La elección deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de la terna o de la iniciación del período ordinario de sesiones en caso de que a la presentación de la misma el Congreso se encontrare en receso.

Mientras se provee el cargo por falta absoluta o por falta temporal de uno de sus miembros la Corte Constitucional llenará directamente la vacante.

Los artículos 246 y 247 de la Constitución política de 1991 consagra dos nuevas jurisdicciones con el carácter de especiales: la jurisdicción de los pueblos indígenas y la jurisdicción de paz.
1.
La jurisdicción de los pueblos indígenas:
Se encuentra contemplada en el articulo 246 de la C.N., el cual prevé que las autoridades de esas comunidades puedan ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su campo territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la constitución y las leyes.

La Corte Constitucional ha reconocido la existencia y vigencia de la jurisdicción de los pueblos indígenas, al manifestar que si bien esta jurisdicción ejerce funciones judiciales, no forma parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial.

2. La jurisdicción de paz: El articulo 247 de la C.N. permite que la ley cree jueces encargados de resolver con equidad conflictos individuales y comunitarios. Actualmente los jueces de paz se encuentran regulados por la Ley 497 de 1999, la cual prevé que se trata de particulares que conocerán los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo sometan a su conocimiento que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no estén sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley y cuya cuantía no sea superior a los cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los jueces de paz y de reconsideración, así denominados por la ley, son elegidos mediante votación popular por los ciudadanos de las comunidades ubicados en las respectivas circunscripciones electorales que se establezcan al interior del municipio o distrito, por un periodo de cinco años y son reelegibles de manera indefinida. Para el efecto, a iniciativa del alcalde o del personero o de la mayoría de miembros del concejo municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el concejo municipal, por medio de acuerdo, convocará a elecciones y determinará las circunscripciones electorales que sean necesarias para la elección. Actualmente, estos jueces han sido elegidos y están ejerciendo sus funciones solo en algunos municipios del país.

Dentro de las jurisdicciones especiales también se encuentran jurisdicción penal militar, familia y menores y la jurisdicción eclesiástica, con jueces especiales para ciertos casos.


El consejo superior de la judicatura es el máximo organismo encargado de la administración de la rama judicial y de ejercer la función disciplinaria en relación con los funcionarios, empleados judiciales y abogados en ejercicio.


De acuerdo al articulo 254 el Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas:

La Sala Administrativa
Integrada por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años asi: 2 por la corte suprema de justicia, 1 por la corte constitucional y 3 por el consejo de estado.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Integrada por 7 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, por el congreso Nacional de ternas enviadas por el gobierno, Para haber consejos seccionales de la judicatura integrados como señale la ley.
Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere:
Ser Colombiano por nacimiento.
Ciudadano en ejercicio.
Mayor de 35 años
Tener titulo de abogado y haber ejercido la profesión durante 10 años con buen crédito.
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