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Atención educativa a poblaciones Vulnerables

Definición de las poblaciones y marco jurídico de cada una.
by

Fer Güiza

on 11 November 2013

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Transcript of Atención educativa a poblaciones Vulnerables

Atención educativa a Poblaciones Vulnerables
Población afectada por la violencia
Se han identificado como poblaciones afectadas por la violencia, la población en situación de desplazamiento, los menores desvinculados delos grupos armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados.
Poblaciones con necesidades educativas especiales
Se identifican como poblaciones con necesidades educativas especiales las personas que presentan discapacidad o limitaciones y aquellas que poseen capacidades o talentos excepcionales.
Jóvenes y adultos iletrados
Se consideran sujetos de atención educativa las personas adultas o jóvenes mayores de 13 años, residentes en zonas rurales o urbanas que nunca accedieron al servicio público educativo formal escolarizado o en su defecto desertaron prematuramente del mismo, no logrando culminar al menos el 2º o 3 grado de educación básica primaria, convirtiéndose en analfabetos absolutos o analfabetos funcionales.
Menores en Riesgo Social
Se han identificado como menores en riesgo social las niñas y niños trabajadores, los adolescentes en conflicto con la ley penal y los niños y niñas en protección.
Poblaciones étnicas
La Constitución Política reconoció como patrimonio de la Nación la diversidad étnica y cultural del país, que se expresa en la existencia de más de 83 pueblos indígenas, identificados en el Conpes 1994-1998, y 11 pueblos más que forman parte de procesos recientes de autorreconocimiento,hablantes de aproximadamente 68 lenguas y 292 dialectos; la presencia de comunidades afrocolombianas en todo el territorio nacional y de raizales en San Andrés,Providencia y Santa Catalina, así como de
representantes del pueblo Rom.

La propuesta de etnoeducación es el modelo que se ha formulado para atender a las poblaciones étnicas, el cual se construye y se reconstruye a partir del conocimiento y valoración de las diferentes culturas y debe ofrecer un componente de formación específico orientado por los criterios de integralidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad.
Marco Jurídico
La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) que establece en el capítulo 3º, la necesidad de brindar una educación pertinente a los grupos étnicos, de acuerdo con su cultura, lengua, tradiciones y fueros propios y autóctonos.
El Decreto 804 de 1995 reglamenta la atención educativa a estas poblaciones.
La Directiva Ministerial 011 del 2004 orienta la prestación del servicio educativo en entidades territoriales que atienden población afrocolombiana y raizal.
Las necesidades educativas y la inclusión del concepto de personas con necesidades educativas especiales, en el sistema educativo, se plantea en la actualidad como una alternativa efectiva tanto para la comprensión del desempeño en el aprendizaje, como para la oferta de servicios de carácter educativo y social, lo cual contribuye significativamente a la construcción de una cultura de atención a la diversidad.
El concepto de necesidades educativas especiales hace referencia a aquellos estudiantes que presentan dificultades mayores que el resto para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas.
Marco Jurídico
La Ley General de educación establece que la educación para personas con limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio público educativo.
La Resolución 2565 del 2003 establece los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a las poblaciones con necesidades educativas especiales, otorgando la responsabilidad a las entidades territoriales.
Se entiende por población desplazada todas aquellas personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personal han sido vulneradas.
El segundo grupo corresponde a los desvinculados de los grupos violentos que son todas aquellas personas menores de dieciocho años de edad, que han dejado de participar por diferentes modalidades (rendición, captura, entrega voluntaria y bajo el marco de las negociaciones de paz) en las acciones de violencia orientadas por un grupo armado al margen de la ley.
El tercer grupo es identificado como aquellos menores de dieciocho años de edad, que son hijos de adultos que han decidido voluntariamente desmovilizarse de grupos armados al margen de la ley y acogerse a los beneficios establecidos en el Decreto 128 del 2003.
Marco Jurídico
La Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
El Decreto 250 de febrero del 2005, por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, deroga el Decreto 173 de 1998 de conformidad con la Ley 387 de 1997.
Niños, niñas y jóvenes trabajadores
Se entiende por menores trabajadores a los niños, niñas y jóvenes que realicen actividades físicas o mentales, remuneradas o no, dedicadas a la producción, comercialización o transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica.
Marco Jurídico
La Ley 515 de 1999, la cual establece, entre otros aspectos, como edad de ingreso al trabajo 15 años.
La Ley 704 de 2001 reconoce que el trabajo infantil en gran parte es consecuencia de la pobreza y que se soluciona con un crecimiento económico sostenible que conduzca al progreso social.
Adolescentes en conflicto con la ley penal
Se consideran jóvenes en conflicto con la ley penal a los adolescentes de ambos sexos mayores de 12 años y menores de 18 que han sido autores o partícipes de una infracción a la ley penal y puestos a disposición de la autoridad competente (juez de menores o promiscuo de familia).
Marco Jurídico
La Ley 12 del 22 de enero de 1991 y recoge las Reglas de Beijing en lo relacionado con la administración de justicia de menores, estableciendo mediante los artículos 37 y 40, derechos específicos para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, aprobadas mediante Resolución 45/113 de abril de 1991, determina las condiciones esenciales en los centros de detención preventiva e internamiento para los menores de edad en aspectos como salud, educación, registro, información y personal, entre otros.
El Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) define las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse un niño, niña y adolescente, así como las medidas que deben adoptarse para brindarle tutela.
Niños, niñas y adolescentes en protección
Se refiere a aquellos que se encuentran en situación de abandono o amenaza grave contra su vida y su integridad y que requieren el cuidado y la protección necesarios que garantice el ejercicio de sus derechos.
Marco Jurídico
La Constitución Política de Colombia en su artículo 13, expresa la igualdad de todas las personas y la protección del Estado a aquellas que se encuentran en circunstancias de debilidad.
La Ley General de Educación de 1994 en su título III, capítulo V, artículos 68 al 71, estableció la educación para la rehabilitación social como parte integrante del servicio público educativo.
El Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) define las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse un niño, niña o adolescentes, así como las medidas que deben adoptarse para brindarles protección.
En el primer caso, las personas no tienen ningún conocimiento ni dominio sobre los procesos de lectura y escritura, ni sobre las nociones básicas del cálculo matemático elemental a partir de los números y sus operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
En el segundo caso, el analfabeto funcional es quien habiendo recibido las primeras nociones o cursado algunos meses, incluso dos o más años de educación primaria, presenta serias deficiencias para comprender y aplicar lo aprendido, por no tener las oportunidades suficientes de practicar la lectura o la escritura, o las operaciones matemáticas en su vida cotidiana.
Marco Jurídico
En el contexto internacional, la Unesco le ha dado particular atención al análisis del analfabetismo y en general de la educación de adultos, a través de las conferencias de Jomtien(1990) y Dakar de (2000).
El Decreto 3011 de 1997 es la norma reglamentaria de la Ley 115 de 1994, mediante la cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones.
La Directiva Ministerial 14 de julio del 2004, dispuso por parte del Ministerio de Educación, lineamientos orientadores de una política nacional para la atención a jóvenes y adultos iletrados.
Habitantes de frontera
Quienes habitan las zonas de frontera constituyen una franja poblacional diversa con una particularidad que influye directamente en las nociones de identidad: la constante movilidad fronteriza con el país vecino. Las zonas de frontera tienen una fluida relación económica, social y cultural con los países limítrofes que les otorga un sentido de identidad regional independiente de la línea divisoria entre países.
El resto de la población fronteriza se debate entre la identidad nacional y la regional. Mientras que en las regiones fronterizas existen brotes de xenofobia y estereotipos negativos que recaen sobre los habitantes del país vecino reivindicando la identidad nacional, se construye al mismo tiempo una identidad regional y transnacional con un gran sentido de unidad.
Marco Jurídico
La Constitución Política de 1991 en sus artículos 337 y 289 abrió la posibilidad jurídica para el establecimiento de normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover el desarrollo de las zonas de fronteras terrestres y marítimas.
La Ley 191 de 1995 respecto a la educación en las fronteras busca promover el intercambio entre las comunidades educativas de Colombia con los países vecinos.
Población rural dispersa
Se estima que el 30% del total de la población en edad escolar colombiana son niños, niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales y de difícil acceso. Las cifras que sustentan el estado actual de la educación rural del país destacan las altas tasas de analfabetismo, los bajos niveles de escolaridad y los grandes índices de deserción.
La prestación del servicio educativo dirigida a la población rural debe brindar oportunidades que permitan superar los cambios económicos, especialmente en el sistema de producción, sufridos por el sector en las últimas décadas.
Se deben ofrecer programas de calidad que garanticen contenidos curriculares, materiales educativos y formación docente acordes con las particularidades de la zona.
Marco Jurídico
En la Ley General de Educación, artículo 64, se define que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, no formal e informal, con sujeción a los planes de desarrollo respectivos.
El Decreto 1171 del 19 de abril del 2004 reglamenta la Ley 115 de 1994 en lo relacionado con estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos ubicados en áreas rurales de difícil acceso.
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