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PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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JaNt Cdño

on 7 February 2013

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LAS FUNCIONES DEL ORGANO JURISDICCIONAL. Función Jurisdiccional, es la que realizan los órganos, ordinarios o especiales, de la jurisdicción, y que se traduce en la aplicación del derecho por la vía del proceso.

José Becerra Bautista, nos ofrece la siguiente definición de la función jurisdiccional: “Es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida”

La función jurisdiccional es instituida por el estado mediante tres actos básicos:

En primer lugar el estado crea los órganos jurisdiccionales ante los cuales deben los particulares formular sus demandas y hacer valer sus pretensiones en ejercicio del derecho de acción.

En segundo lugar, y con el objeto de que la actividad jurisdiccional se desenvuelve en forma ordenada y eficaz, el estado señala a cada órgano jurisdiccional el ámbito de su competencia.

En tercer lugar, con el objeto de hacer posible el conocimiento y la decisión de la controversia y normar la actividad de los sujetos procesales, el estado dicta las normas de procedimiento es decir, instituye el proceso. ESTRUCTURA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL ESTRUCTURA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTATAL. INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA .
2° PARTE. En la ley orgánica en su articulo 2 especifica la coadyuvancia hacia la victima:
VII. Proporcionar atención a las víctimas o los ofendidos por el delito y facilitar su coadyuvancia Respecto a esto el Código de Procedimientos Penales manifiesta que la persona ofendida o víctima del delito podrá coadyuvar con el Ministerio Público proporcionando al juzgado por conducto de éste o directamente, todos los elementos que tenga y que conduzcan para acreditar el cuerpo del delito, la probable y plena responsabilidad del inculpado, según el caso y a justificar el daño. Aportar las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados;
Pedir la aplicación de las sanciones respectivas;
Pedir la libertad del procesado cuando esta proceda; y
En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos y a la ejecución de las sentencias. VI. Formular las conclusiones, en los términos señalados por la ley, y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear la formulación de conclusiones no acusatorias o de cualquier acto cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia, con la autorización previa del Procurador;

VII. Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales que, a su juicio, causen agravio a los intereses sociales o a los derechos de los ofendidos del delito; Tiene la atribución de prevenir a la sociedad del delito, ejercitar las acciones penales con las siguientes funciones específicas:
Investigadora
Persecutoria
Promover la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito
Ejecución de sentencias Participar en la instancia de coordinación del Estado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la ley y demás normas que regulen la integración, organización y funcionamiento de dicho Sistema
 Realizar estudios y desarrollar programas de prevención del delito en el ámbito de su competencia
 Proporcionar atención a las víctimas o los ofendidos por el delito y facilitar su coadyuvancia 
Auxiliar a otras autoridades en la persecución de los delitos Asimismo, podrá practicar diligencias, a fin de verificar que las sentencias impuestas por los órganos jurisdiccionales sean estrictamente cumplidas. SUPERVISIÓN EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN De acuerdo a la ley orgánica de la procuraduría general de justicia nos dice:
Artículo 10. El Ministerio Público podrá realizar visitas a los reclusorios preventivos y centros de ejecución de penas y, en su caso, escuchar las quejas de los internos y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. En caso de que tuviere conocimiento de alguna conducta posiblemente delictiva, se iniciará la averiguación correspondiente. COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL PODER EJECUTIVO El Procurador de Justicia del Fuero Común en algunas entidades federativas tiene la función de consejero jurídico del Ejecutivo local, así como en materia de amparo el Ministerio Público Federal es parte.

El Procurador General de la República, como titular del Ministerio Público Federal, tiene a su cargo:
La asesoría jurídica del gobierno, tanto en el plano nacional, como en el local
También es el representante jurídico de la Federación , ya sea como actor, demandado y tercerista
Tiene como misión la vigilancia de la legalidad, denunciando cuando sea necesario las leyes contrarias a la Constitución y promover su reforma Pero actualmente se encarga de esto la Procuraduría Social. La cual tiene como atribución:
Otorgar asesoría y asistencia jurídica a las personas;
Patrocinar a las de escasos recursos y defender a las que no cuenten con abogado;
Ejercer las funciones de representación social en los procedimientos judiciales;
Inspeccionar a las instituciones públicas o privadas que marque la ley. El código de procedimientos penales del estado de Jalisco en su articulo 108 menciona lo que le compete al ministerio publico:
Promover la incoación (inicio de una actuación legal) del procedimiento judicial;
Solicitar las ordenes de comparecencia para declaración preparatoria y las de aprehensión que sean procedentes;
Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño. Restituir provisoriamente y de inmediato al ofendido en el goce de sus derechos, siempre y cuando no se afecte derechos de terceros y esté acreditado el cuerpo del delito que se trate.
Conceder la libertad provisional a los indiciados.
. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y las medidas precautorias de arraigo y otras que fueren procedentes.
Promover la conciliación en los delitos perseguibles por querella.
Determinar el no ejercicio de la acción penal.
Entre otras … (art. 3° de la LOPGEJ) Las atribuciones que tiene el Ministerio Público respecto de la averiguación previa son:
Recibir las denuncias o querellas de acciones u omisiones que constituyen el delito.
Investigar los delitos.
Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad que corresponda, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados.
Ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables de la comisión de delitos. De acuerdo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado de Jalisco, estas son algunas ATRIBUCIONES DEL MP:

Perseguir los delitos del orden común
Velar por la legalidad y por el respeto de los derechos humanos
Promover la pronta, completa y debida impartición de justicia
 Realizar estudios, formular y ejecutar lineamientos a fin de promover reformas que tengan por objeto hacer más eficiente la función de seguridad pública y contribuir al mejoramiento de la procuración e impartición de justicia. Objetivos General: el objetivo general de nuestro tema es la comprensión de lo que comprenden las funciones que realiza el Ministerio Público en las sociedad, cómo éste debe inmiscuirse en asuntos penales y de qué manera debe actuar.

Particular: en lo referente a este punto nos enfocaremos en las funciones que en la actualidad y en la realidad realiza el Ministerio Público como institución, éste análisis lo comprenderemos al final del tema, donde nos percataremos de que sus funciones, en la práctica, son muy distantes a lo que la ley establece. COMO PARTE EN EL PROCESO Se le considera parte ya que interviene en el proceso penal, después de que ya haya consignado y remitido las actuaciones al juez, ejerciendo la acción penal.
Es parte, de acuerdo a sus atribuciones en el art. 4° de la LOPGEJ, en sus siguientes fracciones:
V. Aportar las pruebas pertinentes y promover las diligencias conducentes para la debida acreditación del cuerpo del delito de que se trate, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios para la fijación del monto de su reparación. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; COMO INVESTIGADOR PENAL Nuestra constitución de acuerdo a la investigación nos menciona en su articulo 21 lo siguiente:
La investigación de los delitos corresponde al ministerio publico y a los policías, los cuales actuaran bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. COMO PARTE EN EL PROCESO CIVIL FAMILIAR Anteriormente el MP tenia encomendada fundamentalmente una función derivada de leyes secundarias en aquellos asuntos de interés del Estado en que debe manifestarse para la protección de ciertos intereses colectivos o cuando estos mismos requieran por su naturaleza, una tutela especial. Básicamente en materia de derecho familiar tenía una considerable participación. LA COADYUVANCIA DEL OFENDIDO O VICTIMA DEL DELITO El artículo 20 constitucional en su fracción X, establece que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica a que satisfaga la reparación del daño, cuando proceda a coadyuvar con el MP a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera y los demás que señalen las leyes. Como manera de INTRODUCCIÓN nos es necesario mencionar lo que es el concepto de Ministerio Público ya que de él partiremos a el análisis del tema: Es una institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo Ejecutivo que posee como funciones esenciales la de persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO COMO AUTORIDAD Al aportar pruebas pertinentes, promover diligencias, rendir conclusiones y perfeccionar la acción penal, etc. Durante la averiguación previa, hasta el ejercicio de la acción penal Parte del proceso Autoridad El MP tiene una doble función UNIDAD 5 La Constitución de 1836 es modificada el 13 de junio de 1843 con el nombre de Bases de la Organización Política de la República Mexicana (Bases Orgánicas). Esta preserva buena parte de los logros legislativos impulsados por los liberales, entre algunos:
          ▪ La abolición de todo tipo de esclavitud
          ▪ La libertad de imprenta y de opinión
▪ La seguridad personal
          ▪ La inviolabilidad de la propiedad y el domicilio  El código de 1871, conocido como código de Martínez de Castro en honor al Lic. Martínez de Castro esté comenzó a rendir para el D.F y el territorio de Baja California, en materia común y para toda la república en materia federal, el cual tuvo como modelo tendencias de la escuela clásica y estuvo vigente hasta 1929. • Fue Veracruz en 1835 el que publicó el primer Código Penal mexicano, tomando como modelo el código penal español de 1822.


• La constitución de 1814 adopta el sistema federal, por cuanto nace a la materia penal y los más sobresalientes fue la expedición de la siguientes códigos penales 2. Abolición de la esclavitud.
3. Enseñanza libre (ninguna limitación en favor del dogma).
5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento
.7. Libertad de expresión.
10. Libertad de portar armas.
13. Prohibición de fueros a personas o instituciones, supresión de tribunales especiales (Ley Juárez).
12. No se reconocen títulos nobiliarios
.22. Prohibición de penas por mutilación, azotes, y tormento de cualquier especie.
23. Abolición de pena de muerte, reservada solo al traidor a la patria, salteadores de caminos, incendiarios, parricidas, y homicidas con el agravante de alevosía, premeditación o ventaja. Así como delitos del orden militar o piratería.
27. Ninguna corporación civil o eclesiástica tiene capacidad para adquirir o administrar bienes raíces, a excepción de los edificios al servicio u objeto de la institución (antecedente de la Ley Lerdo)
.30. Definición de nacionalidad mexicana
.31. Obligaciones de los mexicanos
.36. Obligaciones de los ciudadanos.
39. La soberanía de la nación dimana del pueblo
.50. División de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
124. Prohibición de alcabalas y aduanas internas
.128. Inviolabilidad de la Constitución.   • La Constitución de 1857 restablece la forma de gobierno federal, representativo y democrático con tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, sin embargo al igual que la Constitución de 1824 estos carecieron de equilibrio. Los estados de la federación adoptaban la forma de gobierno republicana, representativa y popular, con sus poderes representativos, pero sujetos en lo general al pacto federal. Quedaron incluidos otros principios como la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y otras libertades típicas del liberalismo, sujetas a una concepción moderada. La Constitución de 1824 entró en vigor el 3 de octubre de 1824, después del derrocamiento del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide.

Compuesta por siete títulos y 171 artículos, establecía la forma de República Federal
similar a la de los EEUU. Había una fuerte intolerancia religiosa, en contraste con la libertad de pensamiento, imprenta y expresión, así como el mantenimiento de fueros y privilegios para el clero y el ejército, al lado de la igualdad ante la ley El código penal 1931 vigente y aplicable en el DF en materia común y en toda la república en materia federal, este código mantiene una postura eclíptica y actualmente este código recibe la crítica de ser antiguo sin caducidad, sin embargo su adecuación hasta nuestros días se ha obtenido a través de innumerables reformas para contar hoy con nuestro nuevo código penal. El código penal de 1929, conocido como código de Armaraz estuvo vigente hasta 1931 y tuvo influencia de la escuela positiva en el que hablaba de la negación de libre albedrío y clasificaba a los delincuentes ya que decían que lo importante era el delincuente no el delito.  • Después de la declaración de Independencia del 27 de septiembre de 1821 no fue inmediata la creación de leyes para México por lo que seguirían, por algún tiempo, rigiendo las leyes de la Colonia.

    • A consecuencia de la grave crisis producida por la lucha de independencia, el derecho penal casi no tuvo una fuerza obligatoria, ya que los derechos fundamentales eran violados constantemente, sin embargo se trato de regularizar y organiza a la policía, así como reglamentar la aportación de armas y el consumo de bebidas alcohólicas, se trato de combatir la vagancia, la mendicidad el robo y el asalto.

    • Se facultó al ejecutivo para indultar, conmutar, dispensar total o parcialmente las penas y para decretar el destierro



DIVERSOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS PENALES A PARTIR DE LA PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA -Nueva constitución incorpora una serie de artículos en los que se garantizan derechos individuales.
-Reconocen el derecho del hombre como base de las constituciones sociales
-Las leyes y autoridades deberán respetar las garantías constitucionales
-Suprime la esclavitud
-Enseñanza laica
-Individuo queda libre para escoger su oficio y profesión
-Se garantiza la libre expresión de las ideas
-Ciudadano libre de escribir y publicar sus escritos sobre cualquier asunto
-Queda consagrada la soberanía de la nación que reside en el pueblo CONSTITUCION DE 1857 Esta es la primera constitución de México independiente.
-Esta inspirada a su vez por la constitución de Cádiz y de EEUU.
-Su base ideológica es el enciclopedismo francés.
-Fue redactada por diputados de origen criollo y jurada el 4 de octubre de 1824.
-Establece como forma de gobierno la república federal.
- Dice que el poder ejecutivo debe ser electo por las legislaturas locales y por el congreso de la unión.
-El presidente y los secretarios de estado no podrán ser miembros del congreso.
-Los secretarios de estado dependen directamente del presidente de la república quien puede moverlos de su cargo con entera libertad.
-Que la autoridad presidencial esta por encima que la del congreso
-El presidente de la república es el jefe nato del ejercito y que entre sus facultades esta el ejercito de todo el poder, que es el responsable de las finanzas nacionales con derecho de voto frente a los demás poderes de la nación.
-La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia.
-La religión católica será la única y quedara prohibida cualquier otra
-El país se regirá con un gobierno republicano, representativo , popular y federal.
-Los poderes serán tres: ejecutivo, legislativo y judicial. CONSTITUCION DE 1824 LA ADMINISTRACION E IMPARTICION DE JUSTICIA EN LA EPOCA MODERNA “Mientras el derecho subjetivo se refiere siempre a un bien jurídico, material o inmaterial, presente o futuro, el interés legítimo se refiere a la pretensión de una conducta ajena –en el caso de la administración pública– que sea conforme a la norma (Giannini).” Los vicios jurídicos o de legitimidad reconocidos en la ley son: violación de la ley, la incompetencia y el exceso de poder.

Los poderes del juzgador varían según se trate de vicios jurídicos o administrativos. En el primer caso, si se comprueban los vicios, el juzgador puede anular el acto impugnado; en el segundo, puede sustituir el acto válido inoportuno o injusto por otro igualmente válido, pero justo y oportuno. De este modo, esta dualidad de jurisdicciones también plantea en España serias dificultades para determinar la naturaleza de algunos actos de la administración y la competencia de cada jurisdicción para conocer de tales actos. Entre los órganos de la jurisdicción administrativa son, en primer término, las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de España, máximos órganos colegiados, convertidos, en virtud de la reforma de 1973, fundamentalmente en tribunales administrativos de apelación, aunque también conocen de determinados procesos administrativos en primera y única instancia, y en segundo término, las salas de lo contencioso-administrativo de las audiencias territoriales, órganos colegiados que, regularmente, conocen de los procesos administrativos en primera instancia y cuyas resoluciones pueden ser impugnadas en apelación ante las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. En México, por el contrario, el primer sueldo de un agente del Ministerio Público federal en la categoría de asistente, que es la inicial dentro del servicio de carrera de procuración de justicia federal, es de 22,599 pesos , aproximadamente la mitad de lo que recibe un defensor de oficio federal que gana 40,756 pesos y una cuarta parte de lo que percibe un juez de distrito, esto es, 96,874 pesos. Es de deducirse que los más capaces buscarán ser jueces, por encima de la posibilidad de aspirar a ser agentes del Ministerio Público. También, que es difícil exigir el mismo nivel de compromiso y profesionalismo a los tres actores del proceso penal. El sueldo máximo al que puede aspirar un agente del Ministerio Público en México es de 42,532 pesos, en la más alta categoría del servicio de carrera, menos de la mitad de lo que ganaría un juez de distrito que inicia en el puesto y una tercera parte del sueldo máximo de su homólogo francés. Administración penitenciaria, que está encargada de vigilar a las personas entregadas a la justicia (en régimen cerrado y en régimen abierto) y de instaurar dispositivos de reinserción;

Menores: la justicia se ocupa a la vez de los menores en peligro y de los menores delincuentes, por medio de jurisdicciones específicas (como los Juzgados de Menores), asistidos por la Protección Judicial de la Juventud;

Asistencia a las víctimas: el ministerio desea reforzar el lugar de las víctimas en el procedimiento y mejorar sus derechos, en particular el de ser indemnizadas. La gratuidad: los litigantes no pagan a sus jueces (son funcionarios pagados por el Estado). Ahora bien, deben abonar los honorarios y emolumentos de los auxiliares de justicia (abogados, peritos,…). Las personas que no disponen de recursos suficiente para sufragar estos gastos pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita;
La permanencia: la justicia actúa de modo ininterrumpido, sin intervalo entre sesiones que se celebren periódicamente.
La fijeza: las jurisdicciones están establecidas en un lugar estable;
La publicidad de las decisiones de justicia: para proteger al sujeto pasivo contra una justicia secreta, el juicio es público (la publicidad del veredicto es una garantía absoluta, la de los debates está sujeta a excepciones);
La motivación de las decisiones: el juez debe explicar las razones de hecho y de derecho que le hacen tomar esa decisión;
El derecho a un juicio justo; Fundamentos y principios.

El sistema judicial francés, heredado de la Revolución de 1789, se apoya en un derecho escrito que consta de un conjunto de textos compuesto por las leyes votadas por el Parlamento, la Constitución de la Quinta República (4 de octubre de 1958), convenciones y tratados internacionales, el derecho comunitario europeo, la jurisprudencia y las costumbres. Después de la Revolución de 1789, se instauró la elección de dichos funcionarios, no obstante, se privilegiaban las relaciones personales y los intereses de los involucrados.

Así, la independencia de los jueces y agentes del Ministerio Público fue disminuida y su profesionalismo tampoco fue garantizado, pero su legitimidad fue real gracias al sistema de elección. Es hasta 1908 que se instaura el reclutamiento por concurso. Durante la primera mitad del siglo XX, la institución judicial francesa se encontraba desacreditada ante la opinión pública. Ser juez o agente del Ministerio Público era algo muy poco atractivo para un abogado. La formación inicial de estos funcionarios se limitaba a cursillos de poca duración. Durante la monarquía francesa, los cargos públicos relacionados con la justicia se compraban. Tal sistema permitía la transmisión de dichos cargos de padre a hijo, lo cual perjudicaba la legitimad de los jueces y agentes del Ministerio Público y no ofrecía ninguna garantía de profesionalismo. Sin embargo, ello aseguraba la independencia de los magistrados franceses con el poder real. El sistema institucional francés está basado en la separación de poderes: el poder legislativo del Parlamento (vota las leyes), el poder ejecutivo del gobierno (ejecuta las leyes) y el poder judicial (aplica las leyes).

La justicia es el tercer pilar del Estado y es independiente de los otros dos poderes. Es la garantía de las libertades individuales y del Estado de derecho, velar por la aplicación de las leyes y el respeto de los derechos de todos. En ambos casos la designación se hará en los primeros quince días del mes de octubre y la lista de los nombramientos se publicará en el Boletín Judicial.

El Jurado se integrará por siete ciudadanos electos mediante un sistema de insaculación por el Pleno del Consejo General. El Jurado Popular. En el Estado se establecerán jurados, solamente para conocer de los procesos que se instruyan por delitos cometidos por medio de la prensa, contra el orden público.


En el Primer Partido Judicial, se nombrarán por el Consejo General, cincuenta ciudadanos que desempeñen el cargo de jurados durante un año contado desde el primero de enero. También se nombrarán veinticinco ciudadanos para cada uno de los demás partidos judiciales en el Estado que deban desempeñar por un año el cargo de jurados. Los jueces de paz conocerán de los siguientes asuntos:

I. De los delitos cuya pena media no exceda de seis meses de prisión;
II. De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de cien días de salario mínimo general vigente en la zona económica del lugar de su adscripción;
III. Practicarán las diligencias encomendadas por sus superiores; y
IV. Los demás que prevengan las leyes. El Tribunal Electoral. Estará integrado por cinco magistrados propietarios. Funcionará en pleno, integrado por todos los magistrados propietarios, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. Contará con una Secretaría General de Acuerdos y el personal administrativo que requiera para su buen funcionamiento. El Presupuesto de egresos del año electoral prevendrá los apoyos financieros para contratar secretarios relatores y demás personal de apoyo, necesarios para la atención de los asuntos a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Para el Tribunal Pleno y la Presidencia del Supremo Tribunal habrá un Secretario General de Acuerdos, un Oficial Mayor y el número de servidores públicos de la administración de justicia que fije el Presupuesto de Egresos.

Las salas del Supremo Tribunal de Justicia para los asuntos de su competencia funcionarán con tres magistrados propietarios. Para el despacho de los asuntos encomendados, las salas tendrán cada una, un Secretario de Acuerdos que autorice sus resoluciones, uno o más secretarios auxiliares, secretarios relatores y el personal subalterno que permita el Presupuesto de Egresos. Por regla, cuando el acto administrativo afecta un derecho subjetivo del administrado, éste puede acudir a la jurisdicción ordinaria e iniciar un proceso civil; en cambio, cuando afecta un interés legítimo del administrado, éste, una vez agotados los recursos administrativos, puede acudir a los órganos de la jurisdicción administrativa para iniciar un proceso administrativo. En el derecho italiano se suele distinguir entre jurisdicción de legitimidad (se pretende comprobar si el acto de la administración está viciado jurídicamente) y jurisdicción de mérito (se pretende comprobar si el acto está viciado administrativamente).


Los vicios jurídicos se producen “cuando la administración, actuando con actividad reglada, viola la norma de derecho puesta a su actuación”; los vicios administrativos “cuando la administración viola las reglas de buena administración”. Los órganos de la jurisdicción administrativa sólo son competentes para conocer de los conflictos sobre actos administrativos, por lo que queda excluida de su competencia el conocimiento y resolución de cuestiones de índole civil o penal y de otras que, aunque relacionadas con actos de la administración, correspondan por disposición legal a la jurisdicción social o a otras jurisdicciones. Sin embargo, a diferencia del sistema judicialista tradicional inglés, dichos órganos jurisdiccionales, aunque ubicados dentro de la jurisdicción ordinaria, tienen competencia especializada en asuntos administrativos y se encuentran organizados jerárquicamente, de tal manera que sus decisiones finales no son revisadas directamente por juzgados civiles. De este modo, la jurisdicción administrativa, aunque forme parte del Poder Judicial, se encuentra separada funcionalmente de la jurisdicción civil. La formación de jueces y agentes del Ministerio Público en Francia está homologada, como lo están sus sueldos y prestaciones. Es evidente la ventaja que ello representa, pues existe equilibrio e identidad en la preparación y expectativas laborales de dos de los actores fundamentales del proceso penal.

El primer sueldo de un ministerio público o de un juez francés es de 2,200 euros, aproximadamente 35,442 pesos2, lo que representa un 56.8% más que los agentes del Ministerio Público en México. Los jueces y fiscales franceses pueden llegar a ganar, como máximo, 8,000 euros, esto es 128,880 pesos, lo que depende de la antigüedad, los méritos y la posición que ocupen en la carrera del Ministerio de Justicia. En consecuencia, existe igualdad de oportunidades para ellos. A pesar de las notorias y más que evidentes diferencias geográficas, sociales y económicas entre Francia y México, las tareas de reclutamiento y formación de agentes del Ministerio Público en esas naciones tiene un denominador común: aumentar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en dichos funcionarios.

Y en el mexicano es consecuencia de la corrupción del sistema de justicia penal, Auditora de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y INACIPE, se busca el profesionalismo y la honestidad de los miembros de la procuración de justicia, en ambos países. El recurso de apelación y el doble grado de jurisdicción:

Las jurisdicciones están jerarquizadas. Las “jurisdicciones de primer grado” (juzgado de primera instancia, juzgado correccional,…) conocen de las causas por primera vez, mientras que las “jurisdicciones de segundo grado” (tribunal de apelación) juzgan la causa por segunda vez y pueden reformar lo que ha sido dictado en primera instancia. La sustentan principios fundamentales.

El acceso al derecho para todos: puesto que “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, ha sido creado un dispositivo de ayuda para acceder al derecho que permite que todos conozcan mejor sus derechos y obligaciones, los hagan valer y ejecutar, concretamente por medio de los Consejos Departamentales de Acceso al Derecho (CDAD);
El acceso a la justicia para todos: todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia, a hacer oír su causa, a ser juzgadas y a ser asistidas;
La independencia y la neutralidad del juez;
El control de la aplicación del derecho por el tribunal de casación; Al término de la Segunda Guerra Mundial, el país europeo vivía el debilitamiento de prácticamente todas sus estructuras de gobierno. En 1958, bajo el impulso de Charles de Gaulle, Francia promulga una nueva constitución, que marca el nacimiento de la Quinta República Francesa. En relación con la tarea estatal de impartir justicia, la nueva Carta Magna sentó las bases para hacer atractiva una profesión desvalorizada. Por ello, se aumentaron y unificaron los sueldos de los jueces y agentes del Ministerio Público y se estableció una formación inicial de poco más de dos años, dentro de un servicio de carrera. No fue hasta la ley del 24 de mayo de 1872, que al facultarlo para decidir por sí mismo los conflictos administrativos y dotarlo de autonomía, lo transformó en un auténtico tribunal.

Por último, en virtud de la ley del 30 de septiembre de 1953, los consejos de prefectura fueron remplazados por Tribunales Administrativos Regionales con competencia para conocer de los conflictos en primera instancia, y el Consejo de Estado se convirtió en un tribunal esencialmente de apelación. El sistema francés de Tribunales Administrativos encuadrados fuera del Poder Judicial y dentro del Ejecutivo, surgió debido a que se entendió que el principio de la separación de poderes impedía al Poder Judicial interferir, así fuera juzgando, en los asuntos propios de la administración.

En la Constitución del siglo XVIII, Napoleón creó el Consejo de Estado. Además de las atribuciones consultivas sobre proyectos de leyes y asuntos de los ministerios, estaba facultado para resolver “las dificultades que puedan surgir en materia administrativa”. Sin embargo, no dictaba sentencias, sino que sólo formulaba proyectos de resoluciones y carecía de autonomía. Evolución Histórica de:
Francia Los Juzgados Menores y de Paz tendrán:


I. Un Juez y actuarán con testigos de asistencia; y
II. El personal administrativo que permita el Presupuesto de Egresos.
 
Los jueces menores conocerán de los siguientes asuntos:

I. De los delitos cuya pena media no exceda de dos años de prisión;
II. De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de ciento ochenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica del lugar de su adscripción;
III. Practicarán las diligencias encomendadas por sus superiores; y
IV. Los demás que prevengan las leyes. Los juzgados de primera instancia mixtos se integraran con:

I. Un Juez;
II. Un Secretario o secretarios;
III. Un Notificador o notificadores; y
IV. Los servidores públicos de la administración de justicia que autorice el Consejo General y que permita el Presupuesto de Egresos. Los juzgados de lo civil y de lo familiar se integrarán con:

I. Un Juez;
II. Un Secretario de Acuerdos;
III. Un Secretario Conciliador;
IV. Un Secretario o secretarios;
V. Un Notificador o notificadores;
VI. Los servidores públicos de la administración de justicia que determinen el Consejo General y el Presupuesto de Egresos.

Los juzgados de lo mercantil tendrán el mismo personal que se mencionó anteriormente, con excepción del Secretario Conciliador. Los Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos. Los juzgados de la Entidad conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil según determine el Pleno del Consejo General.


Los juzgados especializados en materia penal se integraran con:
 
I. Un Juez;
II. Un Secretario de Acuerdos;
III. Un Secretario o secretarios;
IV. Actuarios;
V. Un Notificador o notificadores; y
VI. Los servidores públicos de la administración de justicia, que determine el Consejo General y que permita el Presupuesto de Egresos.
  El Tribunal de lo Administrativo funcionará en Pleno o en Salas, el Pleno del Tribunal será integrado por los Magistrados que Presiden Sala con residencia en la capital del Estado, excepción hecha de los magistrados que integran Sala Auxiliar. Estará integrado por la cantidad de Magistrados, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos de su competencia, los cuales, en ningún caso serán menos de seis los Magistrados que presidan Sala con residencia en la capital del Estado. El Tribunal de lo Administrativo. Residirá en la capital del Estado, asimismo tendrá Salas Regionales que funcionarán en las cabeceras municipales que autorice el Pleno del Tribunal, así como Sala Auxiliar en la capital del Estado, con base en la disponibilidad presupuestal, con la competencia y jurisdicción que el Pleno del Tribunal les asigne y dictará sus resoluciones con base en los principios de autonomía, independencia e imparcialidad. El trabajo que todo juzgador debe cumplir bajo los principios de honestidad, imparcialidad, etc.

El Supremo Tribunal de Justicia. Residirá en la capital del Estado de Jalisco y estará integrado por treinta y cuatro magistrados propietarios. Funcionará en pleno en salas especializadas, regionales y mixtas en caso necesario, con la competencia que se determine por el pleno.


El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia se designará de entre los magistrados propietarios y no integrará sala. La Impartición de Justicia
Actividad de los órganos de la jurisdicción destinada a la aplicación del derecho por la vía del proceso.


Conjunto de los órganos mediante los cuales el Poder Judicial cumple su función aplicadora del derecho. Aplicación del derecho por la vía del proceso. Concepto de Administración de Justicia
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/982/10.pdf

http://www.diccionariojuridico.mx/ Bibliografía El sistema italiano se asemeja mucho al francés en cuanto que se basa en el establecimiento de una jurisdicción administrativa especializada, formalmente adscrita al Poder Ejecutivo, pero dotada de autonomía.

También se parece en la existencia de la “dualidad de jurisdicciones para juzgar a la administración pública”, toda vez que éstos pueden ser impugnados ante los órganos de la jurisdicción administrativa especializada o ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a un criterio de distribución de competencia muy diferente del francés. Evolución Histórica de:
Italia El sistema español, esta regulado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 27 de diciembre de 1956, reformada el 17 de marzo de 1973, se caracteriza por el hecho de que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los conflictos entre el administrado y la administración sobre actos administrativos, no quedan ubicados formalmente dentro del Poder Ejecutivo, sino en el Judicial. Evolución Histórica de:
España Los Sistemas de Administración de Justicia Los sistemas de administración de justicia, en general han sido construidos de acuerdo con las ideas políticas del liberalismo y han surgido históricamente como métodos para contrarrestar los excesos de la administración.

También suelen vincularse con la ideología del Estado de derecho, y con el principio de la división o separación de poderes. Artículo 3°.- El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ejerce por:

I. El Supremo Tribunal de Justicia;
II. El Tribunal Electoral;
III. El Tribunal de lo Administrativo;
IV. Los Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos;
V. Los Juzgados Menores;
VI. Los Juzgados de Paz; y
VII. El Jurado Popular.

El Poder Judicial contará además con dos órganos, uno denominado Consejo de la Judicatura del Estado y un Instituto de Justicia Alternativa del Estado, el último se regulará por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco OSCAR RAFAEL GARCIA ACEVEDO
CHRISTIAN ALEJANDRO MENDEZ AMADOR
OSCAR FABIAN OJEDA CHAVEZ El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Estado y el juzgador supremo en materia administrativa. Funciona en secciones y en pleno y conoce de determinadas materias en primera y única instancia, y de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los tribunales administrativos regionales.
Los Tribunales Administrativos Regionales son órganos colegiados con funcionarios jurisdiccionales en primera instancia. El Consejo de Estado es un tribunal esencialmente de apelación.
Los Tribunales Administrativos Regionales tienen competencia para conocer de los conflictos en primera instancia Sistema Italiano Sistema Francés Por regla, cuando el acto administrativo afecta un derecho subjetivo del administrado, éste puede acudir a la jurisdicción ordinaria e iniciar un proceso civil; en cambio, cuando afecta un interés legítimo del administrado, éste, una vez agotados los recursos administrativos, puede acudir a los órganos de la jurisdicción administrativa para iniciar un proceso administrativo. Los órganos de la jurisdicción administrativa sólo son competentes para conocer de los conflictos sobre actos administrativos, por lo que queda excluida de su competencia el conocimiento y resolución de cuestiones de índole civil o penal y de otras que, aunque relacionadas con actos de la administración, correspondan por disposición legal a la jurisdicción social o a otras jurisdicciones. Entre los órganos de la jurisdicción administrativa son, en primer término, las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de España, máximos órganos colegiados, convertidos, en virtud de la reforma de 1973, fundamentalmente en tribunales administrativos de apelación, aunque también conocen de determinados procesos administrativos en primera y única instancia, y en segundo término, las salas de lo contencioso-administrativo de las audiencias territoriales, órganos colegiados que, regularmente, conocen de los procesos administrativos en primera instancia y cuyas resoluciones pueden ser impugnadas en apelación ante las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Sin embargo, a diferencia del sistema judicialista tradicional inglés, dichos órganos jurisdiccionales, aunque ubicados dentro de la jurisdicción ordinaria, tienen competencia especializada en asuntos administrativos y se encuentran organizados jerárquicamente, de tal manera que sus decisiones finales no son revisadas directamente por juzgados civiles. De este modo, la jurisdicción administrativa, aunque forme parte del Poder Judicial, se encuentra separada funcionalmente de la jurisdicción civil. A pesar de las notorias y más que evidentes diferencias geográficas, sociales y económicas entre Francia y México, las tareas de reclutamiento y formación de agentes del Ministerio Público en esas naciones tiene un denominador común: aumentar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en dichos funcionarios.

Y en el mexicano es consecuencia de la corrupción del sistema de justicia penal, Auditora de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia y INACIPE, se busca el profesionalismo y la honestidad de los miembros de la procuración de justicia, en ambos países. El recurso de apelación y el doble grado de jurisdicción:

Las jurisdicciones están jerarquizadas. Las “jurisdicciones de primer grado” (juzgado de primera instancia, juzgado correccional,…) conocen de las causas por primera vez, mientras que las “jurisdicciones de segundo grado” (tribunal de apelación) juzgan la causa por segunda vez y pueden reformar lo que ha sido dictado en primera instancia. La sustentan principios fundamentales.

El acceso al derecho para todos: puesto que “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, ha sido creado un dispositivo de ayuda para acceder al derecho que permite que todos conozcan mejor sus derechos y obligaciones, los hagan valer y ejecutar, concretamente por medio de los Consejos Departamentales de Acceso al Derecho (CDAD);
El acceso a la justicia para todos: todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia, a hacer oír su causa, a ser juzgadas y a ser asistidas;
La independencia y la neutralidad del juez;
El control de la aplicación del derecho por el tribunal de casación; Al término de la Segunda Guerra Mundial, el país europeo vivía el debilitamiento de prácticamente todas sus estructuras de gobierno. En 1958, bajo el impulso de Charles de Gaulle, Francia promulga una nueva constitución, que marca el nacimiento de la Quinta República Francesa. En relación con la tarea estatal de impartir justicia, la nueva Carta Magna sentó las bases para hacer atractiva una profesión desvalorizada. Por ello, se aumentaron y unificaron los sueldos de los jueces y agentes del Ministerio Público y se estableció una formación inicial de poco más de dos años, dentro de un servicio de carrera. Después de la Revolución de 1789, se instauró la elección de dichos funcionarios, no obstante, se privilegiaban las relaciones personales y los intereses de los involucrados.

Así, la independencia de los jueces y agentes del Ministerio Público fue disminuida y su profesionalismo tampoco fue garantizado, pero su legitimidad fue real gracias al sistema de elección. Es hasta 1908 que se instaura el reclutamiento por concurso. Durante la primera mitad del siglo XX, la institución judicial francesa se encontraba desacreditada ante la opinión pública. Ser juez o agente del Ministerio Público era algo muy poco atractivo para un abogado. La formación inicial de estos funcionarios se limitaba a cursillos de poca duración. Durante la monarquía francesa, los cargos públicos relacionados con la justicia se compraban. Tal sistema permitía la transmisión de dichos cargos de padre a hijo, lo cual perjudicaba la legitimad de los jueces y agentes del Ministerio Público y no ofrecía ninguna garantía de profesionalismo. Sin embargo, ello aseguraba la independencia de los magistrados franceses con el poder real. El sistema institucional francés está basado en la separación de poderes: el poder legislativo del Parlamento (vota las leyes), el poder ejecutivo del gobierno (ejecuta las leyes) y el poder judicial (aplica las leyes).

La justicia es el tercer pilar del Estado y es independiente de los otros dos poderes. Es la garantía de las libertades individuales y del Estado de derecho, velar por la aplicación de las leyes y el respeto de los derechos de todos. En ambos casos la designación se hará en los primeros quince días del mes de octubre y la lista de los nombramientos se publicará en el Boletín Judicial.

El Jurado se integrará por siete ciudadanos electos mediante un sistema de insaculación por el Pleno del Consejo General. Los jueces de paz conocerán de los siguientes asuntos:

I. De los delitos cuya pena media no exceda de seis meses de prisión;
II. De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de cien días de salario mínimo general vigente en la zona económica del lugar de su adscripción;
III. Practicarán las diligencias encomendadas por sus superiores; y
IV. Los demás que prevengan las leyes. Los juzgados de lo civil y de lo familiar se integrarán con:

I. Un Juez;
II. Un Secretario de Acuerdos;
III. Un Secretario Conciliador;
IV. Un Secretario o secretarios;
V. Un Notificador o notificadores;
VI. Los servidores públicos de la administración de justicia que determinen el Consejo General y el Presupuesto de Egresos.

Los juzgados de lo mercantil tendrán el mismo personal que se mencionó anteriormente, con excepción del Secretario Conciliador. El Tribunal Electoral. Estará integrado por cinco magistrados propietarios. Funcionará en pleno, integrado por todos los magistrados propietarios, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. Contará con una Secretaría General de Acuerdos y el personal administrativo que requiera para su buen funcionamiento. El Presupuesto de egresos del año electoral prevendrá los apoyos financieros para contratar secretarios relatores y demás personal de apoyo, necesarios para la atención de los asuntos a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El Tribunal de lo Administrativo. Residirá en la capital del Estado, asimismo tendrá Salas Regionales que funcionarán en las cabeceras municipales que autorice el Pleno del Tribunal, así como Sala Auxiliar en la capital del Estado, con base en la disponibilidad presupuestal, con la competencia y jurisdicción que el Pleno del Tribunal les asigne y dictará sus resoluciones con base en los principios de autonomía, independencia e imparcialidad. “Mientras el derecho subjetivo se refiere siempre a un bien jurídico, material o inmaterial, presente o futuro, el interés legítimo se refiere a la pretensión de una conducta ajena –en el caso de la administración pública– que sea conforme a la norma (Giannini).” Los vicios jurídicos o de legitimidad reconocidos en la ley son: violación de la ley, la incompetencia y el exceso de poder.

Los poderes del juzgador varían según se trate de vicios jurídicos o administrativos. En el primer caso, si se comprueban los vicios, el juzgador puede anular el acto impugnado; en el segundo, puede sustituir el acto válido inoportuno o injusto por otro igualmente válido, pero justo y oportuno. En el derecho italiano se suele distinguir entre jurisdicción de legitimidad (se pretende comprobar si el acto de la administración está viciado jurídicamente) y jurisdicción de mérito (se pretende comprobar si el acto está viciado administrativamente).


Los vicios jurídicos se producen “cuando la administración, actuando con actividad reglada, viola la norma de derecho puesta a su actuación”; los vicios administrativos “cuando la administración viola las reglas de buena administración”. De este modo, esta dualidad de jurisdicciones también plantea en España serias dificultades para determinar la naturaleza de algunos actos de la administración y la competencia de cada jurisdicción para conocer de tales actos. En México, por el contrario, el primer sueldo de un agente del Ministerio Público federal en la categoría de asistente, que es la inicial dentro del servicio de carrera de procuración de justicia federal, es de 22,599 pesos , aproximadamente la mitad de lo que recibe un defensor de oficio federal que gana 40,756 pesos y una cuarta parte de lo que percibe un juez de distrito, esto es, 96,874 pesos. Es de deducirse que los más capaces buscarán ser jueces, por encima de la posibilidad de aspirar a ser agentes del Ministerio Público. También, que es difícil exigir el mismo nivel de compromiso y profesionalismo a los tres actores del proceso penal. El sueldo máximo al que puede aspirar un agente del Ministerio Público en México es de 42,532 pesos, en la más alta categoría del servicio de carrera, menos de la mitad de lo que ganaría un juez de distrito que inicia en el puesto y una tercera parte del sueldo máximo de su homólogo francés. La formación de jueces y agentes del Ministerio Público en Francia está homologada, como lo están sus sueldos y prestaciones. Es evidente la ventaja que ello representa, pues existe equilibrio e identidad en la preparación y expectativas laborales de dos de los actores fundamentales del proceso penal.

El primer sueldo de un ministerio público o de un juez francés es de 2,200 euros, aproximadamente 35,442 pesos2, lo que representa un 56.8% más que los agentes del Ministerio Público en México. Los jueces y fiscales franceses pueden llegar a ganar, como máximo, 8,000 euros, esto es 128,880 pesos, lo que depende de la antigüedad, los méritos y la posición que ocupen en la carrera del Ministerio de Justicia. En consecuencia, existe igualdad de oportunidades para ellos. Administración penitenciaria, que está encargada de vigilar a las personas entregadas a la justicia (en régimen cerrado y en régimen abierto) y de instaurar dispositivos de reinserción;

Menores: la justicia se ocupa a la vez de los menores en peligro y de los menores delincuentes, por medio de jurisdicciones específicas (como los Juzgados de Menores), asistidos por la Protección Judicial de la Juventud;

Asistencia a las víctimas: el ministerio desea reforzar el lugar de las víctimas en el procedimiento y mejorar sus derechos, en particular el de ser indemnizadas. La gratuidad: los litigantes no pagan a sus jueces (son funcionarios pagados por el Estado). Ahora bien, deben abonar los honorarios y emolumentos de los auxiliares de justicia (abogados, peritos,…). Las personas que no disponen de recursos suficiente para sufragar estos gastos pueden beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita;
La permanencia: la justicia actúa de modo ininterrumpido, sin intervalo entre sesiones que se celebren periódicamente.
La fijeza: las jurisdicciones están establecidas en un lugar estable;
La publicidad de las decisiones de justicia: para proteger al sujeto pasivo contra una justicia secreta, el juicio es público (la publicidad del veredicto es una garantía absoluta, la de los debates está sujeta a excepciones);
La motivación de las decisiones: el juez debe explicar las razones de hecho y de derecho que le hacen tomar esa decisión;
El derecho a un juicio justo; Fundamentos y principios.

El sistema judicial francés, heredado de la Revolución de 1789, se apoya en un derecho escrito que consta de un conjunto de textos compuesto por las leyes votadas por el Parlamento, la Constitución de la Quinta República (4 de octubre de 1958), convenciones y tratados internacionales, el derecho comunitario europeo, la jurisprudencia y las costumbres. No fue hasta la ley del 24 de mayo de 1872, que al facultarlo para decidir por sí mismo los conflictos administrativos y dotarlo de autonomía, lo transformó en un auténtico tribunal.

Por último, en virtud de la ley del 30 de septiembre de 1953, los consejos de prefectura fueron remplazados por Tribunales Administrativos Regionales con competencia para conocer de los conflictos en primera instancia, y el Consejo de Estado se convirtió en un tribunal esencialmente de apelación. El Jurado Popular. En el Estado se establecerán jurados, solamente para conocer de los procesos que se instruyan por delitos cometidos por medio de la prensa, contra el orden público.


En el Primer Partido Judicial, se nombrarán por el Consejo General, cincuenta ciudadanos que desempeñen el cargo de jurados durante un año contado desde el primero de enero. También se nombrarán veinticinco ciudadanos para cada uno de los demás partidos judiciales en el Estado que deban desempeñar por un año el cargo de jurados. Los Juzgados Menores y de Paz tendrán:


I. Un Juez y actuarán con testigos de asistencia; y
II. El personal administrativo que permita el Presupuesto de Egresos.
 
Los jueces menores conocerán de los siguientes asuntos:

I. De los delitos cuya pena media no exceda de dos años de prisión;
II. De los asuntos civiles y mercantiles cuya cuantía no exceda de ciento ochenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica del lugar de su adscripción;
III. Practicarán las diligencias encomendadas por sus superiores; y
IV. Los demás que prevengan las leyes. Los juzgados de primera instancia mixtos se integraran con:

I. Un Juez;
II. Un Secretario o secretarios;
III. Un Notificador o notificadores; y
IV. Los servidores públicos de la administración de justicia que autorice el Consejo General y que permita el Presupuesto de Egresos. Los Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos. Los juzgados de la Entidad conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil según determine el Pleno del Consejo General.


Los juzgados especializados en materia penal se integraran con:
 
I. Un Juez;
II. Un Secretario de Acuerdos;
III. Un Secretario o secretarios;
IV. Actuarios;
V. Un Notificador o notificadores; y
VI. Los servidores públicos de la administración de justicia, que determine el Consejo General y que permita el Presupuesto de Egresos.
  El Tribunal de lo Administrativo funcionará en Pleno o en Salas, el Pleno del Tribunal será integrado por los Magistrados que Presiden Sala con residencia en la capital del Estado, excepción hecha de los magistrados que integran Sala Auxiliar. Estará integrado por la cantidad de Magistrados, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos de su competencia, los cuales, en ningún caso serán menos de seis los Magistrados que presidan Sala con residencia en la capital del Estado. Para el Tribunal Pleno y la Presidencia del Supremo Tribunal habrá un Secretario General de Acuerdos, un Oficial Mayor y el número de servidores públicos de la administración de justicia que fije el Presupuesto de Egresos.

Las salas del Supremo Tribunal de Justicia para los asuntos de su competencia funcionarán con tres magistrados propietarios. Para el despacho de los asuntos encomendados, las salas tendrán cada una, un Secretario de Acuerdos que autorice sus resoluciones, uno o más secretarios auxiliares, secretarios relatores y el personal subalterno que permita el Presupuesto de Egresos. El trabajo que todo juzgador debe cumplir bajo los principios de honestidad, imparcialidad, etc.

El Supremo Tribunal de Justicia. Residirá en la capital del Estado de Jalisco y estará integrado por treinta y cuatro magistrados propietarios. Funcionará en pleno en salas especializadas, regionales y mixtas en caso necesario, con la competencia que se determine por el pleno.


El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia se designará de entre los magistrados propietarios y no integrará sala. La Impartición de Justicia
Actividad de los órganos de la jurisdicción destinada a la aplicación del derecho por la vía del proceso.


Conjunto de los órganos mediante los cuales el Poder Judicial cumple su función aplicadora del derecho. Aplicación del derecho por la vía del proceso. Concepto de Administración de Justicia
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/982/10.pdf

http://www.diccionariojuridico.mx/ Bibliografía El sistema italiano se asemeja mucho al francés en cuanto que se basa en el establecimiento de una jurisdicción administrativa especializada, formalmente adscrita al Poder Ejecutivo, pero dotada de autonomía.

También se parece en la existencia de la “dualidad de jurisdicciones para juzgar a la administración pública”, toda vez que éstos pueden ser impugnados ante los órganos de la jurisdicción administrativa especializada o ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo a un criterio de distribución de competencia muy diferente del francés. Evolución Histórica de:
Italia El sistema español, esta regulado por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del 27 de diciembre de 1956, reformada el 17 de marzo de 1973, se caracteriza por el hecho de que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los conflictos entre el administrado y la administración sobre actos administrativos, no quedan ubicados formalmente dentro del Poder Ejecutivo, sino en el Judicial. Evolución Histórica de:
España El sistema francés de Tribunales Administrativos encuadrados fuera del Poder Judicial y dentro del Ejecutivo, surgió debido a que se entendió que el principio de la separación de poderes impedía al Poder Judicial interferir, así fuera juzgando, en los asuntos propios de la administración.

En la Constitución del siglo XVIII, Napoleón creó el Consejo de Estado. Además de las atribuciones consultivas sobre proyectos de leyes y asuntos de los ministerios, estaba facultado para resolver “las dificultades que puedan surgir en materia administrativa”. Sin embargo, no dictaba sentencias, sino que sólo formulaba proyectos de resoluciones y carecía de autonomía. Evolución Histórica de:
Francia Los Sistemas de Administración de Justicia Los sistemas de administración de justicia, en general han sido construidos de acuerdo con las ideas políticas del liberalismo y han surgido históricamente como métodos para contrarrestar los excesos de la administración.

También suelen vincularse con la ideología del Estado de derecho, y con el principio de la división o separación de poderes. Artículo 3°.- El Poder Judicial del Estado de Jalisco se ejerce por:

I. El Supremo Tribunal de Justicia;
II. El Tribunal Electoral;
III. El Tribunal de lo Administrativo;
IV. Los Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos;
V. Los Juzgados Menores;
VI. Los Juzgados de Paz; y
VII. El Jurado Popular.

El Poder Judicial contará además con dos órganos, uno denominado Consejo de la Judicatura del Estado y un Instituto de Justicia Alternativa del Estado, el último se regulará por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco OSCAR RAFAEL GARCIA ACEVEDO
CHRISTIAN ALEJANDRO MENDEZ AMADOR
OSCAR FABIAN OJEDA CHAVEZ El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Estado y el juzgador supremo en materia administrativa. Funciona en secciones y en pleno y conoce de determinadas materias en primera y única instancia, y de las apelaciones interpuestas contra las decisiones de los tribunales administrativos regionales.
Los Tribunales Administrativos Regionales son órganos colegiados con funcionarios jurisdiccionales en primera instancia. El Consejo de Estado es un tribunal esencialmente de apelación.
Los Tribunales Administrativos Regionales tienen competencia para conocer de los conflictos en primera instancia Sistema Italiano Sistema Francés UNIDAD 8 JUICIO DE RESIDENCIA

Los jueces después de hacer el juramento que su cargo requería, otorgaban una garantía para asegurar su permanencia durante 50 días, en donde había ejercido sus funciones, si había queja en su contra, previo anuncio por pregones de la residencia, se ventilara el juicio, con asistencia del residenciado, hasta la sentencia. ALCALDES DEL CRIMEN

- Conocían causas criminales

- Actuaban como Tribunal Unitario para causas leves.

- Se constituían en cuerpo colegiado, cuando se trataba de muerte, mutilación de miembro o pena corporal. AUDIENCIA

- Tribunal con funciones gubernamentales especificas.

- Soluciona problemas policiacos y administración de justicia.

- Se instalaron en la ciudad de México y en Guadalajara. EN LA NUEVA ESPAÑA

- Felipe II, por cedula real del 25 de enero de 1569, crea el Tribunal de la Inquisición de México.

- Se fundo el 12 de septiembre de 1571. TRIBUNALES

Para la investigación del delito se implantaron:

- El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

- La audiencia

- Tribunal de la Acordada

- Tribunales especiales FUNCIONARIOS INDIOS

El 9 de octubre, se ordeno que los indios desempeñaran cargos de:
- Alcaldes.
- Jueces.
- Regidores
- Aguaciles LOS GOBERNADORES

- Gobernaban circunscripciones políticas de menor importancia.

- Responsables del cuidado del orden

- Administraban justicia

- Resolvían todo problema que se presentara. A medida que la vida colonial fue desarrollándose, se presentaron diversidad de problemas que las leyes españolas no alcanzaban a regular.

Felipe II, decretó sanciones rigurosas para frenar toda clase de abusos e invasión de competencias. LA ÉPOCA COLONIAL TRIBUNAL DE LA ACORDADA

- Se integro con un juez o capitán, llamado juez de caminos.

- Perseguía a los salteadores de caminos.

- Instruía un juicio sumarísimo, dictaba sentencia inmediatamente a ejecutarla.

- Era ambulante, no tenía sede fija. ALGUACIL MAYOR

- Tenia bajo su responsabilidad la función policiaca. OIDORES

- Investigaban denuncias o hechos hasta llegar a formarse la convicción para dictar sentencia.

- Suplían faltas de los alcaldes del crimen y firmaban órdenes de aprehensión. INTEGRANTES

- Oidores

- Alcaldes del Crimen

- Alguacil mayor INTEGRADO POR:
- Inquisidores
- Secretarios
- Consultores
- Calificadores
- Comisarios
- Promotor fiscal
- Abogado defensor
- Receptor y tesorero
- Familiares
- Notarios
- Escribanos
- Alguaciles
- Alcaides e interpretes. TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LA INQUISICION

- Se utilizo como gran instrumento policiaco, contra la herejía.

- Encaminado a consolidar la unidad religiosa en España.

- Residía en un Consejo Supremo. LOS ALCALDES MAYORES

- Subordinados a los corregidores

- Ejercían funciones administrativas o judiciales en lugares de su adscripción. LOS CORREGIDORES

- Se les adscribía a los distritos

- Cuidaban el orden

- Administraban justicia

- Dictaban disposiciones legales

- Dirigían aspectos administrativos de su circunscripción territorial. VIRREY

- Capitán general

- Representaba al Rey en atribuciones religiosas del Patronato

- Llego a ser el eje principal de los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores. FUNCIONARIOS CON ATRIBUCIONES LEGALES PARA INVESTIGAR EL DELITO.

- El virrey

- Los gobernadores

- Los capitanes generales

- Los corregidores Jueces foráneos: que se elegían anualmente en cada barrio encargados de vigilar la conducta de las
familias y toda irregularidad que observaran auxiliados por hombres armados para emprender a los
delincuentes.
*El tribunal Tlacxitlan o Tecalli: que estaba después de los jueces en cuanto a jerarquía estaba integrado
por 3 o 4 magistrados nombrados por el Tlatoani
Eran de carácter vitalicio y solo podían ser removidos por determinadas causas, este supremo tribunal
se dividía en dos salas, una para juzgar a los plebeyos y otra para juzgar a los nobles.
podía condenar a muerte, pero solo con la autorización del Tlatoani.
*Supremo tribunal del tlatoani*
para asuntos graves se recurría a este tribunal que estaba en funciones cada 24 días integrada por 12 o 14 magistrados
*Tribunales especiales*
Los militares: integrado por 3 jueces
Tribunales religiosos: juzgar sacerdote o sacerdotisas
Tribunales de comercio: eran 2 para el mercado y para juzgarlos
Tribunales de los gremios.
Tribunales de estudiantes: precedido por Huiznahuac. Los ordenamientos legales del Derecho Español y las disposiciones dictadas por las nuevas autoridades, desplazaron los sistemas jurídicos azteca, texcocano y maya.
No existía un grupo de normas organizadas institucionalmente para regular el procedimiento en materia criminal.
Resultaban confundidas las disposiciones de carácter eclesiástico, profano, foral y real. INFLUENCIA DE LA CONQUISTA EN EL ASPECTO PROCESAL PENAL Caracteristicas * La distinción entre delitos dolosos y delitos culposos.
  * Procedimiento público.
  * El perdón del ofendido.
  * La existencia de la reparación del daño.
  * Procedimiento sumario.
  * Existencia del arbitrio judicial.
  * Inexistencia de un recurso de impugnación de las sentencias y de las resoluciones de los jueces.
  * La utilización de abogados o medianeros para la resolución de conflictos. proceso El procedimiento era oral, pero se levantaba un testimonio de todo lo actuado a manera de expediente a cargo del escribano, la máxima duración de un proceso era de 80 días y los casos mas graves eran resueltos con rapidez y con menos recursos para la defensa, la carga de las pruebas era para el acusador y podía ser testimonial confesional presuncional o documental, en ocasiones se aceptaban los careos, las audiencias eran públicas o privadas según la
decisión de los jueces Aplicaban como penas principales la muerte y la esclavitud las leyes penales al igual que en los otros reinos y señoríos, se caracterizaban por su severidad DERECHO MAYA Penas principales  penas principales, la muerte y la esclavitud. La primera era reservada para los adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas; la segunda para los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. No utilizaron como pena; ni la cárcel, ni los azotes, pero a los condenados a muerte y a los esclavos fugitivos, se les encerraban en jaulas de madera que servían de cárceles. Las sentencias eran inapelables. Asuntos criminales y civiles y dependiendo de ello se designaban a barrios de acuerdo al delito cometido Conoce de igual manera de los asuntos del monarca Dotado de conocer en apelaciones en materia criminal DERECHO AZTECA DOTADO E COMPETENCIA PARA CONOCER DE APELACIONES EN MATERIA CRIMINAL Y SU SUSTITUTO EJERCIA EL DERECHO PENAL EN LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS DEL NUESTRO TERRITORIO NACIONAL La violacion: pena de muerte incluso se mutilaba sexualmente al agresor Riña y lesiones: se castigaba con la indeminizacion La mentira en la mujer y en los niños: se castigaba con pequeñas incisiones en los labios y en la lengua, a los hombres se les arrastraba hasta matarlos El lenocinio: se castigaba con la quema de cabello en publico *Delitos contra el imperio: traición al soberano, espionaje, rebelión y hechicería, eran sancionados con pena de muerte sanciones
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