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ANALISIS DE LA SENTENCIA C 221 DE 1994

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Giofrank Soto Rodriguez

on 18 November 2013

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Transcript of ANALISIS DE LA SENTENCIA C 221 DE 1994

A través del magistrado ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz, se profirió la
Sentencia C 221 del 5 de mayo de 1994
, la cual despenalizo el consumo de la dosis personal,
declarando inexequibles los artículos 51 Y 87 de la Ley 30 de 1986.
La demanda de inconstitucionalidad
La sentencia
ANÁLISIS DE LA SENTENCIA C 221 DE 1994
Giofrank Soto Rodríguez
Julio Enrique Yepes Vergara
Laura Martínez Luna

Facultad de Derecho U. Simón Bolívar.
Noviembre de 2013.

en 1994, el ciudadano Alexandre Sochandamandou presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986),
atacando el articulado que prohibe el porte y consumo de estupefacientes
.
Antecedentes
La Ley 30 de 1986 que se encuentra aún en vigencia, se dictan las disposiciones referentes a la fabricación, importación, exportación, distribución, comercio y uso de estupefacientes, así como lo relacionado a la prevención del consumo de estupefacientes a través de campañas y programas educativos bajo el control de las entidades e instituciones señaladas en la mencionada ley. En su articulado,
dicha Ley, prohíbe el porte y consumo de estupefacientes en cantidad de dosis personal enmarcándola como una contravención.
En la década de los 80, el narcotráfico pasaba por su época dorada en Colombia. En ese periodo, se inició un conflicto interno entre los carteles delincuenciales de las diferentes regiones del país que procesaban y producían la droga, donde el objetivo era controlar y liderar este negocio ilegal. El gobierno de ese entonces expidió
la Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes
como una medida alternativa que buscaba solucionar la problemática de las drogas dentro de la política criminal que se manejaba en aquel periodo.
Articulos demandados
El primero, es literal j) del articulo 2, que define la dosis para uso personal y las cantidades mínimas de sustancias psicoactivas que entran dentro de la definición.
“Para efectos de la presente Ley se adoptarán las siguientes definiciones:
. . . j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo.

Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos.

No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. . . .”

El segundo, es el artículo 51, que refiere a las sanciones para las personas que porten o sean sorprendidas consumiendo sustancias psicoactivas en cantidad de dosis personal.
“El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso personal, conforme a lo dispuesto en esta Ley, incurrirá en las siguientes sanciones:

• Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual.
• Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía de medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero.
• El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto.

La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de la familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de éste, a una clínica, hospital o casa de salud, para el trata miento que corresponda, el cual se prolongará por el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada por el médico tratante y por la respectiva seccional de Medicina Legal. La familia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones, mediante caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la capacidad económica de aquella.

El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocido del caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente.”

Argumentos de la demanda
El demandante se fundamenta expresando que el
“Estado no puede sancionar con pena o medida de seguridad el derecho inalienable de las personas a estar psicofisiológicamente enfermas por cualquier causa, inclusive de drogadicción o toxicomanía."
También destaca en la demanda de inconstitucionalidad, que el drogadicto al no causar daño alguno a otra persona más que a si mismo, no se le puede sancionar y penalizar su conducta. No puede de ninguna forma la Ley 30 de 1986 conducir el actuar del individuo, mientras esta no estuviera interfiriendo o afectando los derechos del resto de individuos.
La demanda se baso en que el articulado de la ley 30 de 1986, vulnera el derecho a la igualdad, a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad, violando los artículos 5, 28, 29, 34, 49, 95 y 366, consagrados en la Carta Magna.
Intervinientes
Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia a través de apoderado constituido, sustentó los motivos por los cuales las normas demandadas de la Ley 30 de 1986 son constitucionales y por ende, no vulneraban la Constitución Política de Colombia, fundamentado su intervención en el derecho a la salud que debe garantizar el Estado colombiano a sus ciudadanos y en el derecho a la libertad personal del individuo.
Ministerio Público
El Procurador General de la Nación (Encargado) rinde la vista fiscal de rigor en oficio No. 350 del 1o. de diciembre de 1993, solicitando a la Corte Constitucional se declare exequibles el literal j) del artículo 2o. y el artículo 51 de la ley 30 de 1986, basándose en que la Ley 30 de 1986 tiene una naturaleza mas benigna con la persona que es adicta que con quien produce y comercializa estupefacientes, al considerar que el adicto es mas una victima que un delincuente y que antes de recibir un castigo, debe recibir el tratamiento adecuado para que este pueda lograr su recuperación.
Argumentos de la decisión
La autonomía otorgada por la Carta Magna colombiana a las personas, indica que es la propia persona quien debe darle sentido a su existencia, por lo que todos los asuntos que atañen a la persona solo por ella deben ser resueltos.

Por estos motivos concluye la Corte Constitucional, que las normas que hacen del consumo de droga un delito, sean claramente inconstitucionales.

la Corte considera violatoria del Estatuto Básico, los articulo 51 y 87 de la Ley 30 de 1986, este ultimo que a pesarde no ser atacado en la demanda, constituye unidad normativa con las demas normas demandadas.
El articulo 87 de la Ley 30 de 1986 establece
"Las personas que, sin haber cometido ninguna de las infracciones descritas en este estatuto, estén afectadas por el consumo de drogas que producen dependencia, serán enviadas a los establecimientos señalados en los artículos 4 y 5 del Decreto 1136 de 1970, de acuerdo con el procedimiento señalado por este Decreto".
El obligar a una persona a recibir un tratamiento medico de una enfermedad de la cual no quiere curarse y que no ha cometido ningún delito penal que este tipificado, atenta contra la libertad y la autonomía consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia que refiere al libre desarrollo de la personalidad.
En cuanto al literal J) del articulo 2 de la Ley 30 de 1986, lo encuentra ajustado a la norma básica, por ser un facultad legislativa de la cual es competente al colocar limites a una actividad licita determinando la dosis para consumo personal, en contraste con el narcotráfico, que es una actividad ilícita.
Salvamento de voto
Cuatro de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, hicieron el salvamento de voto
, por no compartir la decisión de fondo de la Sala Plena. Estos magistrados fueron: Dr. José Gregorio Hernández Galindo, Dr. Hernando Herrera Vergara, Dr. Fabio Morón Díaz y el Dr. Vladimiro Naranjo Meza.
Las razones básicas para hacer el salvamento de voto fueron de orden jurídico, al considerar estos magistrados que las normas declaradas inexequibles se encontraban en armonía con lo establecido en la Constitución Política, por lo que tenían pleno fundamento constitucional. Así las cosas, la decisión contradice los preceptos del Estado Social de Derecho, pero también puede tener efectos negativos sobre principios fundamentales protegidos por la Carta, como el de la prevalencia del interés general sobre el particular.
En cuanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el salvamento de voto menciona que este no es un derecho absoluto, por lo que todo derecho y libertad se encuentran limitado por los derechos y libertades de los demás y por el mismo ordenamiento jurídico.

Con respecto a que la drogadicción atenta contra la dignidad humana, el salvamento de voto se fundamenta en que la drogadicción impide la realización personal del individuo, tomándolo como un esclavo del vicio en aras de satisfacer un placer momentáneo. Atentar contra la dignidad, como valor inalienable del hombre es inadmisible que se atente contra el al permitir el consumo de sustancias psicoactivas.
Conclusiones
La Sentencia C 221 de 1994 permite apreciar la polémica de su aplicación en un país como Colombia azotado por el problema del narcotráfico, donde la lucha contra las drogas ha sido establecer políticas prohibicionistas.

Es por ello que esta decisión marco un hito importante en nuestro país, ya que no existía ningún precedente jurídico que estuviera a favor sobre el tema.
Si bien es cierto que actualmente esta sentencia aun esta vigente, es decir, que el consumo de estupefacientes en cantidad de dosis personal esta legalmente permitido,
la producción y comercialización de sustancias psicoactivas aun se encuentra prohibida en nuestro país.
Sería jurídicamente para el sujeto, imposible conseguir el estupefaciente que en su libertad individual y autonomía desea consumir.

Se encuentra entonces una contradicción jurídica al tratar este tema, pues si las personas desean consumir algún estupefaciente en la cantidad permitida por los mandatos legales y constitucionales.
Entonces ¿Los consumidores no estarían siendo cómplices de un delito al comprar y obtener la droga comercializada, cuando esta ultima actividad se encuentra prohibida por la ley? Y si no se quiere hacer parte de una actividad ilícita ¿Cómo pueden los consumidores obtener las drogas que, constitucional y legalmente les es aprobado consumir?

De aqui se deducen 2 situaciones: que los sujetos que consigan los estupefacientes para el consumo legal,
serian cómplices de una actividad ilícita y tipificada por el Código Penal
. A su vez, los que producen y expenden la droga a los consumidores en cantidad de dosis mínima,
estarían haciendo parte de una actividad lícita.
GRACIAS
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