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Derecho Procesal Laboral

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on 22 February 2015

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UNIDAD II
Los conflictos de trabajo

UNIDAD III
LAS ACCIONES Y LAS EXCEPCIONES
DERECHO PROCESAL LABORAL
DERECHO PROCESAL LABORAL

UNIDAD I, II, III

UNIDAD I
Generalidades

Ante la imperatividad del Art. 17 de nuestra CPEUM, La prohibición de la autodefensa supone una ordenación adecuada que salvaguarda el interés general y el particular, en el mantenimiento de la legalidad.

Las leyes se cumplen ordinariamente de manera espontánea, pero el Estado deberá prever el evento contrario establecer la garantía de cumplimiento del derecho, mediante órganos específicos a cargo de la función jurisdiccional

Concepto de proceso
El proceso supone una actividad regeneradora
de actos jurídicamente regulados, encaminados todos a obtener una determinada resolución jurisdiccional.

El término proceso implica la actividad jurídica de las partes y del juzgador para la obtención de una resolución vinculativa.

El proceso abarca tanto la actividad tendiente a la declaración de un derecho, en un caso controvertido, como los actos posteriores para ejecutar la sentencia que se dicte; es decir, comprende el aspecto declarativo y el ejecutivo.


Relación jurídica procesal
El órgano jurisdiccional competente

La petición del interesado, solicitando a la autoridad la solución del caso controvertido

El acto formal de emplazamiento a la contraria, dándole a conocer los términos de la reclamación

Las partes con intereses jurídicamente válidos en el conflicto

Distinción entre proceso y procedimiento
La doctrina contemporánea distingue
entre proceso y procedimiento.

El proceso como relación o como situación, es principio o idea jurídica directriz.

El procedimiento es la realización plena, concreta y sucesiva de los actos jurídicos del proceso.

El proceso
es un sistema para el desarrollo de
la actividad jurisdiccional.

El procedimiento
es la forma real, concreta y material del desenvolvimiento del proceso.
 
El proceso
es abstracto.

El procedimiento
es concreto.

La esencia del proceso
es totalmente aplicable al derecho procesal del trabajo, ya que pertenece a la ciencia jurídica, sin embargo se diferencia de los demás por tener características y principios que le confieren autonomía.

El derecho procesal tiene plena validez en la administración de justicia, por parte de los tribunales laborales, sin embargo, resulta limitado porque la actividad de dichos órganos
no se constriñe a la aplicación del derecho, sino también concilian, interpretan y construyen el derecho.

Concepto de derecho Procesal del Trabajo
Se define al derecho procesal del trabajo,
como la rama de la ciencia jurídica que dicta las normas instrumentales para la actuación del derecho; que disciplina la actividad del juzgador y de las partes, en todo lo concerniente a la materia laboral.

Alberto Trueba Urbina
Lo define como “el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones obrero-patronales, interobreros o interpatronales”

Francisco Ramírez Fonseca
“El conjunto de normas que regulan la actividad del Estado, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tendiente dicha actividad a buscar la conciliación en los conflictos de trabajo, y, de no ser ésta posible, a resolver los conflictos por vía jurisdiccional o emitiendo el derecho aplicable al caso concreto, siempre dentro de su propia órbita de facultades”

Algunos autores lo definen así:
Se infiere entonces, que el derecho procesal del trabajo conoce de la actividad jurisdiccional en los diversos conflictos laborales, a fin de mantener el orden jurídico dentro de nuestro sistema de derecho.

NATURALEZA JURIDICA

Determinar la naturaleza jurídica es ubicarla en el lugar que le corresponde dentro de la clasificación del derecho; es un problema de clasificación, y por tanto, corresponde a la sistemática jurídica.
Principios procesales
Son las máximas o verdades universales del derecho procesal del trabajo que han servido para orientar la ley positiva, y que han servido para orientar al derecho mismo.
 
El artículo 685 de la Ley, siguiendo los principios doctrinales determina: “El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

Principio de publicidad 

Constituye un derecho a favor de los ciudadanos a presenciar las audiencias o diligencias que se desarrollen durante el proceso, salvo las excepciones expresamente establecidas.
Es una garantía para que el proceso se desarrolle en forma limpia y honesta.


Principio de gratuidad
 
El servicio de los Tribunales será gratuito. El artículo 19 de la LFT por otra parte establece que las actuaciones relacionadas con las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Todas las actuaciones laborales son gratuitas
Principio de inmediatez
 
Consiste en que los miembros de las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben estar en contacto personal con las partes; reciban pruebas, oigan sus alegatos, las interroguen, etc... Para obrar con mayor justicia.
 
El juez o tribunal que deba conocer y fallar el negocio tendrá que estar en contacto directo, en relación próxima a las partes y deberá presidir, de ser posible, todas las audiencias a fin de que conozca el negocio, no a través del secretario, en el acuerdo, sino personalmente, de forma inmediata, a fin de dictar una sentencia justa.
 
Las juntas están obligadas a recibir todas las declaraciones y presenciar todos los actos de prueba; asimismo, los miembros de las Juntas podrán hacer libremente las preguntas que juzguen oportunas a las personas que intervengan en las audiencias, examinar documentos, objetos o lugares en atención de que el derecho procesal del trabajo es profundamente dinámico y humano, por la naturaleza misma de los intereses en juego.


Se desarrolla con base en audiencias, en las que las partes comparecen a hacer valer sus derechos, teniendo la posibilidad de exponer verbalmente sus pretensiones ante la autoridad.

Predomina la palabra hablada, aunque no se quiere decir que no haya nada escrito, ya que no podría concebirse un proceso totalmente oral, debido a la necesidad de la constancia gráfica, ocasionada por la imposibilidad material de que el juzgador pueda conservar en la memoria todo el desarrollo de un conflicto.

El artículo 713 de la Ley prevé que en las audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física de las partes o sus representantes o apoderados, confirmándose la naturaleza oral del proceso, toda vez que la ausencia física a la diligencia respectiva no puede sustituirse con promociones escritas. Existe la necesidad de que se dé un contacto directo entre la autoridad y el litigio, para un mejor conocimiento del negocio y la impartición de una auténtica justicia laboral.

Principio dispositivo

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no pueden manifestarse si los interesados no actúan, es necesario que los particulares promuevan, impulsando el procedimiento. Este principio se ha llamado tradicionalmente iniciativa o instancia de parte. El juzgador solo actúa a petición de los promoventes.

Principio de economía
 
Frecuentemente se confunde con el de gratuidad, con el de concentración y también con el de sencillez.
 
El proceso, que es un medio, no puede exigir un dispendio superior al valor de los bienes que están en debate, que son el fin. Se simplifican las formas en el método oral, se limitan las pruebas, se reducen los recursos, se eliminan las costas y gastos de litigio.
 
El principio de economía persigue el ahorro de todo gasto innecesario en el juicio laboral.

Principio de sencillez
 
En la mayoría de los casos el trabajador carece de conocimientos jurídicos, encontrándose en desventaja con el patrón.
 
Este principio se aplica a los casos en los cuales directamente los interesados comparecen ante los tribunales a defender sus derechos; consecuentemente no se les encauza por reglas rígidas o formularias.
 
El artículo 687 indica: “en las comparecencias, escritos y promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos petitorios”. Esta facultad se encuentra únicamente reservada a las partes, puesto que la autoridad esta constreñida a observar formalidades esenciales del procedimiento en los términos expresados en la Carta Magna.
 
Se obliga al respeto absoluto de las formas procesales, cuya violación se traduce en la facultad de exigir su cumplimiento, mediante la regularización del procedimiento o la interposición de la demanda de amparo ante la autoridad constitucional.

Principio de concentración
 
Los juicios deben ser breves en su tramitación. Lo contrario es la dispersión que trae como consecuencia la prolongación de los procesos, como ocurre en el derecho civil.


Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos por la Ley (art. 761)

Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento(art. 763)

De acuerdo al art. 848 de la Ley, las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las juntas no pueden revocar sus propias resoluciones, sólo las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurren sus miembros.
El artículo 686 de la Ley expresa que las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias determinaciones.

El principio de concentración se encuentra precisado en los siguientes artículos:
Nuevos principios procesales
 
La segunda parte del artículo 685, previene una novedad en materia laboral al establecer:
 

 

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura y vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley.
Dicho artículo presenta dos situaciones jurídicas totalmente diferentes, a saber: el supuesto de que la demanda del trabajador sea incompleta y la hipótesis de que la misma sea oscura o vaga.
 

Principio subsanador
 
Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios la Junta señalará los defectos u omisiones en que hayan incurrido por irregularidades en la demanda, o cuando se hubieran ejercitado acciones contradictorias fijará un término de tres días para que sean subsanadas dichas irregularidades.
Este principio constituye una salvedad al derecho estricto, porque al suplir la deficiencia de la queja, por parte de las JCA, implica que éstas no deben ceñirse a los conceptos o pretensiones aducidas en la demanda, sino que deben subsanar las omisiones, cuando no contenga las pretensiones que deriven por ley de la acción ejercitada o prevenirlo para que la corrija por defectos u omisiones. Por lo tanto, suplir las irregularidades de la queja es suplir la demanda. La idea de deficiencia tiene dos acepciones: la de falta de algo y la de imperfección. Suplir ésta, es integrar lo que falta, remediar una carencia o subsanar una imperfección.

Cuando la suplencia del error significa que las Juntas pueden subsanar la demanda por incompleta o prevenir que se corrija cuando sea vaga u oscura, pero no pueden alterar los hechos en que se funda la acción ejercitada.
 
Esta facultad es obligatoria para las Juntas, el artículo 685 de la Ley aduce que al admitir la demanda, la Junta subsanará ésta. El sector patronal se pronunció en contra de este principio porque rompe con la paridad procesal.
 

Conclusión
El derecho procesal del trabajo se rige con sus propios principios que le han conferido autonomía. El procedimiento laboral esta reservado a las relaciones obrero-patronales.
 
Destacamos en cuanto a su trascendencia la supresión del derecho común como fuente del derecho sustantivo y procesal del trabajo. En consecuencia, no son aplicables las leyes civiles o mercantiles ni códigos procesales civiles, federales o locales, en razón de la autonomía de la legislación laboral.

La ley suprimió categóricamente al derecho común como fuente supletoria del derecho laboral y no hay que confundirla con los principios generales de derecho.
 
Los principios ya enunciados por su generalidad de aplicación (salvo los últimos) se consideran esenciales, aunque algunos autores agregan que la carga procesal patronal; los laudos en conciencia; la irrevocabilidad de los laudos, etc., podrían calificarse también de principios generales; sin embargo, llegaríamos a tal multiplicación de conceptos, que los fundamentos de la disciplina se confundirían. Por estas razones nos concretamos a destacar un mínimo que caracteriza a la disciplina procesal.

Para Mario de la Cueva, “los conflictos de trabajo son las controversias que se suscitan en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo”.


J. Jesús Castorena dice que: “son todos aquellos que surgen para definir los derechos y obligaciones de sujetos, a la luz de una norma preestablecida, o de un contrato o de una relación, ya se trate de las normas legales, las consuetudinarias, los usos, las prácticas o los simples principios que emanan de la Ley; ya se trate de los contratos individuales, de los pactos o estatutos sindicales, de los contratos colectivos o de la simple prestación subordinada de servicios. Se trata de la controversia clásica que tiene como fondo la actuación de la norma”
Definición de conflictos de trabajo.
Eugenio Pérez Botija señala que: “son
toda serie de fricciones susceptibles de producirse en las relaciones de trabajo; este nombre se puede aplicar a las diferencias jurídicas que surjan entre las partes de un contrato de trabajo y sobre el incumplimiento de sus cláusulas, así como a las infracciones de una ley laboral que no acatan las empresas o los trabajadores”.

Conflicto difiere de controversia, ya que ésta última indica una fase distinta del conflicto, pues mientras esta pugna existe, en la controversia hay un punto de coincidencia, que consiste precisamente en que las partes antagónicas entran a la discusión.

Los conflictos de trabajo tienen las
siguientes características:
 
Son controversias, fricciones o diferencias que surgen de la prestación subordinada y personal de servicios.

Derivan fundamentalmente de la actividad laboral.

Parten de los sujetos antagónicos de las relaciones laborales.

Características de los conflictos laborales.
Son eminentemente sociales y dinámicos, en cambio los civiles y mercantiles son generalmente patrimoniales, por los intereses en juego.
Son de orden público, es decir, toda la sociedad se encuentra interesada, y deben acatarse las normas de trabajo imperativamente.
Los desiguales son tratados por la ley y el tribunal de manera desigual; en cambio, los conflictos iguales.

Causa de los conflictos laborales
Los conflictos de trabajo son sin lugar a duda manifestaciones de inconformidad. Los conflictos de trabajo tienen sus raíces más profundas en el sistema de producción nacido de la Revolución Industrial, como consecuencia de las causas económico-sociales, de las contradicciones existentes, y sobre todo en los abusos y opresión hacia la clase trabajadora, ya que es bien sabido que en una empresa que cumple con la ley y respeta la dignidad e integridad de sus obreros, se eliminan las pugnas; en suma, los conflictos de trabajo se generan:
 
1.Por un desequilibrio de partes o,

2. Por una violación de un derecho.
 

Clasificación de los conflictos laborales.
Éstos se pueden dividir en:

Atendiendo a los sujetos
 
Entre patrones y trabajadores

Entre patrones

Entre trabajadores

Entre sindicatos

Entre sindicatos y terceras personas

Atendiendo a los intereses
en pugna
 
Conflictos individuales son los que se afectan intereses de carácter particular, independientemente del número de trabajadores que en ellos intervengan.

Conflictos colectivos afectan intereses de carácter profesional o sindical, también con independencia del número de trabajadores que intervengan.

Conflictos jurídicos se refieren al cumplimiento o interpretación de la ley o de contratos y, desde luego, pueden ser individuales o colectivos, según el interés afectado.

Conflictos de orden económico son los que crean, modifican, suspenden o terminan condiciones de trabajo e igualmente pueden ser individuales o colectivos.

Atendiendo a la norma jurídica
 
Por violación de un derecho

Por violación de una norma

Por inexistencia de condiciones de trabajo justas

Por desequilibrio entre los factores de la producción

Por incumplimiento de lo pactado

Por insometimiento al arbitraje

Definiciones
En sentido estricto, acción significa movimiento.
En el campo del derecho procesal, sería derecho o demanda y, en sentido material, puede utilizarse como sinónimo de la facultad de provocar la actividad del Poder Judicial.
La doctrina moderna de la acción considera a ésta como autónoma o independiente del derecho sustantivo que protege y que se hace valer ante los tribunales, en consecuencia:
La acción procesal es un derecho autónomo, distinto del derecho sustantivo
Tutela al derecho sustantivo, en el caso de que éste no
se cumpla
Es un derecho potestativo, ya que en cualquier momento puede desistirse y con ello concluir la controversia.
Es un derecho público, ya que interviene el Estado activamente por medio de su poder jurisdiccional
La acción
Es un derecho
subjetivo
de carácter
público
concedido por el Estado al individuo, para
provocar la actividad del órgano

jurisdiccional
y para poder actuar en el proceso, con el fin de obtener una decisión que se traduce, generalmente, en constitución, declaración o condena sobre relaciones jurídicas.
 
Es el
poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales
para reclamarles la justificación de una pretensión.
 
En materia laboral, la acción procede, sin necesidad de expresar su nombre, con tal que se determine con claridad la causa de la pretensión.

Elementos de la acción
Los sujetos de la acción:

a)
Activo
(actor), al cual corresponde la facultad de iniciar la reclamación.
b)
Pasivo
(demandado), le corresponde la facultad de defenderse
b)
La causa de la acción.
Hecho o acto jurídico que provoca el ejercicio de la acción. (causa petendi)
c)
El interés de la acción
. Voluntad del actor de satisfacer su pretensión.
d)
El objeto de la acción.
Petición que se formula en forma concreta en contra de la demandada (petitum)

Clasificación de la acción.

a)De condena

b)Rescisorias

c)Constitutivas
o modificativas

d)Declarativas

e)Cautelares

f)Ejecutivas

a) Acciones de condena:
Son las que tienen por objeto obtener una sentencia, en virtud de la cual se le constriñe a cumplir una obligación de hacer, de no hacer, o de entregar alguna cosa, pagar alguna cantidad de dinero, etc.
 
b) Acciones rescisorias:
Es la forma anormal de terminar los contratos de trabajo. Si uno de los contratantes no cumple, el otro está en condiciones de no cumplir sin su responsabilidad.
c) Acciones declarativas:
El reconocimiento de existencia de una determinada relación jurídica o de un derecho nacido de un negocio jurídico.
 
d) Acciones cautelares:

También llamadas preservativas, son las que tienen el poder jurídico de lograr una medida de seguridad en el proceso. Se consideran como tales, las de arraigo personal o embargo precautorio o provisional, el depósito judicial; en suma, dichas acciones tienen por objeto conseguir una resolución judicial provisional que garantice la efectividad del derecho sustancial.
Desde el punto de vista material y de
los interese en juego
 
Las acciones se clasifican en:
Acción de dar.
Obliga a entregar una cosa u objeto.
Acción de no hacer.
Obliga a una abstención o bien, una conducta de no hacer.
Acción de hacer.
Obliga a realizar una acción positiva.
Individuales.
Protege los derechos singulares.
Colectivas.
Protegen intereses profesionales y modificación de condiciones de trabajo.
Contradictorias.
Aquellas en que el ejercicio de una de ellas invalida el de la otra (indemnización y reinstalación).
Reconvencionales.
Constituyen una contrademanda al accionante.
Clases de acciones laborales
a) Reinstalación
b) Indemnización constitucional
c) Cumplimiento de contrato individual
d) Pago de prestaciones devengadas
e) Reconocimiento de antigüedad
f) Reconocimiento de derechos escalafonarios
g) Prórroga de contrato
h) Indemnización por riesgo de trabajo

i) Otorgamiento de contrato
por tiempo indeterminado (labores permanentes)
j) Rescisión de la relación de trabajo
k) Ejecución de laudos
l) Acciones de capacitación y adiestramiento
m) Acciones de seguridad social
n) Acciones colectivas

La clasificación de las acciones contradictorias o contrarias, bajo ninguna circunstancia puede ser procedente simultáneamente.
 
La tendencia proteccionista del derecho procesal laboral, ha determinado la subsistencia de la principal, dejando sin efecto la accesoria, toda vez que se deja a la autoridad juzgadora la decisión al respecto, sustituyéndose en la voluntad del interesado. Así se disminuyen las posibilidades de acciones contradictorias. Salvo el caso en que el actor no obstante el señalamiento se niegue a modificar la demanda.

ACCIONES CONTRADICTORIAS
La reinstalación y la indemnización son acciones contradictorias cuando se ejerciten conjuntamente. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte no lo son cuando se ejercen en una misma demanda en forma alternativa o sucedánea.

La jurisprudencia considera contradictorias las acciones de prórroga de contrato y de otorgamiento de planta.
 
Otro ejemplo de acciones contradictorias podría ser demandar indemnización o reinstalación y rescisión del contrato de trabajo, o reinstalación y prima de antigüedad, que por su esencia son contradictorias destruyéndose entre sí, por no fijar la acción concreta u objetiva que se pretenda ejercitar.
La prescripción de las Acciones
Es un medio jurídico para adquirir o perder derechos por el transcurso del tiempo.
 
En materia de trabajo, únicamente se reglamenta la prescripción extintiva o negativa, en la cual se extingue o se pierde el derecho por no ejercitarlo en término legal; tal es el caso del artículo 516, que establece: “las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes.”
 
La regla general es que el ejercicio de las acciones prescribe en un año. Las excepciones en cuanto a términos que la regla general señal son las siguientes:
 
Prescriben en un mes:
I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para
efectuar descuentos en sus salarios; y
II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.
En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la
fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que
se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha
en que la deuda sea exigible.
En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento
de la causa de separación.
Artículo 518.-
Prescriben en dos meses
las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.

Artículo 519.-
Prescriben en dos años:
I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo;
II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y
III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.

La prescripción corre, respectivamente,
desde el momento en que se determine el
grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar porterminada la relación de trabajo.
Artículo 520.-
La prescripción no puede
comenzar ni correr:
I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y
II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra.

Artículo 521.-
La prescripción se interrumpe:
I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la
Junta sea incompetente; y
II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien
prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables.


Artículo 522.-
Para los efectos
de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que
les corresponda. El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el último debe ser
completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil
siguiente.

Excepciones y defensas laborales
La excepción es la oposición que el demandado formula frente a la demanda, para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer; son las causas jurídicas invocadas por el demandado para oponerse a la acción ejercitada por el demandante.
Son de dos clases: dilatorias y
perentorias. Las dilatorias tienen por objeto retardar, detener las acciones ejercidas por las partes.

Las excepciones perentorias son aquellas que atacan
directamente la acción, en cuanto a la esencia misma del derecho ejercido con ellas, tales como las excepciones de pago, compensación, subrogación, sustitución patronal, ausencia de relación de trabajo, prescripción, cumplimiento de la obligación, laudo firme, etc.

Las excepciones dilatorias a que se refiere la Ley Federal del Trabajo son:

Falta de personalidad
Falta de personería
Incompetencia
Oscuridad o confusión de la demanda
Litispendencia

La excepción de falta de personalidad
se tramita de previo y especial
pronunciamiento, y es oponible frente a cualquier acción.
 
La personalidad debe entenderse en el sentido de idoneidad para ser parte como actor o demandado en un proceso.
 
La personería es la facultad legal concedida a un individuo, para intervenir en un negocio, o comparecer en un proceso como representante legal. La personalidad la tienen las partes en juicio, y la personería quienes la representan.
La falta de personería se manifiesta cuando el representante no cumple con los requisitos
legales para comparecer, por la existencia
de alguna irregularidad en
su representación.
 
La incompetencia objetiva del juez existe en cualquier caso en que un órgano jurisdiccional trate de conocer de alguna cuestión que no le está reservada, de acuerdo con la legislación que señale esas atribuciones.
Las cuestiones de incompetencia
en materia de trabajo sólo pueden promoverse por declinatoria, es decir,
debe oponerse al iniciarse el periodo de demanda. No se considera excepción de incompetencia la defensa consistente en la negativa de la relación de trabajo.
 
La excepción de oscuridad o imprecisión en la demanda exige a las partes que precisen los puntos petitorios y los fundamentos de los mismos.

La litispendencia puede oponerse
como excepción cuando un órgano jurisdiccional conoce ya del mismo negocio sobre el cual es demandada una determinada persona. La excepción tiene como finalidad impedir que sobre una misma cuestión se produzcan dos sentencias, para obtener unidad en el proceso.
Principio de suplencia
 
En el primer caso: la demanda incompleta, en cuanto no contenga o no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con la Ley derivan de la acción intentada por el trabajador, la Junta, en el momento de admitirla subsanará las omisiones, precisando cuáles son todas aquellas prestaciones que por ley le corresponden, y que olvidó u omitió demandar el trabajador.
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