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Masacre Santo Domingo vs. Colombia

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Ricardo Sánchez Cárcamo

on 8 October 2013

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Masacre Santo Domingo vs. Colombia
1) Hechos: la muerte de 17 personas (entre ellas seis niños y niñas) y 27 personas heridas (entre ellas 10 niñas y niños) de la vereda de Santo Domingo en el departamento de Arauca por la explosión de un dispositivo cluster, lanzado por un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, así como el daño psicológico por el hecho de la bomba y posteriores actos de ametrallamiento a la población.
2) Fondo: se determinó la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, así como la especial protección a los niños y niñas; en los actos se constató que hubo violación del principio de precaución. Siguiendo, se evidenció la violación a la libertad de circulación, residencia y propiedad privada. Por otra parte, no hubo violación de los artículos 8 y 25 de la Convención; sin embargo, el Estado durante el proceso intentó desconocer el trabajo de sus órganos judiciales y administrativos que buscaban esclarecer la verdad.
3) Reparaciones: i) la Sentencia misma; ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iii) publicar y difundir la Sentencia; iv) brindar un tratamiento integral en salud a las víctimas; v) otorgar y ejecutar, en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes; vi) pago de costas y gastos; vii) supervisión del cumplimiento; y, viii) rendición de informes de cumplimiento.
Lugar y precedentes
Incidente
Así, una de las aeronaves (identificadas), lanzó a las 10:02:09 am uno de los dispositivos cluster. Por consiguiente se dio muerte a 17 personas (entre ellas seis niños y niñas) y se dejó a 27 personas heridas (entre ellas 10 niñas y niños) de la vereda de Santo Domingo en el departamento de Arauca, el 13 de diciembre de 1998; dejando entre otros, daño psicológico y materiales (en sus viviendas) por la bomba y posteriores actos de ametrallamiento a la población.
Cabe resaltar que las Fuerzas Armadas y el Estado presentaron otras versiones sobre el bombardeo culpando a la guerrilla de la bomba así como negando el ametrallamiento y daño a la propiedad privada. Sin embargo las investigaciones desmienten estas versiones.
Los hechos del 13 de diciembre provocaron una oleada de desplazamiento de la población civil a las veredas y municipios aledaños, además de sufrir saqueos en sus viviendas. Este suceso fue acompañado por estamentos administrativos gubernamentales, lo cual permitió el retorno a sus viviendas de la población de Santo Domingo en enero de 1999.
Investigaciones y procesos
El día 14 de diciembre se dio inicio a las investigaciones en la justicia ordinaria y penal militar; este último el 28 de diciembre de 1998 se abstuvo de iniciar proceso penal contra los militares que participaron en los hechos. Posteriormente, en 1999 envió copia del expediente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Tras los procesos de investigación de la Fiscalía con el apoyo del CTI, la Procuraduría, funcionarios de la Presidencia y del FBI, se decidió revocar el auto mediante el cual la justicia penal militar se abstuvo de abrir investigación por tratarse de actos relacionados con el servicio militar.
No obstante, bajo el procedimiento realizado por el Capitán de la Fuerza Aérea Colombiana, a partir de una tutela interpuesta en el Tribunal Superior de Bogotá, se ratificó el no iniciar proceso penal contra la tripulación del helicóptero. Pero el Comandante General de las Fuerzas Militares, creo la Unidad de Instrucción Penal Militar Especial que revocó el auto inhibitorio y ordenó la apertura de un proceso formal en contra de la tripulación, con el cual se retuvo a este grupo.
En 2001 la fiscalía al tener nuevas prueba consideró que el hecho se constituía como un crimen de lesa humanidad, por lo que se generó un conflicto de competencia. Luego de diferentes procesos, la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 2003 otorgó la competencia para observar el caso a la Justicia Ordinaria, por lo que se remitió el expediente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Sobre este proceso, se realizaron nuevas pruebas que fortalecieron el juicio contra la tripulación, y se solicitó y aceptó en 2005 el cambio de jurisdicción a tribunales en Bogotá (remitido al Juzgado 12 del Circuito Penal de Bogotá).
Sentencias y reparación en el proceso interno
En 2007 se condenó en primera instancia a la tripulación a una pena de 72 meses de prisión y $270.000, con la pérdida del ejercicio de funciones públicas; la cual fue apelada, sumándose pruebas que implicaban la conducta dolosa del delito. Por lo que en 2009 aumentaron en una segunda sentencia las penas para el capitán y teniente de la aeronave a 380 meses de prisión, aunque la multa se redujo a $44.000. Nuevamente en 2011, se resolvió una apelación sobre la sentencia anterior modificándola de la siguiente forma: al técnico se le anuló la condena y, al capitán y teniente se le disminuyó la pena a 360 meses sin multa.
A la fecha de la sentencia (2012) de la Corte Interamericano no hay claridad sobre el cumplimiento de las sanciones que le fueron impuestas a la tripulación.
Sobre el proceso contencioso administrativo iniciado por un representante de un grupo de las víctimas, se concluye entre sentencias y apelaciones en 2009 con el pago al representante de cerca de $5.759 millones a 111 personas.
Primera excepción preliminar: falta de competencia ratione materiae
En la primera excepción preliminar de Colombia se plantea la falta de competencia de la Corte para observar el caso dado que los hechos son valorados bajo el derecho de hacer la guerra en medio del conflicto interno que vive el Estado; por lo que estos hechos deben ser revisados conforme con “la presunta violación de normas de Derechos Internacional Humanitario”, aclarando que la Corte debe hacer uso de estos instrumentos sólo para informar la interpretación de las normas de la convención o del sistema interamericano que son el ámbito normativo de esta Corte, es decir que sobre el DIH la Corte no debe observar el caso ni tomar sentencia.

Esta excepción fue alegada por la Comisión argumentando que era inconsistente pues la Convención Americana no establece límites de competencia a la Comisión ni a la Corte para conocer casos solo en tiempos de paz, citando además el artículo 27 de dicha Convención en el que se contemplan casos de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, en donde en su enciso 2 enumera una serie de derechos que en ningún caso puede ser suspendido expresados en los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19 y 23. Por lo que no se acoge el DIH como instrumento para observar el caso sino la Convención misma la cual regula también la guerra (asumiendo los instrumentos del DIH como complementarios para la interpretación de la Convención). De esta forma la Corte valora que la excepción es improcedente.
Resumen del caso
Los hechos ocurren en la vereda de Santo Domingo, población rural del municipio de Tame –Arauca–, la cual tiene una gran relevancia geográfica por su cercanía con los pozos de OXY de Caño Limón-Coveñas lo que ha implicado una mayor militarización de la zona. En este contexto, el 12 de diciembre de 1998 el poblado de Santo Domingo se encontraba celebrando un bazar y encuentros deportivos, por lo que existía presencia de diferentes personas de otras veredas.
Ese mismo día las Fuerzas Armadas conocieron y ejercieron operaciones de control sobre una avioneta Cessna que transportaba dinero y armas para actividades del narcotráfico que aterrizó entre la vereda y la de Pueblo Nuevo. Dentro de las operaciones militares se contó con varias aeronaves cargadas con dispositivos cluster AN-M1A2.
Segunda excepción preliminar falta de agotamiento de los recursos internos
El Estado solicitó que fueran rechazadas las solicitudes de reparación de las personas que no agotaron los recursos internos para juzgar el caso, apelando a la individualidad que constituye todo proceso de restitución de derechos conforme con la Convención Americana, lo cual supone un proceso interno de identificación de la víctima. Al respecto la Comisión responde que el agotamiento de los recursos internos se ejerció oportunamente; ahora, sobre las personas objeto de la excepción, es preciso aclarar que la naturaleza del estatus de víctima no se determina sobre si cumplió o no, los requisitos de admisibilidad al Sistemas Interamericano, que al respecto, como se demostró dentro del proceso de admisibilidad dichas personas no contaron con las debidas garantías judiciales, por lo cual se invocó el artículo 46.2 de la Convención.
Por otra parte, ante la Comisión aclara que todo proceso que se desarrolle sobre el presente caso debe contar no sólo con la reparación directa, sino el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia y sanción a los responsables. Por cuanto lo que se había emprendido a nivel interno resultaba insuficiente para la reparación de las víctimas, haciendo un llamado hacia el ejercicio de la investigación de los hechos y proceso penal de los victimarios.
Así, la Corte afirma la necesidad de agotar los recursos internos, aclarando la necesidad de cumplir con el artículo 46.2. También recuerda al Estado que el momento de acudir a este argumento (de falta de agotamiento de los recursos internos) es durante el proceso de admisibilidad del caso. Por otra parte la Corte no acepta el alcance de la reparación hecha por los Tribunales Contencioso Administrativa, dado que no implican las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme con los estándares internacionales; además desestima la obligatoriedad de este recurso interno para que la Comisión y posteriormente la Corte, conozcan el caso, asumiendo sí, los avances de este Tribunal. Por consiguiente la Corte desestimó esta segunda excepción.
Derechos de la garantía judiciales y a la protección judicial
Con relación a los artículos 8 (garantías judiciales) y artículo 25 (protección judicial), el Estado presenta el trabajo realizado durante el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de la violación, evidenciando las diferentes sentencias sobre el caso. No obstante, no se reconoce una verdad dado los diferentes cambios de versiones; sin embargo el video del Skymaster revela un hecho irrefutable que responsabiliza al helicóptero de la bomba, por el cual la tripulación fue sentenciada a prisión.
No obstante que si se evidencia un desarrollo del proceso por lo que las garantías y protección judicial no se violan, es evidente la infracción del principio de estoppel (juzgar o argumentar conforme a la verdad o hechos irrefutables) por parte del Estado, porque sostuvo que los recursos internos fueron conforme con los estándares nacionales e internacionales, pero en sus diferentes contestaciones varió dicha argumentación, evidenciando diferentes fallas en el proceso conforme al seguimiento de la verdad. Este es el caso del proceso y condena a Grannobles (de las FARC), el cual no se presentó para el informe de fondo, pero sí se quiso presentar para aceptar la responsabilidad solo parcial en tanto garante ante la Corte, dado que ya se había juzgado a esta persona como culpable, pero se evidenció que no se investigaron las muertes de los civiles en este proceso.
No obstante, dado que hubo una serie de procesos de investigación y juzgamiento, no se evidencia que el Estado dejara de realizar una investigación conforme con los estándares internacionales y por el contrario que ha habido respuesta judicial para este proceso, por lo cual no se violan los artículos 8 y 25 de la Convención.
Derechos a la vida, a la integridad personal y a las medidas de protección de los niños y niñas y deber de adoptar disposiciones de derechos interno
La Corte en virtud de sus funciones, observa los hechos a partir del artículo 27.1ss de la Convención, adoptando el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, dando alcance a la compresión de la violación al artículo 1.1 de la Convención. Así se analiza el caso conforme a la protección y garantía del derecho a la vida consignado en la Convención en el artículo 4.1, del derecho a la integridad personal (artículo 5.1) y en particular la de los niños (puesta en el artículo 9 de la Convención y en particular en el protocolo adicional II de los Convenios de Ginebra en su artículo 4.3) y se evidencia la violación de dichos derechos a las víctimas y sus familiares en los siguientes acciones:
i) lanzamiento de un dispositivo AN-M1A2 sobre Santo Domingo: en este examen, la adopción del DIH para la compresión del caso y observar la violación de la Convención, para el examen de los principios (partes de las normas consuetudinarias) que dan límite a los mecanismos y métodos de la guerra. En este sentido se evidencia, conforme a los hechos y sus resultados de la bomba, que fueron violados los principios de distinción, de proporcionalidad y precaución; ii) Ametrallamiento: los audios de la operación militar muestran que las operaciones lograron una clara distinción de los civiles por lo que se afirma la violación de los artículos citados.
Este punto es preciso recordar se presentaron durante el proceso alegatos de incumplimiento del artículo 2 de la Convención, conforme a las medidas de protección de los derechos humanos de las empresas transnacionales; es necesario aclarar el cumplimiento de la regla en posibles situaciones de duda: en la revisión del cumplimiento del artículo 2 de la Convención, más allá de la falta de alegatos concretos y específicos (o de pruebas de la relación entre multinacionales y ejército, y su posible incidencia en los hechos) por lo cual se establece no analizar los hechos , el Estado sí aclara que las empresas que trabajen en su territorio se deben ajustar a su marco jurídico, que incluye la protección y garantía de los Derechos Humanos. En este punto se muestra una clara adopción de las obligaciones internacionales por parte del Estado en su ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la regla de dice que “cada Estado tiene la libertad de decidir de qué forma incorpora el Derecho Internacional en su Derecho interno”.
Derecho de circulación y residencia y Derecho a la propiedad privada
Con relación a estos derechos el Estado puso la carga de la responsabilidad en las FARC, argumentando su presencia en el territorio. No obstante los hechos analizados permitieron a la Corte poner la responsabilidad de la violación de los artículos 22.1 de la Convención (libre circulación) en el Estado, dado que el temor por el bombardeo y seguidos ametrallamientos confinó a la población al territorio de confrontación.
Por otra parte, los daños directos a las residencias y propiedad privada (violación del artículo 21 de la Convención), se consideró como responsabilidad del Estado en tanto que se demostró el control territorial de la Fuerza Pública que debió resguardar los bienes de los civiles, más allá de la presencia insurgente, y por el hecho mismo del bombardeo y el ametrallamiento.
Derecho a la Honra
A pesar de las diferentes manifestaciones de la alta cúpula militar sobre el poblado de Santo Domingo, la creación de un video que estigmatiza dicho poblado y otras acciones más que fueron consideradas para la revisión de la Corte de la presunta violación del Derecho a la Honra (art. 11 de la Convención), este Tribunal consideró que no hubo elementos suficientes para demostrar tal violación impugnada al Estado colombiano por los hechos de Santo Domingo.
REPARACIÓN
Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional
La sentencia misma... Publicar y difundir la Sentencia
Brindar un tratamiento integral en salud a las víctimas
Otorgar y ejecutar, en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes
Pago de costas y gastos.
Supervisión del cumplimiento.
Rendición de informes de cumplimiento.
Reparación integral
Se obliga al Estado a concluir con las investigaciones adelantadas hasta esclarecer la verdad de los hechos, así como lo exhorta a la continuidad de los procesos administrativos frente al caso.
1) El conocimiento de las implicaciones o fondo de las obligaciones internacionales
La negación de la excepción presentada por el Estado (argumentando falta de competencia de la Corte por ratione materiae ), muestra que éste interpreta de forma inadecuada las competencias de los órganos internacionales (en este caso de la Comisión y Corte) y en particular del uso de los instrumentos internacionales (la Convención y la forma de relación con otros). En consecuencia al desconocer las implicaciones de forma de estos órganos e instrumentos internacionales para la protección y garantía de los Derechos Humanos , el Estado no logra aplicar la regla que dice: “cada Estado se obliga a adecuar su Derecho interno para hacerlo compatible con el Derecho Internacional”.
2) Aclarar el cumplimiento de la regla en posibles situaciones de duda.
En la revisión del cumplimiento del artículo 2 de la Convención, más allá de la falta de alegatos concretos y específicos (o de pruebas de la relación entre multinacionales y ejército, y su posible incidencia en los hechos) por lo cual se estable no analizar los hechos , el Estado sí aclara que las empresas que trabajen en su territorio se deben ajustar a su marco jurídico, que incluye la protección y garantía de los Derechos Humanos. En este punto se muestra una clara adopción de las obligaciones internacionales por parte del Estado en su ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta la regla de dice que “cada Estado tiene la libertad de decidir de qué forma incorpora el Derecho Internacional en su Derecho interno”.
3) Actuar conforme con dichas obligaciones
Aunque propiamente no hay violación de los artículos 8 y 25 de la Convención pues los órganos judiciales y disciplinarios realizaron sus trabajos de investigación y juicio a nivel interno , el Estado durante su defensa en el caso intentó desconocer la verdad de varios hechos presentados, incluso en contradicción con los resultados de los procesos internos adelantados por sus órganos nacionales mencionados. Este hecho contradice el principio del derecho internacional de pacta sunt servanta, que establece que todo tratado internacional debe ser cumplido, lo cual implica actuar conforme con las obligaciones internacionales.
Observaciones generales sobre el caso
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