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DERECHO, LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARR

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on 26 September 2016

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DERECHO, LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
Organizaciones para la defensa del medio ambiente.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Organizaciones para la defensa del medio ambiente.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
PNUMA, establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global.).
Países en los que trabaja. Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela.

Derecho ambiental para el desarrollo sustentable.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que desde hace 23 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. CEMDA fue fundado en agosto de 1993
Algunos logros relevantes de CEMDA:
CEMDA ha sido incluido en la lista de los Think Tanks ambientales más importantes a nivel mundial. (2015).
Mención honorífica “Premio Ibero Compromiso Social”. (2013).
Reconocimiento de guardianes de los árboles.(2012).

Organizaciones para la defensa del medio ambiente.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA)
La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental. PROFEPA fue fundado el 4 de junio de 1992.

La PROFEPA tiene identificados los 10 principales corredores industriales y comerciales donde se asientan las fuentes de contaminación de mayor potencial contaminante

San Luis Potosi
Tijuana-Mexicali
Matamoros-Veracruz-Campeche
Ciudad Juarez
Durango-Zacatecas
Salina Cruz
Puebla-Queretaro
Nuevo Laredo
Manzanillo
Guaymas-Nogales
Zonas Rurales.

Los artículos que contienen las bases para el desarrollo sustentable, la equidad social en el uso de recursos, en término de protección al ambiente:
Artículo 4, párrafo quinto: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
  Artículo 25: El desarrollo nacional sea integral o sustentable.
 Señala responsabilidad social para el desarrollo económico con criterios de equidad social y productividad que beneficien al sector público, privado y/o social.

Articulo 26: Planeación democrática del desarrollo nacional: Equidad, democratización política, social y cultural, aspiración y demandas de la sociedad, participación y consulta popular.
Articulo 27: Todo es propiedad de la Nacion: Tierras, Aguas, Bosques, Arrecifes, Islas y Recursos Naturales.

Legislación ambiental

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1995-2000.
En México ha habido un desfase entre la emisión de la legislación ambiental y la creación de instituciones que tuvieran como prioridad la aplicación de esta legislación. La primera ley de carácter ambiental en nuestro país fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental publicada en 1971, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.


En el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982 se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de 1988, se emite a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta ley era aplicada y administrada por la ex Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) por conducto del Instituto Nacional de Ecología (INE).

En 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), con lo cual se integran bajo el mismo sector los recursos naturales, la biodiversidad, la atención a los residuos peligrosos y a los problemas ambientales urbano industriales.

El Programa de Medio Ambiente 1995-2000 reconoce que “la mayoría de las normas expedidas son aplicables al sector industrial y que muy poco se ha hecho para regular de manera efectiva y eficiente los procesos productivos agropecuarios y de utilización de los recursos naturales.”

Normatividad ambiental para el desarrollo sustentable
En México, la normatividad ambiental encuentra su base en la Constitución Política. De ésta se derivan las diversas leyes, reglamentos y normas que rigen el país. Las Normas Oficiales Mexicanas, NOMs, son el instrumento jurídico que obliga a cumplir las especificaciones que determina la autoridad federal. En materia de calidad del aire, la normatividad está determinada particularmente por la Secretaría de Salud, y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT.

La expedición de normas constituye, sin duda, uno de los pilares de la política ecológica. Giner revisa el proceso normativo de los últimos años y presenta algunas consideraciones sobre el mismo. Muchas de las soluciones que se imponen a través de la normatividad ambiental son al final del tubo o de carácter paliativo. Sólo las inversiones en tecnologías limpias atacan la raíz del problema con una perspectiva de largo plazo.

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización modernizó y perfeccionó el esquema normativo de México. El proceso de elaboración de normas en materia ambiental contempla la necesidad de desarrollar rigurosos estudios técnicos y de análisis costo/beneficio. Además contempla la participación de diferentes sectores de la sociedad (universidades, el sector público y el privado) en el Comité Consultivo Nacional y la participación ciudadana directa.En el artículo 21 del mismo ordenamiento legal se dispone que las autoridades de la Federación, los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, diseñarán, desarrollarán y aplicarán los instrumentos económicos, en sus respectivas, para incentivar el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental.
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