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¿Qué es la Ley Hinzpeter? Análisis crítico de sus artículos.

Más información en http://infoderechouchile.blogspot.com - https://twitter.com/InfoDerechoUCh
by Actuar Colectivo on 18 May 2013

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Transcript of ¿Qué es la Ley Hinzpeter? Análisis crítico de sus artículos.

'LEY HINZPETER' ¿Cómo surge la 'Ley Hinzpeter'? A principios del siglo XX, el país fue escenario de la llamada 'Cuestión Social', proceso en el que las protestas y manifestaciones fueron un instrumento común entre los trabajadores y pobladores para alcanzar mejoras laborales y un mayor desarrollo en la calidad de vida. Sin embargo, la respuesta estatal a éstas fue bajo la senda represiva, generándose diversas leyes y decretos de ley que dieron nacimiento a la Ley de Seguridad Interior del Estado con el fin de mantener el 'Orden Público' La 'Ley Hinzpeter' ingresó como mensaje a la Cámara de Diputados el 4 de Octubre de 2011, es decir, el proyecto fue presentado por el poder ejecutivo (por ende, es un "mensaje", "moción" es cuando se ingresa desde el mismo Congreso). Se ingresó con la firma del ministro del interior Rodrigo Hinzpeter y el ministro de justicia Teodoro Rivera. No es una Ley como la podríamos quizá imaginar, sino que son 4 artículos que buscan modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Decreto con fuerza de Ley N° 7.912 y la Ley 17.798 sobre Control de Armas. ¿Cuáles son los puntos conflictivos? Actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados, en su primer trámite Constitucional (a agosto del 2012). Habiéndosele otorgado más de 10 veces suma urgencia, pasó a tener urgencia simple el 13 de agosto del 2012. ACTUALIZACIÓN: El 15/01/2013 retoma la Suma Urgencia, lo que significa que debería tramitarse en un plazo máximo de 15 días. Modificaciones al Código Penal En general, todo...
Vamos con: En relación a los atentados contra la autoridad. A) Se establece un nuevo inciso segundo en el artículo 261 del Código Penal, estableciendo que los ataques en contra de los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y a los funcionarios de Gendarmería de Chile serán considerados atentados contra la autoridad. II. En relación al delito de “desórdenes públicos” en sí. Para el Derecho, un "bien jurídico" refiere a los bienes materiales e inmateriales que son protegidos por el Derecho en tanto ellos se consideran que son “socialmente” relevantes. Así, se tipifican delitos (es decir, se establecen en la ley) que vulneran dichos bienes jurídicos, buscando protegerlos a través de la imposición de una pena para quien los vulnera. En relación a los atentados contra la autoridad. B ) Se modifica la pena asignada a dicho delito: antes podía decidirse entre reclusión menor en su grado medio (540 días a 3 años) o multa de 11 a 15 UTM. Ahora, sólo podrían establecerse delitos que conlleven restricción de libertad, es decir, es imposible que el castigo para dicho delito sea meramente el pago de una cantidad determinada de dinero. Además, la pena ya no será reclusión, sino presidio, siendo su diferencia que la última conlleva el sometimiento a diversos trabajos que se consideren en los respectivos reglamentos penitenciarios. C) Se reemplaza el delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, por una nueva figura que sanciona con una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años, a los que participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de alguno de los siguientes hechos: (siete numerales siguientes) Paralizar o interrumpir [valiéndose de fuerza en las cosas o, de violencia o intimidación en las personas] (en adelante, todas las frases entre corchetes representan los cambios agregados el 28 de agosto por el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas) algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte; 1-. 2-. Invadir, ejerciendo [violencia o intimidación en las personas, y sin contar con el consentimiento de los dueños], viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales 3-. 4-. 5-. 6-. Impedir o alterar, [ejerciendo violencia o alteración en las personas] la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; Atentar en contra de la autoridad o sus agentes (en los términos de los artículos 261 o 262 del Código Penal antes señalados y otros atingentes) Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; ó, Causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular. Así, lo que pasaremos a ver a continuación se centra en el "orden público" como bien jurídico protegido. Pero claro, desde la óptica particular del gobierno. En términos comunes, entendemos por orden público el conjunto de principios e instituciones que constituyen la base de la organización social de un país y de su ordenamiento jurídico, posibilitando la convivencia pacífica entre sus habitantes. Orden Público Luchar por el derecho a la salud o una mejor atención en el proyeco inicial era considerado atentar contra el orden público. Con el proyecto original, todos se irían presos. Hasta 3 años de cárcel quería el Ejecutivo por realizar este violento acto. Ahora, se requiere violencia o intimidación para ser penado. En adelante, todo "CP" significará Código Penal. ...que otros. Para la ley 1-. Unos son más importantes... Antes de la reforma del 28/08 se castigarían, por ejemplo, paralizaciones per se en servicios de salud, frecuentes en torno a las condiciones de trabajo y el derecho a la salud mismo. Lo mismo ocurriría eventualmente con las paralizaciones en Transporte, impidiéndose la huelga por las implicancias del Transantiago o el funcionamiento del transporte colectivo en regiones, deteriorado y precario en muchas de ellas. Ahora, dichas paralizaciones serán penadas cuando se acceda a ella por fuerza en las cosas (habría que determinar la intensidad de la misma), violencia o intimidación en las personas. 2-. Antes de las modificaciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, se castigaba en el proyecto de ley directamente la “ocupación”, es decir, las tomas. Esto corresponde a una figura nueva en nuestro Código Penal. Así, es necesario hacer una salvedad: al contrario de lo que los medios de comunicación han intentado expresar, políticos e incluso “intelectuales”, las tomas NO son delito. Bajo el principio de legalidad y tipicidad anteriormente referido, para que una conducta sea delito debe estar establecida con claridad en nuestro ordenamiento jurídico, lo que no sucede con las tomas. 2-. De esta forma se podría argumentar que el desalojo -llevando detenido a compañeros y compañeros por ello- es incluso ilegal . Lo que se castiga es generalmente el hurto, las lesiones, la destrucción del inmueble o, de forma eventual, desórdenes público,. Generalmente, lo que se pretende establecer de forma interesada es que la toma es un delito en tanto se equipara con el delito de usurpación, siendo ello absolutamente falso 2-. El delito de usurpación, regulado en los artículos 457 y ss del CP, requiere para que se cumpla en sí que la ocupación se realice con ánimo de apropiarse del inmueble (recinto mismo) y que se ejerzan las facultades de señor y dueño por un cierto tiempo (es decir, que actúen como si el recinto mismo les perteneciera y no fuese algo temporal). Claramente ninguna de dichas circunstancia se presenta en las tomas, método recurrente de manifestación social en nuestro país. 4-. Con esto, por ejemplo, un “corte de calle”, barricada e incluso una intervención cultural en forma de protesta podría caber dentro de esta numeración, y así dentro del delito de desórdenes públicos. Lo mismo una charla sobre educación en un paseo peatonal, una velatón en una plaza o una intervención artística en una esquina podrían ser consideradas delitos, como ejemplos, al “impedir o alterar” la libre circulación de personas o vehículos. ¿Sorprende, no? 2-. Así, se pretende dar una salida penal a una problemática de índole eminentemente político, deshaciéndose la autoridad del conflicto. Anteriormente la pena para el delito de desórdenes públicos era de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a un año. ¿Fuerte el cambio, no? Ello actúa, en teoría, como un elemento que aleja al posible manifestante de participar de los actos reivindicativos en tanto se arriesga a una pena alta. D) La pena asignada para el delito de desórdenes públicos será de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años. E) La pena establecida en el punto D se establecerá sin importar si corresponde aplicar otra a los responsables de dichos delitos que se pretenden tipificar.

Se infringe el principio de “non bis in idem” (latín: “no dos veces por lo mismo”). Éste implica que no se puede sancionar penalmente más de una vez por un mismo hecho, o, a su vez, una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. De esta forma, alguien podría ser procesado y castigado, por un mismo hecho, por el delito de saqueo que pretende establecer esta ley y a su vez por los ya referidos delitos de robo con fuerza en las cosas (arts. 440 a 445 del CP). F) Pero no sólo se castiga a quien realice la acción en sí, contenida en el delito mismo, sino a quienes “participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe (los seis numerales citados)” con presidio menor en su grado medio, es decir, nuevamente, de 541 días a 3 años.
Esto conlleva a una indeterminación tal que se prestaría para absolutas arbitrariedades. ¿Quiénes promueven? ¿Los convocantes, por ejemplo? ¿Quien reparte un panfleto sobre una manifestación estaría contemplado dentro de la promoción, fomento o incitación? ¿Difundirlo con declaraciones “incendiarias” en facebook también podría implicar una persecución Penal? ¿Quienes estén al momento de la ocurrencia de alguno de estos actos se consideran dentro de la “participación”? Esta disposición no es nueva en nuestra legislación. Anteriormente, fue una figura legal introducida por Pinochet en plena dictadura el año 1983, buscando con ella la represión de la manifestación social. (Ley N°18.256) G) Por último, el actuar encapuchado será considerado como una agravante, es decir, cometer este delito importará subir los grados de la pena o tomar el más alto, y con ello la cantidad de días de presidio. En términos muy resumidos y simples, si el delito es el de atentar contra la autoridad en la primera acepción, éste puede ir de 541 días a 3 años. Al actuar el sujeto activo se forzará, si se utiliza capucha o algo que no permita “identificar el rostro”, a castigar con 3 años, el máximo. Para el delito de desórdenes públicos importará que se tendrá que castigar sí o sí con una pena de 541 días a 3 años, pudiendo, en sí, haberse castigado entre 61 días a 3 años.
Con esto, una mascarilla o incluso los pañuelos utilizados para disminuir el efecto de las lacrimógenas podría, fácilmente, ser considerado un elemento que quepa dentro de dichas categorías. Se presenta, a continuación, un "breve" resumen de la "Ley Hinzpeter", buscando simplificar el lenguaje jurídico para entregar herramientas para explicar el porqué ésta busca criminalizar la manifestación social. Modificaciones a facultades del Ministerio del Interior Vamos por parte. Hablamos de imputado como aquella persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible (penado por las leyes). Si carabineros te detiene por desórdenes públicos, por ejemplo, eres imputado. Si te llevan preso por una toma, en virtud de la ley Hinzpeter, también serías imputado. Luego, el Ministerio Público, órgano encargado de la investigación y la persecución penal, puede formalizarte, es decir, notificarte de que se procederá a realizar una investigación en tu contra. Luego, si cree que tiene las suficientes pruebas, te acusa, con lo que se procede al juicio oral.

Lo que hace la ley es ampliar la facultad del Ministerio del Interior para querellarse, en este caso, para los delitos contra la autoridad y el de desórdenes públicos. Así, éste puede apelar la suspensión condicional del procedimiento acordada, pudiendo forzar la investigación en contra del imputado y con ello, eventualmente, la acusación y el juicio oral. La idea no es sólo amedrentar, sino también tener una línea similar a la que posee el gobierno de “combatir la delincuencia”, lo que para ellos se entiende como enjuiciar a todos y todas y saturar las cárceles. Una vez formalizado (es decir, hay investigación), es común en este caso que se dé pie a la suspensión condicional del procedimiento. Con esto, por acuerdo del imputado y el fiscal y decreto del Tribunal de Garantía, si por un cierto plazo cumples una condición, se renuncia a acusarte y así al juicio oral. Por ejemplo, “Juanito Pérez no puede marchar por dos años”. Por otro lado, procediendo la investigación (plazo máximo 2 años) el fiscal puede decidir no acusar al imputado, sino solicitar el sobreseimiento definitivo (se pone término al procedimiento penal) o temporal (se paraliza el proceso penal hasta que se presenten mejores datos de investigación o cese el inconveniente legal que haya detenido la prosecución del juicio) A esto pueden oponerse los querellantes de un determinado procedimiento. Entonces, ¿qué sucede en lo práctico? Que el Ministerio Público o la autoridad correspondiente al tener el carácter de querellante en el delito en cuestión, puede oponerse al sobreseimiento del fiscal. Con esto, el Fiscal Regional puede decidir que se acuse tras forzarse por la querella o ratificar la decisión del fiscal a cargo de decretar el sobreseimiento. No obstante, el Juez puede disponer que la acusación correspondiente sea formulada por el querellante, quien sostiene los mismos términos que se establecen para el Ministerio Público (es decir, realizar de por sí la investigación y acusar). Así, y por último, por ejemplo si tras la formalización a un imputado el fiscal determina que éste es inocente, el Ministerio del Interior puede forzar que igualmente se le acuse, incluyendo la posibilidad de reemplazar al Ministerio Público en su calidad de investigador y acusador. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo, a través de sus abogados, te podrá perseguir criminalmente. Total, para eso hay recursos… A difundir, criticar y movilizarnos
¡NO A LA LEY
HINZPETER! La pobre Leonor Varela sería una potencial ganadora de 3 años de presidio. Con la modificación del informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas (28 de agosto) el delito será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a 3 años. Ahora bien, en el proyecto presentado da paso a graduar la pena en torno a cómo se ejecutaría el delito. Así, el art. 262 actualmente señala que: Si la agresión se verifica a mano armada. Si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los delincuentes. El delito tendrá la pena de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años. Si los atentados se cometieren poniendo manos en la autoridad o en las personas que acudieren a su auxilio, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Esto enfatiza en que todo lo que conlleve –agresión o resistencia- fuerza, intimidación o violencia física conllevará una pena entre setenta días y tres años de presidio. Sin ninguna de las circunstancias anteriores, la pena será presidio menor en su grado mínimo. Es difícil preguntarnos cómo se podría cometer “agresión a la autoridad” sin incurrir en lo anterior, es decir, si no existe agresión a mano armada o a través de la violencia física en sí. Aparte de la agresión lanzando objetos, por ejemplo (probablemente el artículo busca sancionar, en el contexto de las últimas manifestaciones sociales, la agresión vía piedrazos a carabineros), ¿podría significar esto que se da paso a la posibilidad de penar la agresión verbal? Ya existió, el año 2008, un proyecto que pretendía sancionar el maltrato verbal a carabineros. La pena iría, así, de 61 a 541 días. 7-. Prevención: El día 28 de agosto se hizo público el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas que modificó varios aspectos del proyecto original, buscando básicamente dar mayor certeza a las acciones que busca penal la ley. A objeto de la presente explicación se harán ciertos paralelos con la información del Prezi original (ya está actualizado), de forma de comparar cuál era la intención inicial del Poder Ejecutivo y el proyecto actual que próximamente se votará en la Cámara de Diputados. Saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; 3-. Fácilmente podría determinarse que en una toma existió un saqueo, lo que conllevaría caer en este tipo de delitos. Se llega a una paradoja puesto que, dicho delito como tal, ya existe, al contemplarse entre los arts. 440 y 445 en “del Robo con fuerza en las cosas”. Así, lo que se pretende sólo tiene un fin comunicacional: ante la política gubernamental crítica del “saqueo” como forma de deslegitimar la toma como manera de manifestación movimiento estudiantil, se busca tipificarla. 1. Se agrega, con la modificación de la Comisión, el detalle de dichos daños: 7-. 1. En hospitales o centros de salud, en establecimientos educacionales o religiosos, o en vehículos y medios de transporte público de personas, sea terrestre, aéreo o acuático; 2. Cuando se destruyan, inutilicen o dañen gravemente puentes, túneles, semáforos y otras instalaciones y artefactos para la seguridad u ordenación del tránsito público; 3. Cuando se destruyan o dañen gravemente objetos de reconocida importancia científica, histórica, artística o cultural; 4. Cuando se destruyan, inutilicen o dañen gravemente los objetos que sirven para el ornato, protección o uso de bienes nacionales de uso público; 5. Si se destruyen, inutilizan o dañan gravemente vehículos o medios de transporte distintos de los señalados en el número 1° 6. Cuando se destruyen o dañan gravemente viviendas, establecimientos comerciales, industriales u oficinas públicas, privadas o municipales. 7-. 2. Se busca tipificar hechos que ocurren en el contexto de manifestaciones sociales y que se mediatizan de forma insistente, como el inutilizar o sacar semáforos, la quema de micros, etcétera. No obstante esto, el delito así ya está contemplado a nivel general como delito de daños en el art. 484 CP. Por último, formalizada la investigación por alguno de los delitos señalados en los artículos 261, 262, 269, 269 A y 269 B del Código Penal, el Juez de Garantía a petición del fiscal, o del querellante, podrá decretar, como medida cautelar personal, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o manifestaciones públicas. Esta modificación fue ingresada el 28 de agosto con el informe ya referido de la Comisión, por iniciativa de los diputados Letelier y Van Rysselberghe. Así, se establece claramente que el fin de la ley no es en sí o no va sólo por el resguardo del orden público, sino buscar que efectivamente no exista manifestación social, mermando el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión.
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