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by Caterine Diaz0 views·Updated Mar 8, 2014
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DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS EN CONTRA DE LA LEY 1437 DE 2011

Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

se excluye a otros fallos - Corte Constitucional. vulnera los artículos 4º, 230 y 241-9 CP la aplicación no puede ser facultativa

¿La disposición acusada vulnera los artículos 4º, 230 y 241-9 de la Constitución por alterar el sistema de fuentes del Derecho que define la Constitución?

¿Se contravienen los principios constitucionales de supremacía y de igualdad al excluir la aplicación de los precedentes de las sentencias de la Corte Constitucional?

el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, por los cargos analizados en esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.”

Responsabilidad del Estado. Acción Popular- Competencia de juez para adoptar medidas necesarias dirigidas a hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos colectivos

Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. La obligación será conjunta y no se dará aplicación a la solidaridad prevista en el artículo 2.344 del código civil.

ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

Artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 “Corresponde a la Corte establecer si la expresión “o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”, contenida en el inciso segundo del artículo 140 de la ley 1437 de 2011, relativo a la reparación directa, vulnera los artículos 1°, 2°, 6° y 90 de la Constitución, al enunciar la responsabilidad del Estado por los daños que cause cuando le sean imputables y hayan sido ocasionados por un particular.”

Artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 “Corresponde a esta Corporación establecer si la expresión: “sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”, incluida en el artículo 144 de la misma ley, vulnera los artículos 88, 29 y 229 de la Carta, al no permitir que los jueces constitucionales puedan anular los actos administrativos y los contratos de la administración en el marco de las acciones populares.”

Decisión: INHIBIDA no está en el texto - EXEQUIBLE

Fuerza vinculante de las sentencias de unificación jurisprudencial.

los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva, con efectos erga omnes en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes e inter partes para los fallos de tutela, por regla general y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi.

Por consiguiente, la Corte procedió a declarar exequibles los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.

Artículos. 10 (P), 13 a 33 y 309 (P.). Las normas analizadas corresponden a la regulación del Derecho de Petición contenida en el Título II del referido Código en lo relacionado, entre otros aspectos, con el objeto y modalidades del derecho de petición, términos para resolver las distintas modalidades de petición, contenido, presentación y radicación de las mismas, peticiones incompletas y desistimiento tácito, desistimiento expreso, peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, atención prioritaria de peticiones, organización para el trámite interno y decisión de las peticiones, deberes especiales de los personeros, reglas especiales del ejercicio del derecho de petición ante autoridades y ante organizaciones e instituciones privadas.

según el artículo 23 de la Constitución Política y de la jurisprudencia son elementos estructurales del derecho de petición: (i) el alcance de la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas, (ii) el derecho a obtener una pronta respuesta y (iii) la posibilidad de presentar derechos de petición ante particulares. Estos elementos fueron desarrollados de manera exhaustiva por los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011.

de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, hacen necesaria la regulación de una determinada materia mediante ley estatutaria. Efectivamente, cuando menos, a) se trata de normas que se refieren a contenidos muy cercanos a los elementos estructurales esenciales del derecho de petición; b) los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo integral y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser objeto de una ley estatutaria y c) es indudable que los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, actualizan el derecho fundamental de petición, consagrado expresamente como fundamental en la Constitución Política de 1991, incluso desarrollando la garantía frente a los particulares.

Finalmente, la Corte descartó el cargo aducido contra el artículo 309, por cuanto si bien deroga una norma consagrada en una ley estatutaria, artículo 73 de la ley 270 de 1996, su contenido es propio de las competencias ordinarias del legislador, razón por la cual su modificación no requería el trámite cualificado consagrado en el artículo 153 de la Constitución.

En relación con los efectos de la decisión, la Corporación advirtió que la declaratoria de inexequibilidad inmediata de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011, tendría graves efectos en materia de protección del derecho fundamental de petición, por cuanto a partir de su vigencia, esto es, el 2 de julio de 2012, se produciría un grave vacío legal con incidencia directa en el goce de dicha garantía. En consecuencia, la Corporación difirió los efectos del fallo al 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso, expida la Ley Estatutaria correspondiente.

Silencio administrativo positivo a favor del recurrente por la no resolución oportuna de recursos contra actos sancionatorios. Debido proceso. Principios de celeridad y eficacia de la función administrativa.

Artículo 52.

Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. (...)

El término de un año fijado por el precepto acusado se ajusta al derecho al debido proceso que se impone en toda clase de actuación estatal y que le permite al ciudadano, sujeto de la investigación, conocer en un término más que razonable para resolver una impugnación frente a una sanción administrativa. Cosa distinta es que en circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, pueda justificarse la mora en la resolución del recurso.

. En últimas es un apremio para la Administración negligente, una carga que se impone por el legislador en ejercicio de su potestad de configuración, para que la Administración resuelva en tiempo el recurso interpuesto por el infractor. las consecuencias por las omisiones de la Administración deben ser soportadas por ésta y no por el ciudadano. Esta medida tiene un fin importante y legítimo, en cuanto propicia la garantía de los principios de celeridad y efectividad propios de la función administrativa y los derechos fundamentales de los asociados. De esta forma, el silencio administrativo positivo resulta un medio idóneo para conseguir la finalidad que persigue el legislador, es decir, que es efectivamente conducente para soliviar las cargas impuestas a los administrados por la inactividad o desidia del Estado al dejar de responder una solicitud, en este caso, un recurso.

La Corte no encontró razón alguna para considerar que la procedencia del silencio administrativo positivo en materia de recursos frente a la facultad sancionadora del Estado vulnere los postulados de la Constitución de 1991, entre otros, la vigencia de un orden justo, el derecho al debido proceso y los principios que rigen la función pública. Por el contrario, la consagración de esta figura se ajusta a esos postulados porque el ciudadano no tiene porqué soportar la inactividad del Estado y es a éste al que le corresponde actuar con observancia de los principios de eficacia y celeridad para resolver en tiempo los recursos presentados. En consecuencia, procedió a declarar la exequibilidad del aparte demandado del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.

Vigencia, expedición, existencia y sanción de la ley. Promulgación y publicación. Ineptitud sustantiva de la demanda. Acciones de grupo y nulidad de actos administrativos.

Artículo 145, inciso 2 (P.). Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio.

La Sala estima que le asiste razón al Consejo de Estado en que los cargos que formula el demandante parten de una interpretación errada del inciso segundo del artículo 145 de la ley 1437, pues éste no restringe la posibilidad de que en el marco de la acción de grupo se declare la nulidad de actos administrativos de carácter general cuando son el origen del daño causado a un número plural de personas;

Sentencias de condena judicial o acuerdos conciliatorios de entidades publicas. Pago de intereses moratorios en condenas o conciliaciones a cargo del estado.

la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el Estado deberá pagar intereses moratorios por el incumplimiento de sus obligaciones y que pueden existir distintos regímenes de intereses tal como sucede con los intereses civiles y los intereses comerciales. En Colombia el interés moratorio tiene un contenido indemnizatorio distinto a la simple corrección monetaria, situación que no puede ser desconocida por el legislador al momento de determinar las tasas a las cuales lo vincula, por lo cual los intereses moratorios deberán contemplar un componente inflacionario o de corrección monetaria y uno indemnizatorio, el cual podrá variar teniendo en cuenta la existencia de diversos regímenes en cuanto a las tasas de interés, tal como sucede en relación con los intereses civiles y comerciales.

PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el numeral cuarto del artículo 195 de la ley 1437 de 2011.

C 610 DE 2012

Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil

Declararse INHIBIDA, por ineptitud sustantiva, para pronunciarse sobre la demanda presentada respecto de la expresión “Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos” contenida en el inciso primero del artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Artículo 135.

Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.

También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

Parágrafo. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales.

El parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, no viola el preámbulo ni los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución. Por el contrario, al preceptuar que el Consejo de Estado en los juicios de nulidad por inconstitucionalidad no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda y que, en consecuencia podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional, al igual que podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas, que a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales, está reafirmando los principios superiores de supremacía e integridad de la Carta Fundamental, consagrados en los artículos 4 y 241 de la Constitución y el principio de configuración normativa del legislador en materia de acciones y procesos (Art. 150 C.P.).

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,

Participación del Consejo de Estado, Competencias del Consejo Superior de la Judicatura. Acceso a la Administración de Justicia. Tiempos procesales comprometidos en la realización de una justicia pronta. Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 304.Plan Especial de Descongestión. Dentro del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el Consejo Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuyo objetivo es el de llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en el Consejo de Estado (...)

Se concluye que no existe contradicción entre la norma acusada por la demandante y las disposiciones mencionadas. Por el contrario, lo que se pretende es desarrollar los propósitos, objetivos y metas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. No es incompatible con la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, una ley ordinaria que promueva el acceso a la justicia y, para este efecto, determine un plan de acción concreto y específico.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 304 de la Ley 1437 de 2011.

Trámite de la ley estatutaria de derecho de petición

El trámite que se cayó

Proyecto de ley estatutaria 162/2011 Senado

Proyecto de ley estatutaria 095/2012 Cámara de Representantes

Cuestionamientos sin para la fecha señalada en la C 818 de 2011, No se ha proferido la ley

C 818 DE 2011

Regulación del Derecho de petición-Requiere expedición de ley estatutaria

NORMAS DEMANDADAS

C - 634 DE 2011

Jurisprudencia del Consejo de Estado y Corte Constitucional-Fuerza vinculante para autoridades administrativas en ejercicio de sus competencias. Omisión legislativa relativa.

C 816 DE 2011

norma demandanda

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Argumentos del demandante

Problema jurídico

PARTE RESOLUTIVA

Artículo 102.

Extensión de la jurisprudencia del consejo de estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.

Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extesión, se entenderá resuelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.

3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.

INHIBIDA, INEXEQUIBILIDAD , EXEQUIBLE ART 309

Análisis de la Corte

EXEQUIBLE ENTENDIÉNDOSE QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN TODOS LOS CASOS TAMBIÉN LOS

PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - Y LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ESTAN

SOMETIDAS AL IMPERIO DE LA LEY ENTENDIDO ESTE COMO CONSTITUCIÓN Y CONSTITUCIÓN COMO

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-

C 816 DE 2011

Parte resolutiva: Declara exequible

problema jurídico

C 644 DE 2011

Se vulnera el sistema de fuentes del Derecho previsto en el artículo 230 de la Constitución Política y el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 4º de la Constitución y las competencias que el artículo 241 de la Carta Política le confiere a la Corte Constitucional, configurándose una inconstitucionalidad por omisión del legislador.

Consideraciones de la corte

Norma Demanda

C 875 DE 2011

NORMA DEMANDADA

parte resolutiva

PROBLEMA JURÍDICO

Se falla en el mismo sentido de la C 634 de 2011

argumentos del demandante y problema jurídico

El plazo que contempla la norma parcialmente acusada para resolver los recursos que se interpongan en procesos administrativos contra actos sancionatorios y la resolución favorable al recurrente en el evento de que no se decida en tiempo en dicho lapso, desconocen la vigencia de un orden justo (art. 2º C.P.), el derecho al debido proceso (art. 29 C.P.), la facultad que tienen los ciudadanos de solicitar sanciones administrativas (art. 92 C.P.) y los principios que rigen la función pública (art. 209 C.P.).?

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

C 415 DE 2012

C 302 DE 2012

Argumentos de la Corte

Control abstracto de constitucionalidad del Consejo de Estado de decretos dictados por el gobierno nacional. Principio de supremacía constitucional.

Contexto de la reforma

NORMA DEMANDADA

EXEQUIBLE LA EXPRESION A UN PARTICULAR CUANDO HUBIERE OBRADO SIGUIENDO UNA EXPRESA INSTRUCCIÓN NO DESCONOCE EL ART 90, PUES SEÑALA TAMBIÉN QUE ENTRE OTRAS Y POR CUALQUIER CAUSA NO SON TAXATIVAS . Y LO QUE SE ESTUDIA EN LOS EVENTOS ES SO EXISTE UNA ACCIÓN U OMISIÓN QUE COMPROMETA AL ESTADO Y QUE ESTE DAÑO LE SEA IMPUTABLE EL ARTÍCULO 144 EXEQUIBLE INDICANDO QUE NO SE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DEL COINTRATO O ACTO ADMINISTRATIVO PUES ESTARÍA VIOLANDO LAS COMPETENCIAS DE LAS OTRAS JURISDICCIONES Y LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE CONTROL, ESTA NO ES UNA ACCIÓN CONCEBIDA PARA DECLARAR LA NULIDAD.

NORMA DEMANDADA

PARTE RESOLUTIVA

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

PARTE RESOLUTIVA

Político - Social - Tecnológico

cultural - normativo y de realidad - cómo se inició

2006 - 2010

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada por el ciudadano Christian Fernando Joaqui Tapia, contra la frase “de carácter particular” del inciso segundo del artículo 145 de la ley 1437 de 2011.

PARTE RESOLUTIVA

C 604 DE 2012

C 863 DE 2012

NORMA DEMANDADA

Artículo 195, inc. 1, num. 4. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas: (...) 4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.

ARGUMENTOS DE LA CORTE

MATERIALIZACIÓN DE LA JUSITICIA Y LOS DERECHOS

sistema político colombiano

PRESIDENCIALISMO

PARTE RESOLUTIVA

LEY 1437 DE 2011

Dworkin Ferrajoli - Una nueva visión

hacia la maximización y optimización

del derecho

Ejecutivo fuerte

Legislativo supeditado y desacreditado

fenómenos de violencia y corrupción

Garantismo y proteccionismo

C 334 DE 2012

Derecho fundamental al debido proceso. Principio pro accione.

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

NORMA DEMANDADA

PRECEDENTE

NORMA DEMANDADA

Legalismo Vs Constitucionalismo

Primacía de la ley en los ordenamientos jurídicos.

Introducción de principios

Constitucionalismo aspiraciones

Caso Colombiano

JURISPRUDENCIA: valor normativo

Art. 230 - Sentencia T 1625 DE 2000

ALTAS CORTES

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Concluye que la demanda no reúne los requisitos previstos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, toda vez que la impugnación presentada por el ciudadano demandante carece de los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia para provocar un pronunciamiento de mérito. En efecto, la proposición normativa que el actor ciudadano acusa, es decir, la supresión de los recursos frente a la decisión judicial que deniega o admite pruebas, no se encuentra contenida en la disposición acusada. Esta falta de certeza en el planteamiento de la demanda afecta así mismo los atributos de especificidad, y suficiencia.

LUCHAS DE PODER

PARTE RESOLUTIVA

Choque de trenes - diferencias

Escuelas de Interpretación: Desde el

deductivismo hacia el activismo judicial

pragmatismo y realismo,

PARTE RESOLUTIVA

Fortaleza de las Cortes que

se unen para hacerle frente

a las otras Ramas del Poder

jurisprudenciales

líneas

Vicios de inconstitucionalidad

en la ley 1437 de 2011

antecedentes, jurisprudencia y reflexiones

MARCO TEÓRICO

C 634 DE 2011

c 818 - 2011

C - 610 DE 2012

C 644 DE 2011

C 604 DE 2012

Sentencias de la Corte Constitucional

C 816 DE 2011

C 588 DE 2012

Archivado al término de la legislatura 2011-2012, por no culminar su trámite durante dicha legislatura (de acuerdo con el artículo 208 de la ley 5ª de 1992)

C 425 DE 2012

C 302 DE 2012

C 334 DE 2012

En qué estamos?

Contexto de la expedición

de la ley

Pendiente de ponencia para primer debate

Constitucionalización del Derecho

Decreto 01 de 1984 - C.P. 1886

Introducción

Objetivos de la Comisión fijados para la

reforma

planteamiento de los temas a desarrollar

Resolución en instancia administrativa

Breve explicación del contexto de la reforma constitucionalización del derecho - rol del juez

Asegurar la eficacia de los principios de la función administrativa

Aumentar las garantías en el procedimiento y la transparencia en la toma de decisiones

Acción pública

Sentencias proferidas por la Corte Constitucional

Facilitar una labor pedagógica con los ciudadanos - D y D

Trámite de la ley estatutaria derecho de petición

Realizar codificación de la legislación - dispersa - vacios y desarrollo jurisprudencial

Simplificación y racionalización de los procedimientos

Reflexiones

Avances tecnológicos - modernización

Conclusiones

REFLEXIONES

CONCLUSIONES

FORTALECIMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL

cómo asumiran el rol las autoridades administrativas?

CAMBIO DE PARADIGMAS CULTURALES

POLÍTICOS SOCIALES Y DE JUSTICIA

Acción Pública De Inconstitucionalidad

actualización de los abogados

EXIGENCIA PARA LOS ABOGADOS

En ejercicio C536/97 INH

Art. 40 C.P

Cualquier ciudadano

tecnificación de los procesos

Persona Natural

C-493 97

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL

DERECHO

Pueden ser funcionarios estatales C 051/95

estamos preparados?

Acto legislativo 03 de 1910 - Actuales rasgos

Constitución de Cundinamarca

Antecedentes

PRIMACÍA DE LAS NORMAS

CONSTITUCIONALES

cambio de paradigma

Decreto 2067 de 1991

Sentencias inhibitorias

GENERALIDADES