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Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico.

Análisis histórico y comparado sobre las teorías y la práctica en los sistemas de delincuencia juvenil de Puerto Rico y Missouri.
by Danne Valeroa on 22 July 2010

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Transcript of Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico.

Marco teórico de la Delincuencia Juvenil

Algunos datos históricos de cómo surge el Sistema de Justicia Juvenil en Estados Unidos y Puerto Rico

Igualación del Sistema de Justicia Juvenil con el Sistema Carcelario

Situación actual de los derechos que se garantizan por medio de la Justicia Juvenil

Comparación de los sistemas de Justicia Criminal de Puerto Rico con el de Missouri, ya que asumen dos posturas opuestas. El sistema de Justicia Juvenil se creó para trabajar con el fenómeno de la delincuencia entre niños y jóvenes, mejor conocido como delincuencia juvenil. Todo lo anterior no son sino ambivalencias y eufemismos. Las ideologías y premisas para tratar el fenómeno de la delincuencia juvenil siempre cambian, pero nunca lo resuelven. En realidad, estamos ante Derecho Penal para la juventud y es por ello que se le ha dado al sistema de Justicia Juvenil las mismas garantías que al sistema procesal criminal. La presentación enfocará
los siguientes puntos: Análisis histórico y comparativo sobre las teorías y premisas de la delincuencia juvenil en Puerto Rico y Missouri. Marco teórico Enfoque punitivo-paternalista Enfoque tutelar paternalista Percepción social alarmista del crimen juvenil la cual visualiza la restricción de libertad y encarcelación como los únicos medios efectivos para controlar los menores ofensores. Fomenta la rehabilitación del menor ofensor y su reinserción social; descansa en el potencial de crecimiento y maleabilidad que ostenta la personalidad de un menor, por esta no haberse desarrollado aún. Parens patriae - política pública basada en el poder inherente del Estado para velar por el bienestar del menor y rehabilitarle, la cual justifica este enfoque tutelar-paternalista. El Estado, una vez se detecte algún tipo de conducta criminal o delictiva en un menor, tiene el deber de moldearlo con premura para que en su adultez sea un ciudadano cumplidor de las leyes, de velar por el desarrollo de la autoestima del delincuente juvenil y de lograr su reinserción tanto en la sociedad como en su núcleo familiar. Juzgando niños o adolescentes como adultos destruye sus vidas completas y, en vez de detener una conducta delictiva en desarrollo, propicia la reincidencia y la vida criminal de éstos cuando llegan a la adultez. Encerrar menores y darle sanciones más severas, además de escarmentarlos, evitará la delincuencia juvenil, ya que, además de expulsar los delincuentes de la sociedad, disuadiremos a posibles delincuentes juveniles, premisa muy conocida en la criminología y el Derecho Penal. Ambos enfoques concurren con que los niños y las niñas de poca edad no deberían responder penalmente, en su totalidad. por sus actos.

También concurren en que deben tener penas disminuidas porque no desean arruinar la vida de los jóvenes que sean escarmentados por el sistema carcelario.

No obstante, el enfoque punitivo pretende castigar a los jóvenes de ciertos delitos con la misma severidad que se castigaría a un adulto. Convergencia ecléctica de ambas filosofías en la cual se armoniza la responsabilidad de parens patriae del Estado, en cuanto a la rehabilitación de los ofensores, y la responsabilidad de éstos por sus actos. El juzgador tiene cierta prerrogativa de cómo sentenciar al menor, dependiendo de su edad, madurez y el delito que ha cometido. Esto ha llevado a resultados absurdos y altamente cuestionables. Este "enfoque" justifica un sistema mucho más punitivo que rehabilitador. Mientras el sistema de justicia juvenil asimile un carácter propiamente retributivo y comparta más elementos con el sistema de justica criminal, seguirá perdiendo la utilidad práctica la división de categorías entre justicia juvenil y el Derecho Penal. La práctica así lo ha demostrado. Se ofrecen derechos constitucionales a menores en los paupérrimos sitemas de justicia juvenil que, de por sí, no rehabilitan.

Utilizando la entelequia jurídica denominada como jurisdicción, se encausan ciertos menores de edad que cometan ciertos actos delictivos como adultos .

La prerrogativa de ejercer jurisdicción se le da al juez, al fiscal y al procurador de menores.

Este sistema posibilita encausar menores como adulto que tienen menos edad que lo acostumbrado, por más cantidad de delitos.

Se elimina la reincidencia como requisito para que el menor pueda ser juzgado como adulto en ciertos delitos.
“[L]a filosofía enunciada en la exposición de motivos [de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2011] relacionados con el problema de la llamada delincuencia juvenil y de los niños desajustados y abandonados, [. . .] subraya la responsabilidad del Estado en cuanto a las funciones inherentes a su condición de ‘parens patriae‘, [. . .] no considera al niño como delincuente salvo en el caso específico en que el bienestar de la comunidad o del niño requiera que se le trate como adulto. Es por eso que las infracciones de las leyes penales cometidas por los menores se denominan faltas y no delitos, y que la consecuencia inmediata sea la de colocar al niño bajo tratamiento adecuado en lugar de considerársele como un convicto común."

E.L.A. en interés del menor R.M.R., 83 D.P.R. 242 (1961). Luego de reseñar como el Departamento de Justicia viene obligado a velar con que se garanticen ciertos derechos constitucionales y estatutarios dentro de las instituciones juveniles, se reseñará los esfuerzos que han hecho las jurisdicciones de Puerto Rico y Missouri en sus respectivos sistemas de justicia juvenil.

Se anticipa que Missouri se ha destacado por tener un excelente sistema para atender la delincuencia juvenil. Los menores no entienden la consecuencia de sus actos. Postulados del sistema de Justicia Juvenil: ? Enfoque Mixto Este "enfoque mixto" es, en realidad, un enfoque punitivo. ¿Cómo se reconcilian dos enfoques encontrados?
Funcionamiento del sistema juvenil En Estados Unidos, antes de un sistema de justicia juvenil, la minoridad de edad se usaba como exención de responsabilidad o como prueba de que determinado joven no tenía la intención específica de delinquir. Pero cuando los menores de edad sí eran hallados culpables, cumplían sus condenas en las cárceles convencionales para adultos.

Se reformó el tratamiento a los delincuentes juveniles, creándose propiamente un sistema de justicia que atendiera la problemática de la delincuencia juvenil. Dicho sistema de justicia juvenil cuenta con sus propias leyes, reglamentos, tribunales, cárceles, sentencias y procedimientos. Procuradores Borrar récords penales Programas de desvíos
El Juez Fortas reconoció jurídicamente el fracaso del sistema de justicia juvenil en el año 1966. “There is much evidence that some juvenile courts, including that of the District of Columbia, lack the personnel, facilities and techniques to perform adequately as representatives of the State in a parens patriae capacity, at least with respect to children charged with law violation. There is evidence, in fact, that there may be grounds for concern that the child receives the worst of both worlds: that he gets neither the protections accorded to adults nor the solicitous care and regenerative treatment postulated for children.”

Kent v. U.S., 383 U.S. 541, 556 (1966) Un año después, el Juez Fortas, en In Re Gault, 387 U.S. 1 (1967), sostuvo que a los menores sometidos al sistema de justicia juvenil tenían que darle garantías básicas como el derecho a no incriminarse, a una debida notificación de los cargos en su contra y el derecho a contra-interrogar los testigos que declaren en su contra. Todos estos derechos eran obviados y soslayados en la mayoría de las jurisdicciones dentro de Estados Unidos, hasta este caso. En este binomio legal de In Re Gault y Kent v. US, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos establece que los principios del debido proceso de ley constitucional se extienden a todos los procesos judiciales donde un menor enfrente cargos por alegada conducta delictiva, incluyendo, por supuesto, al sistema de justicia juvenil. Esta jurisprudencia da un paso firme a la uniformidad e igualación del sistema de justicia juvenil con el sistema de justicia criminal. En R.A.M. v. Tribunal Superior de P.R. 102 D.P.R. 270 (1974), nuestro Tribunal Supremo recogió la jurisprudencia federal antes mencionada.

“[A]unque los procedimientos de menores no son causas criminales, el ‘niño’ puede reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren un ‘trato justo’ y un debido procedimiento de ley. Igualmente, a un menor le protege en todo momento la garantía constitucional contra la autoincriminación como parte del trato justo y debido proceso de ley a que tiene derecho.”

El Tribunal Supremo también aclaró:

“Los procedimientos de menores, en su etapa adjudicativa, deben revestirse de aquellas salvaguardas y garantías de la libertad individual reconocidas por nuestra Carta de Derechos... que no desnaturalicen el procedimiento especial sui generis y los propósitos de la Ley de Menores.” Rehabilitación carcelaria Procedimiento civil sui generis Los programas de desvío suponía ser la esencia de la rehabilitación juvenil y la reintegración de los jóvenes delincuentes a la sociedad. No obstante, los programas de desvíos son cada vez menos. Cuando son utilizados, usualmente son el último escalón para que un joven delincuente cumpla condenas como adulto.
Era la tendencia de los tratadistas y los tribunales federales razonar que en los procesos judiciales relativo a las faltas de menores, por no ser estos propiamente criminales, no constituyen causas criminales, sino civiles, por lo cual si a un menor al que se le imputa dicha conducta sólo puede reclamar un trato justo y un debido procedimiento de ley, pero no propiamente una garantía constitucional específica que, de ordinario, reviste los procedimientos criminales ordinarios. El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió este criterio dentro de su jurisprudencia. El sistema dio un trato tutelar y paternal a los jóvenes, por lo cual e flexibilizó el procedimiento para encausar a los jóvenes y se crearon programas de desvíos ión del menor a su hogar y comunidad, con un procedimiento que no fuera adversarial.

Pero la sociedad cambió, también cambiando su concepción rehabilitadora para los menores delincuentes al polo opuesto. La misma sociedad clamaba por tratamiento más igualitario entre menores y adultos en cuanto a la exposición punitiva.

En 3 décadas se ha reformado el sistema para que para que niños y jóvenes sean juzgados como adultos. Quedan más desprotegidos que antes de existir las cortes juveniles, ya que menores de 14 años pueden responder como adultos en la gran mayoría de estados de Estados Unidos con cadena perpetua o su vida. Siendo la informalidad procesal contra los menores de edad más laxa, se utilizó para castigar menores sin darle garantías constitucionales que, un un principio, habían sido soslayadas para promover el bienestar de éstos, no su castigo. Ambos enfoques concurren en que es necesario tener
sistemas carcelarios para los jóvenes separado de los adultos, por ser inmaduros y tener otras necesidades.

No obstante, una vez se prueba que el menor cae bajo una de las excepciones para ser juzgado como un adulto, el mismo puede terminar en la carcel de adultos y no de menores, lo cual derrota el propósito de tener instituciones carcelarias para jóvenes. Con el transcurrir del tiempo, se crean más y más excepciones para juzgar a menores como adultos. Una gran mayoría de los Estados de la unión americana, 37 para ser exacto, incluyendo al distrito de Columbia y el gobierno federal, tienen leyes y procedimientos que permiten que los delincuentes juveniles cumplan cadenas perpetuas sin ningún tipo de desvío por delitos distintos a homicidio o asesinato. El contexto para esto usualmente es la reincindencia o delitos graves contra la vida o la indemnidad sexual.
Aunque las leyes y las prerrogativas para realizar esto son alarmantes, sólo 129 delincuentes juveniles han sido convictos con cadena perpetua sin derecho a probatoria por otros delitos que no sean homicidios ni asesinatos. 119 son en el estado de Florida. Existe total ambivalencia, desacuerdo e incongruencia en todos los Estados, no tan solo en cómo tratar el problema de la delincuencia juvenil, sino en dónde trazamos la línea de la niñez, la adolescencia y adultez para fines de la aplicación del Derecho Penal. En la mayoría de Estados puede un menor de 14 años de edad responder por asesinato en primer grado con su vida o cadena perpetua, pero no puede conducir o comprar licor a esa edad. La doctrina de parens patriae y de velar por el mejor interés de los menores ha perdido gran vigencia según muestran los cambios en las leyes aplicables. Desde el 1980, estudios indican que un tercio de los Estados de la unión que creían en esta doctrina han enmendado sus respectivas leyes para adoptar una visión más punitiva. Paul Mcnulty, un ex oficial del Departamento de Justicia durante la presidencia de Bush quien pregona que la criminalidad en Estados Unidos ha disminuido, resume la impresión pública que se tiene sobre la delincuencia juvenil de la siguiente manera:

“The challenge lies in suppressing juvenile crime at the first sign of trouble, often with young teenagers or even pre-teens, before these criminals become violent young men. Government's role is to enforce the law, and it should be vigorous and purposeful in the acceptance of that duty. When families fail to instill virtue in their children, government must be prepared immediately to send a clear message to those children, and their parents, that law-breaking will not be tolerated, and that the children will be held accountable. To do that will require a complete overhaul of the juvenile justice system.” El 17 de mayo de 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos entendió que encarcelar a un menor de edad y no darle posibilidad de probatoria por un delito que distinto a quitar la vida a otra persona era una violación a la octava enmienda, aquella relativa a los castigos crueles e inusitados. Esto es consistente con la práctica internacional. Cook County, donde Mary Margaret Bartelme promulgó hace más de un siglo el concepto de un sistema de justicia juvenil, tiene los peores centros de detención juvenil de los Estados Unidos. Situación actual del sistema juvenil de justicia
La mayoría de las jurisdicciones no ofrecen servicios especializados psicológicos para los jóvenes en las instituciones juveniles. La realidad puertorriqueña será discutida en breve. No cometen crímenes, sino faltas. No existen fiscales, sino procuradores del bienestar del menor. No existe un procedimiento criminal para jóvenes, sino un procedimiento civil sui generis. Proteger y cuidar a la juventud que comete dichas faltas. Inicios del sistema de justicia juvenil
en Estados Unidos y Puerto Rico El Derecho anglosajón, por siglos, no hizo mucha distinción entre los niños y los adultos. El sistema de justicia responsabilizaba a los padres o encargados de los actos cometidos por niños menores hasta los 5 años de edad. Todo niño mayor de 5 años de edad era responsabilizado penalmente igual que un adulto. A inicios del siglo XX comienza a conceptuarse un sistema de justicia estadounidense que atiende los problemas de delincuencia juvenil de forma distinta y separada, el cual correspondió a la filosofía paternalista tutelar antes explicada. El primer Tribunal de Menores en Estados Unidos nació en Cook County, Chicago, Illinois, en el año 1899. Usó un procedimiento civil ordenado de manera flexible, informal e individualizada. La figura clave para esta que ocurriera esta reforma en Cook County fue... Mary Margaret Bartelme fue la primera jueza en Illinois y abogó incansablemente por los derechos de las mujeres y los niños. Ella entendía que la delincuencia juvenil era un problema de educación, carencia de oportunidades para los jóvenes, crianza inadecuada y pobreza. Como verán, ella creía en darle oportunidade a los niños y a los jóvenes, abogando por un sistema de justicia juvenil con una visión paternal-tutelar. "There are no bad children. There are confused, neglected, love-starved and resentful children, and what they need most I try to give them-understanding and a fresh start in the right direction.” En Puerto Rico la primera manifestación de un sistema de Justicia Juvenil es aparente en la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, la antigua “Ley de menores de Puerto Rico,” la cual muestra un claro matiz paternalista y tutelar, congruente a las ideas que presentó Bartelme. - - - - - - - - - - - -Estados Unidos - - - - - - - - - - - - - - -Puerto Rico- - - - - - - - - - - - [Mary Margaret Bartelme] La antigua Ley de menores de Puerto Rico establece en su exposición de motivos el propósito de:

“proveer a los niños desajustados o abandonados, preferiblemente en sus hogares, la atención y orientación necesarias para su bienestar, en armonía con el interés público; mantener y fortalecer las relaciones de dichos niños con sus familiares; y brindarle, en la medida que sea posible, la orientación y atención que debió recibir en su hogar”. No obstante lo anterior, aunque algunos estudios no están de acuerdo sobre cuándo hubo una verdadera alza en la delincuencia juvenil, los mismos concurren con que, aunque sí hubo un alza en la delincuencia juvenil, existe una disminución dramática en la actualidad en cuanto a crímenes violentos, tales como homicidios, asesinatos y agresión agravada respecta. C.R.I.P.A. El Civil Rights of Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. §1997 [en adelante, C.R.I.P.A.] da jurisdicción a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que vele por el cumplimiento de las leyes y derechos constitucionales de los jóvenes bajo custodia y dentro de las facilidades correcionales.

C.R.I.P.A. salvaguarda derechos derivados del Debido Proceso de Ley sustantivo, tales como el derecho al cuidado básico y adecuado, el derecho al cuidado médico y el derecho a ser protegido de daños y peligro. Estos derechos aplican tanto a jóvenes en custodia como aquellos que están confinados.

C.R.I.P.A. también vela el cumplimiento de disposiciones estatutarias dentro de las instituciones carcelarias para jóvenes tales como el Individuals with Disabilities Education Act, la cual busca dar instrucción y educación para velar por las necesidades de jóvenes con impedimentos y que se ofrezcan los servicios necesarios para cumplir con ellos. En el año 1992, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó al gobernador Rafael Hernández Colón de varias violaciones a derechos estatutarios y constitucionales de los confinados dentro las instituciones correccionales para los delincuentes juveniles. Desde entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido enfático e insistente tanto en sus comunicados como en su investigación de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran las instituciones correccionales juveniles de Puerto Rico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó 20 facilidades puertorriqueñas. Entre esas, las siguientes: 1. Centro de Detención Juvenil de San Juan (clausurado)
2. Centro de Detención Juvenil de Mayagüez
3. Centro de Detención Juvenil de Humacao
4. Centro de Detención Juvenil de Cabo Rojo
5. Centro Juvenil Metropolitano, en Bayamón
6. La Victoria, en Ponce
7. Centro de Tratamiento Social, en Ponce
8. Escuela Industrial para niños y niñas, en Ponce
9. Central Treatment Center en Guaynabo Ningún tipo de acomodo razonable para los jóvenes con problemas de educación especial o impedimentos.

Estructuras carcelarias con vicios de construcción tales que no protegían los jóvenes contra el fuego ni contra otras vicisitudes.

Presencia marcada de condiciones antihigiénicas, venenosas y perjudiciales para la salud.

Carencia de mecanismos adecuados para identificar, investigar y remediar situaciones violentas o de emergencia que pueden ocurren y pueden preverse, tales como el abuso institucional, físico y sexual contra estos jóvenes. Puerto Rico delegó estos asuntos a la Administración de Instituciones Juveniles (en adelante, A.I.J.) en el año 1998, una agencia administrativa adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Para el año 2006, hubo sobre 1,200 querellas de jóvenes dentro de dichas facilidades, de las cuales al menos 700 involucraban golpes y heridas a los jóvenes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluye que Puerto Rico ha violado crasamente el acuerdo al cual ambas partes habían llegado, ya que las condiciones de las instituciones juveniles siguen iguales, sino peores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó nuevamente a Puerto Rico en el año 2007, 10 años luego de haber llegado al acuerdo.

El argumento de Puerto Rico entonces fue utilizar la Prison Litigation Rerform Act para tratar rescindir el acuerdo al que se llegó en el año 1997 por entenderlo irrazonable. Puerto Rico arguyó que que el Departamento de Justicia fue demasiado intrusivo y dictó medidas más allá de las necesarias para corregir el sistema de justicia juvenil en Puerto Rico. De todas las jurisdicciones investigadas, es el estado de Missouri el cual mejor ha logrado la rehabilitación del menor, responsabilizándolos razonablemente y garantizando la seguridad colectiva y protección de la sociedad.

El modelo de Justicia Juvenil de Missouri nace en ll 1970. Se creó una comisión bipartidista de 15 miembros, entre los que figuran jueces retirados, ex legisladores y profesionales de diversos campos de la salud mental y criminología. Su enfoque no es mixto ni punitivo, sino que recoge la concepción parens patriae y rehabilita a los menores. Creían que rehabilitando al menor delincuente se aseguraba que no habrá reincidencia en el futuro por parte de estos jóvenes.

El programa de rehabilitación juvenil creado por dicha comisión sustituyó los centros correccionales convencionales por facilidades de base comunitaria donde los menores reciben tratamiento individualizado. Cada centro alberga alrededor de 10 a 30 ofensores juveniles y opera con un personal de especialistas con estudios universitarios, a diferencia de operar con oficiales correccionales o guardias penales. El nivel de violencia institucional es muy bajo. No tienen suicidios.

La organización descentralizada de los centros permite el tratamiento del menor a una distancia promedio de 35 millas de su hogar integrando así su familia y su comunidad. Los centros también proveen la transportación al menor para que participe de sesiones de terapia familiar.

Cada distrito ostenta varias facilidades residenciales donde separan los menores ofensores violentos del resto. Cada menor, al ser ingresado, recibe una evaluación individual donde se estipula cuál será su programa personalizado de rehabilitación.

Los menores que incurren en faltas que no sean graves son adscritos a facilidades de seguridad mínima donde reciben vigilancia en todo momento y conviven con estudiantes universitarios que a su vez se vuelven mentores de éstos en un ambiente estructurado y seguro. Los jóvenes delincuentes que necesitan un grado mayor de supervisión se adscriben facilidades de seguridad moderada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe las condiciones de los centros de rehabilitación de Missouri de la siguiente forma:

“Dorm rooms overflow with homey touches, a piano and scented candle here, a fish tank and flowered shower curtain there. The correctional officers look different too. Dressed in their own clothes, Missouri’s staff members carry no Mace, no batons, no handcuffs; only walkie-talkies. “Most of us come in with a fight mentality,” said Eric White, 16, of Kansas City, a lanky youth who is doing time for burglary and was recently named student of the month at the Northwest [Regional Youth] Center [in Kansas City]. “But pretty soon you see there’s no reason for that here.”

El American Youth Policy Forum (A.Y.P.F.) encontró que la reicidencia en Missouri es de una mitad a dos tercios más bajas que los demás Estados, además de que invierten sólo un tercio del dinero que otros Estados invierten. Florida, por ejemplo, invierte $271 al día por cada joven delincuente, cuando Missouri invierte sólo $103. Reincidencia en Missouri y Puerto Rico Para el año 1997 en Puerto Rico, la reincidencia de los jóvenes fue un alarmante 43.9%. Para el año 1998, el grado de reincidencia, el menor de todos estos años, fue otra cifra alarmante de 21.3%. Cabe destacar que la reincidencia entre los varones dobla la reincidencia entre las féminas. La mayoría de estos jóvenes eran desertores escolares o nunca regresan a la escuela. Estos datos se han mantenido más o menos constantes. Todos los datos de reincidencia del sistema de justicia juvenil de Puerto Rico provienen del año 2002, los más recientes que el A.I.J. ofrece.

En Missouri, sus resultados son impresionantes.

Menos del 8% de los jóvenes reinciden y menos del 8% de los jóvenes terminan en prisiones para adultos.

Un tercio de los jóvenes, aquellos un poco mayores, regresan de la correccional con un GED, el equivalente a un diploma de escuela superior. La mitad de esos jóvenes salen de la correccional y regresan a la escuela o universidad.

Igual Missouri cuenta con un programa de prevención de reincidencia y sus estadísticas demuestran que con cada joven que ellos sacan rehabilitan o que evitan que llegue a ser un delincuente, economizan un aproximado de dos millones de dólares al país. Además, una probatoria intensa y bien formulada, economiza los gastos a una tercera parte de lo que sería mantenerlo encarcelado. Puerto Rico Ante la omisión de Puerto Rico en remediar la situación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Puerto Rico en la corte federal. El pleito concluyó en un acuerdo para el año 1994, el cual fue revisado y enmendado en octubre de 1997.

En dicho acuerdo, Puerto Rico se comprometió a enmendar todas las fallas y deficiencias de su sistema correccional juvenil, a construir nuevas facilidades y mejorar las que ya tiene, al igual que a someterse a que el Departamento de Justicia o algún delegado monitoreara que se cumpliera con dicho acuerdo.

Todo se hizo a tenor con la Prison Litigation Reform Act, 18 U.S.C. §3626. La investigación concluyó existe una constante y crasa violación
a la dignidad humana de los jóvenes encarcelados. Carencia de servicos básicos. Falta de agua potable.

Insuficiencia de camas y colchones para que los jóvenes pudieran dormir. Muchos dormían en el suelo.

Ausencia de servicios mentales.

Pobres servicios médicos. Pésima educación.

Ausencia de tratamientos de medicina adictiva para combatir la adicción a sustancias controladas y alcohol. Situaciones de extrema violencia contra jóvenes, por parte de otros jóvenes y del mismo personal de corrección. Estas situaciones incluyen agresión sexual, golpes en la cabeza, mutilaciones, heridas con navajas, uso injustificado de químicos por parte del personal y utilización de cables eléctricos para agredir los jóvenes. De estos casos, existen cientos sin investigar ni resolver. Las pocas veces que el personal de corrección es castigado por maltrato institucional en contra de los jóvenes, se hace ligeramente y nunca toman medidas disciplinarias o remedios en contra de dichas alegaciones de maltrato. Las medidas son tan ineficientes que, del poco personal que sí son sujetos a una investigación criminal por abusar de los jóvenes, no son removidos de sus puestos. Missouri Sistema de Justicia Juvenil en Puerto Rico: Por: Daniel Valentín Figueroa Análisis comparativo e histórico sobre las teorías y las premisas sobre la delincuencia juvenil en Puerto Rico y Missouri. Esta presentación conforma parte de la evaluación del Seminario en Teorías sobre los derechos de los confinados [DERE 7600-002] según impartido por la Profesora Olga Elena Resumil Ramírez en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el segundo semestre académico 2009-2010.
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