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Los Delitos en la Función Pública

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by Leslie Olivares on 14 February 2014

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Los Delitos en la Función Pública
El deber de probidad
Es la que obliga a no colocarse en ninguna situación que genere conflicto de intereses, aun cuando sea fuera de horas de trabajo no pueden entrañar un conflicto de intereses (Dictamen N° C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005)
Falsedad en la Declaración Jurada
Quien incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría General de la República.
Sujeto activo: Todas las personas que tengan obligación de presentar la declaración jurada.
Acción típica: Incurrir en falsedad, simulación o encubrimiento.
Penalidad: Principal: Prisión de 6 meses a 1 año.
La figura de la declaración jurada de bienes ha estado presente desde la Constitución Política de 1949
Ha sufrido importantes reformas en los últimos años

La declaración jurada sobre la situación patrimonial
El Artículo III.4 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, exige a los Estados Parte mantener y fortalecer: Sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos

Tipos de declaraciones
En Costa Rica, la LCCEIFP en su artículo 223, establece varios tipos de declaración jurada sobre la situación patrimonial del funcionario público:

Enriquecimiento ilícito
La Convención Interamericana (OEA) define este delito como:
“Artículo IX: …el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.”
(Art 45)
Sujeto activo: no necesariamente sea funcionario público,
Acción típica: Acrecentar el patrimonio por sí o por interpósita persona física o jurídico.
Otros elementos del tipo: Aprovechando ilegítimamente, Incremento del Patrimonio
Penalidad: Principal: Prisión de 3 a 6 años.
Tipos de declaraciones
Declaración inicial: la cual deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de nombramiento o la de la declaración oficial de la elección por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se trate de cargos de elección popular.
Declaración anual: para efectos de actualización, cada año deberá presentarse, dentro de los primeros 15 días hábiles de mayo, una declaración en la cual se hagan constar los bienes adquiridos durante ese período, las mejoras de los ya declarados y las variaciones que hubiere experimentado en su patrimonio, consignando el origen de los recursos y su monto, todo en relación con la situación patrimonial declarada con anterioridad.
Declaración final: dentro del plazo de los 30 días hábiles inmediatos al cese de funciones, los funcionarios públicos obligados deberán presentar una declaración jurada final, en la cual se reflejen los cambios y las variaciones que hubiere experimentado su patrimonio desde la última declaración rendida y el origen de esas variaciones.

Identificación de declarantes
El artículo 21 de la LCCEIFP, establece en su párrafo primero, la obligación de declarar su situación patrimonial a diferentes funcionarios públicos en razón del cargo que desempeñan, incluyéndose en este primer segmento a funcionarios de alto nivel de la Administración Pública, como el Presidente de la República, Vicepresidentes de la República, Ministros, Viceministros, Magistrados, Contralor General y Sub Contralor General, Defensor de los Habitantes, Procurador General y Procurador General Adjunto, Superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, etc.
Intendente Fulvio Fernández Arias
Intendente Leslie Olivares Hernández

Declaración jurada sobre la situación patrimonial
Artículo 21: Funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial.
Artículo 23: Declaración jurada por orden singular.
Artículo 24: Confidencialidad de las declaraciones.
Artículo 25: Registro de declaraciones juradas.
Artículo 26: Condiciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.
Artículo 32: Simulación.
Artículo 33: Recibo.
Artículo 34: Constatación de veracidad de la declaración.
Receptación, Legalización o Encubrimiento de Bienes
La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito (LCEI) regula la recepción de obsequios diplomáticos por parte de los funcionarios públicos. Al respecto, el numeral 20 de la Ley en comentario dispone:
Artículo 20: Régimen de donaciones y obsequios.
Artículo 47: Receptación, legalización o encubrimiento de bienes.

Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados
Pago Irregular de Contratos Administrativos
Artículo 51:
Sujeto activo: El funcionario público. Se pretende sancionar a quien tiene funciones relacionadas con el pago de obras, servicios o suministros, y no cumple con el deber de verificar, que de previo, se haya satisfecho el interés público.
Acción típica: Autorice, ordene, consienta, apruebe o permita (la realización de una sola acción es suficiente).
Objeto de la acción: Pagos.
Otros elementos del tipo penal: Debe realizarse con conocimiento de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables por haber sido ejecutados o entregados defectuosamente, de acuerdo con los términos de la contratación, o en consideración de reglas unívocas de la ciencia o la técnica.
Penalidad: Principal: Prisión de 1 a 3 años.
Diferencia entre los Delitos de Falsedad en la Recepción de Bienes y Servicios Contratados y Pago Irregular de Contratos Administrativos
Radica en que, en el primer caso, el funcionario público incurre en el delito, en el momento en que reciba a satisfacción un servicio o una obra que no cumple con los términos de la contratación, en perjuicio del interés público valiéndose de la falsedad o manipulación de la información
El segundo delito sanciona al funcionario que realiza un pago irregular, con el conocimiento pleno de que se trata de obras, servicios o suministros no realizados o inaceptables (defectuosos).
Tráfico de Influencias
Artículo 52:
Sujeto activo: Cualquier persona.
Sujeto pasivo: Servidor Público
Acción típica: Influir en un servidor público, utilizar u ofrecer la influencia
Objeto de la acción: Influencia
Otros elementos del tipo penal: Influencia directa o por interpósita persona. Influencia prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con éste o con otro servidor público.
Influencia real o simulada.
Intención específica: que el servidor público haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
Penalidad: Principal: Prisión de 2 a 5 años.
Prohibiciones Posteriores al Servicio del Cargo
Artículo 53:
Sujeto activo: Se exige condición de ex funcionario público.
Acción típica: Aceptar empleo remunerado o participación en el capital social de la persona jurídica favorecida.
Objeto de la acción: Empleo remunerado.
Participación en el capital social con la persona física o jurídica favorecida con la contratación.
Otros elementos del tipo penal: Participación en alguna de las fases del proceso de diseño y elaboración de las especificaciones técnicas, planos, proceso de selección y adjudicación, estudio y resolución de los recursos administrativos contra la adjudicación o en el proceso de inspección o fiscalización de la etapa constructiva o la recepción del bien o el servicio.
Celebración de un contrato administrativo mayor o igual que el límite establecido para la licitación pública en la entidad donde prestó servicios el funcionario público.
Período de sospecha de 1 año.
Penalidad Principal: Multa de 100 a 150 días.
Apropiación de bienes obsequiados al Estado
Artículo 54: Será penado con prisión de uno a dos años el funcionario público que se apropie o retenga obsequios o donaciones que deba entregar al Estado, de conformidad con el artículo 20 de esta Ley.

Fraude de ley en la función administrativa
Artículo 58:
Sujeto activo: Funcionario Público o particular beneficiado
Sujeto pasivo: Función Administrativa del Estado
Acción típica: Ejercer una función administrativa en fraude de ley.
Objeto de la acción: Ejercer
Artículo 5º—Fraude de ley.
La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir
Inhabilitación
Artículo 59: A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena principal se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito.
Violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas
Artículo 60: Será penado con prisión de tres a cinco años, quien divulgue las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Contraloría General de la República.
Prescripción de la responsabilidad penal
Artículo 62: La acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas:
• Una vez interrumpida la prescripción, los plazos fijados en el artículo 31 del Código Procesal Penal volverán a correr por un nuevo período, sin reducción alguna (ver art. 31 C.P.P).
• Además de las causales previstas en el artículo 33 del Código Procesal Penal, la acción penal podrá interrumpirse por la declaratoria de ilegalidad de la función administrativa, activa u omisiva, o por la anulación de los actos y contratos administrativos que guarden relación con el correspondiente delito, ya sea que el pronunciamiento se produzca en vía judicial o administrativa.
Penalidad del Corruptor
Artículo 345: Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores serán aplicables al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida.
Artículo 345 bis: Supuestos para aplicar las penas de los artículos del 340 al 345
Las penas previstas en los artículos del 340 al 345 se aplicarán también en los siguientes supuestos:
• Cuando la dádiva, ventaja indebida o promesa sea solicitada o aceptada por el funcionario, para sí mismo o para un tercero.
• Cuando el funcionario utilice su posición como tal, aunque el acto sea ajeno a su competencia autorizada.
Cohecho impropio
Artículo 340: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones.
Artículo 50:
Sujeto activo: El funcionario público, el consultor o alguno de los servidores del consultor.
Acción típica: Incurrir en falsedad o manipulación.
Objeto de la acción: La información acerca de la ejecución o construcción de una obra pública, o sobre la existencia, cantidad, calidad o naturaleza de los bienes y servicios contratados o de las obras entregadas en concesión.
Otros elementos del tipo penal: La intención específica es dar por recibido a satisfacción el servicio o la obra.
Penalidad: Principal: Prisión de 2 a 8 años
Cohecho propio
Artículo 341: Será reprimido, con prisión de dos a seis años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos y empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja o aceptare la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones.
Corrupción agravada
Artículo 342: Si los hechos a que se refieren los dos artículos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración a la que pertenece el funcionario, la pena de prisión será:
• En el caso del artículo 338*, de uno a cinco años
• En el caso del artículo 339*, de tres a diez años.
Aceptación de dádivas por un acto cumplido
Artículo 343: Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artículos 338 y 339 disminuidas en un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.
Corrupción de Jueces
Artículo 344: En el caso del artículo 339*, la pena será de cuatro a doce años de prisión, si el autor fuere Juez o un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el trámite o la resolución de un proceso, aunque sea de carácter administrativo.
Peculado
Artículo 354:
Sujeto activo: Cualquier persona que exploten, custodie, administre fondos públicos
Acción típica: Sustraer, distraer dinero o bienes le hayan sido confiados en administración
Objeto de la acción: Sustraer, distraer dinero o bienes cuya administración o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
Pena: 3 meses a 12 años de prisión.
Malversación
Artículo 356:
Sujeto activo: Funcionario Público o cualquier persona que administre o custodie fondos públicos.
Acción típica: Dar a fondos públicos una aplicación diferente de aquella a la que estén destinados.
Pena: Principal: 1 a 8 años de prisión
Si de la acción se origina un daño o entorpecimiento en el servicio la pena aumentará en un tercio.
Soborno Transnacional
Artículo 55:
Definición:
• Ofrecimiento o entrega de dinero, bienes, promesas o ventajas
• A funcionario de otro país.
• Realice u omita acto destinado a influir transacción vinculada a su cargo


Influencia en contra de la Hacienda Pública
Artículo 57:
Sujeto activo: Funcionario Público
Sujeto pasivo: Hacienda Pública
Acción típica: Influir, dirigir o condicionar su cargo para producir un resultado determinado lesivo a los intereses de la hacienda pública.
Objeto de la acción: Influir, dirigir o condicionar

Consecuencias civiles del enriquecimiento ilícito
Artículo 61: La condena judicial firme por el delito de enriquecimiento ilícito producirá la pérdida, en favor del Estado o de la entidad pública respectiva, de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos, obtenidos por su autor, su coautor o cómplices, como resultado directo de este delito, salvo derechos de terceros de buena fe, conforme lo determine la respectiva autoridad judicial.
En el caso de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden judicial para que la sección respectiva del Registro proceda a trasladar el bien a las municipalidades de los cantones donde se encuentren ubicados, si se trata de inmuebles, a fin de que puedan ser usados en obras de provecho para el cantón o de beneficencia pública. Los demás bienes tendrán el destino que se determine en el Reglamento de esta Ley. La orden de inscripción o de traspaso estará exenta del pago de timbres y derechos de inscripción.
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